Por José Luis Preciado
El tablero latinoamericano vuelve a ser escenario de una guerra híbrida cuyo epicentro es Venezuela, mientras el sistema financiero occidental se tambalea en la fase terminal de una crisis sistémica global. Según el analista Dennis Small, de Executive Intelligence Review, esta crisis no es coyuntural sino civilizatoria: el orden financiero angloestadounidense, basado en la especulación, la desindustrialización y el dominio monetario del dólar, ha agotado su base productiva y política. Frente al ascenso del BRICS, China y Rusia ofrecen a América del Sur un camino de desarrollo soberano —puertos, ferrocarriles, energía y comercio en monedas locales— que amenaza la arquitectura de poder heredada de Bretton Woods. En respuesta, Washington y Londres activan su arsenal clásico: sanciones, guerra psicológica, sabotaje económico y operaciones encubiertas.
Nada simboliza mejor esta ofensiva que el Premio Nobel otorgado a María Corina Machado, figura fabricada por el aparato mediático occidental como ícono de la “democracia venezolana”. Según el analista Gleb Kuznetsov, Machado es descendiente directa de los marqueses del Toro e hija de un magnate del acero, Machado pertenece a la élite blanca y europeizada que durante siglos monopolizó el poder político y económico de Venezuela. Educada en internados estadounidenses y alineada con Washington, ha pedido reiteradamente una intervención militar extranjera para derrocar al gobierno de Caracas, y ha respaldado sanciones que asfixian a su propio pueblo bajo el pretexto de los “derechos humanos”. En realidad, su proyecto político representa la restauración oligárquica de una clase racialmente definida —blanca, adinerada, extranjerizante— que ve a la mayoría mestiza y afrodescendiente como un cuerpo extraño a gobernar.
La narrativa liberal de “democracia contra dictadura” encubre una guerra de clases y razas iniciada desde 1998, cuando el chavismo dio voz política a las mayorías históricamente excluidas. Para el comité Nobel, sin embargo, esa historia no existe: solo cuentan las formas —la estética occidentalizada, el discurso de libertad y progreso, el lenguaje de los derechos humanos— aunque detrás se oculte la misma estructura racista y colonial que siempre gobernó el país. Como observa Dennis Small, Occidente celebra sus propias ilusiones: la idea de que los conflictos sociales pueden resolverse con sanciones y bombardeos, mientras ignora las raíces históricas del poder y la desigualdad.
En paralelo, Donald Trump ha confirmado públicamente que autorizó operaciones secretas de la CIA en Venezuela, con uso de la fuerza, justificándolas con argumentos de narcotráfico y migración. Se trata de una reactivación explícita del mecanismo imperial que durante décadas permitió a Washington desatar guerras bajo el pretexto de combatir las drogas. Reuters y otros medios admiten que no pudieron verificar la naturaleza de dichas operaciones, pero su patrón histórico es claro: de Guatemala a Nicaragua, de Panamá a Bolivia, la CIA ha usado la “seguridad hemisférica” como coartada para el control político y económico del continente.
En octubre de 2025, tres bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress despegaron desde Luisiana y se aproximaron al espacio aéreo venezolano, en lo que fue interpretado como un ensayo de ataque. Simultáneamente, la marina estadounidense hundió embarcaciones en el Caribe bajo acusaciones infundadas de narcotráfico. Fuentes citadas por The New York Times revelaron la existencia de una autorización presidencial que permite a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y coordinar acciones militares más amplias contra el presidente Nicolás Maduro. Detrás del diseño de esta estrategia se encuentra el senador Marco Rubio, uno de los principales arquitectos de la agenda de cambio de régimen en América Latina.
El despliegue militar estadounidense, justificado por la nueva “guerra contra las drogas” de Trump, constituye un eco grotesco de la Historia. Desde la Guerra Fría, la propia CIA ha estado estructuralmente implicada en el narcotráfico, utilizando las drogas como instrumento de financiación para guerras encubiertas y operaciones de desestabilización. Lo documentó Gary Webb en los años noventa: la agencia financió a los “contras” nicaragüenses introduciendo cocaína en Los Ángeles, y esa red fue protegida por el Departamento de Justicia y la DEA. Desde las mafias corsas de Marsella hasta Air America en Vietnam y los muyahidines en Afganistán, el narcotráfico fue una herramienta sistemática del aparato de inteligencia estadounidense. Hoy, cuando Trump invoca una cruzada contra las drogas, el cinismo histórico alcanza niveles abismales.
Dennis Small subraya que la escalada militar contra Venezuela forma parte de una reacción desesperada de Wall Street y la City de Londres ante el desplazamiento del dólar y la consolidación del BRICS como alternativa financiera global. En la India, empresas pagan el petróleo ruso con yuanes; en Perú, la caída del gobierno de Dina Boluarte, sostiene Small, fue un golpe inducido para frenar el puerto de Chancay y el corredor bioceánico con China, piezas clave de la Nueva Ruta de la Seda.
Así, los crecientes intentos de cambio de régimen en Iberoamerica son parte de una ofensiva directa del Pentágono, el Departamento de Estado y las torpezas políticas de Donald Trump, quien utiliza el pretexto del narcotráfico para justificar operaciones militares en el Caribe. Como ejemplo histórico, Small cita la emblemática foto de el “abrazo de Grasso” —la reunión en 1999 entre Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, y Raúl Reyes, jefe financiero de las FARC— lo que demuestra que el narcotráfico no es un fenómeno aislado ni regional, sino una estructura controlada desde Wall Street y la City de Londres, donde confluyen los intereses financieros que sostienen el comercio de drogas a escala planetaria, según una investigación de Executive Intelligence Review publicada en 1978 bajo el título “Drogas, Inc. La guerra del opio de Gran Bretaña contra el mundo”.
La ofensiva angloestadounidense, por tanto, no se limita a Venezuela: abarca toda Iberoamérica, donde cada proyecto de integración con el eje eurasiático es percibido como una amenaza existencial al dominio financiero occidental.
El discurso liberal que legitima estas operaciones —defensa de la democracia, lucha antidrogas, estabilidad regional— se disuelve ante los hechos: sanciones que condenan a millones al hambre, campañas mediáticas que invisibilizan a las mayorías, premios Nobel que premian a los agentes del cambio de régimen, y bombarderos estratégicos sobrevolando el Caribe en nombre de la “libertad”. En el fondo, lo que está en juego es la supervivencia de un sistema hegemónico que se niega a aceptar el ocaso de su poder.
Por ello, si Trump quisiera realmente acabar con el narcotráfico, no debería lanzar misiles contra barcos en el Caribe, sino aplicar un “misil financiero” contra los verdaderos responsables: los bancos de Wall Street. Ese “misil” sería la restauración de la Ley Glass-Steagall, que separaría la banca especulativa de la comercial y hundiría el poder de los narcofinancieros globales.
La crisis actual expresa una fractura civilizatoria: el choque entre un orden angloestadounidense en declive —fundado en la especulación, la violencia encubierta y la estética de los derechos humanos— y un bloque emergente que reivindica la soberanía nacional, la cooperación y el desarrollo científico-tecnológico como base de la nueva multipolaridad. El BRICS, en este sentido, representa no solo un contrapeso económico, sino una ruptura epistemológica con el paradigma liberal-financiero.
La entrega del Nobel a Machado, las operaciones secretas de la CIA, la militarización del Caribe y la instrumentalización del narcotráfico forman parte de una misma matriz estratégica: impedir que Iberoamerica, y más precisamente su cono Sur, se convierta en pilar de la arquitectura multipolar que está redefiniendo Eurasia y África. La región es el último bastión que el bloque angloestadounidense intenta retener mediante la guerra híbrida, mientras su sistema financiero implosiona bajo el peso de las “monedas estables” sin respaldo y de una deuda impagable.
La historia se repite, pero el contexto ha cambiado. En los años setenta, la CIA podía operar con impunidad; hoy, la existencia de una alianza global alternativa —China, Rusia, Irán, India, Sudáfrica y un creciente número de países del Sur Global— limita la capacidad de Washington para imponer su ley por la fuerza. La crisis sistémica global acelera el derrumbe del viejo orden y, con él, la desesperación de sus élites. Cada bomba, cada sanción y cada “premio por la paz” son síntomas de esa descomposición.
Lo que está en juego no es solo el destino de Venezuela o del Caribe, sino la batalla final entre dos concepciones del mundo: la hegemonía unipolar del capital financiero frente a la emergencia de un orden pluricéntrico basado en el desarrollo mutuo. América del Sur, nuevamente, es el campo de prueba de esa colisión histórica. Y la pregunta que se abre no es si habrá guerra, sino hasta qué punto Occidente está dispuesto a incendiar el continente para retrasar su caída.
