Por José Luis Preciado
En las primeras semanas de agosto, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos alcanzó un punto crítico, mostrando con claridad cómo Washington actúa cuando considera que “su región” está en juego. Sin aviso previo, la diplomacia, el Pentágono y los medios estadounidenses lanzaron acusaciones directas contra Nicolás Maduro, señalándolo como líder del supuesto “Cártel de los Soles”, mientras una flotilla de 4,000 marines se desplegaba frente a las costas del país caribeño. Días después, Trump respaldó la escalada, y el gobierno bolivariano respondió movilizando 4,5 millones de milicianos. Esta crisis no es solo militar: refleja la colisión de intereses geopolíticos y corporativos, sobre todo en torno al petróleo de Venezuela y Guyana.
Maduro denunció que Estados Unidos ha posicionado ocho barcos, 100 misiles y un submarino nuclear apuntando al país, comparando la amenaza con la crisis de los misiles de 1962. Calificó la presión estadounidense como criminal, inmoral y derivada del poder de las mafias de Miami sobre la Casa Blanca, y del extremismo de figuras como Marco Rubio, cuya insistencia en arrastrar a Trump a una guerra en Sudamérica evidencia cómo los intereses corporativos —y no el combate real al narcotráfico— guían la política exterior de Washington. Maduro advirtió que cualquier agresión militar será respondida con la lucha armada, declarando la República en armas para defender la soberanía, la paz y el desarrollo.
La escalada coincide con el conflicto territorial sobre el Esequibo, rico en petróleo, donde ExxonMobil proyecta 11,000 millones de barriles y Chevron opera desde la década de 1920. Rubio ha garantizado apoyo estadounidense a Guyana y a Exxon, dejando en evidencia que la presión sobre Caracas no obedece a razones humanitarias o de seguridad, sino al interés directo de corporaciones energéticas sobre recursos estratégicos.
En paralelo, la narrativa de Venezuela como narcoestado se derrumba frente a los datos: según la ONU, Venezuela no es productor de cocaína; la DEA confirma que el 84% de la cocaína incautada en Estados Unidos proviene de Colombia, y solo un 2% se vincula a Venezuela. Expertos como Blanca Ehout y el International Crisis Group señalan que el “Cártel de los Soles” es un mito mediático, que no existe como organización jerárquica, y que el tráfico real se concentra en otros países. Incluso el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlaqui, denuncia que la acusación contra Venezuela es calumniosa y geopolíticamente motivada, diseñada para justificar sanciones y apropiación del petróleo.
Mientras tanto, Ecuador se revela como verdadero centro de tráfico de drogas, con complicidad de autoridades locales, en contraste con la persecución mediática que Estados Unidos promueve contra Venezuela. Este contraste revela la hipocresía de la estrategia estadounidense: si de verdad quisieran acabar con el narcotráfico y “volar cosas por los aires”, Rubio debería empezar por amenazar a Wall Street y los bancos de lavado de dinero de la City de Londres, y no a Caracas, pues se sabe que el tráfico internacional de drogas está dirigido por los intereses financieros internacionales centrados en dichos epicentros de la angloesfera, en gran parte a través de sus paraísos bancarios extraterritoriales.
El viaje reciente de Rubio a México y Ecuador, en la práctica una misión de diplomacia de cañoneras, confirma que el pretexto del narcotráfico solo encubre un objetivo estratégico: consolidar la influencia estadounidense en América Latina, bloqueando cualquier presencia de China y alineando gobiernos locales al proyecto del tecnato de Norteamérica [https://mentealternativa.com/tecnato-de-norteamerica-trump-quiere-hacer-realidad-la-dictadura-tecnocratica-que-sono-el-abuelo-de-elon-musk/](https://mentealternativa.com/tecnato-de-norteamerica-trump-quiere-hacer-realidad-la-dictadura-tecnocratica-que-sono-el-abuelo-de-elon-musk/), respaldado por tecnócratas y por Trump.
En México, Rubio buscaba acuerdos concretos que limitaran la soberanía mexicana en materia de seguridad; en Ecuador, su insistencia en reabrir una base militar estadounidense muestra la intención de Estados Unidos de establecer posiciones permanentes para operar militar y estratégicamente en la región, algo que requeriría incluso reformas constitucionales en Quito.
El anuncio de Rubio sobre restricciones de visas a centroamericanos vinculados con China demuestra la continuidad de esta visión: todo lo que amenace los intereses de Washington en “su región” se convierte automáticamente en una amenaza de seguridad nacional, incluso si se trata de cooperación económica legítima. La extralimitación de estas medidas y el tono autoritario con el que se presentan ilustran la lógica de un imperio que se resiste a perder influencia en su esfera geopolítica, ahora conceptualizada como región de Estados Unidos, y no como “patio trasero” al estilo de los ultraglobalistas del pasado.
En conclusión, la presión estadounidense sobre Venezuela no es más que la puesta en escena de un interés estratégico real: controlar la cuenca del Orinoco, consolidar zonas de influencia y garantizar que América Latina permanezca subordinada al proyecto de tecnato estadounidense, mientras se construye un orden multipolar basado en regiones económicas o Estados-civilización. El narcotráfico es solo el telón de fondo que justifica sanciones, despliegues militares y campañas mediáticas, mientras los verdaderos beneficiarios son corporaciones, mafias y sectores financieros con asiento en Washington y Londres, no los ciudadanos latinoamericanos ni la estabilidad regional.
