Por José Luis Preciado
El actual reparto de las cartas de la historia parece haber entrado en una fase en la que las contradicciones del sistema internacional se manifiestan con mayor velocidad que la capacidad de sus instituciones para resolverlas. Las guerras, las crisis financieras, las convulsiones sociales y la reconfiguración de las rutas comerciales suelen presentarse como acontecimientos independientes, aunque su coincidencia revela transformaciones más profundas en la organización del poder mundial. Esta es la tesis que he venido desarrollando en MA durante los últimos años y que junto con informes de otros analistas permite formular una hipótesis de mayor alcance: la crisis del orden unipolar no consiste únicamente en el debilitamiento de una hegemonía, sino en la confrontación entre dos principios diferentes de organización de la humanidad, uno concentrado en preservar las jerarquías financieras y estratégicas existentes y otro orientado, al menos en sus formulaciones más ambiciosas, a construir nuevas condiciones de soberanía, cooperación y desarrollo.
El problema fundamental consiste en distinguir los episodios de sus causas. Una ofensiva militar puede modificar temporalmente una frontera; una elección puede alterar la composición de un gobierno; un acuerdo comercial puede transformar los intercambios entre dos países. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos explica por sí mismo la dirección general de la historia. Lo decisivo es identificar las estructuras económicas, los supuestos estratégicos y las concepciones del ser humano que determinan las posibilidades de actuación de los gobiernos. Desde esta perspectiva, la aparente imprevisibilidad de la política internacional no necesariamente significa ausencia de tendencias reconocibles. Puede revelar, por el contrario, que las instituciones continúan interpretando una realidad nueva mediante categorías heredadas de un orden que ya no consigue reproducirse sin costos crecientes.
En 2004, durante su última campaña presidencial, el economista estadounidense Lyndon H. LaRouche sostuvo que la crisis del sistema monetario-financiero internacional no podría resolverse mediante ajustes convencionales, sino mediante una reorganización de sus fundamentos institucionales y crediticios. Su diagnóstico vinculaba la proliferación de obligaciones financieras desvinculadas de la producción física con una creciente incapacidad para sostener el desarrollo económico de las sociedades. Veintidós años después, el Movimiento LaRouchista a través de su revista Executive Intelligence Review (EIR), recupera aquella advertencia para interpretar las guerras contemporáneas como manifestaciones políticas de una contradicción económica subyacente. La tesis merece examinarse sin confundir su valor explicativo con una demostración concluyente de que todos los conflictos obedecen a una causa única. La financiarización, el endeudamiento y la concentración del poder constituyen factores estructurales relevantes, pero las decisiones militares también responden a historias nacionales, percepciones de amenaza, disputas territoriales e intereses particulares.
La magnitud del desequilibrio estadounidense ofrece una referencia concreta. Según las estimaciones publicadas por la Oficina Presupuestaria del Congreso el 8 de octubre de 2026 y los resultados fiscales difundidos posteriormente, el déficit federal del ejercicio 2026 se aproximó a los dos billones de dólares, mientras el costo anual del servicio de la deuda alcanzó niveles extraordinariamente elevados. No se trata de demostrar con una cifra la inevitabilidad de una bancarrota general, sino de reconocer que una parte creciente de los recursos nacionales queda comprometida en mantener obligaciones acumuladas, restringiendo las posibilidades de financiar infraestructura, investigación, educación, vivienda y transformación productiva. El problema adquiere dimensiones todavía mayores cuando se consideran los instrumentos derivados, el apalancamiento financiero y las complejas interdependencias del crédito internacional. Conviene, no obstante, distinguir entre deuda efectiva y valor nocional de los derivados: no son magnitudes equivalentes ni pueden sumarse indiscriminadamente para calcular una supuesta insolvencia mundial.
En este contexto, una investigación publicada por el propio Fondo Monetario Internacional en julio de 2026 aporta elementos especialmente reveladores sobre los mecanismos mediante los cuales los Estados pueden administrar sus desequilibrios financieros trasladando parte de sus costos al conjunto de la sociedad. En el estudio, los economistas Marijn A. Bolhuis, Jakree Koosakul, Neil Shenai y Jie Yang examinaron la evolución de diecisiete economías avanzadas desde 1920 e identificaron la persistencia histórica de un fenómeno conocido como represión financiera. Bajo esta denominación se agrupan diversos instrumentos regulatorios y monetarios que favorecen la absorción de deuda soberana por bancos y otros intermediarios, incluso cuando sus rendimientos resultan inferiores a los que podrían obtenerse mediante inversiones alternativas. El mecanismo permite aliviar las obligaciones del Estado sin recurrir necesariamente a incrementos tributarios explícitos, pero introduce una redistribución menos visible de los costos fiscales hacia los ahorradores y los agentes económicos cuyos recursos quedan comprometidos en el financiamiento gubernamental.
La investigación resulta particularmente significativa porque demuestra que la represión financiera no constituye una anomalía excepcional, sino una práctica recurrente en períodos de elevado endeudamiento. Su utilización alcanzó niveles particularmente intensos después de la Segunda Guerra Mundial, disminuyó durante las décadas de liberalización financiera y volvió a cobrar importancia tras la crisis de 2008. Los autores identificaron su contribución a la reducción de los pasivos públicos durante la posguerra y encontraron asociaciones entre su aplicación, la contracción relativa del crédito privado y el debilitamiento de la inversión productiva. La paradoja económica es evidente: cuando los instrumentos financieros inducen a los intermediarios a privilegiar la adquisición de obligaciones estatales mediante incentivos regulatorios o rendimientos administrados, una parte del ahorro disponible deja de orientarse hacia actividades capaces de ampliar la producción, desarrollar tecnologías o incrementar la productividad. El Estado consigue aliviar sus necesidades inmediatas de financiamiento, pero corre el riesgo de deteriorar las condiciones materiales que permitirían fortalecer su solvencia futura.
La relevancia contemporánea de este precedente radica en que las condiciones históricamente asociadas con la represión financiera han reaparecido en numerosas economías desarrolladas. Sin embargo, la creciente movilidad internacional del capital introduce una contradicción adicional: los ahorradores pueden buscar refugio en activos extranjeros, metales preciosos, instrumentos financieros alternativos o activos digitales cuando perciben que los rendimientos tradicionales resultan insuficientes para preservar su patrimonio. Los gobiernos enfrentan entonces la disyuntiva de aceptar mayores costos financieros, profundizar los incentivos regulatorios para sostener la demanda de deuda pública o considerar restricciones adicionales a los movimientos de capital. Ninguna de estas posibilidades constituye un desenlace inevitable, pero todas evidencian las dificultades de administrar desequilibrios estructurales mediante mecanismos predominantemente financieros. Desde esta perspectiva, la crisis del orden unipolar adquiere una dimensión social decisiva: el problema ya no consiste solamente en determinar quién controla la emisión de crédito y los instrumentos monetarios internacionales, sino también quién soporta las consecuencias económicas de preservar un sistema cuyos compromisos acumulados compiten crecientemente con las necesidades de inversión y desarrollo de la economía real.
La contradicción se vuelve política cuando un sistema que necesita inversiones productivas de largo plazo privilegia respuestas cuya rentabilidad inmediata depende del endeudamiento, la especulación o la militarización. Las sanciones económicas, las restricciones tecnológicas y el uso de los mercados energéticos como instrumentos de presión pueden convertirse entonces en mecanismos que deterioran simultáneamente las condiciones de quienes las imponen y de quienes las reciben. Las decisiones recientes de Washington respecto a las sanciones contra Rusia ilustran este problema. La suspensión de determinadas restricciones para facilitar suministros rusos de diésel muestra hasta qué punto la interdependencia material puede imponerse sobre las declaraciones de confrontación. La política estadounidense intenta administrar, en circunstancias excepcionales, consecuencias económicas derivadas de una arquitectura de sanciones concebida precisamente para limitar los intercambios con Moscú.
La guerra contra Irán ha profundizado esa contradicción. El aumento de los precios energéticos, las alteraciones del transporte y las perturbaciones del comercio internacional inciden sobre la inflación, los costos industriales y las expectativas electorales estadounidenses. La inestabilidad se extiende a Arabia Saudita, cuya infraestructura energética y aeroportuaria ha sufrido amenazas y ataques atribuidos a los hutíes de Yemen. Las interrupciones del tráfico aéreo, la postergación de acontecimientos internacionales y la incertidumbre sobre los suministros petroleros ponen en cuestión la eficacia del tradicional sistema de seguridad regional encabezado por Estados Unidos. Que una potencia pueda desplegar una extraordinaria capacidad militar no significa necesariamente que pueda garantizar la estabilidad económica y política de sus aliados.
El caso iraní resulta especialmente revelador porque concentra los límites de una concepción de la seguridad basada en la superioridad destructiva. El 15 de octubre, CNN informó, mediante una investigación de Zachary Cohen, Haley Britzky y Kevin Liptak, que el Pentágono había elaborado opciones para posibles nuevos ataques estadounidenses contra instalaciones energéticas y nucleares iraníes, incluido el empleo de la bomba convencional GBU-43/B, conocida como MOAB. A diferencia de la GBU-57 empleada contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, diseñada para penetrar objetivos fortificados, la MOAB concentra una inmensa capacidad explosiva contra objetivos superficiales. Su eventual utilización podría producir daños devastadores y numerosas víctimas civiles sin garantizar la destrucción de instalaciones profundamente protegidas. La existencia de planes militares, que los gobiernos suelen elaborar para diferentes contingencias, no demuestra por sí misma que exista una decisión presidencial de ejecutarlos. Pero su consideración revela el peligro de confundir una demostración espectacular de fuerza con una estrategia capaz de producir una paz duradera.
La advertencia adquiere otra dimensión en las declaraciones atribuidas al coronel retirado Douglas Macgregor, quien ha planteado públicamente la posibilidad de una escalada nuclear estadounidense contra Irán. Dennis Small, de EIR, recupera esta preocupación y la vincula con discusiones estratégicas acerca del posible empleo de armas nucleares de alcance limitado. El concepto de una guerra nuclear tácticamente administrable constituye una de las paradojas más peligrosas del pensamiento militar contemporáneo: presupone que la utilización inicial de una capacidad destructiva extraordinaria podría permanecer circunscrita dentro de límites políticos previamente calculados. Sin embargo, una vez atravesado el umbral nuclear, las percepciones de amenaza, los errores de interpretación y las respuestas de los adversarios no quedan sometidos al control de quien realizó el primer ataque. La preocupación expresada por Macgregor debe entenderse como una advertencia estratégica, no como prueba de una orden nuclear ya adoptada.
La evolución del conflicto ucraniano expone una contradicción comparable. Rusia y Ucrania sostienen narrativas enfrentadas sobre la situación militar, mientras las capitales occidentales mantienen diferencias acerca de los objetivos y las condiciones de una eventual negociación. Durante una reunión con sus mandos militares a mediados de octubre, Vladímir Putin y el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, anunciaron importantes avances territoriales y presentaron la creación de zonas de seguridad en las regiones fronterizas como un objetivo estratégico. Moscú afirmó controlar nuevas localidades del Donbás, aproximarse a Zaporiyia y haber ocupado aproximadamente 6.500 kilómetros cuadrados durante 2026. El Estado Mayor ucraniano rechazó varias de esas afirmaciones, particularmente las relacionadas con Dobropilia y la proximidad de las fuerzas rusas a la ciudad de Zaporiyia. Las cifras y el control efectivo de determinadas posiciones siguen siendo objeto de controversia, lo cual exige diferenciar los partes oficiales de los hechos comprobados independientemente.
Más allá de las divergencias, la cuestión estratégica persiste. Rusia considera imprescindible obtener garantías que impidan la reproducción de amenazas militares en sus fronteras. Ucrania reivindica su soberanía, su integridad territorial y el derecho a disponer de condiciones de seguridad que no dependan exclusivamente de las promesas rusas. Los gobiernos europeos temen que un acuerdo impuesto militarmente establezca un precedente peligroso para otros Estados del continente. Washington, por su parte, enfrenta los costos políticos y económicos de una confrontación prolongada cuya resolución no puede reducirse a una declaración unilateral de victoria. Una negociación que ignore cualquiera de estas dimensiones probablemente contendrá los elementos de su propia inestabilidad futura.
Las discrepancias entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, así como la búsqueda ucraniana de respaldo en Londres y otras capitales europeas, revelan un problema todavía mayor: los participantes de una alianza militar no siempre comparten la misma definición de sus intereses estratégicos. El debate británico acerca de la conducción de la guerra ha comenzado a incorporar críticas que anteriormente ocupaban posiciones marginales. El exdiplomático Ian Proud, la periodista Mary Dejevsky y el comodoro retirado Steve Jeremy han participado en discusiones sobre las decisiones tomadas desde 2022, incluido el papel desempeñado por Boris Johnson y el supuesto desaprovechamiento de oportunidades diplomáticas. Tales interpretaciones permiten examinar si determinados gobiernos occidentales subestimaron las capacidades rusas, sobreestimaron la eficacia de las sanciones y confundieron los objetivos de presión estratégica con posibilidades reales de resolución política.
El conflicto tampoco puede comprenderse exclusivamente mediante la sucesión de operaciones militares. La perspectiva de una nueva arquitectura internacional de seguridad exige preguntarse qué estructura económica permitiría reconstruir Ucrania, restablecer intercambios y ofrecer garantías verificables a las poblaciones afectadas. Una guerra puede detenerse por agotamiento, por acuerdo o por imposición, pero la estabilidad posterior depende de condiciones distintas de las que determinan el resultado inmediato de los combates. La paz duradera requiere instituciones que reduzcan los incentivos materiales para reanudar las hostilidades.
Esta consideración permite comprender por qué la crisis del orden unipolar coincide con una transformación de la geografía económica euroasiática. Durante buena parte de las tres décadas posteriores a la desaparición de la Unión Soviética, los grandes intercambios comerciales del continente estuvieron organizados alrededor de un eje predominantemente oriental-occidental. China consolidó su capacidad manufacturera, Europa figuró entre sus mercados fundamentales y Rusia abasteció de recursos energéticos a numerosas economías occidentales. Los ferrocarriles, gasoductos, instalaciones portuarias y centros logísticos fueron configurando una estructura de interdependencias cuya orientación privilegiaba la conexión entre Asia oriental y Europa.
Esa organización no ha desaparecido, pero se enfrenta ahora a una alternativa de enorme importancia estratégica. El desarrollo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y de otras conexiones continentales apunta hacia un sistema que vincularía el Ártico, Rusia, el Cáucaso, Asia Central y los puertos del océano Índico. Su significado excede considerablemente el transporte de mercancías. La posibilidad de establecer múltiples rutas ferroviarias, energéticas y comerciales permitiría diversificar mercados, disminuir vulnerabilidades logísticas y ampliar las opciones de desarrollo de países tradicionalmente condicionados por su ubicación geográfica.
La recuperación del concepto de Heartland, formulado por el geógrafo británico Halford Mackinder, ayuda a interpretar esta transformación. En la geopolítica clásica, el núcleo continental euroasiático poseía una extraordinaria profundidad territorial y una considerable concentración de recursos, pero enfrentaba limitaciones para acceder de manera independiente a las principales rutas oceánicas. Nicholas Spykman reformuló posteriormente el problema mediante el concepto de Rimland, la franja periférica de Eurasia cuyo control podía proporcionar ventajas decisivas a las potencias marítimas. La rivalidad entre interior continental y periferia marítima constituyó así uno de los fundamentos intelectuales de la estrategia internacional del siglo XX.
El desarrollo de nuevas conexiones meridionales podría modificar parcialmente aquella relación. Una primera dirección contempla el enlace ruso con Irán a través de Azerbaiyán y el ferrocarril Rasht-Astara, infraestructura cuya construcción sigue pendiente y cuyo inicio se proyecta actualmente para 2027. Una segunda atraviesa Kazajistán y Turkmenistán antes de ingresar en territorio iraní. Una tercera posibilidad busca conectar Asia Central con Afganistán y Pakistán, facilitando el acceso a los puertos del mar Arábigo. La combinación de estas rutas reduciría la dependencia de un único territorio de tránsito, aunque sus resultados dependerán de inversiones efectivas, estabilidad política, financiación, seguridad y acuerdos comerciales sostenibles.
El proyecto adquiere profundidad adicional mediante la articulación de infraestructuras energéticas. Rusia e Irán han discutido posibles conexiones gasíferas a través de Azerbaiyán, con capacidades potenciales de hasta 55.000 millones de metros cúbicos anuales. La Unión Económica Euroasiática mantiene desde mayo de 2025 un acuerdo de libre comercio con Irán, mientras explora mayores posibilidades de intercambio con India. La Ruta Marítima del Norte añade otra dimensión, al conectar el espacio euroasiático con el Ártico. Ninguno de estos instrumentos garantiza automáticamente una nueva prosperidad continental; juntos, sin embargo, expresan la búsqueda de una diversificación geoeconómica frente a las restricciones derivadas de las tensiones con Occidente.
La originalidad histórica de este proceso reside en que el núcleo continental no necesitaría reproducir íntegramente los patrones de expansión territorial que caracterizaron las rivalidades imperiales de siglos anteriores. En principio, podría ampliar sus conexiones exteriores mediante acuerdos de infraestructura y cooperación económica. Allí donde la competencia tradicional perseguía el control militar de accesos marítimos, una estrategia contemporánea de conectividad buscaría multiplicar alternativas comerciales y logísticas. El cambio no elimina la geopolítica, pero introduce una dimensión en la cual la capacidad de desarrollar territorios puede adquirir una importancia comparable a la capacidad de dominar posiciones estratégicas.
Este movimiento también explica la creciente relevancia de los espacios marítimos periféricos. El mar Báltico, el mar Negro, el Mediterráneo oriental, el canal de Suez, el mar Rojo, Bab el-Mandeb, el estrecho de Ormuz, el estrecho de Malaca y el mar de China Meridional constituyen puntos de conexión fundamentales para el intercambio mundial. Su concentración de tensiones no demuestra que todas las crisis respondan a una dirección única, pero permite identificar la importancia persistente de las comunicaciones marítimas para las economías industrializadas y las estrategias militares. La competencia entre el Corredor Medio, que conecta Asia Central con Europa a través del Caspio, el Cáucaso y Turquía, y las conexiones Norte-Sur representa, en consecuencia, algo más profundo que una disputa sobre costos de transporte. Expresa la cuestión de hacia qué mercados y asociaciones económicas se orientará la Eurasia interior durante las próximas décadas.
Irán ocupa una posición singular en este proceso. Es simultáneamente un territorio sometido a confrontación militar y uno de los enlaces fundamentales para conectar el interior euroasiático con los océanos del sur. Su importancia estratégica no deriva solamente de los hidrocarburos, sino de una geografía capaz de articular regiones que anteriormente dependían de circuitos comerciales predominantemente occidentales. Precisamente por ello, una escalada militar sostenida contra territorio iraní puede obstaculizar no solo la estabilidad regional, sino también una parte relevante de los proyectos de integración económica continental. Al mismo tiempo, las rutas alternativas por Afganistán y Pakistán buscan disminuir esa vulnerabilidad, aunque enfrentan sus propios obstáculos políticos, técnicos y de seguridad.
Esta reconfiguración permite reinterpretar el ascenso de los BRICS y las iniciativas internacionales promovidas por China. Su importancia no reside en constituir necesariamente una alianza homogénea contra Occidente. Los países participantes mantienen diferencias económicas, territoriales e institucionales considerables, además de relaciones comerciales extensas con Estados Unidos y Europa. Su significado radica en la posibilidad de ampliar los mecanismos de financiamiento, diversificar los sistemas de pagos, desarrollar infraestructura y reducir dependencias estratégicas excesivas. Las propuestas chinas sobre desarrollo global, seguridad, gobernanza y diálogo entre civilizaciones forman parte de ese esfuerzo por modificar las reglas de cooperación internacional. Su legitimidad, no obstante, debe medirse por sus resultados: bienestar efectivo, respeto a la soberanía, sostenibilidad financiera y ampliación de las capacidades productivas de las poblaciones.
La cuestión palestina introduce una dimensión moral indispensable en este debate. Durante su encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog, el canciller chino Wang Yi sostuvo que el problema palestino constituye la mayor injusticia histórica del presente siglo y reiteró el apoyo de Pekín a una solución de dos Estados. Wang reclamó asimismo el acceso humanitario a Gaza y el cese de la expansión forzosa de asentamientos en Cisjordania. La referencia compartida a la solidaridad entre los pueblos chino y judío durante la Segunda Guerra Mundial adquiere aquí un significado particular: el reconocimiento del sufrimiento histórico de un pueblo no debería convertirse en justificación para desconocer los derechos de otro. La seguridad de Israel y la autodeterminación palestina no pueden construirse como principios necesariamente incompatibles si se pretende alcanzar una paz políticamente viable.
El debate interno israelí confirma la profundidad de las tensiones. En un estudio publicado el 12 de octubre por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, el general retirado Tamir Hayman examinó la posible emergencia de una concepción estratégica que otorgaría prioridad a la identidad judía del Estado sobre determinados compromisos democráticos, además de favorecer la ofensiva preventiva y considerar la paz un instrumento antes que un objetivo permanente. Resulta fundamental precisar que Hayman presentó sus principios como una interpretación teórica y deliberadamente exagerada de tendencias políticas observadas, no como una doctrina oficial aprobada en esos términos. Su advertencia apunta a una transformación potencialmente decisiva: cuando la identidad política se define mediante la subordinación de derechos universales a necesidades de seguridad permanentemente expansivas, la guerra corre el riesgo de convertirse en una condición normal del Estado.
La defensa electoral de Benjamin Netanyahu por parte de Trump se inserta en ese escenario. La influencia estadounidense sobre las decisiones israelíes y la disposición de Washington a respaldar nuevas operaciones militares contra Irán suscitan interrogantes acerca de los límites de la autonomía estratégica de ambos gobiernos. También plantean una cuestión más profunda: si la seguridad nacional termina identificándose exclusivamente con la capacidad de infligir daños superiores al adversario, desaparece progresivamente la distinción entre los medios militares y los fines políticos. La existencia de una fuerza armada formidable no sustituye la necesidad de una legitimidad internacional capaz de sostener acuerdos, reconocimiento y coexistencia.
Frente a semejante acumulación de contradicciones, la posibilidad de una reunión entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping ha adquirido una relevancia excepcional. Las informaciones publicadas a mediados de octubre indican que Moscú propuso un encuentro trilateral, potencialmente al margen de la cumbre de la APEC prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Trump manifestó disposición a considerar la propuesta, particularmente para abordar cuestiones de desarme nuclear. Sin embargo, hasta el 20 de octubre no existe confirmación definitiva de una cumbre tripartita ni de una agenda común. La importancia política de la iniciativa reside precisamente en que abre la posibilidad de negociar directamente entre las principales potencias nucleares y económicas en un momento de extraordinario deterioro de la confianza estratégica.
La analista rusa Elena Panina introduce una advertencia esencial al cuestionar la interpretación de ese eventual encuentro como una nueva Conferencia de Yalta. En febrero de 1945, los dirigentes de las potencias aliadas negociaron sobre el orden de posguerra en circunstancias determinadas por una victoria militar compartida y por una correlación de fuerzas excepcional. Actualmente, Rusia, China y Estados Unidos no representan una coalición equivalente ni comparten necesariamente una concepción del sistema internacional que debería sustituir al existente. Una negociación trilateral tendría que abordar intereses contrapuestos, restricciones comerciales, medidas de seguridad, tecnología, energía y control de armamentos, sin que pueda suponerse anticipadamente una distribución consensuada de zonas de influencia.
Para Moscú, la oportunidad también entraña riesgos. Washington podría buscar limitar la coordinación estratégica entre Rusia y China mediante concesiones económicas parciales, mecanismos de alivio de sanciones o acuerdos relacionados con Ucrania. Rusia, por su parte, procuraría obtener garantías de seguridad y mantener su libertad de cooperación con Pekín, sin quedar reducida a una posición subordinada dentro de una negociación entre las dos mayores economías. China tendría motivos para evitar compromisos de control armamentístico que no reflejen las diferencias existentes entre los arsenales nucleares de las tres potencias. Europa, Ucrania y otros actores continuarían ejerciendo facultades políticas e institucionales indispensables para aplicar determinados acuerdos. La utilidad de una eventual cumbre no dependerá de su espectacularidad diplomática, sino de su capacidad para producir compromisos verificables, recíprocos y sostenibles.
La diplomacia vaticana ofrece una perspectiva diferente, aunque potencialmente complementaria. El 16 de octubre, el papa León XIV conversó telefónicamente con Putin y solicitó una tregua humanitaria que permitiera suministrar alimentos y asistencia médica a los habitantes de Oleshky, en la región ucraniana de Jersón, además de facilitar evacuaciones civiles voluntarias y seguras. La Santa Sede confirmó el contenido humanitario de la conversación, mientras el Kremlin destacó también el interés por mantener relaciones entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica. Tres días después, León XIV habló con Zelenski acerca de la misma emergencia. La secuencia muestra un esfuerzo de mediación que no desconoce las diferencias políticas, pero intenta establecer un terreno mínimo de cooperación alrededor de necesidades humanas compartidas.
El valor de esta aproximación reside en que desplaza temporalmente la pregunta sobre quién debe obtener ventajas hacia otra anterior y más fundamental: qué obligaciones tienen todos los actores respecto a la vida de personas que no pueden esperar a la resolución completa de sus controversias. El diálogo interreligioso constituye, desde esta perspectiva, una posibilidad de ampliar el campo de la diplomacia más allá de los instrumentos tradicionales de presión. La convocatoria de Asís, prevista del 25 al 27 de octubre con motivo del cuadragésimo aniversario del encuentro de oración por la paz impulsado por Juan Pablo II en 1986, representa una expresión de esa orientación. La presencia anunciada de León XIV, junto con representantes religiosos y culturales de numerosos países, adquiere especial relevancia en una época en la que la invocación de identidades religiosas y nacionales suele utilizarse para legitimar antagonismos irreconciliables.
La encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV en mayo de 2026, proporciona un fundamento doctrinal más amplio al insistir en la protección de la persona humana frente a las transformaciones tecnológicas y sociales. Aunque centrada especialmente en los desafíos de la inteligencia artificial, su preocupación por la dignidad y el bien común permite formular una crítica general de cualquier concepción del progreso que subordine a los seres humanos a sistemas institucionales, económicos o tecnológicos. Esta perspectiva guarda afinidades filosóficas con la recuperación que Helga Zepp-LaRouche ha realizado del pensamiento de Nicolás de Cusa, particularmente de su obra De pace fidei, donde el diálogo entre tradiciones religiosas diferentes busca identificar principios universales de entendimiento.
El principio de la coincidencia de los opuestos, asociado al pensamiento cusano, no exige borrar las diferencias entre civilizaciones, Estados o concepciones políticas. Propone reconocer que las contradicciones aparentemente insolubles pueden abordarse mediante un nivel de razonamiento superior al de las posiciones enfrentadas. En términos diplomáticos, esta posibilidad supone pasar de una negociación concebida como distribución de pérdidas y ganancias a otra que busque identificar condiciones comunes de supervivencia, seguridad y desarrollo. No significa que los intereses nacionales desaparezcan, sino que su defensa debe situarse dentro de una realidad internacional donde la destrucción del adversario puede comprometer igualmente la existencia propia.
Lyndon LaRouche defendió una concepción comparable del arte de gobernar al advertir que los conflictos inmediatamente visibles entre naciones no siempre contienen las causas determinantes de las crisis históricas. Su crítica apuntaba especialmente a las formas de pensamiento que convierten los intereses establecidos en axiomas incuestionables y hacen imposible imaginar soluciones fuera de los instrumentos habituales del poder. EIR prolonga esa reflexión mediante una crítica severa de las redes financieras y políticas angloestadounidenses, a las que caracteriza polémicamente como una oligarquía transatlántica o una clase asociada al universo del pedófilo Jeffrey Epstein.
La referencia histórica a Hjalmar Schacht, Montagu Norman y las políticas financieras de entreguerras pretende ilustrar los peligros de una reorganización económica centrada en el rearme, la austeridad impuesta y la subordinación de la producción a objetivos estratégicos destructivos. Las relaciones entre las élites financieras, el ascenso del fascismo y la economía militarizada de la década de 1930 son históricamente complejas y su estudio permite formular una pregunta pertinente para el presente: ¿qué ocurre cuando los gobiernos normalizan la expansión de las capacidades militares como respuesta estructural a una crisis económica que no consiguen resolver mediante crecimiento productivo y cooperación internacional?
El mismo interrogante atraviesa las sociedades occidentales. Las movilizaciones registradas durante octubre en Francia, España, Italia, Portugal y otros países europeos revelan malestares que, aunque tienen causas nacionales específicas, comparten preocupaciones relacionadas con el costo de vida, la vivienda, la educación y las perspectivas de las generaciones jóvenes, como predijo este medio en el año 2021. En Francia, las protestas estudiantiles evolucionaron hacia manifestaciones más amplias que desembocaron en enfrentamientos, saqueos y respuestas policiales de considerable intensidad. La violencia de determinados grupos no elimina la legitimidad de las reivindicaciones sociales, del mismo modo que la existencia de agravios reales no justifica los ataques contra personas, comercios o instituciones.
El episodio protagonizado por el Orchestre du Nouveau Monde en la plaza de la República de París adquirió un significado particularmente elocuente. Más de cuatrocientos músicos se habían reunido para interpretar música durante la movilización del 17 de octubre cuando el despliegue de gases lacrimógenos obligó a interrumpir su presentación. La imagen de una orquesta juvenil intentando expresarse pacíficamente en medio de un escenario de confrontación policial concentra una contradicción cultural de extraordinaria fuerza. La juventud reclama posibilidades de participación, educación y realización personal, mientras las instituciones responden a una crisis de legitimidad mediante dispositivos concebidos principalmente para restaurar el orden público.
Dennis Small relaciona esas situaciones con experiencias históricas de provocación y manipulación de movimientos populares. Recupera, entre otras referencias, declaraciones del exministro italiano Francesco Cossiga sobre métodos represivos basados en permitir episodios de violencia para justificar posteriormente una intervención policial más severa. Este antecedente permite reconocer que la instrumentalización política del desorden constituye un problema real, aunque no autoriza a atribuir automáticamente toda confrontación contemporánea a operaciones organizadas desde centros clandestinos de poder. La exigencia democrática consiste precisamente en investigar responsabilidades concretas y distinguir entre movilización legítima, violencia oportunista, provocación deliberada y uso desproporcionado de la fuerza.
Las tensiones sociales introducen una dimensión decisiva en la discusión sobre el futuro del orden unipolar. Una transformación internacional exclusivamente concebida desde los gobiernos y las grandes potencias corre el riesgo de reproducir, bajo nuevas instituciones, la distancia entre los centros de decisión y las necesidades de la población. El desplazamiento de las rutas comerciales hacia Eurasia, la ampliación de los BRICS o la reducción de determinadas dependencias financieras no constituyen fines suficientes en sí mismos. Su valor histórico dependerá de su capacidad para elevar las condiciones materiales y culturales de las sociedades, garantizar derechos efectivos, ampliar la participación económica y ofrecer a las nuevas generaciones horizontes de progreso.
De ahí la insistencia de Helga Zepp-LaRouche en sus Diez Principios para una Nueva Arquitectura Internacional de Seguridad y Desarrollo y en el trabajo de la Coalición Internacional por la Paz. La propuesta parte de que ninguna nación puede alcanzar una seguridad perdurable mediante la inseguridad permanente de las demás, y de que el desarrollo económico debe ocupar un lugar central en las negociaciones estratégicas. Las iniciativas políticas de Diane Sare y José Vega, vinculadas a esta corriente de pensamiento en Estados Unidos, expresan una tentativa de trasladar ese debate hacia la participación electoral y la organización ciudadana. Independientemente de su alcance político, representan una concepción del liderazgo que busca sustituir la mera oposición al sistema existente por la formulación de principios y alternativas institucionales.
La referencia a Abraham Lincoln resulta pertinente en este contexto. Durante la Guerra Civil estadounidense, Lincoln comprendió que preservar una república exigía algo más que vencer militarmente a sus adversarios. Su apelación a actuar sin malicia y con caridad hacia todos expresaba una concepción de la política orientada a reconstruir una comunidad fracturada. Su familiaridad con Shakespeare y la tragedia clásica reflejaba una convicción adicional: las sociedades pueden quedar atrapadas en conflictos aparentemente inevitables cuando sus dirigentes carecen de la capacidad moral e intelectual para cuestionar las premisas que los produjeron.
El verdadero arte de gobernar no consiste, por tanto, en administrar indefinidamente los antagonismos heredados, sino en crear condiciones para superarlos. Esa tarea exige una combinación poco frecuente de imaginación histórica, rigor económico, prudencia estratégica y responsabilidad moral. Requiere reconocer que una infraestructura ferroviaria puede transformar las relaciones internacionales de una manera distinta a una base militar; que un programa de cooperación científica puede generar vínculos más duraderos que una sanción; y que una negociación sobre desarme puede resultar insuficiente si no se acompaña de una transformación en las condiciones económicas que alimentan la confrontación.
Las elecciones previstas para el 25 de octubre en Brasil, el 27 de octubre en Israel y el 3 de noviembre en Estados Unidos, junto con las iniciativas diplomáticas de Asís y las conversaciones preliminares sobre una eventual cumbre trilateral en noviembre, se desarrollan dentro de esta contradicción histórica. Cada acontecimiento tendrá causas y consecuencias particulares, pero todos ocurren mientras se discute la continuidad de un sistema internacional que colapsa y cuyas instituciones afrontan crecientes dificultades para ofrecer seguridad, prosperidad y legitimidad. Ninguna elección resolverá por sí sola las tensiones del sistema financiero mundial. Ninguna reunión entre grandes potencias garantizará automáticamente la paz. Ningún corredor comercial eliminará todas las rivalidades de Eurasia. Sin embargo, estos procesos pueden modificar la combinación de intereses que determina las decisiones futuras.
La crisis del orden unipolar y el surgimiento del orden multipolar abren así dos posibilidades divergentes. La primera consiste en prolongar las formas tradicionales de confrontación mediante el rearme, las sanciones, la competencia territorial y la militarización de las relaciones económicas. La segunda exige reconocer que la seguridad internacional depende cada vez más de capacidades compartidas de producción, infraestructura, conocimiento y protección de la vida humana. No existe garantía de que la multipolaridad adopte automáticamente esta segunda dirección: también podría degenerar en nuevas esferas de influencia, bloques excluyentes y rivalidades imperiales. El resultado dependerá de las decisiones políticas, de las instituciones que consigan establecerse y de la capacidad de las sociedades para exigir que el poder vuelva a responder a una finalidad humana.
En última instancia, el verdadero dilema del siglo XXI no reside en determinar qué potencia dominará las rutas marítimas, qué moneda ocupará la posición más importante o qué coalición impondrá sus condiciones estratégicas. Esas cuestiones seguirán siendo relevantes, pero ninguna puede sustituir la pregunta fundamental sobre la finalidad de la organización económica y política internacional. Una civilización que dispone de capacidades científicas para transformar continentes y, simultáneamente, contempla la posibilidad de destruirse mediante armas termonucleares enfrenta una contradicción que no puede resolverse exclusivamente mediante cálculos de poder. La supervivencia exige convertir el desarrollo de la humanidad en principio rector de la seguridad mundial. Si la historia contemporánea está asistiendo al agotamiento del orden unipolar, su superación no debería medirse simplemente por la cantidad de nuevos centros de poder que consigan reemplazarlo, sino por la magnitud de las posibilidades humanas que el nuevo orden sea capaz de hacer realidad.
Fuentes consultadas
Marijn A. Bolhuis, Jakree Koosakul, Neil Shenai y Jie Yang. The Coming Great Repression? New Measures and a Century of Evidence. Fondo Monetario Internacional, IMF Working Paper WP/26/160. 31 de julio de 2026.
Tamir Hayman. The “New” National Security Concept: Conceptualization and Questions for Discussion. Institute for National Security Studies. 12 de octubre de 2026.
Zachary Cohen, Haley Britzky y Kevin Liptak. Exclusive: US considering using ‘mother of all bombs’ against Iran, sources say. CNN. 15 de octubre de 2026.
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Oficina de Prensa de la Santa Sede. Telephone conversation between the Holy Father and the President of the Russian Federation. Vaticano. 16 de octubre de 2026.
Francesca Sabatinelli. El Papa León en Asís, 40 años después del encuentro querido por Wojtyła. Vatican News. 6 de octubre de 2026.
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Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos. Monthly Budget Review: September 2026. Congressional Budget Office. 8 de octubre de 2026.
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Redacción Reuters. Ukraine says Russia’s claimed territorial advances are ‘an illusion’. Reuters. 17 de octubre de 2026.
Bruno Lesprit. L’Orchestre du Nouveau Monde, un ensemble militant devenu célèbre après la mobilisation du 17 octobre. Le Monde. 20 de octubre de 2026.
EIRNS. El arte de gobernar con esperanza. Executive Intelligence Review News Service. 16 de octubre de 2026.
Kamil Askerkhanov. Norte-Sur. El renacimiento del Heartland y una nueva geografía de la confrontación, partes 1 y 2. 11 de agosto y 17 de octubre de 2026.
Dennis Small. El Papa le habló a Putin; ¿por qué? EIR. 19 de octubre de 2026.
Elena Panina. Putin, Trump y Xi: ¿Una «Nueva Yalta» o negociaciones sobre una «Nueva Yalta»? Material proporcionado para el artículo. Medio y fecha no indicados.
EIRNS. El jefe del Estado Mayor, general Gerasimov, informó a Putin sobre los avances de Rusia en el frente y la creación de una zona de amortiguación. Executive Intelligence Review News Service. 18 de octubre de 2026.
EIRNS. China le dice a Israel: la cuestión palestina es la «mayor injusticia histórica de este siglo». Executive Intelligence Review News Service. 19 de octubre de 2026.
EIRNS. ¿Está Trump considerando lanzar la «Madre de todas las bombas» sobre Irán? Executive Intelligence Review News Service. 17 de octubre de 2026.
