Por José Luis Preciado
La crisis sistémica del orden internacional ha dejado de ser una confrontación exclusivamente militar entre potencias para convertirse en una disputa por la naturaleza misma del crecimiento económico, la organización del poder y el destino de la civilización industrial. Los informes de diversos centros de pensamiento permiten identificar una contradicción histórica: mientras las potencias occidentales destinan recursos crecientes a la confrontación geopolítica, la inteligencia artificial y los mecanismos de preservación de su hegemonía financiera, sectores cada vez más amplios de sus propias sociedades reclaman inversiones en educación, infraestructura, energía asequible y trabajo productivo. La disputa, examinada también desde la perspectiva de Lyndon LaRouche y Helga Zepp-LaRouche, no consiste únicamente en determinar qué potencias gobernarán el próximo orden mundial, sino en decidir si la riqueza continuará midiéndose por la rentabilidad de los activos y la capacidad de dominación estratégica o por el incremento efectivo de las capacidades productivas, científicas y culturales de la humanidad.
El interrogante adquiere una dimensión particularmente reveladora a la luz de las nuevas Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Publicado el 13 de octubre durante las reuniones anuales celebradas en Bangkok, el informe proyecta un crecimiento mundial del 3,1% para 2026, una cifra aparentemente tranquilizadora cuya composición revela profundas asimetrías. Apenas 32 países concentran ahora el 95% del crecimiento contabilizado, frente a los 54 que representaban esa proporción en abril. La economista jefa del FMI, Silvana Tenreyro, reconoció que la resiliencia económica internacional se encuentra sometida a tensiones crecientes, mientras el auge de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial compensa parcialmente los efectos contractivos de la guerra y del encarecimiento de los energéticos. La paradoja es que una economía puede seguir expandiéndose estadísticamente al mismo tiempo que disminuye la capacidad material de millones de personas para sostener su nivel de vida, adquirir vivienda, recibir educación o acceder a bienes esenciales. El crecimiento agregado, por sí solo, no demuestra que una sociedad esté desarrollándose.
Aquí se encuentra el punto de partida de una crítica que trasciende las estadísticas convencionales. En su interpretación de los trabajos del científico ruso Vladímir Vernadski, Lyndon LaRouche sostenía que el desarrollo humano no puede comprenderse mediante la simple acumulación de mercancías, dinero o rendimientos financieros. Su concepto de densidad relativa potencial de población aludía a la capacidad de una sociedad para sostener una población creciente en condiciones cualitativamente superiores, gracias a descubrimientos científicos, avances tecnológicos, infraestructura y transformaciones deliberadas de sus procesos productivos. La diferencia entre el ser humano y las demás especies no residiría, desde esta perspectiva, únicamente en su capacidad de transformar la naturaleza, sino en la posibilidad de modificar conscientemente los principios mediante los cuales realiza esa transformación. Una central eléctrica, una red ferroviaria, un hospital, una universidad o un sistema de abastecimiento de agua representan, por consiguiente, algo más que activos susceptibles de producir ingresos: constituyen condiciones materiales para incrementar la productividad del trabajo y las capacidades de las generaciones futuras. El verdadero crecimiento económico comienza allí donde una sociedad amplía sus posibilidades de existencia, no simplemente cuando consigue registrar una transacción adicional en sus cuentas nacionales.
Esta distinción permite comprender por qué el extraordinario auge de la inteligencia artificial, pese a sus indudables posibilidades científicas e industriales, no constituye automáticamente una garantía de prosperidad. Estados Unidos y China concentran una proporción dominante de la demanda de semiconductores avanzados y equipos destinados a la inteligencia artificial, mientras la construcción de centros de datos exige inversiones multimillonarias en servidores, sistemas eléctricos, refrigeración, infraestructura y energía. Tales inversiones generan actividad económica real y pueden impulsar aumentos futuros de productividad; sería equivocado reducirlas a una ficción estadística. Pero la cuestión decisiva consiste en determinar cuánto de ese gasto se traducirá efectivamente en avances científicos, producción física, servicios útiles y nuevas capacidades humanas, y cuánto dependerá de expectativas financieras que todavía no encuentran correspondencia en beneficios productivos verificables. Una economía puede construir miles de megavatios de capacidad informática y, simultáneamente, permitir que sus escuelas se deterioren, que sus sistemas sanitarios acumulen insuficiencias o que sus redes de transporte permanezcan obsoletas. El problema no es la tecnología, sino el criterio político que decide para qué se utiliza y cuáles son las necesidades sociales que quedan subordinadas a ella.
La propia administración Trump ha convertido esa contradicción en uno de los signos distintivos de su estrategia económica. Durante la presentación de la iniciativa Science: A New Golden Age, el 8 de octubre, la Casa Blanca anunció compromisos e iniciativas científicas por aproximadamente 6.000 millones de dólares, entre ellos 2.400 millones en herramientas y créditos de computación aportados por empresas tecnológicas. Nvidia, AMD, OpenAI, Anthropic y otras corporaciones aparecen dentro de una arquitectura destinada a fortalecer la investigación y la supremacía estadounidense en inteligencia artificial. También se plantearon proyectos relacionados con la energía nuclear, la exploración espacial y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, la naturaleza de los compromisos obliga a distinguir el financiamiento efectivo de la investigación, la aportación de servicios tecnológicos por empresas privadas y las declaraciones programáticas todavía carentes de asignaciones presupuestarias específicas. La proclamación de una misión nacional no equivale necesariamente a la creación de las capacidades científicas e industriales indispensables para cumplirla, como ilustra la ausencia de una partida claramente identificada para la fusión nuclear en el desglose inicial examinado por EIR.
La contradicción se vuelve todavía más evidente al examinar la política comercial de Washington. Los datos de agosto muestran que las importaciones estadounidenses alcanzaron 420.800 millones de dólares, frente a exportaciones por 315.200 millones, produciendo un déficit mensual de 105.600 millones de dólares, 13,7% superior al de julio. El Instituto Cato, a través de los economistas Scott Lincicome y Chad Smitson, ha señalado que el déficit comercial regresó a niveles comparables, e incluso superiores en determinados registros, a los observados antes de la gran ofensiva arancelaria iniciada en 2025. La analista Elena Panina identifica aquí un límite estructural de la estrategia de Trump: los aranceles pueden modificar precios relativos, desviar intercambios y promover ciertas inversiones nacionales, pero no sustituyen por decreto las fábricas, las cadenas de proveedores, los técnicos especializados ni los sistemas de producción que una economía ha tardado décadas en desarrollar. Además, el déficit comercial refleja una relación macroeconómica más profunda entre ahorro, inversión y entradas de capital. Estados Unidos pretende disminuir su dependencia manufacturera exterior mientras continúa atrayendo capital extranjero y realizando inversiones cuya materialización requiere enormes importaciones de bienes de equipo.
Esta dependencia queda particularmente expuesta en el sector tecnológico. Las importaciones relacionadas con equipos informáticos, semiconductores y otros productos de tecnología avanzada alcanzaron magnitudes extraordinarias durante agosto, precisamente porque el objetivo de consolidar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial requiere componentes fabricados en otras economías. Al mismo tiempo, el déficit bilateral estadounidense con México alcanzó aproximadamente 27.700 millones de dólares, frente a 24.000 millones con Vietnam, 18.300 millones con Taiwán y 16.400 millones con China, según las cifras examinadas por Panina. La consecuencia merece una lectura distinta de la que propone habitualmente el discurso proteccionista. Si el objetivo declarado es eliminar el déficit, los resultados son decepcionantes; si consiste en reorganizar las cadenas de suministro, reducir determinadas dependencias directas y redistribuir la localización de la producción, los datos sugieren una transformación más compleja. México y Vietnam adquieren importancia creciente dentro del sistema comercial estadounidense, aunque no toda la producción que llega desde esos territorios implique necesariamente una sustitución completa de los componentes chinos. El tránsito de mercancías, la triangulación comercial y la transformación efectiva de origen son fenómenos diferentes que requieren pruebas específicas. La economía estadounidense no está rompiendo todas sus dependencias: está intentando reorganizarlas bajo nuevas condiciones geopolíticas.
El resultado es un orden euroatlántico atravesado por contradicciones entre la lógica de la rentabilidad financiera, las necesidades de reconstrucción industrial y las exigencias de una política exterior cada vez más militarizada. Mientras el discurso oficial exalta la autosuficiencia, las corporaciones tecnológicas demandan una integración internacional que las barreras comerciales encarecen. Mientras Washington pretende disciplinar a sus competidores mediante sanciones y restricciones de acceso a mercados estratégicos, su propio aparato productivo necesita importar equipos, materias primas y conocimientos especializados. Mientras una parte de sus élites reivindica el retorno de la industria manufacturera, otra encuentra oportunidades extraordinarias en la circulación internacional de capitales, la especulación financiera y los contratos militares y tecnológicos. No se trata simplemente de una contradicción ideológica entre globalistas y nacionalistas, sino de una disputa concreta entre formas diferentes de organizar la acumulación económica y preservar el poder político.
Una interpretación especialmente interesante de este proceso propone comprender la crisis occidental no como el enfrentamiento de dos bloques perfectamente cohesionados, sino como la descomposición de una estructura supranacional formada históricamente alrededor de tres grandes componentes: el estadounidense, el británico y el alemán. Durante la segunda mitad del siglo XX, la capacidad militar de Estados Unidos, el sistema financiero internacional articulado alrededor del dólar, las redes comerciales y de inteligencia heredadas del Imperio británico y el potencial industrial alemán ofrecieron fundamentos complementarios para el predominio occidental. La confrontación con la Unión Soviética facilitó su integración estratégica; el final de la Guerra Fría permitió extenderla a nuevos mercados. Sin embargo, esa complementariedad nunca eliminó enteramente los intereses particulares de sus integrantes. La subordinación de las contradicciones internas a un objetivo geopolítico común fue confundida durante demasiado tiempo con la existencia de una voluntad imperial absolutamente homogénea.
El modelo propone que cada uno de esos tres componentes contiene actualmente dos grandes orientaciones, configurando seis corrientes de intereses que pueden competir y cooperar dentro de las mismas instituciones. En Estados Unidos coexistirían un euroatlantismo interesado en conservar el liderazgo occidental global y una corriente continental, asociada con MAGA, que pretende concentrar recursos en la industria nacional, el hemisferio americano y una interpretación renovada de la Doctrina Monroe. En el ámbito británico se distinguirían las prioridades político-militares de Londres y la capacidad de adaptación transnacional de las redes financieras de la City, cada vez más vinculadas con centros asiáticos como Hong Kong y Singapur. En el espacio germánico competirían la defensa de la estructura industrial tradicional y una orientación militar-tecnológica que encuentra afinidades parciales con determinadas élites estadounidenses. Esta clasificación debe entenderse como un modelo interpretativo, no como la constatación de seis organizaciones clandestinas delimitadas y coordinadas. Su utilidad consiste precisamente en explicar cómo los intereses pueden atravesar fronteras estatales y converger circunstancialmente sin constituir un poder único ni obedecer necesariamente a un mando central.
Desde esa perspectiva adquieren especial significado dos intervenciones políticas recientes. En su discurso del 7 de octubre ante las ruinas de la antigua Atenas, Marco Rubio reivindicó la memoria histórica, la voluntad de poder y el concepto griego de thymós, asociado con el valor, el orgullo y la energía moral, para exhortar a Occidente a recuperar su iniciativa civilizatoria. El primer ministro canadiense Mark Carney, por su parte, había propuesto en Davos, el 20 de enero, una mayor coordinación entre potencias intermedias ante el deterioro del orden internacional, y en su intervención ante el Parlamento Europeo, el 17 de septiembre, desarrolló una visión de cooperación industrial, energética, tecnológica y defensiva. Ambos reconocen la crisis de la globalización precedente, pero sus respuestas no son idénticas. Rubio intenta reconstruir una voluntad estratégica occidental; Carney propone ampliar la capacidad de acción colectiva de los países que buscan evitar una dependencia excesiva de los grandes centros de poder. La diferencia importa porque revela que la reconstrucción de la influencia euroatlántica puede adoptar configuraciones geográficas y políticas distintas, algunas de ellas incluso competitivas.
Canadá se convierte así en una pieza fundamental de esta reconfiguración. Sus recursos petroleros y gasíferos, sus minerales críticos, sus conexiones oceánicas y su territorio ártico lo sitúan en la intersección de las aspiraciones continentales estadounidenses y las posibilidades de una nueva alianza noratlántica en torno a Gran Bretaña y Europa. Alberta y Quebec representan, además, espacios con intereses económicos e identidades políticas diferentes dentro de la federación canadiense. El acceso al Ártico, el corredor del río San Lorenzo y la proximidad de las cadenas industriales norteamericanas transforman la geografía canadiense en un activo estratégico que ningún proyecto de reorganización occidental puede ignorar. Pero de esa importancia no se desprende automáticamente que Ottawa vaya a integrarse en una coalición dirigida desde Londres, ni que Washington pueda convertir sin resistencia al país vecino en un apéndice de su estrategia hemisférica. Las posibilidades de cooperación o fricción dependerán de decisiones políticas concretas y de la capacidad de cada proyecto para ofrecer beneficios materiales sostenibles.
Alemania presenta un dilema distinto y probablemente más profundo. Su modelo económico de posguerra descansó durante décadas en la combinación de energía relativamente accesible, excelencia manufacturera, mercados internacionales abiertos y protección estratégica estadounidense. La ruptura de sus relaciones energéticas con Rusia, el encarecimiento de insumos industriales, la intensificación de la competencia china y las tensiones comerciales con Washington han debilitado varios de esos fundamentos simultáneamente. Al mismo tiempo, algunas empresas tecnológicas estadounidenses promueven una reorganización del poder occidental mediante la convergencia entre inteligencia artificial, defensa y capacidad estatal. El manifiesto de 22 tesis difundido por Palantir en abril de 2026, relacionado con las ideas de Alex Karp y Nicholas Zamiska en The Technological Republic, resulta significativo porque su decimoquinta tesis propone revisar las restricciones estratégicas heredadas de la derrota de Alemania y Japón en 1945. Peter Thiel, Alex Karp y sus respectivos entornos intelectuales representan un proyecto de poder tecnológico que no puede reducirse a la actividad comercial de una empresa de software.
Esta cuestión remite a una historia institucional que tampoco puede descartarse. La organización de Reinhard Gehlen, establecida bajo patrocinio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, constituyó un antecedente fundamental de los servicios de inteligencia exteriores de la República Federal de Alemania. La incorporación de antiguos funcionarios y especialistas del aparato nazi a estructuras de la Guerra Fría está documentada, pero de ella no puede derivarse una identidad automática entre los proyectos totalitarios de la primera mitad del siglo XX y las instituciones actuales de la integración europea. Más relevante para comprender las tensiones presentes es observar que los aparatos de inteligencia, las relaciones empresariales y las redes diplomáticas suelen conservar trayectorias históricas que sobreviven a los cambios de gobierno. Por ello, cuando el Estado alemán redefine su relación con Rusia, no modifica únicamente una política exterior: altera equilibrios económicos, alianzas personales y tradiciones institucionales que se remontan a décadas anteriores.
La detención del antiguo director del Servicio Federal de Inteligencia alemán, August Hanning, el 6 de octubre, proporciona un ejemplo actual de estas tensiones, aunque exige cautela interpretativa. Las autoridades lo investigan por la presunta obtención irregular de documentos clasificados y su posible utilización en beneficio de un servicio extranjero. El caso involucra también a Manfred D., antiguo integrante del aparato administrativo del BND. Executive Intelligence Review considera que el procedimiento podría convertirse en el comienzo de una operación destinada a desplazar redes formadas durante la época de Helmut Kohl, Gerhard Schröder y Angela Merkel, particularmente aquellas favorables al diálogo económico con Moscú. La periodista Birgit Jennen ha descrito parte de esas conexiones mediante la expresión «red de Pullach», en referencia a la antigua sede del servicio. Sin embargo, las acusaciones penales no demuestran por sí mismas la existencia de una purga geopolítica. Lo comprobado es la investigación judicial; la tesis de una operación política más amplia continúa siendo una interpretación que debe contrastarse con el desarrollo del proceso.
La biografía de Hanning resulta especialmente significativa por su relación con episodios anteriores de confrontación entre inteligencia y política exterior. En 2002, desde el BND se cuestionó la fiabilidad de informaciones proporcionadas por el desertor iraquí conocido como Curveball, cuyas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva fueron utilizadas posteriormente para justificar la invasión estadounidense de Iraq. Hanning también mantuvo relaciones empresariales con entornos rusos después de abandonar la función pública y cuestionó las explicaciones oficiales sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Tales antecedentes ayudan a comprender por qué su detención adquiere una dimensión política que supera la investigación sobre documentos secretos. Pero sería igualmente erróneo convertir cualquier antigua relación comercial con Rusia en prueba de espionaje o, inversamente, presentar la trayectoria crítica del acusado como demostración de su inocencia. Lo fundamental es que la criminalización indiscriminada del contacto diplomático y empresarial podría estrechar los espacios de negociación precisamente cuando Europa necesita reconstruir mecanismos de seguridad colectiva.
La rivalidad que atraviesa al mundo occidental adquiere, sin embargo, una dimensión histórica más extensa cuando se incorpora el papel de Gran Bretaña. El historiador Harley Schlanger recuerda una formulación recurrente de Lyndon LaRouche: todos los caminos conducen a Londres. Esta interpretación identifica en las estructuras financieras de la City y en la continuidad de determinadas redes imperiales británicas un componente decisivo de los conflictos contemporáneos. La tesis encuentra antecedentes históricos relevantes en la capacidad de Londres para conservar influencia internacional después de la desintegración formal de su imperio territorial mediante instituciones financieras, sistemas de inteligencia, relaciones comerciales y alianzas militares. Sin embargo, el reconocimiento de esa continuidad tampoco obliga a suponer que la política exterior británica sea una fuerza omnipotente, capaz de determinar unilateralmente las decisiones estadounidenses, europeas o asiáticas. Precisamente porque el antiguo sistema euroatlántico se encuentra sometido a tensiones internas, resulta necesario distinguir los intereses del gobierno británico, las prioridades de su industria militar y la autonomía relativa de los grandes circuitos financieros internacionales.
Para Schlanger, Ucrania y el sudoeste de Asia constituyen dos escenarios donde las antiguas estructuras de influencia británicas continúan desempeñando un papel particularmente importante. En el caso ucraniano, destaca la intervención occidental en la crisis política de 2014, la posterior expansión de los compromisos militares de la OTAN con Kiev y el respaldo ofrecido sucesivamente por distintos gobiernos británicos. También atribuye al aparato de inteligencia y comunicaciones británico, incluido el GCHQ, una función decisiva en las operaciones informativas que acompañan al conflicto. Estas afirmaciones requieren diferenciar la cooperación militar e informativa conocida de las alegaciones sobre el control directo de las autoridades ucranianas. El hecho de que Londres suministre armas, asesoramiento e inteligencia no demuestra que Volodímir Zelenski carezca de cierta autonomía política. Lo que sí revela la evolución de la guerra es la creciente importancia de los dispositivos de inteligencia, comunicación satelital, financiamiento y producción de armamento para determinar los márgenes de decisión de un Estado involucrado en un conflicto de semejante escala.
La influencia histórica británica sobre Oriente Medio permite identificar una lógica de intervención más antigua. Durante el siglo XIX, sectores del establishment británico promovieron proyectos relacionados con el asentamiento judío en Palestina, entre ellos los defendidos por lord Shaftesbury ante el gobierno de Palmerston. Aquellas iniciativas precedieron al sionismo político organizado y estuvieron relacionadas tanto con corrientes del sionismo cristiano como con intereses estratégicos británicos en los territorios del debilitado Imperio otomano. La Declaración Balfour de 1917, dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores Arthur Balfour a lord Rothschild, representó una etapa decisiva de esa política. Posteriormente, durante el Mandato británico de Palestina, oficiales como Orde Wingate participaron en la formación de unidades militares judías vinculadas con la Haganá. Pero la relación entre esas iniciativas y el nacimiento de Israel no puede reducirse a una operación exclusiva del Imperio británico: intervinieron también el nacionalismo judío, las persecuciones antisemitas europeas, la inmigración, las aspiraciones de la población árabe palestina, las decisiones internacionales y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La historia proporciona suficientes elementos para investigar la instrumentalización geopolítica de movimientos nacionales y religiosos sin convertir a sus protagonistas en simples instrumentos carentes de voluntad propia.
En la península arábiga existió una dinámica imperial comparable, aunque articulada mediante actores diferentes. La alianza establecida en 1744 entre Muhammad ibn Saud y el reformador religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab dio origen a una asociación política y religiosa que precedió a la intervención británica moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, Londres apoyó a distintas fuerzas árabes para debilitar al Imperio otomano. Desde la Oficina Árabe de El Cairo, figuras como T. E. Lawrence participaron en las relaciones con el jerife Hussein de La Meca y su familia, mientras Harry St. John Philby desarrolló vínculos con Ibn Saud. La posterior consolidación de la dinastía saudí y el establecimiento de las monarquías hachemitas de Iraq y Transjordania se produjeron dentro de una transformación territorial y estratégica en la que los acuerdos Sykes-Picot y las decisiones británicas y francesas tuvieron consecuencias duraderas. El hecho esencial es que la reorganización del sudoeste asiático quedó condicionada por una combinación de aspiraciones locales, fronteras trazadas desde el exterior y rivalidades imperiales que nunca fueron completamente resueltas.
Ese legado continúa gravitando sobre la crisis regional contemporánea. La confrontación entre Israel e Irán, la intervención estadounidense, las tensiones entre Arabia Saudita y el movimiento Ansar Allah de Yemen y la importancia estratégica de las rutas marítimas del Golfo Pérsico forman parte de una misma estructura de vulnerabilidades. Los ataques hutíes contra instalaciones saudíes, incluidos los denunciados durante octubre contra aeropuertos e infraestructura energética, muestran cómo una guerra regional puede poner en riesgo activos indispensables para el suministro mundial de combustibles. EIR ha advertido que los compromisos de defensa regional entre Arabia Saudita y sus socios podrían ampliar el número de países involucrados en una escalada. Pero el verdadero problema excede las alianzas militares: el estrecho de Ormuz y el corredor de Bab el-Mandeb concentran una parte tan importante de los flujos energéticos y comerciales internacionales que su interrupción transmite los costos de la guerra a economías situadas a miles de kilómetros del conflicto.
El FMI ha cuantificado parte de las consecuencias. Sus previsiones de octubre contemplan una contracción del 3,3% para Arabia Saudita, del 7,6% para Irán, del 3,9% para Emiratos Árabes Unidos, del 16% para Iraq, del 16,7% para Kuwait y del 15,6% para Qatar durante 2026. El escenario central del organismo incorpora un precio medio del petróleo cercano a 96 dólares por barril y contempla una recuperación gradual de las rutas marítimas durante 2027. Bajo un escenario adverso, el crudo podría mantenerse en torno a 130 dólares durante parte de ese periodo, con consecuencias adicionales para la inflación internacional. La economista jefa del Fondo ha insistido en la necesidad de reconstruir márgenes de maniobra fiscal, pero semejante recomendación plantea una contradicción para los países obligados simultáneamente a financiar importaciones energéticas encarecidas, atender necesidades sociales acumuladas y responder a nuevas exigencias de seguridad. La austeridad fiscal puede preservar ciertos indicadores financieros y, al mismo tiempo, debilitar las inversiones indispensables para superar el estancamiento productivo.
La crisis energética mundial se ha convertido, por ello, en uno de los principales factores que condicionan la política estadounidense. El acuerdo anunciado el 9 de octubre entre Donald Trump y Vladímir Putin para facilitar la llegada de diésel ruso al mercado internacional constituye una demostración particularmente contundente. Washington aceptó flexibilizar temporalmente determinadas sanciones sobre los productos petroleros rusos, mientras Moscú se comprometió a aportar inicialmente unas 300.000 toneladas durante octubre, 500.000 en noviembre y volúmenes superiores durante los meses siguientes. El propósito estadounidense consiste en aliviar la presión sobre los precios de los combustibles antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Pero los analistas energéticos han advertido que las cantidades iniciales representan una proporción relativamente pequeña de la demanda estadounidense y difícilmente bastarán para producir una reducción duradera de los precios. La capacidad efectiva de exportación rusa también se encuentra limitada por los daños sufridos en sus refinerías, las dificultades logísticas y las restricciones que todavía afectan a determinadas operaciones comerciales.
Elena Panina interpreta el acuerdo como un dilema estratégico que sitúa al presidente estadounidense ante opciones igualmente costosas. Si Trump mantiene su anterior política de presión sobre Rusia y apoyo militar a Kiev, corre el riesgo de agravar la escasez energética y perjudicar su posición electoral. Si utiliza el acercamiento a Moscú para presionar decisivamente a Zelenski, puede provocar una ruptura con sectores del aparato político y militar estadounidense, con importantes aliados europeos y con una parte de su propia coalición. Si opta por una negociación limitada, sin modificar las condiciones estructurales del conflicto, obtendrá únicamente beneficios temporales mientras aumentan las contradicciones entre los participantes. Panina añade una consideración esencial: el conflicto no puede interpretarse como una oposición simple entre Trump y el llamado Londres global, porque las estructuras militares, tecnológicas y de inteligencia estadounidenses continúan profundamente integradas en las operaciones occidentales de apoyo a Ucrania. El comandante supremo aliado en Europa, Alexus Grynkewich, es simultáneamente un general estadounidense, y las capacidades que permiten a Kiev utilizar inteligencia de precisión, comunicaciones y sistemas avanzados de combate dependen todavía en gran medida de Washington.
La analista rusa describe asimismo un posible gambito de Putin. Moscú podría aceptar un beneficio comercial limitado para obtener concesiones estratégicas de mayor importancia, especialmente una reducción del apoyo estadounidense a Ucrania, una modificación de las sanciones y la apertura de negociaciones sobre la futura arquitectura de seguridad europea. Panina plantea tres resultados posibles: una operación exitosa que facilite acuerdos más amplios entre Washington, Moscú y Pekín; una ganancia económica inmediata que termine agravando las condiciones del conflicto; o una solución intermedia en la que el suministro energético se convierta en un instrumento de presión recíproca. Su estimación de hasta 4.500 millones de dólares de ingresos rusos durante un periodo de flexibilización de sanciones debe considerarse una proyección, no un rendimiento garantizado. La autora insiste además en que Rusia no debería entregar combustible a cambio de promesas personales de Trump, sino exigir concesiones verificables conforme avance la operación.
La propuesta de Panina llega más lejos al sostener que Washington debería reducir la capacidad de influencia británica sobre Kiev, incluso mediante una reconfiguración de las relaciones entre la CIA, el Pentágono y las estructuras de inteligencia ucranianas. Su caracterización de Zelenski como un agente exclusivamente subordinado al MI6 es una afirmación política que no queda acreditada mediante la información presentada. Sin embargo, detrás de esa formulación aparece un problema estratégico genuino: los intereses estadounidenses, británicos, europeos, rusos y ucranianos no son idénticos, y un posible acuerdo bilateral entre Washington y Moscú no resolvería automáticamente las exigencias de seguridad de todos los participantes. La propia guerra ha demostrado que los acuerdos entre dirigentes individuales pueden desaparecer cuando cambian los gobiernos o se modifican las correlaciones internas de poder. La diplomacia verdaderamente duradera requiere instituciones, compromisos verificables y mecanismos capaces de sobrevivir a las coyunturas electorales.
Las tensiones quedaron especialmente visibles durante la visita de Zelenski a Londres el 14 de octubre, cuando fue recibido por el rey Carlos III y por el primer ministro Andy Burnham. El gobierno británico reiteró su compromiso militar con Ucrania y anunció un paquete de apoyo valorado en 45 millones de libras, que incluye sistemas ligeros de defensa antiaérea. Las autoridades británicas han participado además en proyectos industriales de mayor alcance, entre ellos un contrato de aproximadamente 1.600 millones de libras para fabricar miles de misiles ligeros multipropósito. Londres pretende conservar un papel relevante en la seguridad europea mientras Washington redefine parcialmente su relación con Moscú. El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, ha cuestionado la flexibilización estadounidense de las sanciones al combustible ruso, argumentando que puede debilitar la presión occidental sobre el Kremlin. Zelenski, por su parte, ha denunciado restricciones estadounidenses al intercambio de inteligencia y a determinadas capacidades de comunicación. La visita expuso públicamente una divergencia que hasta hace poco habría parecido improbable dentro de la alianza occidental.
La posición británica también tiene una dimensión industrial y financiera que no puede separarse de su argumentación estratégica. Los contratos de producción militar generan empleos, inversiones y capacidades tecnológicas, mientras los programas europeos de financiamiento de Ucrania abren nuevas oportunidades a las empresas de defensa. Ello no significa que el apoyo a Kiev responda exclusivamente a intereses comerciales: los gobiernos europeos consideran que la agresión rusa constituye una amenaza real para la seguridad continental. Pero tampoco sería riguroso excluir de la ecuación la influencia de los fabricantes de armamento, los programas de crédito, las garantías estatales y los beneficios derivados de una expansión sostenida del gasto militar. La economía de guerra puede convertirse progresivamente en un mecanismo mediante el cual determinadas empresas, instituciones financieras y burocracias estratégicas adquieren un peso superior al que correspondería a su contribución directa al bienestar general.
La búsqueda de una salida diplomática tampoco se encuentra libre de esas contradicciones. David Ignatius ha descrito en The Washington Post una iniciativa de negociación que contempla congelar la línea del frente, establecer garantías de seguridad para Ucrania, discutir el levantamiento de determinadas sanciones y promover inversiones destinadas a la reconstrucción. Los negociadores han planteado asimismo la necesidad de obtener presupuestos detallados y mecanismos que reduzcan el riesgo de desvío de fondos. Tales precauciones son razonables, pero no sustituyen el problema fundamental: cualquier acuerdo debe abordar simultáneamente la soberanía y seguridad de Ucrania, las exigencias rusas y la necesidad europea de contar con un sistema estable que reduzca las posibilidades de otra guerra. Una congelación territorial sin garantías efectivas podría convertirse únicamente en una pausa entre nuevas hostilidades. A su vez, un arreglo que ignore las necesidades de la población ucraniana difícilmente podría ofrecer estabilidad política. La reconstrucción no debe concebirse como un premio financiero para los vencedores de una negociación, sino como una condición indispensable para devolver a millones de personas la posibilidad de desarrollar una vida normal.
La llamada teoría de la victoria presentada por el general Grynkewich en el Foro de Seguridad de Varsovia agrega otra dimensión a esta disyuntiva. La doctrina establece una secuencia operativa destinada a bloquear un ataque inicial, frenar cualquier avance posterior y desarticular las capacidades de combate del agresor mediante la acción coordinada de fuerzas terrestres, aéreas, navales, espaciales y cibernéticas. La OTAN afirma que su propósito es defender el territorio aliado y disuadir una agresión rusa, no conquistar territorio de Rusia ni provocar una derrota estratégica total de sus fuerzas. Desde la perspectiva de Moscú, sin embargo, la ampliación de determinadas capacidades militares occidentales, los ejercicios en el flanco oriental y las posibilidades de restringir las comunicaciones con Kaliningrado son interpretados como riesgos directos. Ambas percepciones alimentan el conocido dilema de seguridad, por el cual las medidas adoptadas por una parte para aumentar su protección pueden ser percibidas por la otra como preparativos ofensivos.
El peligro se concentra especialmente en Kaliningrado, el mar Báltico y los corredores marítimos que conectan Rusia con el comercio internacional. Desde 2022, las restricciones lituanas al tránsito de determinados productos sancionados han alimentado una disputa sobre los derechos de circulación hacia el enclave ruso. Nikolái Pátrushev, asesor presidencial ruso, ha advertido sobre supuestos planes occidentales para limitar el movimiento de buques rusos en el Báltico y en otros puntos estratégicos. Los analistas militares rusos más radicales han llegado a plantear respuestas nucleares ante escenarios de bloqueo o escalada. Estas formulaciones no deben confundirse con una decisión formal de Moscú ni aceptarse como consecuencias inevitables de la doctrina defensiva de la OTAN. Por el contrario, ilustran el grado de peligro al que podría conducir la normalización de una lógica militar que contemple el empleo de armas nucleares como solución operacional. El problema histórico no consiste en determinar quién podría sobrevivir a una confrontación nuclear, sino en impedir que las estructuras de seguridad lleven a sus dirigentes a considerar semejante escenario como una opción racional.
La guerra informativa y de inteligencia contribuye a agravar ese proceso. En su discurso anual del 13 de octubre, el director general del MI5 británico, Ken McCallum, identificó a Rusia e Irán entre las principales amenazas para la seguridad del Reino Unido y describió presuntas operaciones de sabotaje, actividades clandestinas y acciones contra objetivos militares. La embajada rusa rechazó las acusaciones y cuestionó la suficiencia de las pruebas difundidas públicamente. Las declaraciones de ambas partes deben valorarse conforme a la evidencia disponible: las denuncias de los servicios de inteligencia no quedan automáticamente demostradas por su procedencia institucional, pero tampoco pueden descartarse como propaganda por el simple hecho de que Moscú las niegue. La cuestión decisiva consiste en evitar que las amenazas reales o alegadas permitan establecer una situación permanente de excepción, donde el control democrático de los aparatos de seguridad quede subordinado a una movilización militar indefinida.
El centro de gravedad económico de esta confrontación se está desplazando también hacia los mares. El estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, el Báltico, el canal de Panamá y las rutas del Ártico aparecen cada vez más como puntos decisivos de una nueva geografía comercial. La seguridad energética ya no depende únicamente de poseer yacimientos petroleros o plantas de refinación, sino de controlar los buques, los puertos, los seguros, las redes logísticas y las tecnologías necesarias para llevar los productos hasta sus consumidores. La interrupción de cualquiera de esos elementos puede convertir una reserva energética abundante en un recurso económicamente inaccesible. El incremento de los costos de tránsito, ejemplificado por pagos extraordinarios para atravesar el canal de Panamá, muestra hasta qué punto la infraestructura de transporte puede transformar las relaciones de poder entre productores, consumidores y operadores financieros.
Moscú y Pekín intentan responder mediante una diversificación de los corredores internacionales. El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte y del Corredor de Transporte Transártico pretende reducir determinadas dependencias de los itinerarios tradicionales. Informes atribuyen a algunas conexiones árticas entre Asia y Europa tiempos de transporte cercanos a 18 días, frente a recorridos potencialmente superiores a 40 días por Suez o a 50 días alrededor del cabo de Buena Esperanza. Estas comparaciones deben interpretarse con cautela, pues dependen del puerto de origen y destino, de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de rompehielos, de las características de las embarcaciones y de los costos de aseguramiento. La ruta ártica no sustituirá automáticamente a los corredores convencionales, pero su desarrollo representa un intento de modificar una infraestructura comercial cuya organización histórica ha favorecido determinados centros marítimos y financieros. Los informes sobre ataques a buques en el mar Negro y posibles interceptaciones navales en el océano Índico refuerzan la importancia de establecer reglas de navegación capaces de proteger el comercio civil frente a la expansión de las hostilidades.
Diversos analistas hemos propuesto interpretar estas transformaciones dentro de la transición desde un orden unipolar hacia uno multipolar. En su intervención del 9 de octubre ante el Asia Energy Security Dialogue 2026, el filósofo Aleksandr Duguin sostuvo que existen dos variantes fundamentales de la hegemonía occidental. La primera, asociada con la orientación abiertamente nacionalista de Trump, considera que los intereses estadounidenses deben organizar el sistema internacional. La segunda, vinculada con el globalismo liberal, presenta determinados valores occidentales como principios universales que todos los países deberían adoptar. Para Duguin, ambas terminan subordinando la soberanía económica y energética de otras naciones a estructuras de poder exteriores. Su alternativa consiste en reconocer la existencia de distintos centros civilizatorios y estratégicos capaces de establecer relaciones sin depender de una autorización occidental.
Desde esta perspectiva, la seguridad energética de India adquiere una importancia extraordinaria. El crecimiento industrial de ese país requiere volúmenes cada vez mayores de petróleo, gas, electricidad e infraestructura, mientras las sanciones occidentales contra determinados proveedores pueden obligarlo a realizar adquisiciones más costosas o modificar sus relaciones comerciales por razones ajenas a sus necesidades productivas. Duguin propone establecer una cooperación energética euroasiática que involucre a Rusia, India, China, Irán y otros actores regionales, acompañada de mecanismos conjuntos para asegurar rutas, financiamiento e intercambios. Incluso sugiere avanzar hacia una carta energética multipolar y un consorcio euroasiático capaz de articular producción y suministro. El razonamiento contiene una reivindicación legítima de la autonomía económica, aunque su viabilidad dependerá de factores que el discurso civilizatorio por sí solo no resuelve: diferencias de intereses entre India y China, riesgos ambientales, rivalidades territoriales, condiciones de inversión y mecanismos jurídicos capaces de impedir que la sustitución de una dependencia exterior produzca simplemente otra.
África ofrece un ejemplo especialmente significativo de las posibilidades concretas de una estrategia de soberanía energética. Durante la Semana Africana de la Energía, celebrada en Ciudad del Cabo, diez compañías petroleras nacionales suscribieron una declaración orientada a fortalecer el comercio directo de crudo y derivados, ampliar las capacidades de refinación doméstica y desarrollar mecanismos africanos de financiamiento energético. Entre las empresas participantes se encuentran operadores estatales de Argelia, Angola, Ghana y Sudáfrica. La iniciativa contempla el fortalecimiento de instrumentos como el Banco Africano de la Energía para reducir la dependencia del financiamiento y de las cadenas de intermediación extranjeras. El caso de Ghana, cuyas autoridades informaron una recuperación de su producción petrolera después de varios años de retroceso, ilustra las posibilidades de reconstrucción productiva. La declaración, sin embargo, no equivale todavía a la materialización de todos los proyectos anunciados, y su eficacia deberá medirse mediante refinerías construidas, capacidad de distribución, acceso real a combustibles y resultados sociales verificables.
Tampoco puede ignorarse que la expansión de la infraestructura petrolera africana genera controversias ambientales y sociales. Durante el encuentro de Ciudad del Cabo, organizaciones ecologistas protestaron contra nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos y cuestionaron que sus beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones locales. Esa objeción plantea una exigencia indispensable: la soberanía energética no debería convertirse en un argumento para perpetuar modelos extractivos que concentren las ganancias mientras socializan los costos ambientales. La construcción de refinerías nacionales, redes eléctricas, proyectos nucleares, sistemas renovables y capacidad científica propia puede formar parte de una misma estrategia de desarrollo, siempre que las decisiones respondan a necesidades verificables y cuenten con mecanismos de responsabilidad pública. La independencia no consiste en sustituir una compañía extranjera por una empresa estatal igualmente incapaz de satisfacer las necesidades de su población.
La relación entre finanzas y poder internacional añade otra dimensión a la crisis del orden euroatlántico. El 13 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America por graves deficiencias relacionadas con sus obligaciones de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de sanciones. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, impuso una penalización de 1.200 millones de dólares, dentro de la cual se acredita la sanción de 750 millones aplicada por la Oficina del Contralor de la Moneda, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció un acuerdo adicional de 11,6 millones de dólares. Las autoridades identificaron fallas prolongadas en la vigilancia y comunicación de operaciones sospechosas, incluidas transacciones relacionadas con redes chinas de lavado y actividades financieras ilícitas en la frontera sur estadounidense. Las cifras deben interpretarse correctamente: las penalizaciones coordinadas no pueden sumarse indiscriminadamente como si fueran multas independientes, ni la calificación de sospechosa demuestra por sí misma el origen criminal de cada transacción. Lo comprobado, sin embargo, es suficientemente grave: una de las instituciones financieras más importantes del mundo incumplió obligaciones destinadas a impedir el aprovechamiento del sistema bancario por redes de financiamiento ilícito.
El episodio pone en cuestión la representación simplificada de la economía criminal como un fenómeno exclusivamente periférico. La producción, distribución y comercialización de drogas puede concentrarse en regiones empobrecidas o violentas, pero los beneficios derivados de esas actividades necesitan instrumentos para transformarse en activos financieros, propiedades, empresas y capital aparentemente legítimo. Las instituciones que procesan esas operaciones forman parte de los centros financieros internacionales. La hipótesis de una convergencia entre determinadas redes de lavado, intereses empresariales y estructuras geopolíticas necesita investigaciones documentales exhaustivas sobre operaciones, beneficiarios y responsabilidades específicas.
Una manifestación especialmente inquietante de la circulación internacional de capacidades criminales y militares aparece en las tecnologías de drones. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso denunció en junio supuestas relaciones entre sectores ucranianos y organizaciones latinoamericanas dedicadas al narcotráfico, incluidas acusaciones sobre intermediarios británicos, movimientos de mercenarios y transferencia de conocimientos militares. Tales señalamientos no prueban la existencia de una alianza institucional entre el gobierno ucraniano y los cárteles. No obstante, una investigación publicada por Alex Horton en The Washington Post el 22 de septiembre documentó una preocupación independiente entre autoridades estadounidenses y mexicanas: la utilización por organizaciones criminales de conocimientos adquiridos por combatientes latinoamericanos que han participado en la guerra ruso-ucraniana. La investigación recoge que los cárteles, armados por Estados Unidos y dirigidos por los intereses financieros internacionales centrados en la City de Londres y Wall Street, han buscado reclutar especialistas con experiencia en sistemas aéreos no tripulados y técnicas para evadir las defensas electrónicas.
La propagación de estas capacidades confirma una de las características más peligrosas de la economía de guerra contemporánea. Los avances tecnológicos introducidos aceleradamente en los campos de batalla pueden difundirse hacia organizaciones criminales que disponen de recursos económicos importantes y que no están sujetas a controles estatales convencionales. Colombia ya ha registrado durante 2026 más de 200 incidentes relacionados con drones armados, después de un incremento significativo durante los dos años anteriores. Las organizaciones mexicanas también utilizan aparatos no tripulados para vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad y modificar sus rutas de contrabando. La respuesta estadounidense ha incluido un incremento de las capacidades militares y de vigilancia en el hemisferio, así como nuevas operaciones vinculadas con su estrategia antidrogas. Pero la militarización sin controles jurídicos adecuados puede producir consecuencias propias: operaciones contra embarcaciones y personas acusadas de participar en el narcotráfico han suscitado cuestionamientos por la insuficiencia de pruebas y por sus efectos sobre comunidades civiles. México y los países latinoamericanos enfrentan, por tanto, una doble exigencia: impedir la expansión tecnológica del crimen organizado y preservar su soberanía frente a intervenciones que podrían extender la lógica de la guerra hacia sus territorios.
La cuestión remite nuevamente a una distinción económica fundamental. Una tecnología militar puede producir innovaciones científicas aprovechables en otros sectores, pero su existencia no garantiza un aumento del bienestar colectivo. La sofisticación de un sistema autónomo de combate no tiene el mismo significado social que la introducción de tecnologías capaces de incrementar la producción agrícola, mejorar la atención médica o reducir el costo de la energía. Los beneficios estratégicos obtenidos mediante drones, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia tampoco pueden evaluarse sin considerar sus consecuencias jurídicas y humanas. La transformación del Estado en un comprador permanente de soluciones tecnológicas militares puede crear mercados rentables para determinadas corporaciones, mientras desplaza recursos, especialistas y capacidades de investigación que también podrían utilizarse para resolver problemas civiles.
En ese contexto adquiere particular relevancia el fenómeno de protesta social que EIR interpreta mediante el concepto de huelga de masas desarrollado por LaRouche. El caso francés constituye uno de los episodios más significativos. Desde septiembre de 2026, estudiantes de bachillerato comenzaron a organizar movilizaciones contra el deterioro de sus centros educativos, la falta de profesores, las deficiencias sanitarias y las condiciones que dificultan el aprendizaje. El movimiento se extendió a universidades y otras instituciones, hasta convertirse en una protesta de alcance nacional. Rémi Lebrun, integrante del partido Solidarité & Progrès, informó ante la Coalición Internacional por la Paz que las manifestaciones reflejan un malestar más profundo que la simple insuficiencia de recursos escolares. Según su interpretación, los jóvenes cuestionan la utilidad social de una educación que no garantiza posibilidades de empleo, participación productiva y realización personal.
La respuesta policial ha agravado extraordinariamente la confrontación. Las cifras divulgadas durante octubre superan los seis mil arrestos, mientras se investigan lesiones graves asociadas con el empleo de determinados dispositivos antidisturbios. También se han registrado heridas entre integrantes de las fuerzas de seguridad y personal escolar, lo que obliga a examinar la violencia desde una perspectiva integral. Lebrun ha establecido una diferencia conceptual respecto de las protestas de mayo de 1968. Mientras aquellas movilizaciones estuvieron vinculadas con transformaciones culturales, políticas y de las relaciones personales, los actuales estudiantes franceses reclaman condiciones elementales para aprender y construir un futuro profesional. La comparación no pretende reducir la complejidad histórica de ninguno de los dos movimientos, sino señalar que las exigencias de 2026 expresan una inquietud material sobre la continuidad de las instituciones responsables de reproducir las capacidades de la sociedad.
La coincidencia entre estas protestas y el incremento de las capacidades militares francesas adquiere una significación política inevitable. El 5 de octubre, Emmanuel Macron presenció el lanzamiento de prueba de un misil balístico M51.3 desde un submarino nuclear frente a la costa atlántica francesa. La maniobra fue presentada como una demostración de la credibilidad de la disuasión estratégica nacional. Paralelamente, Francia ha avanzado en proyectos de entrenamiento militar para pilotos ucranianos y en el reforzamiento de sus compromisos de defensa europeos. No se desprende automáticamente que cada euro invertido en defensa haya sido retirado del presupuesto educativo, pues las asignaciones responden a procesos fiscales complejos; pero existe un costo de oportunidad que ningún gobierno puede eludir. Cada Estado debe justificar la distribución de sus recursos entre protección militar, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Cuando los ciudadanos perciben un deterioro persistente de sus servicios esenciales mientras se anuncian inversiones estratégicas multimillonarias, la legitimidad de esas prioridades comienza a erosionarse.
El fenómeno se extiende más allá de Francia. En Italia, agricultores, pescadores y transportistas han protestado contra el costo del combustible y sus consecuencias para las actividades productivas, particularmente en regiones como Calabria. En Alemania, el malestar por la militarización, las perspectivas de nuevas obligaciones de servicio y las dificultades económicas se ha combinado con cuestionamientos a las políticas del gobierno. En España, la escasez de vivienda asequible y los desahucios han alimentado una indignación que los informes de EIR ejemplifican mediante el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuya historia adquirió resonancia en las movilizaciones. También se han registrado protestas y expresiones de solidaridad en Bélgica y Austria. Aunque sus causas inmediatas son distintas y sus protagonistas no conforman necesariamente un movimiento político unificado, existe una preocupación común sobre el deterioro de las condiciones de existencia y la distancia creciente entre las prioridades gubernamentales y las necesidades de la población.
La reacción de agricultores estadounidenses ante el encarecimiento del diésel muestra que semejante contradicción atraviesa también la base electoral de Trump. Los combustibles constituyen un componente indispensable de los costos agrícolas, del transporte de mercancías y de buena parte de la distribución alimentaria. Cuando su precio aumenta, las consecuencias se transmiten hacia sectores que carecen de instrumentos suficientes para trasladar íntegramente esos costos al consumidor. Las organizaciones agrícolas estadounidenses y mexicanas que han expresado su solidaridad con las movilizaciones europeas ilustran una posibilidad de cooperación internacional que no depende exclusivamente de las afinidades ideológicas de sus gobiernos. El productor que necesita energía asequible, crédito de largo plazo y transporte eficiente comparte determinados intereses materiales con trabajadores y empresarios de países situados fuera de las alianzas estratégicas de su Estado.
Brasil constituye otro escenario de esa disputa entre proyectos de desarrollo. Después de la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47% de los votos válidos frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, movimientos estudiantiles y organizaciones juveniles comenzaron una movilización política dirigida a la segunda vuelta del 25 de octubre. Las manifestaciones convocadas en Río de Janeiro y Niterói han destacado la educación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la autonomía nacional como asuntos centrales de la contienda. El Movimiento Internacional de Jóvenes del Instituto Schiller difundió una declaración de apoyo a la continuidad del proyecto de Lula, al que vincula con la participación brasileña en los BRICS y la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Esa posición representa una orientación política concreta, no una valoración compartida necesariamente por todo el electorado brasileño. Pero la importancia de la disputa trasciende las preferencias partidistas: una economía de las dimensiones de Brasil necesita decidir cómo financiar sus universidades, fortalecer su industria, preservar la investigación y relacionarse con los distintos centros de poder internacional sin perder su capacidad de decisión.
La cuestión del conocimiento científico conduce, además, a un terreno aparentemente distante de las confrontaciones comerciales y militares, pero estrechamente vinculado con ellas: la administración pública del riesgo sanitario. La muerte de una joven investigadora del Instituto contra la Peste de Irkutsk, el 2 de octubre, desencadenó informaciones alarmistas sobre un posible brote de peste neumónica en Rusia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud confirmó posteriormente que las autoridades rusas no habían registrado casos de peste relacionados con el episodio, que las pruebas efectuadas entre los contactos no identificaron patógenos de alta peligrosidad y que no existía evidencia de una cadena de transmisión sostenida. La causa de la neumonía mortal permanecía sin determinar. La doctora Natalia Prego Cancelo ha utilizado este episodio para reclamar una comunicación periodística rigurosa, capaz de distinguir las hipótesis sanitarias de los diagnósticos confirmados y de explicar que la peste es una enfermedad bacteriana para la cual existen tratamientos antibióticos.
El episodio ilustra hasta qué punto el manejo de la información puede amplificar peligros no demostrados y condicionar las decisiones colectivas. Las reflexiones de Prego y de la doctora Karina Acevedo sobre las diferencias entre peste bubónica y neumónica, los mecanismos de transmisión y el número básico de reproducción apuntan a la necesidad de evaluar cada amenaza dentro de su contexto epidemiológico. Una enfermedad que causó mortandades extraordinarias durante la Edad Media no producirá necesariamente consecuencias equivalentes en sociedades con antibióticos, sistemas sanitarios, vigilancia epidemiológica y condiciones materiales diferentes. Al mismo tiempo, sería irresponsable negar los riesgos de la investigación con microorganismos peligrosos o descartar la necesidad de normas estrictas de bioseguridad. El financiamiento estadounidense de un candidato a vacuna recombinante contra la peste desarrollado con Dynavax, mediante un programa anunciado en 2021 por aproximadamente 22 millones de dólares, pertenece al campo de las contramedidas biomédicas frente a amenazas potenciales; su existencia no constituye evidencia de que el gobierno conozca un brote oculto. Una sociedad científicamente avanzada debe ser capaz de prepararse para amenazas posibles sin convertir cada incidente incierto en una crisis mediática.
Este principio puede extenderse a la totalidad de las relaciones internacionales. La credibilidad de las instituciones depende de su capacidad para distinguir conocimiento, hipótesis, propaganda y decisiones políticas. Cuando los gobiernos presentan como certezas amenazas todavía insuficientemente documentadas, debilitan la confianza pública. Cuando los movimientos críticos responden atribuyendo cualquier acontecimiento a conspiraciones cuya existencia no pueden demostrar, reproducen el mismo problema desde el extremo contrario. La racionalidad científica requiere procedimientos para comprobar afirmaciones, identificar errores y revisar conclusiones. Ese método resulta tan importante para investigar un brote sanitario como para evaluar la responsabilidad de servicios de inteligencia en un sabotaje, la procedencia de activos financieros sospechosos o la existencia de relaciones clandestinas entre organizaciones criminales y aparatos estatales.
LaRouche situaba esta exigencia intelectual en el centro de su concepción del desarrollo económico. Su crítica a los criterios de máximo beneficio financiero y mínimo costo inmediato no implicaba necesariamente rechazar los mercados, los avances empresariales o la rentabilidad de las inversiones, sino cuestionar que esos indicadores fueran suficientes para determinar las prioridades de toda una sociedad. Una infraestructura pública puede producir beneficios indirectos extraordinarios sin generar ingresos inmediatos equivalentes para la entidad que la financia. Un sistema universitario puede transformar la capacidad científica de un país durante generaciones sin ofrecer una ganancia comercial proporcional en el corto plazo. El desarrollo exige, por consiguiente, instituciones financieras capaces de movilizar crédito productivo hacia proyectos cuyos beneficios sociales superan los horizontes habituales de la especulación.
El antecedente histórico que EIR reivindica es la presidencia de Abraham Lincoln. En plena Guerra Civil estadounidense, las leyes ferroviarias del Pacífico de 1862, las leyes Morrill que impulsaron las universidades mediante concesiones de tierras, la legislación sobre propiedad familiar y las leyes bancarias nacionales contribuyeron a crear condiciones institucionales para la expansión del territorio económicamente integrado y el desarrollo de nuevas capacidades productivas. La emisión de billetes del Tesoro, conocidos como greenbacks, fue uno de los instrumentos utilizados para financiar el esfuerzo gubernamental, aunque no debe confundirse con una sustitución absoluta de todas las demás formas de endeudamiento. Lo decisivo reside en que aquellas medidas no esperaron pasivamente a que los mercados produjeran las condiciones del crecimiento: construyeron infraestructura, extendieron derechos de acceso a la tierra, fortalecieron instituciones educativas y reorganizaron instrumentos financieros. El resultado constituye una referencia histórica para pensar cómo un Estado puede crear capacidades económicas que previamente no existían.
Richard Freeman ha retomado este enfoque al estudiar lo que denomina el milagro económico de Lincoln, mientras EIR y el movimiento larouchista proponen recuperar la tradición del llamado Sistema Americano de economía política. Entre sus iniciativas figuran una reorganización del sistema financiero, la restauración de barreras institucionales entre ciertas actividades bancarias mediante principios asociados con la Ley Glass-Steagall y la creación de instrumentos de crédito nacional orientados a infraestructura, industria y ciencia. La dirigente estadounidense Diane Sare ha defendido, asimismo, la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China e India que permita superar la confrontación entre las principales potencias nucleares y sentar las bases de una nueva arquitectura económica y de seguridad. Tales propuestas contienen elementos sujetos a debate técnico y político, pero plantean una cuestión ineludible: ¿puede una sociedad preservar indefinidamente un sistema de asignación de recursos que remunera extraordinariamente determinadas operaciones financieras mientras posterga inversiones indispensables para su reproducción material?
Helga Zepp-LaRouche ha identificado el momento actual como una confrontación entre dos paradigmas. El primero intenta conservar las relaciones de poder establecidas mediante sanciones, militarización, supremacía financiera y dominio de los mecanismos internacionales de decisión. El segundo reivindica una comunidad de naciones soberanas, organizada alrededor de la cooperación científica, el desarrollo económico y garantías de seguridad recíprocas. La formulación no significa que todos los países occidentales representen necesariamente el primer modelo ni que cada integrante del llamado Sur Global practique automáticamente el segundo. Las economías emergentes también presentan desigualdades, rivalidades geopolíticas, prácticas de concentración del poder y problemas ambientales. La multipolaridad, por sí sola, no garantiza justicia ni prosperidad. Su legitimidad dependerá de que las nuevas relaciones internacionales permitan mejorar efectivamente las condiciones de vida y reducir las posibilidades de conflicto.
El tránsito hacia un nuevo sistema internacional exige, además, reconocer que las estructuras heredadas no desaparecerán de manera uniforme. Una parte de las élites estadounidenses puede favorecer acuerdos selectivos con Rusia o China mientras otra insiste en preservar compromisos estratégicos tradicionales. Londres puede intentar organizar una coalición noratlántica más autónoma mientras las redes financieras vinculadas históricamente con la City extienden sus operaciones hacia Asia. Alemania puede conservar intereses empresariales en los mercados orientales mientras incrementa su presupuesto militar y redefine su modelo industrial. India puede cooperar energéticamente con Rusia sin renunciar a sus vínculos tecnológicos con Estados Unidos. China puede reivindicar un orden multipolar mientras protege sus propias ventajas manufactureras. Esa complejidad demuestra que el mundo emergente difícilmente podrá reducirse a una nueva división binaria entre Occidente y el resto de la humanidad.
En este punto adquiere especial importancia la hipótesis de una posible convergencia estratégica entre Washington, Moscú y Pekín, con la participación decisiva de Nueva Delhi. Las conversaciones en torno al combustible ruso muestran que incluso gobiernos enfrentados pueden reconocer intereses económicos compartidos. Los contactos sobre eventuales proyectos tecnológicos y energéticos entre estadounidenses y rusos sugieren posibilidades adicionales de cooperación, aunque todavía no constituyen un acuerdo general de seguridad. El obstáculo fundamental consiste en transformar esos arreglos coyunturales en instituciones capaces de limitar los incentivos a la confrontación y ofrecer garantías que no dependan exclusivamente de las decisiones personales de unos cuantos dirigentes. La reciente disposición de representantes rusos y estadounidenses a discutir proyectos de centros de datos alimentados mediante energía nuclear ilustra el potencial de colaboración que podría desarrollarse si las relaciones dejaran de estar dominadas por sanciones y conflictos militares.
Pero semejante transformación no podrá sostenerse únicamente mediante equilibrios entre grandes potencias. Una arquitectura internacional que intercambie zonas de influencia sin reconocer los derechos de las naciones más pequeñas reproduciría, bajo nuevas denominaciones, las prácticas que pretende superar. Las necesidades de seguridad de Ucrania, la independencia de los países europeos, la soberanía de las naciones latinoamericanas, las aspiraciones de desarrollo africanas y la autonomía de los Estados asiáticos deben formar parte del mismo problema. Un orden verdaderamente distinto no puede basarse en sustituir la primacía de Washington por otra concentración excluyente de poder. Su superioridad tendría que expresarse mediante instituciones más representativas, compromisos recíprocos y la ampliación efectiva del acceso a los medios materiales del progreso.
La crisis del orden euroatlántico se encuentra, en definitiva, ante una contradicción que ninguna operación militar, ningún arancel ni ningún algoritmo puede resolver por sí mismo. Sus dirigentes intentan conservar posiciones estratégicas mientras las estructuras económicas que deberían sostenerlas muestran signos de agotamiento. La inteligencia artificial promete ganancias extraordinarias de productividad, pero todavía debe demostrar que sus beneficios alcanzarán al conjunto de la sociedad. El incremento del gasto militar fortalece determinadas capacidades defensivas, pero también plantea costos de oportunidad difíciles de justificar cuando las instituciones educativas y los sistemas productivos requieren inversiones urgentes. Las sanciones y las restricciones comerciales pueden modificar la conducta de otros Estados, pero también generan nuevas dependencias y estimulan la formación de corredores alternativos. La concentración financiera ofrece instrumentos poderosos para movilizar capital, pero sus resultados sociales dependen de la naturaleza de las actividades que decide financiar.
El dilema histórico es, por consiguiente, más profundo que la supervivencia de una alianza militar o la derrota de un adversario geopolítico. Lo que está en disputa es el criterio mismo mediante el cual las sociedades determinan qué merece ser producido, financiado y preservado. Una economía de guerra puede multiplicar contratos, elevar determinados indicadores industriales y expandir capacidades tecnológicas sin construir necesariamente un futuro más habitable. Una reorganización financiera puede restaurar temporalmente la confianza de los acreedores sin resolver las insuficiencias materiales que limitan la productividad. Y un supuesto crecimiento impulsado por inversiones tecnológicas concentradas puede coexistir con la exclusión de una parte creciente de la población.
La respuesta exige recuperar una concepción del desarrollo en la que el progreso científico, la energía abundante, la infraestructura moderna, la producción industrial, la salud pública y la educación sean entendidos como fundamentos interdependientes de la prosperidad. El desafío no consiste en escoger entre tecnología y bienestar, entre soberanía y cooperación o entre seguridad y desarrollo, sino en construir instituciones capaces de hacer compatibles esos objetivos. La energía debe servir para producir, transportar y mejorar la vida; la ciencia, para ampliar el conocimiento y resolver problemas; el crédito, para financiar capacidades futuras; y la diplomacia, para impedir que las rivalidades políticas destruyan aquello que generaciones enteras han construido.
La antigua Euroatlántica puede intentar reorganizar su dominio financiero, reconstruir sus alianzas militares o fragmentarse en proyectos competidores. Las potencias emergentes pueden avanzar hacia nuevas asociaciones comerciales y energéticas o reproducir sus propias formas de subordinación. Ninguno de esos resultados garantizará, por sí solo, un progreso histórico. La medida decisiva será otra: cuántas personas podrán estudiar, trabajar, producir, desarrollar sus capacidades y contribuir a elevar las condiciones de vida de quienes vendrán después. En ese sentido, la pregunta planteada por LaRouche vuelve a situarse en el centro de la política mundial. El verdadero crecimiento no se encuentra en el volumen de dinero que una sociedad consigue movilizar para preservar su poder, sino en la magnitud de las posibilidades humanas que es capaz de crear. La supervivencia de un orden internacional depende de su fuerza; su legitimidad histórica, de aquello que hace posible para la humanidad.
Fuentes consultadas
Executive Intelligence Review. ¿Qué se considera crecimiento? EIRNS. 14 de octubre de 2026.
Harley Schlanger. All Roads Lead to London. The LaRouche Organization. 16 de octubre de 2026.
Elena Panina. El dilema de Trump y el gambito de Putin: Análisis de la situación. Russtrat.
Elena Panina. Los aranceles de Trump: Estados Unidos perdió la batalla contra el déficit comercial. Russtrat.
Executive Intelligence Review. La humanidad contra la economía de guerra. EIRNS. 10 de octubre de 2026.
Natalia Prego Cancelo. Peste, miedo y responsabilidad científica. Qué es la peste neumónica. ¿Hubo una fuga del laboratorio? Substack.
Aleksandr Duguin. Russia, India and the Future of Energy Security in a Multipolar World. Substack. 9 de octubre de 2026.
Scott Lincicome y Chad Smitson. Surprising (Almost) No One, the US Trade Deficit Is Back to Pre-Tariff Levels. Cato Institute. 8 de octubre de 2026.
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Press Briefing. IMF. 13-14 de octubre de 2026.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. U.S. Treasury Announces Record Enforcement Actions Against Bank of America. U.S. Department of the Treasury. 13 de octubre de 2026.
Organización Mundial de la Salud. Pneumonia of Undetermined Etiology — Russian Federation. WHO. 10 de octubre de 2026.
Alex Horton. Drug Cartels Are Making Alarming Drone Advances, U.S. Assessment Warns. The Washington Post. 22 de septiembre de 2026.
David Ignatius. Make the Problem and the Solution Bigger: The Plan to End the Ukraine War. The Washington Post. 12 de octubre de 2026.
African Energy Chamber. African National Oil Companies Sign Declaration to Strengthen Cooperation and Regional Integration at African Energy Week 2026. African Energy Chamber. Octubre de 2026.
Casa Blanca. Trump Administration Announces the Most Ambitious Set of Science Initiatives This Century. The White House. 8 de octubre de 2026.
