Por Mente Alternativa
Las protestas de la generación Z están poniendo al descubierto una contradicción fundamental del orden político contemporáneo: mientras millones de jóvenes reclaman justicia, educación, empleo y condiciones materiales dignas, las estructuras gubernamentales parecen cada vez menos capaces de responder a esas exigencias sin recurrir a mecanismos de contención y seguridad. En su artículo «Cómo se manipula a la generación Z», publicado por Red Voltaire el 20 de octubre de 2026, el analista francés Thierry Meyssan examina una sucesión de levantamientos juveniles registrados desde 2025 en distintos continentes y formula una hipótesis particularmente inquietante sobre los disturbios ocurridos en Francia el 17 de octubre de 2026: la posibilidad de que una movilización nacida de reivindicaciones legítimas haya sido deliberadamente desviada hacia la violencia para justificar medidas excepcionales capaces de alterar las condiciones políticas de las elecciones presidenciales de 2027. Su planteamiento remite a una cuestión de mayor alcance: la capacidad de determinados actores para transformar la indignación social en un instrumento de reorganización institucional, incluso contra los intereses de quienes originalmente salieron a las calles.
La tesis de Meyssan no consiste en negar la autenticidad del descontento juvenil, sino en distinguir entre el origen legítimo de una protesta y las fuerzas que pueden apropiarse de su desarrollo. La cólera colectiva difícilmente puede fabricarse donde no existen agravios reconocibles; sin embargo, una vez desencadenada, sus objetivos pueden ser modificados mediante provocaciones, infiltraciones, disputas partidistas, campañas informativas y decisiones institucionales. La manipulación de la generación Z no exigiría, por tanto, inventar una injusticia, sino explotar una injusticia existente hasta convertirla en el pretexto de una operación política de consecuencias imprevisibles. Esa interpretación es especialmente relevante en sociedades donde el descrédito de los partidos tradicionales coincide con una juventud que utiliza las plataformas digitales para organizarse sin estructuras jerárquicas estables.
Aunque los movimientos agrupados bajo la denominación generación Z —aproximadamente personas de entre 14 y 29 años en la clasificación empleada por Meyssan— responden a circunstancias nacionales distintas, comparten una profunda desconfianza hacia la corrupción, el nepotismo, los privilegios hereditarios y los abusos de autoridad. No se identifican necesariamente con una doctrina revolucionaria ni constituyen una organización internacional homogénea. Su característica más significativa es la convergencia de frustraciones materiales y exigencias de justicia, alimentadas por la distancia entre las promesas institucionales de prosperidad y las posibilidades reales de realización personal. La diversidad de sus reivindicaciones demuestra, además, que el fenómeno no puede reducirse a una conspiración internacional ni a una simple reacción espontánea: representa una crisis de legitimidad cuyas expresiones pueden ser aprovechadas por actores con intereses diferentes.
En Mongolia, las movilizaciones iniciadas el 11 de enero de 2025 en Ulán Bator surgieron de la indignación provocada por las exhibiciones de riqueza de la familia del primer ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene. La protesta amplió rápidamente sus objetivos hasta denunciar la corrupción de la clase política y exigir la renuncia de treinta y tres diputados. El 3 de junio, después de perder una votación de confianza, el primer ministro abandonó el cargo. El episodio demostró cómo la ostentación de privilegios personales puede convertirse en una impugnación general de las instituciones cuando la población sospecha que los beneficios del desarrollo económico se distribuyen mediante relaciones de poder y no conforme al interés público.
En Indonesia, las manifestaciones estudiantiles comenzaron en febrero de 2025, especialmente en la isla de Java, para denunciar prácticas de corrupción y decisiones gubernamentales que involucraban a las universidades en proyectos mineros, vinculados, según la reconstrucción de Meyssan, con programas de alimentación gratuita. El malestar se extendió ante los privilegios concedidos a los militares y las propuestas relacionadas con el posible traslado de población palestina desde la Franja de Gaza hacia Indonesia, presentada por sus autoridades como el país musulmán más poblado del mundo. En agosto, las movilizaciones reaparecieron impulsadas por transportistas y ciudadanos contrarios a incrementos impositivos. Entonces adquirió protagonismo la bandera pirata de los Sombrero de Paja, procedente del manga One Piece, convertida en símbolo de resistencia contra la corrupción. Las amenazas de persecución penal contra quienes la exhibían ilustraron la dimensión política adquirida por un emblema de la cultura popular. Finalmente, el presidente Prabowo Subianto reconoció el derecho de los jóvenes a expresar su descontento y suavizó las restricciones asociadas a aquella bandera.
En Togo, el 26 de junio de 2025, la detención y las denuncias de tortura contra el rapero Aamron desencadenaron manifestaciones que pronto trascendieron la solidaridad con el artista. La difusión de imágenes de los abusos atribuidos a agentes policiales coincidió con las reformas constitucionales impulsadas por Faure Gnassingbé, destinadas a reorganizar las instituciones y prolongar su predominio político. Las protestas se transformaron en un cuestionamiento del régimen, prolongándose con intensidad variable hasta diciembre, cuando la represión terminó por debilitar el movimiento. Organizaciones internacionales denunciaron detenciones arbitrarias, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y muertes de manifestantes. El episodio mostró que la estabilidad institucional pierde legitimidad cuando depende de restringir los mecanismos pacíficos mediante los cuales la sociedad puede exigir responsabilidades.
Nepal ofreció uno de los ejemplos más contundentes de la capacidad de las movilizaciones juveniles para precipitar cambios gubernamentales. Entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025, miles de jóvenes protestaron en Katmandú contra el lujo exhibido en las redes sociales por familiares de dirigentes políticos. El bloqueo de las plataformas digitales, lejos de contener la indignación, intensificó las manifestaciones y convirtió una controversia sobre corrupción y desigualdad en una crisis de autoridad. El primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli terminó dimitiendo. La paradoja resultó especialmente reveladora: las mismas herramientas digitales utilizadas para exhibir privilegios facilitaron la organización de quienes los cuestionaban.
En Timor Oriental, las manifestaciones estudiantiles realizadas en Dili entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025 denunciaron las ventajas económicas de los parlamentarios y la adquisición proyectada de automóviles de lujo financiados con recursos públicos. La presión obligó a los legisladores a renunciar a esas compras. A diferencia de otras experiencias, el conflicto encontró una solución concreta sin provocar una ruptura gubernamental, demostrando que las protestas de la generación Z también pueden funcionar como instrumentos de corrección democrática cuando las instituciones aceptan modificar sus decisiones.
Filipinas presentó un escenario dominado por la corrupción y la persistencia de poderosas dinastías políticas. El 21 de septiembre de 2025, alrededor de cien mil personas, con una importante presencia juvenil, salieron a las calles de Manila para denunciar irregularidades multimillonarias en los programas destinados al control de inundaciones. Las acusaciones involucraban contratos fraudulentos, obras inexistentes y recursos presuntamente desviados mientras numerosas comunidades continuaban expuestas a desastres naturales. Meyssan recoge denuncias según las cuales hasta el setenta por ciento de los fondos habría desaparecido, aunque esa proporción debe considerarse una acusación y no una cifra definitivamente acreditada. La indignación se desarrolló en el contexto de las rivalidades entre las familias Marcos y Duterte, exponiendo cómo la protección de necesidades humanas elementales puede quedar subordinada a redes de enriquecimiento y competencia entre élites.
En Madagascar, las protestas iniciadas en septiembre de 2025 surgieron del deterioro de los servicios esenciales, especialmente los cortes de electricidad y agua, y del contraste entre las declaraciones del presidente Andry Rajoelina sobre el progreso económico y las condiciones reales de vida. El descontento se convirtió en una rebelión generalizada que culminó en octubre con la salida del mandatario y la intervención de sectores militares encabezados por Michael Randrianirina. La sustitución del gobierno por una autoridad militar reveló una de las principales contradicciones de las movilizaciones sin dirección institucional consolidada: una protesta puede conseguir la caída de un gobernante sin garantizar que el poder resultante represente las aspiraciones democráticas de quienes protagonizaron el levantamiento.
En Marruecos, las manifestaciones iniciadas el 27 de septiembre de 2025 reunieron, según las estimaciones citadas por Meyssan, a unos doscientos mil jóvenes que denunciaban la corrupción, el nepotismo, el desempleo y el deterioro de hospitales y escuelas. El movimiento GenZ212 cuestionó las prioridades presupuestarias del reino, que destinaba importantes recursos a infraestructuras y preparativos de la Copa Mundial de Fútbol de 2030 mientras numerosos servicios públicos permanecían deficientemente financiados. La respuesta estatal incluyó detenciones, represión violenta y episodios de fuerza letal denunciados por organizaciones de derechos humanos. El conflicto expuso una cuestión fundamental para cualquier política de desarrollo: la distancia entre las inversiones destinadas al prestigio internacional y aquellas necesarias para mejorar efectivamente las condiciones de vida de la población.
En Paraguay, las movilizaciones iniciadas el 28 de septiembre de 2025 denunciaron la corrupción, el nepotismo y la impunidad, y también recogieron cuestionamientos a eventuales modificaciones constitucionales que podrían favorecer el regreso de Horacio Cartes al poder. Las comunidades indígenas ampliaron posteriormente el alcance de la protesta al rechazar el traslado de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena a instalaciones militares. El movimiento perdió impulso después del 3 de octubre, cuando el gobierno de Santiago Peña revirtió aquella decisión. El caso mostró cómo demandas juveniles inicialmente centradas en la transparencia política pueden converger con reivindicaciones históricas de comunidades marginadas y adquirir una dimensión intergeneracional.
En México, las protestas del 15 de noviembre de 2025 contra la inseguridad y la corrupción, desencadenadas por el asesinato de un alcalde, perdieron fuerza tras revelarse presuntos vínculos de sus organizadores con la oposición, incluido un beneficiario de un contrato de dos millones de pesos del PAN. La escasa asistencia a una segunda marcha reforzó las sospechas de una movilización artificial. Algunos manifestantes exigieron una intervención militar estadounidense, mientras un diputado panista exhibió el lema «Make Safe México Again» y reclamó la entrada de tropas extranjeras, evidenciando, para sus críticos, la profunda desconexión de la oposición con las demandas sociales.
En Bulgaria, desde el 26 de noviembre de 2025, las manifestaciones juveniles cuestionaron la corrupción y un proyecto presupuestario que modificaba las cargas destinadas al financiamiento de las jubilaciones y la seguridad social. Las protestas se prolongaron durante aproximadamente un mes y contribuyeron a la retirada de la reforma y a la dimisión del gobierno de Rosen Zhelyazkov. La experiencia expuso el conflicto distributivo que aparece cuando los Estados intentan trasladar nuevas obligaciones fiscales a trabajadores y contribuyentes mientras sectores de la población consideran que las políticas económicas ya perjudican sus expectativas de bienestar.
Japón ofreció una variante centrada en la política de seguridad. Meyssan registra movilizaciones iniciadas el 3 de mayo de 2025 contra la remilitarización del país, con una asistencia aproximada de cincuenta mil jóvenes. Los manifestantes utilizaron objetos luminosos semejantes a los empleados en conciertos de K-pop y durante las protestas surcoreanas contra la proclamación de la ley marcial. Aunque el movimiento se extendió territorialmente, terminó perdiendo fuerza por agotamiento. Su significado político residió en el rechazo a decisiones estratégicas que podrían comprometer a las nuevas generaciones con mayores gastos militares, nuevas obligaciones de defensa y la posibilidad de conflictos internacionales.
En India, las protestas juveniles adquirieron una identidad singular después de que el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, comparara despectivamente a jóvenes desempleados con cucarachas. El activista Abhijeet Dipke, que estudiaba comunicación y relaciones públicas en Boston, respondió mediante la creación del denominado Partido Popular de las Cucarachas, conocido como Cockroach Janta Party. La organización convirtió el insulto en un símbolo de resistencia y participó en movilizaciones contra el desempleo y las filtraciones de exámenes educativos, contribuyendo a la renuncia del ministro de Educación Dharmendra Pradhan. En octubre de 2026 reapareció con protestas contra la revisión de los registros electorales, acusada por sus críticos de excluir a millones de personas, especialmente entre sectores económicamente vulnerables y minorías. Las autoridades electorales rechazaron las denuncias de parcialidad, mientras las detenciones de dirigentes y manifestantes, incluidos colaboradores de Dipke, intensificaron las preocupaciones sobre las libertades democráticas. La protesta pasó así de reclamar oportunidades laborales a defender una función política esencial: la posibilidad efectiva de participar en la elección de los gobernantes.
El conjunto de estas experiencias revela que las protestas de la generación Z no responden a una estrategia internacional uniforme ni producen desenlaces semejantes. En Mongolia y Nepal contribuyeron a la caída de primeros ministros; en Timor Oriental facilitaron la retirada de privilegios parlamentarios; en Bulgaria precipitaron cambios fiscales y gubernamentales; en Madagascar precedieron una intervención militar; mientras que en Togo, Marruecos y otros países enfrentaron una represión intensa o terminaron desmovilizándose. Su rasgo compartido es una exigencia de justicia alimentada por agravios concretos. Precisamente por ello, la advertencia de Meyssan adquiere relevancia: la autenticidad de la indignación no garantiza que una movilización conserve intactos sus objetivos, del mismo modo que la presencia de provocadores no demuestra que toda protesta haya sido organizada clandestinamente.
Francia representa el escenario más delicado de esta contradicción porque sus movilizaciones se desarrollan en medio de una crisis fiscal, el encarecimiento de la vida, el deterioro de servicios públicos y la proximidad de una transición presidencial. Desde el 18 de septiembre de 2026, estudiantes de enseñanza media comenzaron a manifestarse en Créteil, cerca de París, para denunciar las malas condiciones de sus escuelas, los problemas de calefacción y climatización, la falta de profesores sustitutos y una sensación generalizada de abandono. Las protestas se extendieron rápidamente a otras ciudades, incorporaron a universitarios y posteriormente recibieron el apoyo de sindicatos del sector público. Lo que inicialmente parecía una reivindicación educativa terminó convirtiéndose en una expresión colectiva de frustración ante las perspectivas económicas de toda una generación.
La profundidad de ese malestar resulta inseparable de las transformaciones del mercado laboral y de las obligaciones financieras acumuladas por el Estado. Durante décadas, la educación superior fue presentada como una vía privilegiada hacia la estabilidad económica y la movilidad social. Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda, la precarización del empleo, el deterioro de los servicios públicos y la expansión de la inteligencia artificial han introducido nuevas incertidumbres sobre el futuro del trabajo cualificado. A ello se suma la perspectiva de que los jóvenes deberán financiar, mediante sus impuestos, las deudas públicas contraídas por generaciones anteriores. La contradicción adquiere así una dimensión histórica: se exige a la juventud estudiar más, adaptarse a nuevas tecnologías y asumir obligaciones fiscales crecientes, mientras se debilitan las condiciones materiales que permitirían transformar ese esfuerzo en un proyecto de vida estable.
Las manifestaciones inicialmente pacíficas comenzaron a registrar incidentes cuando grupos organizados ajenos a las reivindicaciones estudiantiles participaron en acciones violentas. Meyssan sostiene que determinados dirigentes de izquierda contribuyeron a legitimar esas conductas y que algunos actores políticos intentaron captar el movimiento desde las puertas de los centros educativos. La relación entre esas intervenciones y la escalada posterior requiere una investigación diferenciada: una cosa es la responsabilidad política atribuida a determinadas declaraciones y otra la participación comprobada en la organización de actos delictivos. La distinción resulta esencial para evitar que la responsabilidad de grupos específicos se extienda indiscriminadamente a quienes ejercían pacíficamente su derecho a manifestarse.
El 17 de octubre de 2026, la incorporación de los chalecos amarillos, surgidos en 2018 y 2019 contra el encarecimiento de los combustibles y la pérdida de poder adquisitivo, transformó las manifestaciones en una movilización de alcance nacional. Las estimaciones situaron la participación entre 550.000 asistentes, según las autoridades, y 800.000, de acuerdo con los organizadores, distribuidos en más de un centenar de marchas. Estudiantes, trabajadores, sindicatos y ciudadanos afectados por el costo de la vida confluyeron en una protesta que superaba ampliamente las demandas educativas originales. El descontento se extendía a salarios, pensiones, precios energéticos y perspectivas de desarrollo, revelando un problema social que difícilmente podía resolverse mediante medidas sectoriales.
Pero aquella jornada también estuvo marcada por una violencia extraordinaria. Los disturbios comenzaron en distintos puntos antes de la apertura de algunos cortejos autorizados y se prolongaron durante la madrugada del 18 de octubre. En París, Lyon, Marsella, Burdeos y Limoges se registraron enfrentamientos, saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos. Entre los episodios más graves figuraron el incendio del histórico ayuntamiento de Limoges, los daños contra instalaciones municipales en Marsella, el ataque a dependencias turísticas en Lyon y las agresiones contra instalaciones oficiales en Burdeos. Los balances posteriores recogieron alrededor de 1.500 establecimientos comerciales saqueados o dañados, centenares de agentes heridos y pérdidas económicas de cientos de millones de euros.
Las cifras disponibles evolucionaron conforme avanzaron las operaciones policiales. Meyssan habló de más de seiscientos policías y gendarmes heridos y afirmó que apenas veintiséis personas habían sido enviadas ante los tribunales. Sin embargo, los balances difundidos posteriormente superaron los 2.400 detenidos y los ochocientos acusados formalmente, por lo que aquella última cifra no representa el estado actualizado de los procedimientos judiciales. También se denunciaron lesiones graves sufridas por manifestantes, incluida la pérdida de una mano por un menor en Saint-Étienne, episodio investigado por los organismos competentes para determinar la posible responsabilidad de una granada policial. La magnitud del caos quedó fuera de discusión, aunque sus causas, mecanismos de coordinación y responsabilidades superiores continúan sujetos a investigación.
Meyssan atribuye una parte significativa de los actos destructivos a grupos organizados de black blocs europeos, presuntamente llegados desde Italia, Suiza, Alemania y Bélgica. Su análisis plantea que esas redes pudieron intervenir con el propósito de desviar la protesta hacia una confrontación violenta. No obstante, la presencia de grupos radicales y la coordinación de determinados incidentes no permiten demostrar automáticamente una dirección clandestina común ni identificar a eventuales patrocinadores. La comprobación de una operación organizada exigiría reconstruir comunicaciones, mecanismos de financiamiento, instrucciones y vínculos operativos entre los participantes. La hipótesis merece investigación precisamente porque sus consecuencias serían graves, pero convertirla prematuramente en una conclusión definitiva debilitaría el propio análisis.
La actuación de los mandos policiales añade una dimensión especialmente inquietante. Según Meyssan, los servicios de inteligencia territorial calcularon inicialmente una participación cercana a 150.000 personas, cifra muy inferior a la asistencia finalmente registrada, mientras el despliegue de seguridad habría sido diseñado conforme a aquella previsión insuficiente. Más significativo todavía resulta que el 14 de octubre, antes de los mayores disturbios, el sindicato Alliance Police Nationale anunciara una denuncia contra el Estado por poner en peligro la vida de los agentes. La organización cuestionó las instrucciones contradictorias y poco claras transmitidas por la jerarquía policial, describiendo a numerosos efectivos como abandonados y expuestos a situaciones de riesgo. También comenzó a reunir testimonios para esclarecer las responsabilidades de los superiores.
Estos antecedentes alimentan las sospechas de Meyssan sobre la posibilidad de que ciertos responsables hubieran permitido o favorecido el deterioro de la situación. Sin embargo, la denuncia sindical acredita la existencia de un conflicto sobre la conducción de los dispositivos de seguridad, no una conspiración demostrada. La diferencia entre negligencia, incompetencia, errores de inteligencia y sabotaje deliberado deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes. Resulta igualmente necesario examinar las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, porque un dispositivo incapaz de garantizar simultáneamente el orden público y el ejercicio de las libertades puede agravar la radicalización y destruir la confianza institucional.
El problema fundamental aparece cuando los actos violentos desplazan el sentido político de la movilización. Una protesta convocada para exigir profesores, mejores escuelas, salarios y oportunidades de empleo puede terminar representada públicamente mediante imágenes de incendios, establecimientos saqueados y enfrentamientos con la policía. La cuestión deja de ser por qué una generación considera que no tiene futuro y pasa a concentrarse en quién amenaza el orden republicano. Este desplazamiento constituye el mecanismo central de la manipulación política descrita por Meyssan: transformar una reivindicación de justicia en una amenaza de seguridad, de manera que las medidas extraordinarias aparezcan como respuestas necesarias ante una emergencia cuya dinámica puede haber sido favorecida por actores ajenos a los manifestantes originales.
La intervención televisada del presidente Emmanuel Macron, realizada el 18 de octubre, reforzó la importancia de esa disputa interpretativa. El mandatario condenó los ataques contra edificios públicos y comercios, respaldó a las fuerzas de seguridad, exigió investigaciones sobre los errores de anticipación y autorizó a los prefectos a restringir o prohibir determinadas concentraciones cuando considerasen necesario proteger a la población. También prometió respuestas a comerciantes afectados y anunció consultas con estudiantes, profesores, sindicatos, empresarios y representantes políticos. Reconoció expresamente la legitimidad de las preocupaciones juveniles sobre educación y empleo y atribuyó parte del encarecimiento de los combustibles a las perturbaciones energéticas relacionadas con el conflicto en el golfo Pérsico.
Sin embargo, Macron también vinculó la necesidad de restaurar el orden con la proximidad de las elecciones presidenciales. Sostuvo que Francia merecía una elección democrática desarrollada mediante debates públicos, participación partidista y manifestaciones pacíficas, y acusó a quienes promovían el desorden de perjudicar a la República y sustraer el debate político. Meyssan interpreta esas palabras como una advertencia implícita sobre la eventual suspensión de los comicios si persistiera la violencia. La distinción resulta importante: Macron no anunció la cancelación electoral ni afirmó expresamente que las elecciones dependieran jurídicamente del restablecimiento del orden. Pero el vínculo discursivo establecido entre seguridad, protesta callejera y legitimidad electoral puede influir en el modo en que la opinión pública interprete futuras restricciones.
La hipótesis de Meyssan adquiere una dimensión institucional adicional por la aprobación de la ley francesa número 2026-791, del 16 de agosto de 2026, destinada a actualizar la programación militar para el periodo 2024-2030. Su artículo 35 incorporó al Código de Defensa un mecanismo denominado estado de alerta de seguridad nacional, susceptible de declararse mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros ante una amenaza grave y actual contra la seguridad nacional, la continuidad de actividades esenciales, la protección de la población o determinados compromisos internacionales de defensa. El régimen permite aplicar medidas extraordinarias de protección sobre instalaciones, infraestructuras, redes y operadores estratégicos, incluidos controles de acceso físico o remoto, autorizaciones administrativas y obligaciones específicas de comunicación de incidentes.
El nuevo instrumento jurídico no equivale exactamente al estado de sitio tradicional ni al estado de emergencia sanitaria. Su alcance se relaciona con amenazas que pueden comprometer simultáneamente la seguridad, la economía, las comunicaciones y la continuidad de funciones esenciales. La legislación contempla mecanismos de información y supervisión parlamentaria, además de exigir autorización legislativa para prolongar el régimen más allá de dos meses. Tampoco establece una suspensión automática de las elecciones presidenciales. Sin embargo, su existencia plantea interrogantes sobre la amplitud de las facultades administrativas disponibles durante crisis prolongadas y sobre el riesgo de normalizar mecanismos excepcionales bajo una interpretación expansiva de las amenazas a la seguridad nacional.
Los acontecimientos posteriores al 17 de octubre muestran que la respuesta extraordinaria no permanece limitada al terreno hipotético. Para el 20 de octubre, las autoridades francesas habían impuesto toques de queda localizados en sectores de París y otras ciudades, incrementado los despliegues policiales y anunciado la utilización de efectivos militares como apoyo a nuevas operaciones de seguridad. El primer ministro Sébastien Lecornu reconoció deficiencias de inteligencia y coordinación, mientras el ministro del Interior Laurent Nuñez admitió errores operativos. Paralelamente, la Asamblea Nacional comenzó a preparar una investigación parlamentaria sobre los disturbios y la actuación policial. Estas decisiones no equivalen a la proclamación del estado de alerta de seguridad nacional ni prueban una intención de suspender las elecciones, pero confirman que la crisis ya está produciendo nuevas restricciones y alteraciones en los dispositivos ordinarios de seguridad.
En ese contexto, la comparación introducida por Meyssan con Ucrania adquiere un significado político preciso, aunque no constituye una equivalencia jurídica. Las elecciones presidenciales ucranianas previstas para 2024 no se celebraron debido a la ley marcial vigente durante la guerra iniciada por la invasión rusa de 2022. El analista francés invoca ese antecedente para advertir que determinadas situaciones excepcionales pueden prolongarse hasta alterar los calendarios electorales. Francia, sin embargo, no se encuentra bajo condiciones equivalentes de guerra territorial, y su nuevo régimen de alerta no contempla por sí mismo la cancelación de los comicios. La comparación sirve para examinar los riesgos de una excepcionalidad prolongada, no para demostrar que exista actualmente una decisión de reproducir el escenario ucraniano.
La preocupación adquiere mayor importancia ante las elecciones francesas programadas para el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027. Emmanuel Macron no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, mientras la Agrupación Nacional ocupa una posición competitiva en las encuestas. La eventual prolongación de los disturbios, el endurecimiento de las medidas de seguridad o una crisis institucional podrían modificar las condiciones de la competencia electoral incluso sin suspender formalmente las votaciones. Una emergencia puede transformar las prioridades del debate público, favorecer determinadas candidaturas y perjudicar a otras, además de reducir el espacio disponible para discutir los problemas sociales que originaron la protesta.
Meyssan sitúa este riesgo dentro de una secuencia de episodios anteriores que alteraron profundamente la política francesa. En 2011, Dominique Strauss-Kahn, entonces uno de los aspirantes mejor posicionados para la presidencia, fue detenido en Nueva York por acusaciones de agresión sexual. El escándalo destruyó sus perspectivas electorales y modificó el escenario que precedió a la victoria de François Hollande en 2012. Meyssan ha sostenido que la caída de Strauss-Kahn pudo responder a una operación política en la que habrían intervenido sectores estadounidenses, incluido el Pentágono. Esa atribución permanece como una hipótesis del analista y no como un hecho demostrado por las investigaciones judiciales conocidas. Lo verificable es que un acontecimiento judicial y reputacional puede alterar decisivamente la competencia política.
El segundo antecedente corresponde a François Fillon, cuya candidatura presidencial de 2017 resultó gravemente perjudicada por las revelaciones sobre los empleos parlamentarios atribuidos a su esposa. El escándalo debilitó a la derecha tradicional y contribuyó a la recomposición electoral que culminó con la llegada de Emmanuel Macron al Palacio del Elíseo. Las acusaciones contra Fillon dieron lugar a procedimientos judiciales, por lo que el aprovechamiento político del episodio no demuestra por sí mismo la inexistencia de irregularidades. Ambos precedentes muestran cómo las crisis judiciales, mediáticas e institucionales pueden transformar la selección efectiva de candidatos y abrir oportunidades para actores que inicialmente no aparecían como los principales beneficiarios.
La situación de Marine Le Pen introduce una nueva variable en el escenario de 2027. Meyssan advierte sobre la posibilidad de que una sentencia judicial excluya a la dirigente de la Agrupación Nacional y modifique nuevamente la competencia presidencial. Sin embargo, la resolución del Tribunal de Apelación de París del 7 de julio de 2026 estableció una inhabilitación efectiva de quince meses, considerada ya cumplida, por lo que dejó jurídicamente abierta su candidatura. La sentencia mantuvo otras sanciones, entre ellas una pena de prisión susceptible de cumplimiento mediante vigilancia electrónica, circunstancia que podría dificultar una campaña política. La disputa judicial demuestra la importancia electoral del procedimiento, pero no acredita que exista una operación destinada a impedir su participación. La independencia judicial y las garantías procesales deben preservarse precisamente para evitar que las decisiones de los tribunales sean confundidas con mecanismos de selección partidista.
La combinación de protestas juveniles, violencia organizada, deficiencias policiales, nuevas facultades de seguridad y antecedentes electorales permite comprender por qué Meyssan considera plausible una operación destinada a perturbar el proceso presidencial francés. No obstante, las piezas de esa secuencia todavía no constituyen una prueba suficiente de coordinación clandestina. La investigación deberá determinar quién organizó los episodios violentos, si existieron conexiones transnacionales, qué responsabilidades correspondieron a los mandos policiales y si alguna autoridad actuó deliberadamente para favorecer el deterioro de la situación. La sospecha política puede justificar preguntas rigurosas, pero no sustituir las evidencias necesarias para formular acusaciones concluyentes.
La manipulación de las protestas de la generación Z presenta, en cualquier caso, un peligro que trasciende la existencia o inexistencia de una conspiración concreta. Las plataformas digitales permiten organizar movilizaciones sin depender de partidos tradicionales, pero también facilitan la circulación de rumores, imágenes descontextualizadas y campañas coordinadas capaces de alterar la percepción pública. Los mismos mecanismos que democratizan la convocatoria pueden favorecer disputas por la representación del movimiento. Una confrontación aislada puede adquirir mayor visibilidad que cientos de manifestaciones pacíficas; una provocación puede justificar restricciones generales; una reivindicación social puede quedar asociada con intereses partidistas o geopolíticos ajenos a sus objetivos.
Esta dinámica también puede desarrollarse sin una dirección centralizada. Los grupos radicales buscan notoriedad; determinados partidos intentan apropiarse del descontento; los gobiernos procuran recuperar el control del espacio público; los medios privilegian las imágenes más espectaculares; y las instituciones de seguridad pueden adquirir nuevas competencias a partir de la percepción de amenaza. La convergencia de esos intereses puede producir resultados semejantes a los de una operación deliberada, aunque sus participantes no respondan necesariamente a un mando común. Por eso resulta indispensable distinguir entre la existencia de una instrumentalización política observable y la demostración de un plan clandestino específico.
Reducir a la juventud contemporánea a una población fácilmente manipulable sería, además, desconocer su capacidad de formular diagnósticos propios. Los jóvenes que cuestionan la corrupción, la desigualdad y la ausencia de oportunidades no son simples instrumentos de fuerzas superiores. Representan una generación que deberá afrontar las consecuencias de decisiones económicas, fiscales y estratégicas adoptadas antes de su plena participación política. Su vulnerabilidad no procede de una supuesta incapacidad para comprender la realidad, sino de la dificultad para conservar la autonomía de movimientos que carecen de estructuras estables mientras enfrentan actores institucionales con mayores recursos organizativos.
La comparación internacional permite extraer una conclusión decisiva: el éxito de una protesta no puede medirse exclusivamente por la dimisión de un gobernante, la retirada de una reforma o la magnitud de una concentración. La transformación política duradera exige modificar las condiciones que originaron el descontento. Sustituir ministros sin combatir la corrupción, cambiar gobiernos sin mejorar los servicios públicos o reforzar las facultades coercitivas sin ofrecer oportunidades productivas puede producir una estabilidad aparente que prepare nuevas crisis. La representación democrática requiere algo más que elecciones periódicas: necesita instituciones capaces de responder a las demandas sociales y permitir a la población corregir las prioridades de sus gobernantes.
Francia se encuentra precisamente ante esa disyuntiva. Si los disturbios de octubre de 2026 terminan reducidos a una confrontación entre partidos, aparatos de seguridad y movimientos radicales, las reivindicaciones juveniles podrían quedar políticamente neutralizadas. Si, por el contrario, las investigaciones esclarecen las responsabilidades por la violencia y permiten recuperar el debate sobre educación, empleo, deuda pública, costo de la vida y oportunidades de desarrollo, la crisis todavía podría convertirse en una ocasión para reconstruir la confianza institucional. La existencia de amenazas contra el orden público no cancela las obligaciones sociales del Estado, del mismo modo que la legitimidad de una reivindicación no autoriza la violencia contra personas o bienes.
La advertencia más profunda que emerge del análisis de Thierry Meyssan no consiste en afirmar que las elecciones francesas serán inevitablemente suspendidas, sino en señalar la facilidad con que una crisis social puede transformarse en una crisis de seguridad cuya resolución quede en manos de actores distintos de quienes formularon las demandas originales. El riesgo no reside exclusivamente en la eventual activación de un régimen excepcional, sino también en la posibilidad de que la opinión pública termine aceptando restricciones crecientes sin exigir respuestas a los problemas que alimentaron la indignación. La manipulación alcanza su mayor eficacia cuando la violencia desplaza la discusión desde las causas de la protesta hacia la necesidad de controlar sus consecuencias.
En última instancia, las protestas de la generación Z están poniendo a prueba la capacidad del orden político y económico contemporáneo para ofrecer un horizonte de desarrollo que no dependa indefinidamente del endeudamiento, la precarización del trabajo, la concentración de privilegios y la expansión de dispositivos de seguridad. Si las movilizaciones terminan justificando nuevas restricciones sin resolver esas contradicciones, el descontento juvenil habrá sido convertido en un recurso funcional a la preservación del poder. Si, en cambio, contribuyen a fortalecer la rendición de cuentas, mejorar los servicios esenciales, ampliar las oportunidades económicas y proteger la participación democrática, habrán demostrado que la protesta social puede transformarse en una fuerza de reconstrucción institucional. La cuestión decisiva no es solamente quién consigue movilizar a una generación indignada, sino quién determina finalmente el destino político de esa indignación. Porque el mayor peligro para una democracia no reside en que sus jóvenes exijan un futuro diferente, sino en que otros utilicen esa exigencia para restringir su capacidad de decidirlo.
Fuentes consultadas
Thierry Meyssan. Cómo se manipula a la “generación Z”. Red Voltaire. 20 de octubre de 2026.
Emmanuel Macron. Adresse aux Français. Presidencia de la República Francesa. 18 de octubre de 2026.
República Francesa. Ley n.º 2026-791, artículo 35, sobre el estado de alerta de seguridad nacional. Journal officiel de la République française. 18 de agosto de 2026.
Laurene Rocheteau y Agence France-Presse. Mouvement des lycéens : le syndicat de police Alliance dépose plainte contre l’État pour mise en danger de la vie d’autrui. TF1 Info. 14 de octubre de 2026.
Reuters. Mass protests in France spiral into worst riots in years. Reuters. 17 de octubre de 2026.
Associated Press. Macron condemns those who ‘sought to bring down the Republic’ after rioting mars nationwide protests. Associated Press. 18 de octubre de 2026.
Reuters. France to deploy troops, admits to failures over weekend unrest. Reuters. 20 de octubre de 2026.
Le Monde. Marine Le Pen condamnée en appel : retrouvez les réponses à vos questions. Le Monde. 7 de julio de 2026.
David Alvarado. Las protestas GenZ212 en Marruecos: «¡Queremos hospitales, no solamente estadios!». CIDOB. Octubre de 2025.
Amnistía Internacional. Togo: Testimonies provide glimpse into violent repression of protests. Amnesty International. 3 de julio de 2025.
Reuters. How Abhijeet Dipke became the face of India’s first Gen Z protest movement, and won. Reuters. 23 de julio de 2026.
Dirección de Información Legal y Administrativa. Les dates de l’élection présidentielle de 2027 sont annoncées. Service Public, Gobierno de Francia. 2 de julio de 2026.
