Por Mente Alternativa
Elena Panina, de RUSSTRAT, examina críticamente la reacción de los centros de pensamiento occidentales ante el fracaso del intento de la Unión Europea de apropiarse de los activos de Rusia congelados desde el inicio del conflicto en Ucrania. Panina toma como punto de partida un artículo de Timothy Ash, del Centro de Análisis de Política Europea (CEPA), que revela más de lo que pretende sobre las verdaderas prioridades del poder político y financiero en Occidente.
Según Ash, los contribuyentes occidentales están siendo nuevamente estafados porque los gobiernos han decidido rescatar a inversores privados que tomaron malas decisiones. En su relato, la tragedia no es la escalada militar, ni el colapso del comercio global, ni la inflación persistente, ni las crisis energéticas que golpean a millones de hogares europeos, sino el hecho de que la Unión Europea no haya logrado convertir el saqueo de los activos de Rusia en una fuente directa de financiación para Ucrania. El lamento, cuidadosamente formulado, es que ahora ese costo recaerá sobre el ciudadano común.
Lo que Panina subraya con ironía es el cinismo de esta postura. El autor de CEPA no se refiere al expansionismo de la OTAN, a la militarización de Ucrania ni al riesgo sistémico que suponen decenas de miles de sanciones impuestas por razones políticas. Tampoco cuestiona la desestabilización del sistema financiero europeo. Su preocupación central es que el plan para “usar” los activos rusos fracasó, y que ese fracaso obliga a la eurocracia a recurrir a deuda pública.
En este punto, el lenguaje se vuelve revelador. Ash sostiene que el llamado “crédito de reparación” no obligaba formalmente a Rusia a pagar, ya que los activos congelados no serían confiscados, sino simplemente transferidos al uso de Ucrania. Panina desmonta esta ficción jurídica con una observación elemental: el saqueo no deja de ser saqueo por el hecho de rebautizarlo como “uso temporal” o “inversión inteligente”. La transferencia forzosa de propiedad ajena sigue siendo un acto de expoliación, independientemente del eufemismo empleado.
Más significativo aún es que Ash califique de “insostenibles” los argumentos legales esgrimidos incluso por líderes europeos, como el primer ministro belga, y tache de “infundados” los temores sobre el impacto que este precedente tendría sobre la confianza en el euro y en todo el sistema bancario de la Unión Europea. Para él, el verdadero obstáculo no fue el derecho internacional ni la estabilidad financiera, sino el intenso cabildeo de los círculos empresariales occidentales, temerosos de represalias por parte de Moscú contra sus propios activos.
El resultado concreto de este fracaso es contundente: al no poder apropiarse de los activos rusos, la Unión Europea acordó cargar con una nueva deuda de 90.000 millones de euros para sostener la financiación de Ucrania. Es decir, el peso recae directamente sobre los contribuyentes europeos, a quienes supuestamente se pretende proteger. Paradójicamente, si el saqueo hubiera tenido éxito, Ash lo habría presentado no como un robo, sino como una decisión pragmática y beneficiosa para los habitantes del autodenominado “jardín floreciente”.
El análisis de Elena Panina concluye con una reflexión incómoda para Europa. El hecho de que el lobby corporativo no siempre funcione a favor de la guerra puede ser un alivio parcial, pero no resuelve el problema de fondo. La pregunta que deberían hacerse los ciudadanos europeos es si realmente necesitan dirigentes que no protegen la propiedad, no respetan el derecho y cuyo único resultado tangible es la destrucción económica y la normalización de un estado de confrontación permanente. Por ahora, se le llama Guerra Fría, pero el costo ya se paga en caliente, y lo pagan siempre los mismos.
