Por José Luis Preciado
Como advertí en mi anterior ensayo para Mente Alternativa, titulado «Lula arrebata a Washington el alma de Brasil, el Sur Global desafía el control occidental de energía, datos y dinero, y el viejo orden, desesperado, prepara lo apocalíptico», la disputa fundamental del siglo XXI no se resolverá exclusivamente mediante victorias militares, elecciones o reformas monetarias, sino mediante la reorganización de la propiedad y el control de las infraestructuras que sostienen la producción, las comunicaciones, los intercambios financieros y la supervivencia material. Los acontecimientos registrados entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2026 refuerzan varias de aquellas previsiones, aunque todavía no permiten considerar consumados todos los escenarios anticipados.
La importancia de esta continuidad merece subrayarse porque el artículo precursor no describía simplemente una crisis económica convencional. Planteaba que la expansión extraordinaria de la inteligencia artificial, financiada mediante redes de deuda y capital transnacional, podía desembocar en una reestructuración de la propiedad de los centros de datos y la infraestructura energética; que el sistema monetario occidental enfrentaría presiones para reorganizar sus mecanismos de liquidez y liquidación; que la creciente militarización de las relaciones internacionales amenazaría instalaciones civiles indispensables, y que la concentración del poder financiero podía acelerarse precisamente durante una crisis destinada, en apariencia, a destruir riqueza. También anticipaba que las iniciativas de cooperación entre Estados Unidos, Rusia y China adquirirían una importancia estratégica ante la incapacidad de las instituciones heredadas para garantizar una transición ordenada. Apenas unos días después, nuevos acontecimientos han empezado a otorgar una dimensión más concreta a esas posibilidades.
El 30 de octubre, Wall Street registró una severa corrección de los valores tecnológicos estadounidenses. El Nasdaq perdió el 2,86% durante una sola sesión, el índice de semiconductores retrocedió aproximadamente el 7,2% e Intel sufrió una caída cercana al 29%. Los resultados de Amazon, las dificultades financieras de Intel y las crecientes dudas sobre los rendimientos de la inversión en inteligencia artificial contribuyeron a un deterioro generalizado de las expectativas. El 2 de noviembre, la presión continuó: el Nasdaq volvió a retroceder aproximadamente un 1,1%, mientras los inversores reconsideraban la capacidad de las grandes empresas tecnológicas para transformar sus gigantescos desembolsos en beneficios suficientes. Estos movimientos todavía no constituyen el estallido definitivo de una burbuja financiera, pero representan una señal concreta del problema identificado en el ensayo anterior: una parte creciente de las valoraciones tecnológicas depende de ingresos futuros cuya materialización todavía no está garantizada.
El acontecimiento adquiere una relevancia todavía mayor cuando se considera la información publicada por Financial Times sobre la nueva financiación de OpenAI. Según el periódico, la compañía redujo en 10.000 millones de dólares su objetivo de captación de capital, hasta aproximadamente 20.000 millones, mientras su valoración prevista descendió de 1,4 a 1,25 billones de dólares. Entre los participantes potenciales aparecen fondos de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, incluido MGX, junto con importantes instituciones financieras y tecnológicas estadounidenses. La revisión no significa que OpenAI haya dejado de crecer ni demuestra su insolvencia. Sin embargo, muestra que incluso las empresas situadas en el centro de la revolución tecnológica deben negociar las condiciones de financiación en un mercado que comienza a exigir una relación más convincente entre capital invertido, crecimiento de ingresos y rentabilidad.
Aquí aparece precisamente una de las previsiones más importantes que formulé en el artículo precursor. Durante los últimos años, capitales procedentes de las monarquías petroleras del Golfo, fondos de pensiones, grandes administradores de activos y empresas estadounidenses han convergido en la financiación de instalaciones de procesamiento de datos, semiconductores, redes eléctricas, sistemas de refrigeración y complejos de inteligencia artificial. BlackRock, Microsoft, MGX y otros participantes han impulsado operaciones cuyo propósito trasciende la rentabilidad inmediata de aplicaciones informáticas: están contribuyendo a construir la infraestructura material sobre la que funcionará una parte creciente de la economía mundial. Pero la identidad de quienes financian esas instalaciones no necesariamente coincidirá con la de quienes terminarán controlándolas. Las crisis financieras no destruyen automáticamente los edificios, transformadores, generadores eléctricos, servidores y redes que sostienen las actividades productivas; pueden modificar su valoración, su estructura de deuda y, mediante reestructuraciones o ejecuciones de garantías, sus propietarios definitivos.
La cuestión fundamental, por consiguiente, no es únicamente cuánto capital bursátil podría desaparecer si continúa la corrección tecnológica, sino qué ocurriría con los activos materiales construidos durante la expansión. Un fondo soberano podría perder capacidad de negociación si sus ingresos energéticos disminuyen simultáneamente con el valor de sus participaciones financieras. Una empresa altamente endeudada podría conservar instalaciones valiosas, pero perder su propiedad ante acreedores capaces de proporcionar liquidez. Una institución estatal podría intervenir para impedir la interrupción de servicios considerados estratégicos. Y un gran administrador de activos podría ampliar su posición mediante adquisiciones realizadas en condiciones extraordinariamente favorables. No existe evidencia suficiente para afirmar que tales acontecimientos formen parte de una operación centralmente organizada, pero el mecanismo económico resulta perfectamente reconocible. La crisis sistémica podría convertirse en una redistribución de los derechos de propiedad sobre la infraestructura del futuro, más que en una simple destrucción de capital financiero.
Las recientes declaraciones del Serguéi Glázyev, economista (miembro de número) de la Academia de Ciencias de Rusia desde el año 2008, aportan una interpretación todavía más radical. Durante una conversación celebrada el 26 de octubre en China con la economista india Radhika Desai, el académico ruso describió una gigantesca burbuja financiera vinculada al predominio de las empresas tecnológicas estadounidenses y a los instrumentos derivados. Glázyev utiliza el concepto de tecnofascismo para caracterizar una posible concentración autoritaria del poder tecnológico y financiero, y sostiene que el sistema occidental se aproxima a una crisis capaz de afectar profundamente sus instituciones y su posición internacional. Su afirmación de que la guerra de Ucrania podría terminar simultáneamente con el colapso de la burbuja de inteligencia artificial establece una relación política provocadora entre la estabilidad del sistema financiero y la continuidad de los conflictos militares.
Sin embargo, la magnitud del mercado de derivados exige precisión. Glázyev menciona estimaciones superiores a los dos mil billones de dólares, pero esas cifras no deben confundirse con pérdidas potenciales o deuda exigible. El Banco de Pagos Internacionales registró un valor nocional de derivados extrabursátiles de aproximadamente 846 billones de dólares a mediados de 2025, frente a un valor bruto de mercado de 21,8 billones. Se trata de magnitudes distintas: el importe nocional permite medir la escala contractual, mientras el valor de mercado aproxima el costo de reemplazar posiciones vigentes. La existencia de estos instrumentos puede amplificar vulnerabilidades cuando fallan las garantías, la compensación y la liquidez, pero no significa que todo su valor nominal esté expuesto a desaparecer. La advertencia de Glázyev cobra mayor consistencia cuando se relaciona con la dependencia del crédito, las garantías cruzadas y las operaciones de financiación circular examinadas por el Fondo Monetario Internacional en octubre.
La tensión entre inteligencia artificial, endeudamiento y estabilidad monetaria confirma también la importancia del análisis del economista ruso Oleg Sújarev, desarrollado en el artículo precursor. La tecnología constituye un instrumento de desarrollo solamente cuando se integra en estructuras productivas capaces de generar mejoras duraderas de productividad, conocimiento y bienestar. Si la inversión tecnológica se convierte fundamentalmente en un mecanismo de valorización financiera, la distancia entre las expectativas de los mercados y las capacidades reales de la economía puede aumentar hasta resultar insostenible. Los problemas de industrialización identificados por Sújarev muestran, además, que la abundancia de recursos energéticos o la independencia geopolítica no bastan para asegurar el progreso científico. China representa un caso diferente de coordinación entre Estado, industria y tecnología, aunque tampoco está exenta de endeudamiento, sobreinversión o correcciones bursátiles. La caída acumulada de determinadas empresas tecnológicas chinas recuerda que la transición hacia un nuevo paradigma productivo puede atravesar crisis en varios centros de poder simultáneamente.
El comportamiento del oro añade otra dimensión a estas contradicciones. Después de una expansión extraordinaria, el metal experimentó una corrección que lo llevó nuevamente por debajo de los 4.000 dólares por onza. El 3 de noviembre cotizaba alrededor de los 3.927 dólares en el mercado al contado, según Reuters. Un análisis técnico de Alessio Rastani relaciona este movimiento con procesos anteriores de agotamiento de tendencias alcistas, particularmente los registrados después de 2011 y 2020, y plantea la posibilidad de un rebote significativo seguido de una nueva caída o, alternativamente, de la recuperación de una trayectoria alcista más duradera. Estas hipótesis muestran la importancia de las expectativas y del comportamiento de los inversores, pero no permiten determinar anticipadamente la dirección definitiva del mercado.
La corrección del oro tampoco invalida su creciente importancia como reserva estratégica. Tal como señalé anteriormente, las adquisiciones de los bancos centrales y la preocupación por la custodia jurisdiccional de las reservas responden a problemas diferentes de las fluctuaciones especulativas de corto plazo. Los gobiernos buscan activos que reduzcan su exposición a decisiones monetarias extranjeras, congelaciones financieras o restricciones sobre transferencias internacionales. El oro puede contribuir a esa diversificación, aunque no sustituye los sistemas de crédito productivo ni proporciona por sí mismo una arquitectura comercial alternativa. La coexistencia de oro, monedas nacionales, activos digitales, acuerdos bilaterales de liquidación e instrumentos financieros regionales podría definir una fase de transición monetaria mucho más compleja que la sustitución de una divisa hegemónica por otra.
La situación europea ofrece señales igualmente importantes de la crisis sistémica. El 30 de octubre, Fitch mantuvo la calificación crediticia de Francia en A+, pero modificó su perspectiva de estable a negativa. La decisión respondió al deterioro del crecimiento, el aumento de los costos de financiación, el déficit presupuestario y la fragmentación política. La economía francesa se contrajo un 0,1% durante el tercer trimestre, mientras la agencia proyectó que la deuda pública podría aumentar desde aproximadamente el 115,7% del PIB en 2025 hasta cerca del 124% en 2028. El servicio de esa deuda absorbería una proporción creciente de los recursos nacionales, justamente cuando las autoridades deben atender compromisos industriales, militares, sociales y energéticos cada vez más costosos.
Lo verdaderamente significativo no es que Francia haya perdido súbitamente su capacidad financiera, algo que la decisión de Fitch no demuestra, sino que una de las principales economías europeas enfrenta simultáneamente debilidad productiva, presión fiscal, encarecimiento de la deuda y dificultades para construir mayorías políticas estables. Estas condiciones limitan su margen de actuación frente a una crisis externa. Si una nueva perturbación tecnológica afectara los mercados de crédito y los bancos, los Estados europeos necesitarían movilizar mecanismos extraordinarios de liquidez precisamente cuando sus propias finanzas públicas presentan mayores restricciones. El problema no sería exclusivamente francés: la sostenibilidad fiscal, la integración bancaria y la capacidad de respuesta monetaria del continente quedarían sometidas a una prueba compartida.
En ese contexto, la decisión de Christine Lagarde de abandonar la presidencia del Banco Central Europeo el 7 de febrero de 2027, anunciada oficialmente el 29 de octubre, adquiere un significado institucional considerable. El anuncio ocurrió después de que Philip Lane, economista jefe del BCE, interviniera el 21 de octubre en Shanghái en un encuentro dedicado al sistema monetario más allá del dólar. Lane examinó el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de liquidez en euros, incluidas las facilidades EUREP y las líneas de intercambio entre bancos centrales. La institución intenta ampliar la utilidad internacional del euro y reducir las perturbaciones que pueden propagarse desde los mercados externos hacia su propio sistema financiero.
La coincidencia temporal alimenta una hipótesis que merece investigación: ¿estamos presenciando una reorganización gradual de las relaciones monetarias entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? El desarrollo de instrumentos autónomos de liquidez puede interpretarse como una respuesta preventiva ante un entorno internacional donde las garantías políticas y financieras heredadas ya no resultan incuestionables. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes de que Washington haya decidido restringir las líneas de dólares disponibles para Europa o de que la salida de Lagarde responda a una ruptura entre ambas instituciones. De hecho, los mecanismos EUREP permiten proporcionar liquidez en euros a bancos centrales extranjeros, por lo que no reemplazan directamente la función internacional de las líneas de dólares de la Reserva Federal.
Esta distinción es esencial para comprender el verdadero alcance de la transformación. La autonomía monetaria europea podría fortalecerse sin necesidad de una ruptura formal con Estados Unidos. Pero, si una crisis financiera grave coincidiera con restricciones de liquidez internacional, presiones inflacionarias y dificultades de refinanciación soberana, la dependencia de los recursos externos adquiriría una dimensión política extraordinaria. El acceso a las monedas de reserva podría convertirse en una ventaja estratégica para determinados Estados e instituciones, mientras otros se enfrentarían a condiciones más exigentes para conservar sus activos o refinanciar sus obligaciones. En otras palabras, el sistema monetario dejaría de funcionar únicamente como infraestructura neutral del intercambio y revelaría con mayor claridad sus relaciones con el poder geopolítico.
Las tensiones institucionales de Polonia muestran cómo estas transformaciones económicas se entrelazan con la disputa por la soberanía estatal. El enfrentamiento entre el primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki adquirió una gravedad excepcional el 30 y 31 de octubre, cuando la controversia por la dirección del Tribunal Constitucional desembocó en intervenciones policiales, protestas y acusaciones recíprocas de vulneración del orden constitucional. Tusk presenta su actuación como un esfuerzo destinado a restaurar la legalidad después de las reformas judiciales impulsadas durante los gobiernos conservadores del partido Ley y Justicia. Nawrocki, por el contrario, denuncia una apropiación ilegítima de las instituciones judiciales. La importancia geopolítica del conflicto reside en que ambos representan orientaciones diferentes respecto a la integración europea y la relación con Washington, aunque comparten posiciones de apoyo a Ucrania y de oposición a las políticas rusas.
La investigación del analista francés Thierry Meyssan, publicada el 3 de noviembre en Red Voltaire, permite situar esta crisis en una confrontación histórica y geopolítica de mayor alcance. Polonia, cuya trayectoria nacional ha estado marcada por la dominación de sus vecinos ruso y alemán, vuelve a encontrarse ante la disyuntiva de preservar su autonomía mediante una relación privilegiada con Washington o profundizar su subordinación institucional a las estructuras europeas dominadas por Bruselas. Meyssan interpreta la ofensiva contra el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, como una tentativa de modificar el equilibrio del poder estatal desde el aparato judicial, respaldada, según su hipótesis, por intereses alemanes y comunitarios. La suspensión del magistrado y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, anunciada el 30 de octubre por Anna Korwin-Piotrowska, desencadenó el regreso anticipado del presidente Karol Nawrocki desde su viaje a Senegal, protestas multitudinarias y acusaciones de ruptura constitucional. La controversia hunde sus raíces en los nombramientos judiciales de 2015 y en las disputas posteriores sobre la primacía del derecho europeo frente al nacional. Su dimensión estratégica resulta todavía más significativa por la proximidad temporal con la conversación mantenida el 27 de octubre entre Vladímir Putin, el presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, un contacto diplomático orientado a explorar una salida negociada a la guerra de Ucrania. Meyssan considera que una eventual aproximación entre Washington y Moscú amenazaría los intereses de los sectores europeos comprometidos con la prolongación de la confrontación. La interpretación adquiere relevancia al recordar que Donald Trump respaldó en Varsovia, en julio de 2017, la Iniciativa de los Tres Mares, concebida para fortalecer las conexiones energéticas, comerciales y de infraestructura de Europa central y oriental. Aunque no existen pruebas concluyentes de una operación golpista dirigida desde Berlín y Bruselas, la secuencia revela una contradicción que trasciende la política interna polaca: la lucha por determinar si la seguridad continental será definida fundamentalmente por las instituciones supranacionales europeas, por los Estados nacionales o mediante nuevos acuerdos entre las grandes potencias.
El conflicto polaco permite asimismo examinar una hipótesis formulada por Elena Panina: la aparición de contradicciones entre los proyectos de integración supranacional de Bruselas y las fuerzas políticas que consideran indispensable conservar instrumentos nacionales de decisión. Polonia mantiene su moneda, el zloty, su banco central y una política monetaria propia, al mismo tiempo que participa del mercado europeo y depende de importantes mecanismos de cooperación financiera y militar. La confrontación sobre el programa europeo de préstamos militares SAFE, las facultades del Tribunal Constitucional y la orientación estratégica del país revela que el desacuerdo no se reduce a rivalidades personales. La elección parlamentaria prevista para 2027 aumenta la importancia de controlar instituciones cuyos efectos políticos pueden extenderse durante años.
La posición estratégica polaca adquiere todavía mayor importancia por su participación en la reorganización militar europea. El 27 de octubre, Varsovia y Londres firmaron un plan trienal de cooperación en defensa destinado a ampliar sus capacidades industriales, tecnológicas y operativas. Al mismo tiempo, la Unión Europea desarrolla corredores prioritarios de movilidad militar para acelerar el transporte de tropas, armamento y suministros hacia su flanco oriental. Polonia constituye un enlace fundamental entre Alemania, los países bálticos, Ucrania y la región rusa de Kaliningrado. La modernización de ferrocarriles, puentes, puertos y aeropuertos posee una utilidad económica evidente, pero también modifica las condiciones materiales de cualquier confrontación militar futura. Una infraestructura construida para transportar mercancías puede facilitar simultáneamente el desplazamiento de unidades militares, mientras su existencia permanente transforma los cálculos estratégicos incluso después de una eventual normalización diplomática.
Los preparativos de Reino Unido y Francia para establecer una Fuerza Multinacional para Ucrania confirman esta tendencia. El ejercicio Koalicja, anunciado para el 9 al 22 de noviembre en Polonia, reunirá aproximadamente 2.800 efectivos de once países para ensayar el despliegue, abastecimiento y coordinación de fuerzas destinadas a apoyar a Ucrania después de un eventual cese de hostilidades. Los planes contemplan una estructura predominantemente europea, con participación limitada de Estados Unidos y una menor dependencia de servicios estadounidenses de comunicación satelital. Los responsables militares sostienen que estas fuerzas contribuirían a impedir nuevas agresiones y garantizar la estabilidad, mientras Rusia puede interpretar su presencia como una ampliación indirecta de las capacidades occidentales sobre el territorio ucraniano. El despliegue continúa siendo hipotético, pero los preparativos son reales.
La dimensión tecnológica resulta especialmente reveladora. La empresa ucraniana Fire Point ha descrito sistemas de navegación capaces de operar sin comunicación satelital continua, mediante soluciones autónomas que pueden incluir navegación inercial y correcciones externas cuando están disponibles. Esta búsqueda de independencia respecto de Starlink y Starshield, acompañada por proyectos europeos de comunicaciones y observación espacial, confirma otra de las tesis del ensayo precursor: la soberanía militar y económica depende crecientemente de controlar los sistemas de información que permiten utilizar las infraestructuras físicas. Una plataforma de comunicaciones puede convertirse en un instrumento de influencia política cuando su propietario conserva la posibilidad de restringir el acceso, modificar las condiciones de funcionamiento o limitar determinados usos.
La misma lógica aparece en el debate sobre una posible Organización del Tratado del Indo-Pacífico, examinada por Elena Panina a partir de las declaraciones del ministro ruso Serguéi Lavrov. El proyecto legislativo estadounidense H.R. 3721, presentado en junio de 2025, propuso estudiar la viabilidad de una estructura de seguridad colectiva entre Estados Unidos y sus socios asiáticos, incluidos Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia. Se trata de una iniciativa para evaluar posibles acuerdos, no de la creación efectiva de una nueva OTAN asiática. Pero su existencia muestra cómo el concepto de seguridad occidental comienza a extenderse hacia una estructura geográfica en la que Europa y el Indo-Pacífico aparecen cada vez más vinculados. El riesgo consiste en que los mecanismos destinados a disuadir conflictos terminen consolidando bloques militares enfrentados cuya competencia se extienda a los océanos, las telecomunicaciones y las cadenas industriales.
En Estados Unidos, las elecciones legislativas del 3 de noviembre introducen otra incertidumbre. Kamil Askerkhanov propone interpretarlas desde una perspectiva que supera la competencia inmediata entre republicanos y demócratas. Según su hipótesis, las principales fuerzas económicas estadounidenses estarían convergiendo hacia una reorganización territorial destinada a concentrar capitales, industrias, tecnologías y recursos estratégicos dentro de una suerte de fortaleza norteamericana. En esa interpretación, las antiguas redes financieras transatlánticas enfrentarían la posibilidad de perder sus garantías tradicionales y buscarían posiciones alternativas en Europa, Oriente Medio y Asia. Londres podría intentar preservar un centro propio de influencia mediante una nueva articulación con las principales potencias europeas. Este modelo permite estudiar divergencias reales entre intereses financieros y estatales, pero no demuestra una división coordinada de las élites en dos organizaciones homogéneas.
La Casa Blanca, entretanto, se prepara para gobernar mediante mayores facultades ejecutivas si los demócratas recuperan el control del Congreso. Según una investigación de Reuters, colaboradores como Stephen Miller y Russell Vought han examinado los márgenes legales para adoptar decisiones sobre comercio, inmigración, gasto federal y otras áreas sin depender de nuevas mayorías legislativas. Una eventual derrota republicana no pondría fin al mandato presidencial de Donald Trump, que continúa hasta enero de 2029, ni garantizaría automáticamente una política exterior más moderada. Por el contrario, podría aumentar los incentivos para trasladar parte de la iniciativa política hacia ámbitos donde el Ejecutivo conserva atribuciones significativas, aunque sujetas a controles judiciales y presupuestarios. La posibilidad de una presidencia más confrontativa adquiere una gravedad especial cuando las relaciones internacionales atraviesan situaciones de elevada tensión militar.
Entre esas situaciones, ninguna resulta tan peligrosa como la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán. El 1 de noviembre, el periodista Tucker Carlson advirtió públicamente que la administración Trump podría encontrarse bajo presiones para utilizar un arma nuclear contra instalaciones subterráneas iraníes, especialmente un supuesto complejo situado en la llamada montaña Pickaxe. Carlson atribuye esas presiones al primer ministro Benjamin Netanyahu y sostiene que una decisión podría adoptarse en los primeros días de noviembre. Sin embargo, su advertencia no constituye una confirmación de preparativos nucleares estadounidenses, ni las afirmaciones sobre las instalaciones iraníes y la imposibilidad de destruirlas mediante armamento convencional han quedado suficientemente demostradas mediante evidencia pública. Lo que sí resulta indiscutible es la extraordinaria gravedad de cualquier decisión que rompa el precedente histórico establecido desde 1945: ninguna potencia ha vuelto a utilizar armas nucleares en combate.
El problema no reside exclusivamente en la capacidad destructiva inmediata de un ataque nuclear. Su utilización contra Irán podría alterar profundamente los criterios de disuasión aplicados por Rusia, China, India, Pakistán y Corea del Norte, incentivando nuevas doctrinas de respuesta y proliferación. También podría convertir una confrontación regional en una crisis de supervivencia estatal, ampliar los objetivos legítimos de represalia considerados por Teherán y comprometer infraestructuras civiles de los países del Golfo. Tal como anticipé en el artículo precursor, el estrecho de Ormuz no debe entenderse solamente como una vía marítima para transportar petróleo y gas. Forma parte de un sistema interdependiente de terminales, plantas desalinizadoras, instalaciones petroquímicas, puertos, centrales eléctricas, cables submarinos, aeropuertos y sistemas financieros. Una perturbación severa de varios de estos componentes podría extender sus efectos hasta economías geográficamente alejadas de la zona de guerra.
Las negociaciones diplomáticas desarrolladas durante los últimos días muestran que otros gobiernos reconocen la magnitud del peligro. El 26 de octubre, representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron con autoridades iraníes en Teherán para discutir posibilidades de desescalada y seguridad regional, dentro del marco de cooperación surgido del acuerdo de La Meca. Qatar también participa en esfuerzos de mediación. El 3 de noviembre, las posiciones de Washington y Teherán continuaban distantes, particularmente en materia de sanciones petroleras, bloqueo marítimo y condiciones del programa nuclear iraní. La intervención de potencias regionales no garantiza un acuerdo, pero confirma que la estabilidad de Oriente Medio ya no puede administrarse exclusivamente mediante decisiones estadounidenses e israelíes.
En este escenario adquiere renovada importancia la propuesta del antiguo diplomático iraní Hossein Mousavian para recuperar instrumentos de negociación internacional, incluida una participación alemana más independiente. Helga Zepp-LaRouche ha relacionado este enfoque con el Plan Oasis, concebido como una estrategia de cooperación económica, energética e hídrica entre los pueblos de Oriente Medio. La tesis fundamental consiste en que la paz duradera no puede depender únicamente de acuerdos políticos destinados a suspender temporalmente las hostilidades. Necesita establecer intereses productivos compartidos mediante infraestructura, tecnología, generación de energía, abastecimiento de agua y desarrollo territorial. Desde esta perspectiva, la cooperación económica no sería solamente el resultado de la reconciliación, sino uno de los instrumentos capaces de hacerla posible.
Estas iniciativas desembocan en la propuesta de Serguéi Glázyev, publicada el 27 de octubre en Vedomosti, bajo el concepto de Yalta 2.0. El economista ruso considera que el sistema internacional atraviesa una transición entre paradigmas tecnológicos y económicos, y que las instituciones heredadas de la época de predominio occidental han perdido parte de su capacidad para garantizar estabilidad. Su propuesta consiste en que Estados Unidos, Rusia y China negocien principios generales de seguridad estratégica, cooperación económica y convivencia internacional. La expresión Yalta 2.0 no designa una conferencia ya convocada, sino una fórmula política para sustituir progresivamente la confrontación por mecanismos de desarrollo conjunto.
La cumbre de APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ofrece un contexto diplomático potencialmente importante para esa discusión. Pero la celebración del encuentro no equivale a la confirmación de una reunión trilateral entre Trump, Putin y Xi Jinping, ni garantiza que las grandes potencias acepten negociar una arquitectura internacional comparable a la propuesta por Glázyev. En cualquier caso, la idea adquiere relevancia porque las tres principales potencias nucleares e industriales necesitan administrar contradicciones que no pueden resolverse indefinidamente mediante la acumulación de armamento. La seguridad de Rusia, la estabilidad económica estadounidense y el desarrollo tecnológico chino presentan necesidades diferentes, pero todas dependen de que el sistema internacional conserve condiciones mínimas para el intercambio, la producción y la supervivencia.
La propuesta se relaciona con el debate sobre la gobernanza global desarrollado recientemente en China, donde Wang Yi y otros participantes defendieron una mayor participación del Sur Global y una arquitectura internacional orientada al desarrollo. También encuentra un contrapunto moral en las intervenciones del papa León XIV y del cardenal Matteo Zuppi, quienes han cuestionado la normalización del rearme y la utilización de argumentos religiosos para legitimar la guerra. Dennis Small y Helga Zepp-LaRouche identifican en estas iniciativas dos posibles centros de articulación de una diplomacia basada en el desarrollo y la paz. La coincidencia no significa que China y el Vaticano compartan un mismo proyecto político, sino que sus planteamientos pueden converger alrededor de una cuestión histórica: la seguridad resulta incompleta cuando se separa de las condiciones materiales y morales necesarias para sostener la vida humana.
No obstante, las divisiones europeas dificultan esa convergencia. Las controversias sobre la política de Alemania hacia China y Rusia, las interpretaciones contrapuestas de la guerra justa y las diferencias entre sectores partidarios de la cooperación y defensores de una mayor confrontación muestran la ausencia de un consenso continental. La disputa se extiende a Polonia, Serbia, Armenia, Bulgaria y otros países donde movimientos sociales, enfrentamientos institucionales y decisiones de política exterior se condicionan mutuamente. Las protestas juveniles pueden expresar demandas legítimas contra la corrupción y el deterioro de las condiciones de vida, pero también pueden convertirse en escenarios de competencia entre actores internos y externos. Reducirlas todas a operaciones de desestabilización sería tan equivocado como suponer que ninguna puede ser instrumentalizada. La cuestión fundamental consiste en reconocer cuándo una movilización social adquiere capacidad programática propia y cuándo sus reivindicaciones son subordinadas a intereses ajenos.
La preparación de los Estados para escenarios extremos constituye otra manifestación concreta de las tendencias anticipadas. El programa FORTRESS America del Pentágono contempla reforzar la autonomía energética, logística y operativa de las principales instalaciones militares estadounidenses para que puedan funcionar durante períodos prolongados sin depender de las redes civiles. Su horizonte de planificación incluye hasta noventa días de autosuficiencia mediante generación eléctrica independiente, reservas de combustible, materiales estratégicos, comunicaciones protegidas y sistemas redundantes. La iniciativa no demuestra que Washington conozca anticipadamente una catástrofe específica, pero revela que contempla amenazas capaces de afectar simultáneamente electricidad, abastecimiento, comunicaciones e industria. Lo más significativo es que el Pentágono estudia asociaciones público-privadas para financiar parte de esta infraestructura: incluso la preparación para una crisis sistémica se convierte en un espacio de articulación entre poder militar, tecnología y capital financiero.
Las recomendaciones de preparación civil adquieren un significado complementario. Reino Unido lanzó el 22 de octubre su campaña Be Ready, destinada a que los hogares puedan afrontar interrupciones de servicios durante aproximadamente setenta y dos horas. La Unión Europea, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, los países bálticos, Países Bajos, Japón y otras naciones han impulsado orientaciones semejantes, aunque con períodos y justificaciones diferentes. Mónica Fuentes destacó en El Economista que México también conserva una tradición institucional de preparación mediante la Mochila de Vida, particularmente relacionada con los terremotos. No estamos ante la confirmación de un apagón mundial inminente: muchas de estas políticas existen desde hace años. Sin embargo, su renovada importancia expresa el reconocimiento de que la protección civil debe contemplar la interrupción simultánea de servicios cuya disponibilidad se consideraba prácticamente permanente.
Los recientes ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados europeos proporcionan un ejemplo de esa vulnerabilidad. Después de los incidentes registrados en Francia durante octubre, establecimientos de Bélgica, Suecia, Países Bajos y otros países sufrieron alteraciones en los controles de temperatura de sus instalaciones, con pérdidas de productos y perturbaciones operativas. La dimensión material del problema resulta evidente: una intrusión informática puede provocar consecuencias físicas sobre alimentos, medicamentos o instalaciones industriales. A ello se suma el ataque contra Binance, del que se informó el 30 de octubre, con activos comprometidos por aproximadamente 6.300 millones de dólares. La plataforma anunció posteriormente medidas para cubrir las pérdidas. Las falsas alertas nucleares difundidas mediante aplicaciones comprometidas en Rusia y Ucrania añaden otra vulnerabilidad: la posibilidad de manipular las percepciones colectivas durante una situación de tensión extrema.
La incorporación de inteligencia artificial y computación cuántica intensifica esta interdependencia. El 28 de octubre, DARPA anunció talleres destinados a examinar posibles aplicaciones comerciales de computadoras cuánticas de escala útil, cuyo desarrollo considera plausible hacia 2033. El proyecto contempla mecanismos de participación financiera, compromisos anticipados de mercado y posibles contratos futuros sobre capacidad de computación todavía inexistente. El interés de organismos vinculados a la investigación energética, la seguridad nacional y las capacidades nucleares revela la dimensión estratégica del sector. Sin embargo, el anuncio no equivale a la creación efectiva de una bolsa de futuros cuánticos ni garantiza que esas máquinas alcancen la viabilidad comercial prevista. Lo verdaderamente importante es la intención de movilizar capital privado para construir tecnologías que podrían modificar las condiciones de seguridad informática, investigación científica y competencia industrial.
Esta transformación tecnológica permite recuperar una cuestión antropológica introducida por Andrei Fursov. El historiador ruso interpreta determinados proyectos de reorganización social como intentos de desmontar las instituciones históricas que han proporcionado continuidad a la civilización: la familia, la propiedad, el Estado y las estructuras culturales de transmisión intergeneracional. Su concepto de futuroarcaísmo describe la posibilidad de combinar tecnologías extraordinariamente avanzadas con relaciones sociales caracterizadas por una dependencia creciente y una pérdida de autonomía. Esta interpretación constituye una hipótesis crítica sobre la dirección del poder contemporáneo, no una demostración de que todas las transformaciones familiares o culturales respondan a un programa deliberado.
Un análisis audiovisual ruso sobre las narrativas de la llamada guerra de los sexos introduce una dimensión relacionada. Su autora cuestiona las explicaciones que reducen el matrimonio y la familia a mecanismos de propiedad, herencia o explotación económica, argumentando que los vínculos humanos también responden a necesidades afectivas, culturales, comunitarias y de continuidad generacional. Señala que los algoritmos y las plataformas pueden intensificar antagonismos mediante selecciones parciales de información histórica. Aunque algunas de sus afirmaciones sobre diferencias sexuales y sociedades tradicionales necesitan mayor fundamentación empírica, su crítica al reduccionismo económico permite identificar una contradicción relevante: una sociedad que convierte todas las relaciones humanas en transacciones termina debilitando vínculos que no pueden sustituirse mediante contratos, mercados o tecnologías.
El problema adquiere especial importancia cuando se relaciona con la concentración de información en plataformas digitales. La capacidad de seleccionar contenidos, ordenar su visibilidad y reforzar determinadas percepciones puede influir sobre los conflictos sociales sin necesidad de recurrir a mecanismos tradicionales de censura. La desinformación histórica, la confrontación entre generaciones, la polarización política y las rivalidades entre hombres y mujeres pueden verse amplificadas por modelos comerciales que recompensan la atención y la reacción emocional. Sin embargo, identificar esos efectos no exige atribuirlos a una dirección clandestina universal. La convergencia entre incentivos económicos, diseños algorítmicos y vulnerabilidades psicológicas puede producir consecuencias colectivas profundas sin que exista un plan único. La soberanía humana también depende de conservar capacidades de pensamiento crítico, vínculos comunitarios y autonomía frente a los sistemas que administran la información.
En América Latina, la reelección de Lula da Silva abre una oportunidad para traducir estas consideraciones en una estrategia de desarrollo. Como subrayó la periodista Inna Afinogenova, la continuidad del gobierno brasileño permite explorar una cooperación más estrecha entre Brasil y México, las dos mayores economías de la región. La complementariedad entre Pemex y Petrobras, la industrialización de minerales estratégicos, la integración de infraestructura, la investigación tecnológica y la coordinación agrícola podrían fortalecer la capacidad regional para negociar con las potencias industriales. El desafío consiste en superar una estructura económica que frecuentemente enfrenta a los productores latinoamericanos entre sí mientras concentra la transformación industrial, la financiación y la comercialización en mercados externos.
El litio, el petróleo y el cacao ilustran las posibilidades y limitaciones de esta estrategia. La región dispone de recursos minerales y energéticos importantes, pero captura una proporción desigual del valor añadido de los productos que exporta. La comparación entre el precio de las materias primas agrícolas y el de determinados productos finales de lujo es ilustrativa, aunque no debe interpretarse como una medida directa de los márgenes empresariales. La propuesta de coordinar empresas petroleras nacionales, fortalecer cadenas regionales de transformación y desarrollar mecanismos propios de comercialización exige inversiones, acuerdos regulatorios y capacidades tecnológicas que no surgirán automáticamente de la afinidad política. Claudia Sheinbaum ha defendido precisamente una ampliación de los acuerdos comerciales complementarios con Brasil, sin asumir que una apertura indiscriminada beneficiaría a todos los sectores productivos mexicanos.
El geoestratega Dennis Small ha planteado una respuesta más contundente para las dificultades financieras que enfrentará el próximo gobierno de Lula. Su propuesta comprende controles sobre movimientos de capital, una reducción extraordinaria de los intereses, el impulso del ferrocarril bioceánico mediante cooperación con China y Perú, la orientación del crédito bancario hacia proyectos productivos, medidas de protección frente a posibles represalias comerciales y financieras, alternativas a SWIFT y una nueva unidad de inversión vinculada a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái. Small propone recuperar principios de crédito productivo hamiltoniano y sistemas de paridades cambiarias estables para limitar la especulación.
La magnitud del problema brasileño justifica examinar esas propuestas, aunque sus riesgos no deben minimizarse. Small estima que una deuda pública cercana a once billones de reales y elevados costos financieros absorben recursos que podrían destinarse al desarrollo. La tasa Selic oficial, sin embargo, ya había descendido hasta el 13,75% en septiembre de 2026. Además, una reducción administrativa de los tipos de interés al 2% no produciría automáticamente los ahorros calculados, porque la deuda existente presenta diferentes vencimientos, condiciones contractuales e indexaciones. Los controles financieros y una modificación brusca de las paridades también podrían generar presiones inflacionarias, conflictos jurídicos y dificultades comerciales. La utilidad fundamental de la propuesta reside en recuperar una pregunta frecuentemente excluida del debate económico: ¿debe organizarse el crédito nacional principalmente alrededor de la rentabilidad financiera o de la creación de capacidades productivas duraderas?
La respuesta conecta con las tesis de Glázyev, Sújarev y Lyndon LaRouche sobre la necesidad de reconstruir sistemas de crédito orientados al desarrollo científico e industrial. También permite comprender por qué el fortalecimiento de los BRICS no debería reducirse a una confrontación monetaria contra el dólar. Una arquitectura financiera verdaderamente alternativa necesitará financiar ferrocarriles, energía, agricultura avanzada, hospitales, comunicaciones, investigación y transferencia tecnológica. La soberanía no se garantiza únicamente mediante una moneda diferente, sino mediante la capacidad efectiva de producir aquello que la sociedad necesita y conservar las instituciones que permiten administrarlo.
En definitiva, los acontecimientos de la última semana han proporcionado indicios significativos de la transformación anticipada en mi ensayo precursor. La corrección de los mercados tecnológicos, la revisión de grandes operaciones de financiación, el deterioro de las perspectivas fiscales francesas, el fortalecimiento de mecanismos monetarios europeos, la militarización de infraestructuras estratégicas, los ciberataques contra sistemas civiles y la preparación institucional para interrupciones prolongadas muestran que las contradicciones examinadas anteriormente están adquiriendo expresiones cada vez más concretas. Pero todavía no se ha demostrado que exista un colapso financiero generalizado, una apropiación coordinada de los centros de datos, una ruptura entre la Reserva Federal y el BCE o un plan deliberado para desencadenar acontecimientos apocalípticos. Reconocer esa diferencia no debilita las previsiones: permite determinar cuáles comienzan a materializarse y cuáles continúan siendo escenarios de riesgo.
El problema histórico fundamental consiste en que las grandes potencias enfrentan simultáneamente una crisis de los mecanismos de financiación, una transformación tecnológica de dimensiones extraordinarias y una competencia militar que amenaza las condiciones materiales de la existencia humana. Frente a estas contradicciones, la reorganización del orden mundial podría desembocar en una mayor concentración de activos, una fragmentación agresiva de los espacios económicos o una arquitectura de cooperación capaz de vincular soberanía, seguridad y desarrollo. Ninguno de esos desenlaces está predeterminado. Pero la dirección de los acontecimientos confirma la pertinencia de la cuestión planteada anteriormente: el poder del futuro dependerá menos de las declaraciones formales de hegemonía que de la capacidad para controlar la energía, las comunicaciones, el dinero y las infraestructuras que sostienen la vida.
La verdadera medida del nuevo orden mundial será, por tanto, quién podrá garantizar a las sociedades el acceso al agua, la electricidad, los alimentos, el conocimiento y los medios de intercambio cuando las estructuras financieras y militares heredadas entren en crisis. Una civilización que protege sus arsenales mientras abandona sus servicios esenciales, que desarrolla tecnologías avanzadas mientras debilita sus comunidades y que multiplica su riqueza financiera sin ampliar las posibilidades materiales de sus pueblos no habrá superado las contradicciones del orden anterior. Solamente las habrá trasladado a una escala más peligrosa. La alternativa histórica consiste en recuperar la finalidad humana del desarrollo y construir instituciones capaces de impedir que la reorganización del poder económico termine convirtiéndose en una reorganización de la dependencia.
Fuentes consultadas
José Luis Preciado. Lula arrebata a Washington el alma de Brasil, el Sur Global desafía el control occidental de energía, datos y dinero, y el viejo orden, desesperado, prepara lo apocalíptico. Mente Alternativa. Octubre de 2026.
Serguéi Glázyev. Yalta 2.0: Por qué Rusia, Estados Unidos y China deben acordar nuevas reglas para el orden mundial. Vedomosti. 27 de octubre de 2026.
Dennis Small. Glazyev: This Financial Bubble Is Going to Burst in Any Case. EIR. 2 de noviembre de 2026.
Andrei Fursov. La realización de los objetivos de los ultraglobalistas implica la destrucción de todo aquello que creó la civilización humana. 29 de octubre de 2026.
Kamil Askerkhanov. Por qué no le daría a los resultados de las elecciones de hoy la importancia trascendental que se les intenta atribuir. 3 de noviembre de 2026.
Elena Panina. Polonia entre Estados Unidos y la UE: un «Maidan» propio basado en el Tribunal Constitucional. Russtrat. Noviembre de 2026.
Inna Afinogenova. Lula y Sheinbaum: la alianza que puede cambiar América Latina y desafiar a Trump. La Base América Latina..
Mónica Fuentes. CDMX te recuerda la mochila de emergencia en medio de llamado mundial a almacenar suministros. El Economista. 2 de noviembre de 2026. Otras fuentes complementan esta documentación sobre preparación civil, riesgos de apagones, ciberataques y vulnerabilidad de infraestructuras. Material complementario consultado. Octubre-noviembre de 2026.
OpenAI Slashes Funding Target by $10bn as Tech Anxieties Mount. Financial Times. 31 de octubre de 2026.
Wall Street Closes Sharply Lower as AI Cash Burn Fears Spark Tech Selloff. Reuters. 30 de octubre de 2026.
Fitch Revises France’s Outlook to Negative on Worsening Debt Dynamics. Reuters. 30 de octubre de 2026.
Philip R. Lane. Euro Liquidity Lines and the International Monetary System. Banco Central Europeo. 21 de octubre de 2026.
Banco Central Europeo. ECB President Lagarde to Step Down on 7 February 2027. BCE. 29 de octubre de 2026.
Banco de Pagos Internacionales. OTC Derivatives Statistics at End-June 2025. BIS. 8 de diciembre de 2025.
Thierry Meyssan. Fracasa en Polonia el golpe de Estado organizado por la Unión Europea y Alemania. Red Voltaire. 3 de noviembre de 2026.
Anna Wlodarczak-Semczuk y Marek Strzelecki. What’s Behind Poland’s Constitutional Crisis?. Reuters. 2 de noviembre de 2026.
Morgan Phillips. Inside the Pentagon’s Doomsday Plan to Keep America Fighting if Global War Erupts. Fox News. 25 de octubre de 2026.
Ashley Roque. Pentagon Eyes Public-Private Partnerships to Help Fund FORTRESS America Homeland Base Plan. Breaking Defense. 30 de octubre de 2026.
Gobierno del Reino Unido. Households Encouraged to Take Small, Simple Steps to Stay Prepared in an Emergency. Cabinet Office. 22 de octubre de 2026.
Ministerio de Defensa del Reino Unido. UK to Lead Multinational Military Training Exercise to Prepare for Peace in Ukraine. GOV.UK. 3 de noviembre de 2026.
Departamento de Defensa Nacional de Polonia. Strategic Partnership of Poland and Great Britain: Three-Year Defence Cooperation Plan Signed. Gobierno de Polonia. 27 de octubre de 2026.
Trump White House Maps Path to Govern Without Congress if Democrats Win. Reuters. 1 de noviembre de 2026.
Saudi Defence Pact Countries Push for Peace in Tehran as Houthis Launch More Attacks. Reuters. 26 de octubre de 2026.
Iran, US Still Far Apart on Deal to End War as Qatar Pushes Mediation. Reuters. 3 de noviembre de 2026.
