Por José Luis Preciado
La historia económica atraviesa uno de esos períodos excepcionales en los que las instituciones heredadas de una época continúan funcionando mientras las condiciones materiales que justificaron su existencia comienzan a desaparecer. No estamos presenciando únicamente una redistribución del poder entre Estados Unidos, China, Rusia y las potencias emergentes, sino una confrontación mucho más profunda por la capacidad de determinar quién produce la riqueza, quién controla sus fundamentos tecnológicos, quién administra el dinero y quién establece las reglas de propiedad del sistema que habrá de suceder al orden vigente. Los análisis de Dennis Small y Harley Schlanger, vinculados a la organización de Lyndon LaRouche y a Executive Intelligence Review; las reflexiones de Jeffrey Sachs sobre la crisis estratégica occidental; la declaración de la candidata presidencial estadounidense Diane Sare difundida por EIR News Service; las investigaciones del economista ruso Oleg Sújarev publicadas en Inversiones en Rusia; las advertencias del analista tecnológico Ed Zitron sobre la financiación de la inteligencia artificial, y las observaciones del especialista en tecnologías financieras Anthony Welfare, antiguo responsable de proyectos de monedas digitales en Ripple, permiten examinar las distintas dimensiones de esta transformación. Consideradas junto con las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, las iniciativas diplomáticas chinas, los movimientos de los bancos centrales hacia el oro y la creciente incorporación de activos digitales al sistema financiero, estas aportaciones conducen a una tesis fundamental, como ya he planteado en artículos previos: el nuevo orden económico no quedará definido exclusivamente por las monedas que circulen o las potencias que prevalezcan, sino por la titularidad efectiva de la infraestructura que hará posible la producción, la comunicación, el intercambio y la propia administración de la vida económica.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el 25 de octubre de 2026, constituye una manifestación política particularmente significativa de este proceso. El presidente brasileño consiguió revertir una desventaja electoral y obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, con más de 64,2 millones de sufragios y una diferencia superior a 4,4 millones. En la primera vuelta, celebrada tres semanas antes, Bolsonaro había aventajado a Lula por aproximadamente dos puntos porcentuales. La inversión de esas posiciones representa un acontecimiento sin precedentes desde el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas en Brasil en 1989. Sin embargo, su importancia trasciende la aritmética electoral. La movilización juvenil que se extendió por numerosas ciudades, acompañada progresivamente por sectores sociales de distintas generaciones, permitió trasladar el debate desde las acusaciones recíprocas de corrupción hacia una cuestión de mayor alcance histórico: el derecho de Brasil a determinar soberanamente su orientación económica y sus relaciones internacionales. Dennis Small interpreta esta victoria como un fortalecimiento de la voz del Sur Global, mientras Celso Amorim, asesor especial de Lula, la relaciona con la resistencia a una estrategia hemisférica estadounidense que pretende subordinar las decisiones de América Latina a las prioridades de seguridad de Washington.
La recuperación del lenguaje de la soberanía resultó decisiva en la fase final de la campaña. Lula contrapuso la defensa de la bandera brasileña a lo que describió como la disposición de sus adversarios a gobernar conforme a las preferencias estadounidenses. Su afirmación de que Brasil es demasiado grande para convertirse en el patio trasero de otra potencia sintetiza una contradicción que atraviesa toda la arquitectura internacional. Washington considera el continente americano una región de interés estratégico fundamental, mientras las mayores economías latinoamericanas han desarrollado relaciones comerciales, financieras y tecnológicas cuya continuidad depende precisamente de conservar márgenes de autonomía. La importancia económica de China para Brasil, como principal destino de una proporción cercana al 30% de sus exportaciones, hace extraordinariamente costosa cualquier tentativa de reorganizar unilateralmente sus relaciones exteriores. A ello se agrega la dependencia de suministros rusos de fertilizantes y productos energéticos, particularmente relevantes para una agricultura brasileña que participa de manera decisiva en el comercio mundial de alimentos. Estas interdependencias no convierten automáticamente a Brasil en un aliado incondicional de Moscú o Pekín, pero reducen considerablemente la viabilidad material de una política exterior basada en alineamientos exclusivos.
La victoria presidencial tampoco elimina las contradicciones internas brasileñas. Flávio Bolsonaro conserva el respaldo de casi sesenta millones de electores y su corriente política mantiene una representación considerable en el Congreso y en los gobiernos regionales. El Partido Liberal obtuvo 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, mientras el panorama del Senado favorece a fuerzas conservadoras y centristas. Para gobernar, Lula tendrá que negociar con el llamado Centrão, una constelación de partidos y dirigentes que privilegian los acuerdos presupuestarios y territoriales sobre las afinidades doctrinales. La división geográfica también resulta reveladora: el Nordeste mantiene una identificación más intensa con los programas sociales y las políticas redistributivas, mientras sectores agrícolas y empresariales del sur y centro-oeste favorecen las propuestas conservadoras. Esta fragmentación adquiere mayor gravedad en un país sometido simultáneamente a presiones de deuda, tipos de interés elevados y demandas contradictorias sobre el gasto público. Por consiguiente, la soberanía brasileña deberá ejercerse no solamente frente a las presiones externas, sino también frente a la capacidad de los intereses financieros y las estructuras parlamentarias para condicionar la política de desarrollo nacional.
Las impugnaciones electorales anunciadas por Bolsonaro, relacionadas con la ampliación extraordinaria de los horarios de votación debido a problemas de transporte y condiciones meteorológicas, ilustran esta tensión. Aunque la controversia procesal merece un examen institucional, no se han presentado pruebas suficientes de que la medida alterara el resultado de una elección decidida por millones de votos. Más allá de la disputa judicial, su prolongación podría alimentar un escenario de inestabilidad política en el que la polarización parlamentaria, las dificultades presupuestarias y las reacciones de los mercados financieros se refuercen mutuamente. La interpretación de Dennis Small, según la cual importantes intereses de la City de Londres, Wall Street y Washington habrían apostado por un cambio de orientación brasileño para debilitar a los BRICS, constituye una hipótesis política que adquiere solidez ahora que el Tribunal Supremo de Brasil ordenó a la Policía Federal investigar un posible financiamiento ilegal proveniente de Estados Unidos para la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. Lo indudable es que la continuidad de Brasil dentro de los BRICS constituye un elemento estratégico para la cooperación entre economías emergentes y que una eventual retirada habría modificado el equilibrio diplomático de esa agrupación. En este sentido, la felicitación de otros gobiernos latinoamericanos, incluidos algunos ideológicamente distantes de Lula, confirma la persistencia de un principio institucional que trasciende las diferencias partidistas: la legitimidad de la soberanía electoral como fundamento de las relaciones entre Estados.
Diane Sare ha situado esta cuestión en un marco histórico más amplio. En su declaración del 22 de octubre, la candidata presidencial independiente estadounidense reivindicó las tradiciones anticoloniales de los fundadores de Estados Unidos, argumentando que el proyecto republicano de George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton y John Quincy Adams no fue concebido para perpetuar una hegemonía mundial, sino para demostrar que el desarrollo y la prosperidad de una nación podían fortalecer la libertad de otras. Desde esta perspectiva, la cooperación entre Estados Unidos y los BRICS no tendría por qué representar una derrota estadounidense, sino una oportunidad para abandonar las rivalidades de suma cero. La referencia de Sare a Lyndon LaRouche y a sus propuestas de desarrollo iberoamericano recuerda una tradición de pensamiento económico que considera la infraestructura, la industrialización y el progreso científico condiciones indispensables de una soberanía efectiva. Su planteamiento adquiere especial relevancia frente a doctrinas como el llamado Escudo de las Américas, interpretado por sus críticos como una tentativa de restaurar una relación jerárquica entre Washington y el hemisferio occidental.
La importancia de Brasil resulta todavía mayor cuando se relaciona con los acontecimientos diplomáticos registrados en China. El 23 de octubre, durante el Foro de Gobernanza Global celebrado en Xiong’an, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi presentó una concepción de la política internacional en la que el desarrollo deja de considerarse una consecuencia secundaria de la estabilidad para convertirse en su fundamento indispensable. La propuesta china reivindica el derecho al desarrollo como una prioridad de la agenda internacional de derechos humanos, defiende la reforma de las instituciones multilaterales y sostiene que la participación del Sur Global debe ampliarse no solamente para corregir desigualdades históricas, sino también para enriquecer intelectualmente los mecanismos de gobernanza. China vincula esta orientación con la cooperación científica, la gobernanza de la inteligencia artificial, la regulación del espacio ultraterrestre y el fortalecimiento de instituciones capaces de formular alternativas al funcionamiento actual del sistema internacional. Wang Yi caracterizó el ascenso del Sur Global como una de las transformaciones más trascendentales ocurridas desde la Segunda Guerra Mundial, una afirmación que expresa la ambición de modificar las relaciones de representación y autoridad consolidadas durante el período de predominio occidental.
Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller y participante en aquel foro, destacó la importancia filosófica de estas propuestas. Su interpretación establece una relación entre el progreso material de las sociedades y la noción clásica del bien común, particularmente desarrollada en la tradición platónica. La cuestión no consiste simplemente en aumentar la representación de determinados Estados dentro de organismos ya existentes, sino en transformar el criterio mediante el cual se juzga la legitimidad de las decisiones internacionales. Si el crecimiento productivo, la educación, la salud, las infraestructuras y el desarrollo científico constituyen condiciones necesarias para una vida humana digna, entonces una arquitectura económica que impide sistemáticamente a determinadas sociedades acceder a esas capacidades presenta una deficiencia estructural, independientemente de su estabilidad financiera. Desde esta perspectiva, la gobernanza global no debería limitarse a administrar equilibrios monetarios o contener conflictos una vez iniciados, sino establecer las condiciones económicas que reduzcan las causas materiales de la confrontación.
Esta discusión introduce una distinción decisiva entre multipolaridad y desarrollo. La multiplicación de centros de poder no garantiza por sí misma un sistema internacional más justo. Una estructura organizada alrededor de varias potencias podría reproducir relaciones de subordinación si cada una impusiera jerarquías rígidas dentro de su respectiva esfera de influencia. La verdadera transformación dependerá de que el ascenso de China, India, Brasil y otros países permita ampliar las posibilidades de progreso de sociedades que históricamente han permanecido subordinadas a centros externos de decisión. Tampoco puede suponerse que las grandes potencias emergentes carezcan de contradicciones internas, ambiciones estratégicas o intereses económicos propios. La importancia de la propuesta china reside, por tanto, en que desplaza el centro conceptual de la discusión desde la mera distribución del poder hacia las obligaciones que deberían acompañar su ejercicio.
En esta coyuntura adquiere relevancia la posibilidad de una reunión entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, presentó la perspectiva de un diálogo entre las tres potencias como una oportunidad para comenzar a recuperar la estabilidad en unas relaciones internacionales sometidas a tensiones extraordinarias. No obstante, las gestiones diplomáticas conocidas hasta finales de octubre todavía no convierten ese encuentro trilateral en un acontecimiento confirmado. Su sola posibilidad, sin embargo, ha adquirido un peso estratégico considerable. Un acuerdo entre Washington, Moscú y Pekín sobre seguridad nuclear, conflictos regionales, comercio y principios de convivencia internacional podría modificar los cálculos de numerosos gobiernos que actualmente dependen de la confrontación entre esas potencias para conservar determinadas posiciones políticas o económicas.
El debate sobre un hipotético Yalta 2, desarrollado en las páginas editoriales de The Wall Street Journal, ilustra la profundidad de esas inquietudes. El periódico ha advertido que Trump podría intentar establecer grandes acuerdos con Rusia y China a costa de sus compromisos tradicionales con Ucrania, Europa y determinados aliados asiáticos. Sin embargo, la analogía con Yalta presenta limitaciones históricas evidentes. En 1945, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido habían combatido como aliados contra las potencias del Eje; en 2026, Washington, Moscú y Pekín mantienen importantes contradicciones estratégicas y económicas. La negociación entre adversarios no presupone necesariamente una distribución concertada del mundo ni implica que sus diferencias hayan desaparecido. También puede responder a una constatación elemental: ninguna de las tres potencias dispone de recursos ilimitados para sostener simultáneamente todos sus compromisos militares, económicos y tecnológicos. La presión estadounidense sobre Rusia en Ucrania, las tensiones con China alrededor de Taiwán y la confrontación con Irán generan exigencias estratégicas que pueden favorecer negociaciones parciales sin desembocar en una asociación duradera.
Jeffrey Sachs ha insistido en una cuestión relacionada: la incapacidad de Europa para formular una arquitectura propia de seguridad constituye una vulnerabilidad histórica que no puede resolverse mediante la acumulación indefinida de armamento. En sus intervenciones ante representantes europeos, el economista estadounidense ha cuestionado la expansión de la OTAN y las decisiones adoptadas desde el final de la Guerra Fría, recuperando las propuestas de una estructura continental de seguridad que no excluyera a Rusia. Su análisis atribuye una parte importante de la confrontación actual a la sustitución de aquella oportunidad de cooperación por mecanismos de expansión militar y rivalidad geopolítica. Aunque esta interpretación no agota las responsabilidades de los distintos gobiernos en los conflictos posteriores, plantea una pregunta que las instituciones europeas deberán responder: ¿puede existir seguridad duradera en un continente cuya arquitectura militar se construye sobre la exclusión permanente de una de sus principales potencias? Sachs también ha advertido sobre la posibilidad de que Estados Unidos atraviese un período prolongado de crisis política interna y comportamiento internacional imprevisible. Si esa evaluación resulta acertada, la dependencia estratégica europea podría convertirse en una fuente creciente de inseguridad.
Paradójicamente, mientras se discute la posibilidad de un acercamiento diplomático entre las grandes potencias, otros Estados buscan reforzar sus propias capacidades de negociación. La reunión celebrada el 23 de octubre en Estambul, con la participación de Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, constituye un ejemplo. Oficialmente, los ministros abordaron los conflictos de Oriente Medio, la cuestión palestina, la seguridad marítima, las tensiones en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb y la estabilidad del mar Negro. Los participantes defendieron la continuidad del diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas. Sin embargo, la composición geográfica y económica de este formato permite identificar una convergencia potencial entre capacidades que hasta ahora habían operado dentro de estructuras parcialmente separadas: capital financiero, industria europea, recursos energéticos de Oriente Medio, fuerzas militares regionales y control de corredores comerciales estratégicos.
Una interpretación geopolítica especialmente sugerente describe esta reorganización como una confrontación entre dos principios de poder. El primero corresponde a estructuras estatales territorialmente definidas, articuladas alrededor de grandes centros industriales, militares, tecnológicos y monetarios. El segundo se relaciona con redes transnacionales de finanzas, comercio, aseguramiento, jurisdicciones legales, comunicaciones y propiedad que operan a través de las fronteras. En este modelo, Estados Unidos, Rusia y China representarían grandes núcleos de reorganización territorial, mientras una constelación de intereses históricamente vinculados a la arquitectura financiera británica, denominada por algunos analistas Londres Global, buscaría conservar su capacidad de influencia mediante conexiones que no dependen exclusivamente de un gobierno nacional. Esta formulación debe entenderse como un modelo interpretativo y no como la demostración de una autoridad central clandestina. Las redes financieras internacionales contienen instituciones, empresas y grupos competidores cuyos objetivos frecuentemente divergen. Su influencia puede ser considerable sin que exista una dirección única capaz de coordinar todas sus decisiones.
La utilidad de esa distinción reside en que permite comprender cómo la soberanía formal de un Estado puede coexistir con dependencias económicas capaces de condicionar sus decisiones fundamentales. Un gobierno puede conservar el reconocimiento jurídico sobre su territorio y, al mismo tiempo, depender de sistemas extranjeros de pagos, aseguradoras internacionales, proveedores tecnológicos, cadenas de suministro, contratos de deuda y operadores de comunicaciones. Bajo esas condiciones, la pregunta verdaderamente decisiva no es solamente quién ocupa la presidencia o controla un parlamento, sino quién puede interrumpir el abastecimiento energético, bloquear una transferencia financiera, suspender una licencia tecnológica o determinar la jurisdicción aplicable a un activo estratégico. La soberanía del siglo XXI se mide también por la capacidad de mantener funcionando los sistemas materiales y digitales de los que depende la sociedad.
Turquía representa una expresión particularmente visible de esta transformación. Su posición entre Europa, el mar Negro, el Mediterráneo oriental y Oriente Medio le confiere una importancia que excede ampliamente su peso económico nominal. La infraestructura de Ceyhan, los corredores energéticos vinculados al Cáucaso y al Caspio, las conexiones con Irak, el control de los estrechos turcos y las posibilidades de establecer nuevas rutas desde la península arábiga a través de Siria convierten a Ankara en un actor indispensable para cualquier reorganización del abastecimiento energético europeo. Los recursos del Levante mediterráneo, incluido el yacimiento israelí Leviatán, añaden otra dimensión a esta competencia, particularmente por las tensiones existentes entre Turquía, Israel, Grecia y Chipre. Los acercamientos diplomáticos de Alemania, Canadá y Reino Unido hacia Ankara, así como las conversaciones sobre cooperación industrial militar, financiación de defensa y comercio, reflejan el interés de distintos centros de poder por participar en la futura configuración de esos corredores.
El presidente Recep Tayyip Erdogan procura conservar su margen de maniobra entre Washington, Londres, Moscú y Pekín. Pero esa estrategia enfrenta una contradicción difícil de resolver: varios actores internacionales necesitan una Turquía suficientemente fuerte para garantizar determinadas funciones militares y logísticas, aunque una Turquía plenamente independiente en el control de las principales rutas energéticas también podría limitar sus intereses. La competencia por Ankara no se reduce, por consiguiente, a alianzas diplomáticas. Se extiende hacia la composición de sus élites, sus relaciones financieras, el desarrollo de su industria de defensa y las condiciones de acceso de Europa a los hidrocarburos de Oriente Medio. Cuanto mayor sea la importancia de los corredores físicos de energía para la seguridad industrial europea, mayor será también el poder de quienes puedan establecer sus tarifas, garantizar su funcionamiento o interrumpirlos.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán convierte estas cuestiones en una amenaza inmediata para la economía internacional. El estrecho de Ormuz no constituye únicamente una ruta marítima para el transporte de petróleo y gas natural licuado. Su entorno forma parte de un sistema de interdependencias que incluye terminales energéticas, instalaciones petroquímicas, plantas desalinizadoras, redes eléctricas, aeropuertos, puertos, centros de datos y comunicaciones submarinas. Los escenarios de represalia atribuidos a Teherán contemplan posibles ataques contra infraestructura crítica de diversos países del Golfo en caso de una nueva ofensiva contra instalaciones iraníes. Debe distinguirse cuidadosamente entre las capacidades de disuasión anunciadas, los objetivos identificados en análisis militares y las operaciones efectivamente realizadas. No obstante, el riesgo económico resulta evidente: un ataque contra sistemas energéticos, de agua o comunicaciones podría extender las consecuencias de la guerra mucho más allá de las instalaciones militares.
La infraestructura digital añade un elemento particularmente vulnerable. Buena parte del tráfico internacional de información circula por cables submarinos de fibra óptica, cuya interrupción puede afectar mercados financieros, servicios bancarios, plataformas comerciales y operaciones de computación distribuida. Los corredores alternativos que atraviesan Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, Turquía e Israel presentan limitaciones técnicas y riesgos geopolíticos, mientras proyectos como Blue-Raman buscan diversificar las conexiones entre Asia y Europa. Una interrupción localizada no supondría automáticamente la desconexión de la economía mundial, puesto que las redes internacionales cuentan con mecanismos de redundancia y redireccionamiento. Sin embargo, la combinación de múltiples daños físicos, restricciones marítimas, congestión de rutas alternativas y dificultades para realizar reparaciones en una zona de guerra podría provocar perturbaciones graves. En los mercados automatizados, donde la velocidad de transmisión y la disponibilidad continua de información influyen sobre la liquidez, una degradación importante de las comunicaciones puede amplificar la volatilidad y obligar a instituciones financieras a reducir operaciones. El riesgo sería especialmente elevado si coincidiera con interrupciones energéticas y problemas de financiación.
Estas amenazas explican por qué las grandes potencias están reforzando sus programas de continuidad operativa. La iniciativa FORTRESS del Pentágono, divulgada en octubre, contempla preparar instalaciones militares estadounidenses para funcionar durante al menos noventa días sin depender de suministros externos ordinarios. Los proyectos incluyen redes eléctricas independientes, generación energética distribuida, posibles reactores nucleares modulares y reservas estratégicas de combustible y municiones. Se trata de medidas de resiliencia ante escenarios de guerra, ciberataques y desarticulación de cadenas logísticas; su existencia no demuestra que Washington haya previsto un colapso inminente de la infraestructura civil. Sin embargo, pone de manifiesto que la seguridad nacional ya no puede separarse del funcionamiento de las redes eléctricas y de comunicaciones. Una economía completamente digitalizada puede alcanzar niveles extraordinarios de eficiencia, pero también acumular vulnerabilidades sistémicas cuando carece de mecanismos alternativos de operación.
La misma contradicción aparece en la evolución de la disuasión nuclear europea. Francia ha impulsado una iniciativa de disuasión avanzada que contempla ampliar la cooperación con otros países europeos, desarrollar mecanismos compartidos de alerta y comunicaciones y explorar la dispersión de sus medios aéreos con capacidad nuclear. París conserva el control exclusivo sobre las decisiones relativas a su arsenal, mientras los países participantes buscan complementar unas garantías estadounidenses cuya credibilidad política se encuentra sometida a mayores cuestionamientos. La cooperación francesa puede complicar los cálculos estratégicos rusos, pero también introduce nuevos problemas de percepción, coordinación y escalada. Los sistemas de disuasión buscan impedir una guerra elevando su costo potencial; sin embargo, cuando cada actor interpreta las medidas defensivas del adversario como preparativos ofensivos, la acumulación de capacidades puede aumentar precisamente los riesgos que pretende neutralizar. Las tensiones alrededor de Ucrania, Oriente Medio y Taiwán revelan la necesidad de restaurar canales de negociación sobre armamentos, seguridad recíproca y prevención de incidentes.
Frente a la extensión de esta lógica militar, el encuentro interreligioso celebrado en Asís ofrece un contrapunto moral de considerable importancia. El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, cuestionó la normalización de la guerra y la tendencia a considerar el rearme permanente como condición inevitable de la seguridad. Su planteamiento distingue la defensa legítima y proporcionada de las doctrinas que utilizan la noción de guerra justa para justificar intervenciones ofensivas. El papa León XIV, mediante un mensaje dirigido a los participantes, reafirmó el rechazo de la legitimación religiosa de la guerra y la necesidad de reconstruir la diplomacia y el diálogo entre civilizaciones. Helga Zepp-LaRouche ha identificado en esta convergencia entre la reivindicación china del desarrollo y la insistencia pontificia en la paz una posibilidad de articulación moral internacional. La vinculación no implica identidad doctrinal entre sistemas políticos y religiosos profundamente diferentes, sino la existencia de un terreno común: la convicción de que la seguridad humana no puede reducirse a la capacidad de destrucción acumulada por los Estados.
Pero ninguna arquitectura internacional de paz será estable si carece de una economía capaz de sostenerla. Aquí adquiere una importancia singular la investigación de Oleg Sújarev sobre la transformación estructural de la economía y el surgimiento de un nuevo orden económico mundial. Partiendo de la clasificación elaborada por Serguéi Gláziev, el economista ruso describe una sucesión histórica de órdenes comerciales-monopolistas, coloniales, imperiales e integrales, asociados a diferentes paradigmas tecnológicos y modalidades de organización institucional. Según este enfoque, la transición hacia el orden integral, iniciada alrededor del comienzo del siglo XXI, se caracteriza por la creciente interdependencia entre poder estatal, ciencia, tecnología, producción y organización social. Las biotecnologías, la genética, los nuevos materiales, la nanotecnología, las aplicaciones cuánticas, la medicina avanzada, la industria espacial y las tecnologías ambientales pasarían a constituir componentes esenciales de la competencia económica. Sújarev atribuye al séptimo paradigma tecnológico una creciente especialización productiva en la preservación ecológica y la supervivencia de los sistemas naturales.
La originalidad de su planteamiento radica en que rechaza la interpretación del Estado como un agente meramente exterior al funcionamiento de la economía. El sector público no actuaría únicamente para corregir fallos de mercado, redistribuir recursos o imponer regulaciones a empresas privadas, sino como un elemento orgánico de la propia producción de capacidades económicas. La eficacia de su intervención dependería de la calidad institucional, la coordinación entre organismos públicos y privados, la selección de prioridades tecnológicas y la capacidad de movilizar recursos hacia actividades de importancia estratégica. Bajo esta perspectiva, las relaciones mecánicas entre tamaño del Estado y crecimiento económico resultan insuficientes. Las interpretaciones convencionales de la ley de Wagner, la curva de Armey-Rahn y los supuestos límites óptimos del gasto público no permiten explicar por sí solas cómo determinadas economías han conseguido sostener procesos prolongados de industrialización. China constituye para Sújarev un ejemplo fundamental: su expansión económica no puede comprenderse sin considerar la planificación estratégica, la inversión pública, la coordinación industrial y la capacidad institucional para integrar tecnologías en cadenas productivas completas.
Esta interpretación se relaciona con la doctrina de las dos fuerzas, política y económica, que se refuerzan mutuamente. El poder productivo permite ampliar la influencia diplomática y militar, mientras las decisiones políticas pueden facilitar o restringir el desarrollo tecnológico y económico. La transición de un orden internacional a otro intensifica esa reciprocidad, puesto que las potencias establecidas procuran conservar sus posiciones y las emergentes buscan acceder a mercados, conocimientos, recursos y sistemas de financiación. La competencia contemporánea no se limita a los bienes terminados: comprende universidades, centros de investigación, propiedad intelectual, cadenas de suministro, infraestructura energética y capacidad para formar trabajadores altamente especializados. Un país puede disponer de recursos naturales abundantes y, sin embargo, quedar subordinado si depende de tecnologías extranjeras para extraerlos, transformarlos, transportarlos y comercializarlos.
El estudio de Sújarev introduce además una crítica relevante a determinadas interpretaciones de la automatización. Las investigaciones de Daron Acemoglu, Pascual Restrepo, Philippe Aghion y otros economistas han examinado los efectos de las nuevas tecnologías sobre el desplazamiento del empleo, los salarios, la desigualdad y el crecimiento. Sújarev considera que algunos de estos enfoques conceden una importancia excesiva a la sustitución de trabajadores y no incorporan suficientemente la acumulación combinatoria de tecnologías, la dependencia histórica de las trayectorias productivas y la creación de ocupaciones cualitativamente nuevas. Una tecnología puede eliminar determinados puestos de trabajo y simultáneamente generar actividades que requieren formación, mantenimiento, diseño, operación y capacidades diferentes. No se trata de recuperar automáticamente los empleos desaparecidos, sino de reorganizar la estructura laboral. La inteligencia artificial intensifica esta transformación, aunque su capacidad de proponer soluciones o generar algoritmos no equivale necesariamente a la posibilidad de implementarlos materialmente sin intervención humana.
Los datos examinados sobre Rusia ilustran la importancia de distinguir estos fenómenos. Durante buena parte del período comprendido entre 2000 y 2022, la industria manufacturera rusa perdió trabajadores sin registrar un aumento tecnológico equivalente. Sújarev denomina a esta situación pseudoefecto de dualismo tecnológico, porque el desplazamiento laboral no respondía a una automatización productiva suficientemente avanzada. Entre 2023 y 2024 identificó, por el contrario, cierta recuperación simultánea del empleo industrial y de la incorporación de tecnologías, fenómeno que caracteriza como antiefecto de dualismo tecnológico. Sin embargo, el análisis también descubre limitaciones importantes: predominio del sector transaccional en determinadas contribuciones al crecimiento, desplazamiento prolongado de capital hacia actividades ajenas a la manufactura, fragmentación de cadenas tecnológicas y una relación insatisfactoria entre innovación y productividad. La caída de la inversión durante 2013-2017 encontró una nueva manifestación en 2025-2026, con un retroceso de la inversión estimado en 9,8% durante el primer semestre de 2026. Aunque el consumo, las exportaciones netas y el gasto público contribuyeron a sostener el PIB, esta composición no garantiza una renovación tecnológica suficiente.
El resultado contradice cualquier interpretación simplista según la cual Rusia habría alcanzado automáticamente un desarrollo industrial avanzado como consecuencia de las sanciones occidentales o de su reorientación hacia Eurasia. Sújarev advierte que, sin una transformación deliberada de las políticas macroeconómicas, científicas y productivas, el país podría quedar rezagado en los paradigmas tecnológicos que determinarán el futuro. También cuestiona la caracterización de Rusia como una economía cuyo crecimiento depende exclusivamente de la extracción de materias primas. Su análisis distingue entre la contribución de los hidrocarburos a las exportaciones y a los ingresos presupuestarios y la composición efectiva del crecimiento sectorial. La dependencia de las materias primas constituye un problema real, pero no explica por sí sola la totalidad de la estructura productiva rusa. La cuestión decisiva reside en superar un modelo de crecimiento que conserva capacidades industriales importantes sin conseguir todavía integrarlas en una dinámica tecnológica suficientemente amplia. La soberanía política carece de una base durable cuando no está acompañada de soberanía científica, industrial y tecnológica.
Esta conclusión permite reconsiderar la transformación económica estadounidense. En lugar de concentrarse exclusivamente en la restauración de sectores manufactureros tradicionales, Estados Unidos está movilizando enormes cantidades de capital hacia la infraestructura de inteligencia artificial, los semiconductores, la computación avanzada y el suministro energético necesario para sostenerla. Sin embargo, la velocidad de esa inversión ha comenzado a generar interrogantes sobre la relación entre costos presentes e ingresos futuros. El 14 de octubre, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, advirtió que una moratoria sobre la construcción de centros de datos podría empujar a la economía estadounidense hacia la recesión, dada la importancia adquirida por estas inversiones. Una semana después, Donald Trump exigió que los grandes complejos de procesamiento de datos generaran su propia electricidad, entregaran o vendieran excedentes a las comunidades y ofrecieran beneficios económicos a los habitantes de las regiones donde se instalan. La aparente contradicción entre ambas posiciones revela una tensión fundamental: el capital financiero necesita continuidad en el ciclo de inversiones, mientras el poder político enfrenta los costos energéticos, ambientales y sociales derivados de su expansión.
La importancia de este proceso aparece con claridad en el Global Financial Stability Report del Fondo Monetario Internacional, publicado en octubre de 2026. El organismo examinó catorce grandes operaciones de financiación interrelacionada realizadas desde 2023, que reúnen aproximadamente 300.000 millones de dólares en inversiones de capital, 650.000 millones en financiación mediante deuda y compromisos de ingresos futuros por 1,4 billones de dólares. Estas cifras no representan pérdidas realizadas ni pueden sumarse indiscriminadamente como si constituyeran una deuda única. Su relevancia reside en que describen una estructura de dependencia financiera circular: determinadas empresas invierten en compañías de inteligencia artificial que, a su vez, destinan una parte de los recursos recibidos a contratar servicios, capacidad informática y equipos suministrados por sus propios financiadores. Las expectativas de crecimiento sostienen valoraciones elevadas, mientras los compromisos futuros justifican nuevas inversiones. El peligro surge cuando una reducción de los ingresos esperados afecta simultáneamente el valor de las participaciones, la capacidad de pagar las deudas y las perspectivas de rentabilidad de toda la red empresarial.
Ed Zitron ha desarrollado una crítica especialmente severa de este modelo. Su argumento sostiene que una parte considerable del entusiasmo financiero por la inteligencia artificial descansa sobre expectativas todavía insuficientemente respaldadas por una demanda final capaz de cubrir los enormes costos de infraestructura y operación. Los fabricantes de semiconductores obtienen ingresos reales por la venta de equipos, pero la rentabilidad de los operadores que adquieren esos componentes depende de convertir posteriormente la capacidad informática en servicios comercialmente sostenibles. Las grandes plataformas tecnológicas pueden financiar inversiones durante períodos prolongados gracias a otros negocios rentables; las empresas especializadas y los vehículos altamente apalancados presentan, en cambio, una exposición mayor a interrupciones del crédito. La opacidad de ciertas estructuras de financiación privada, las garantías cruzadas y la participación de fondos de pensiones y aseguradoras añaden dificultades para medir los riesgos. No obstante, una corrección bursátil de la inteligencia artificial no implica inevitablemente una crisis bancaria mundial. La magnitud del contagio dependerá de las exposiciones efectivas, los plazos de vencimiento, las garantías, la liquidez disponible y la capacidad de los prestatarios para mantener operaciones aun cuando disminuyan sus valoraciones.
Algunos análisis han propuesto escenarios de rescate extraordinario que alcanzan aproximadamente 2,52 billones de dólares, distribuidos entre necesidades de liquidez de laboratorios de inteligencia artificial, déficits de ingresos de grandes operadores informáticos y pérdidas potenciales asociadas al crédito destinado a centros de datos. Esta cifra debe tratarse como un ejercicio hipotético, no como una estimación oficial del FMI ni como el resultado de pérdidas comprobadas. La utilización de supuestos agregados sobre liquidaciones, ingresos y créditos puede ilustrar la escala potencial de una perturbación, pero no demostrar que un rescate de semejante magnitud vaya a resultar necesario. La referencia a las intervenciones de la Reserva Federal durante 2008-2009, incluidas las facultades extraordinarias previstas en la sección 13(3) de la Ley de la Reserva Federal, muestra que las autoridades monetarias disponen de instrumentos para enfrentar crisis sistémicas. Sin embargo, estas intervenciones pueden implicar diferentes modalidades de préstamos, garantías, compras de activos y operaciones temporales cuya magnitud acumulada no equivale automáticamente a un costo fiscal definitivo. El problema político fundamental permanece: quién absorbe las pérdidas cuando una expansión de capital privado genera infraestructura considerada indispensable para el funcionamiento de toda la sociedad.
La historia ofrece precedentes que permiten examinar esta contradicción. Tras la Gran Depresión, la administración de Franklin D. Roosevelt impulsó una reorganización profunda de las relaciones entre Estado, banca e industria, incluida la creación de la Tennessee Valley Authority en 1933 para desarrollar recursos energéticos e infraestructura regional. El New Deal no constituyó una nacionalización general de la economía, sino una transformación de sus mecanismos de regulación, inversión y coordinación. Durante la crisis de 2008-2009, el gobierno estadounidense adquirió participaciones importantes en instituciones sistémicas como AIG y General Motors, buscando impedir que su colapso provocara consecuencias económicas todavía mayores. En ambos casos, la intervención pública modificó temporalmente las relaciones de propiedad y las condiciones de funcionamiento de sectores estratégicos. Una crisis futura de la infraestructura digital podría generar presiones semejantes, especialmente si determinados operadores privados dejaran de garantizar servicios esenciales para bancos, sistemas administrativos, comunicaciones y defensa.
La diferencia reside en que los activos centrales de la revolución digital no son solamente aplicaciones informáticas o marcas comerciales. Son terrenos, instalaciones industriales, centrales de generación eléctrica, redes de transmisión, edificios especializados, equipos de refrigeración, procesadores, cables, satélites y sistemas de almacenamiento. Una empresa puede perder gran parte de su valoración bursátil sin que desaparezcan físicamente esos activos. Después de una quiebra o reestructuración, la infraestructura puede pasar a nuevos propietarios mediante operaciones judiciales, conversiones de deuda en capital, adquisiciones empresariales o intervenciones estatales. Por consiguiente, una pregunta adquiere una importancia mayor que la cotización inmediata de las acciones tecnológicas: ¿quién conservará el derecho de administrar esas capacidades una vez que hayan sido amortizadas las expectativas financieras que justificaron su construcción?
La magnitud internacional de la inversión vuelve especialmente relevante esta cuestión. En septiembre de 2024, BlackRock, Microsoft y la empresa emiratí MGX anunciaron una asociación para financiar infraestructura de inteligencia artificial con un potencial de inversión de hasta 100.000 millones de dólares, incluyendo instrumentos de deuda. Posteriormente se incorporaron otros participantes, entre ellos capitales soberanos del Golfo. En julio de 2026, un consorcio integrado por MGX, la asociación de infraestructura de inteligencia artificial y Global Infrastructure Partners, perteneciente a BlackRock, completó la adquisición de Aligned Data Centers en una operación que valoró la empresa en aproximadamente 40.000 millones de dólares. Arabia Saudita, mediante su fondo soberano PIF y empresas como HUMAIN, también participa en iniciativas de computación avanzada y asociaciones tecnológicas. De esta manera, una porción del capital acumulado durante décadas mediante la exportación de hidrocarburos está financiando la base física de una economía que aspira a depender cada vez más de datos, inteligencia artificial y servicios digitales.
La simultaneidad entre estas inversiones y la guerra en Oriente Medio introduce un riesgo geoeconómico singular. Las monarquías petroleras participan en proyectos tecnológicos de largo plazo mientras enfrentan presiones sobre sus ingresos, sus infraestructuras energéticas y sus compromisos de seguridad. Si una crisis financiera redujera bruscamente el valor de sus participaciones, y al mismo tiempo sus gobiernos necesitaran liquidez para atender gastos extraordinarios derivados de la inestabilidad regional, podrían verse obligados a vender activos o aceptar condiciones desfavorables en negociaciones de deuda. Bajo determinadas circunstancias, los acreedores mejor capitalizados o las autoridades estatales podrían adquirir posiciones de control sobre infraestructuras construidas con recursos extranjeros. Este escenario sugiere la existencia de un plan deliberado para provocar una crisis y apropiarse posteriormente de los activos. Y aunque tal hipótesis requeriría pruebas sobre estructuras contractuales, distribución de riesgos, derechos de ejecución y decisiones coordinadas de los participantes, sí revela una posibilidad estructural: los inversionistas que financian la construcción de una nueva infraestructura económica no necesariamente serán quienes controlen sus activos después de una crisis sistémica.
Aquí converge la dimensión tecnológica con la monetaria. El sistema financiero internacional está experimentando una digitalización que podría transformar profundamente las modalidades de pago, ahorro, compensación, liquidación y reconocimiento de derechos patrimoniales. El 21 de octubre de 2026, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos publicó la reglamentación definitiva destinada a aplicar la Ley GENIUS sobre monedas estables de pago. Las disposiciones, cuya entrada en vigor está prevista para el 18 de enero de 2027, establecen condiciones para los emisores autorizados, activos de reserva, redención, custodia, gestión de riesgos, supervisión y transparencia. La fecha de enero corresponde a la entrada en vigor futura del marco normativo, no a un acontecimiento que ya haya ocurrido. Su importancia reside en que Estados Unidos está creando una arquitectura jurídica que permite integrar determinadas formas de dinero digital privado al sistema financiero regulado.
Esta transformación no debe confundirse con la desaparición inmediata del efectivo ni con la implantación obligatoria de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Las monedas estables privadas, los depósitos bancarios tokenizados, las monedas digitales de banco central y los criptoactivos descentralizados presentan diferencias importantes de emisión, respaldo, responsabilidad jurídica y gobernanza. Sin embargo, comparten la posibilidad de operar mediante infraestructuras informáticas que registran, verifican y liquidan transacciones utilizando procedimientos distintos de los sistemas bancarios tradicionales. La tokenización puede ampliar las posibilidades de representación digital de bonos, acciones, mercancías, fondos e instrumentos de pago. También permite establecer condiciones de transferencia, custodia y ejecución más automatizadas. Pero la eficiencia técnica no resuelve automáticamente los problemas de privacidad, concentración económica, exclusión financiera o capacidad de intervención sobre las operaciones de los usuarios. Cuando el acceso al dinero depende de plataformas digitales, la gobernanza de esas plataformas se convierte en una cuestión de soberanía y derechos.
Anthony Welfare, quien participó en proyectos de monedas digitales y tecnologías blockchain vinculados a Ripple y trabajó con numerosos bancos centrales, ha destacado que las diferencias entre determinados sistemas de monedas estables y monedas digitales soberanas no residen necesariamente en su tecnología básica, sino en su diseño institucional, las reglas aplicables y las entidades responsables de operarlos. En una entrevista sobre la evolución de XRP Ledger y las aplicaciones financieras de blockchain, explicó que los bancos comerciales suelen interesarse por la velocidad, la liquidación definitiva, la auditabilidad y la seguridad, mientras que las autoridades monetarias enfrentan exigencias adicionales relacionadas con la estabilidad, la distribución, la interoperabilidad y el funcionamiento de los pagos minoristas y mayoristas. Su experiencia con iniciativas como el proyecto de moneda digital de Palaos muestra que la adopción de nuevas tecnologías financieras depende tanto de decisiones políticas y regulatorias como de su rendimiento técnico.
La expansión del ecosistema Ripple, sus servicios de tesorería, custodia, liquidación y monedas estables, incluida RLUSD, forma parte de esta competencia por las infraestructuras financieras. Sin embargo, Ripple, XRP y XRP Ledger no son entidades equivalentes: una empresa, un activo digital y una red tecnológica pueden mantener relaciones estrechas sin constituir jurídicamente lo mismo. Tampoco existe garantía de que una plataforma concreta se convierta en el sistema dominante de los pagos internacionales. Welfare ha subrayado que la adopción bancaria puede avanzar lentamente porque los participantes establecidos conservan incentivos económicos para proteger sus modelos tradicionales de ingresos. Una infraestructura capaz de abaratar radicalmente las transferencias no será adoptada únicamente por su eficiencia si modifica desfavorablemente los beneficios de intermediarios que controlan gran parte del mercado.
La cuestión de la confianza adquiere aquí un significado extraordinario. Welfare ha desarrollado mecanismos de evaluación independiente de proyectos blockchain mediante su iniciativa Trust CBRC, con criterios técnicos, comerciales, regulatorios y operativos que buscan determinar la viabilidad efectiva de las aplicaciones. La utilización de inteligencia artificial para analizar información y apoyar evaluaciones especializadas no elimina la necesidad de supervisión humana ni convierte automáticamente un proyecto en legítimo. En un mercado donde las promesas tecnológicas frecuentemente preceden a los resultados comerciales, la capacidad de verificar casos de uso, identificar riesgos y comprobar la existencia de capacidades operativas representa un componente indispensable del desarrollo institucional. La digitalización financiera no puede sostenerse exclusivamente sobre narrativas de innovación; necesita mecanismos verificables de responsabilidad y protección de los participantes.
Algunas interpretaciones sobre los orígenes de Ripple han intentado relacionar genealógicamente a Ryan Fugger, creador de RipplePay en 2004, con las antiguas dinastías financieras europeas, especialmente la familia de Jakob Fugger, cuya influencia sobre la minería, el crédito y la política imperial del siglo XVI fue extraordinaria. La investigación histórica sobre los Fugger permite comprender cómo las redes privadas de financiación llegaron a condicionar decisiones soberanas, incluyendo la política de los Habsburgo. Sin embargo, más que la continuidad dinástica, la importancia de esos análisis es que permiten recordar que los mecanismos privados de crédito y compensación han influido sobre la organización estatal desde mucho antes de la aparición de las criptomonedas.
En realidad, la tensión entre sistemas estatales y redes financieras transnacionales constituye una característica histórica recurrente del capitalismo. El desarrollo del Imperio británico estuvo acompañado por una extraordinaria expansión de instituciones comerciales, bancarias, aseguradoras y jurídicas capaces de operar internacionalmente, mientras la fuerza militar garantizaba en numerosas ocasiones condiciones de acceso a mercados y recursos. Las violencias del colonialismo británico, desde las políticas imperiales en la India hasta la represión de poblaciones africanas y las atrocidades cometidas contra comunidades indígenas, forman parte indispensable de esa historia. El presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, ha utilizado estos antecedentes para formular acusaciones particularmente severas sobre la responsabilidad histórica británica en el desarrollo de prácticas de dominación y violencia masiva. Sin embargo, resulta necesario distinguir entre la documentación de los crímenes coloniales y la afirmación, mucho más amplia y controvertida, de que el Reino Unido fue el origen directo del fascismo europeo. La investigación histórica exige examinar procesos nacionales, movimientos ideológicos y responsabilidades concretas sin reducir fenómenos complejos a una genealogía política única.
La dimensión histórica resulta particularmente importante cuando se analiza la posibilidad de una transición desde estructuras estatales hacia una concentración supranacional del poder. Las grandes redes financieras pueden conectar jurisdicciones, empresas y gobiernos sin disponer de una autoridad central única. Esa horizontalidad aparente les permite atravesar fronteras y conservar influencia frente a cambios de gobierno. Pero la descentralización no garantiza igualdad entre sus participantes. Si la competencia y las crisis financieras terminan concentrando los mecanismos de pago, la infraestructura informática, los derechos de propiedad y el suministro energético en un número reducido de operadores, una red originalmente dispersa podría generar una jerarquía extraordinariamente poderosa. Bajo ese escenario, la soberanía nacional se debilitaría no necesariamente mediante conquistas territoriales, sino a través de dependencias contractuales, tecnológicas y financieras. Paradójicamente, la victoria de estructuras horizontales sobre instituciones estatales podría culminar en una concentración vertical todavía mayor del poder económico.
Tampoco la reorganización alrededor de grandes potencias territoriales ofrece garantías automáticas. La consolidación de espacios económicos vinculados a Estados Unidos, Rusia o China podría proporcionar estabilidad industrial y monetaria, pero también establecer nuevas subordinaciones regionales. El desarrollo histórico de los imperios demuestra que la concentración estatal puede utilizarse tanto para promover infraestructura y progreso como para imponer relaciones de dependencia. Por consiguiente, la alternativa no debería formularse como una elección abstracta entre Estado y mercado, ni entre jerarquía nacional y red transnacional. El problema fundamental consiste en establecer instituciones capaces de someter las grandes infraestructuras económicas al interés público, limitar la concentración arbitraria del poder y garantizar que las poblaciones participen de los beneficios del desarrollo tecnológico.
La creciente acumulación de oro por parte de los bancos centrales representa otra manifestación de esta búsqueda de autonomía. Durante septiembre de 2026, China incrementó nuevamente sus reservas oficiales y prolongó una secuencia de adquisiciones que refleja su interés por diversificar los activos de reserva. El Consejo Mundial del Oro destacó la intensidad de las compras chinas durante el tercer trimestre, en un contexto caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en las expectativas monetarias. La relevancia de estas operaciones excede la fluctuación cotidiana del precio del metal. A diferencia de un título de deuda soberana, cuyo valor depende de la capacidad y disposición de pago de un emisor, el oro físico conservado directamente por una autoridad monetaria no representa simultáneamente el pasivo de otro gobierno. Ello no significa que carezca de riesgos de mercado, almacenamiento o liquidez, pero sí explica su atractivo como instrumento de diversificación y reserva patrimonial en períodos de creciente desconfianza internacional.
Las decisiones de distintas autoridades europeas de revisar la localización y custodia de sus reservas metálicas también reflejan esta preocupación. La repatriación de oro, las operaciones de compraventa destinadas a modificar jurisdicciones de almacenamiento y las discusiones sobre custodia física no equivalen necesariamente a un abandono del dólar o a la preparación de una nueva convertibilidad monetaria. Sin embargo, revelan que la localización de los activos y la capacidad de disponer de ellos han recuperado una importancia estratégica. La congelación de reservas internacionales, las sanciones financieras y las restricciones sobre operaciones transfronterizas han recordado a numerosos gobiernos que los activos mantenidos bajo jurisdicción extranjera pueden quedar sometidos a decisiones políticas ajenas. El oro constituye una respuesta parcial a ese problema, aunque su acumulación no resuelve por sí misma las necesidades de financiación del comercio ni garantiza la estabilidad de una moneda nacional.
La experiencia china muestra, además, que la adquisición de oro no constituye una alternativa a la inversión productiva. Pekín combina el desarrollo de infraestructura, industria, tecnología y capacidades científicas con una política de diversificación de reservas. La potencia económica de una moneda depende en gran medida de la productividad, estabilidad institucional, profundidad financiera y amplitud de las transacciones denominadas en ella. Un respaldo metálico elevado no puede sustituir esos fundamentos. La cuestión central del nuevo orden monetario no será, por tanto, elegir entre oro y dinero digital, sino determinar cómo se relacionarán reservas materiales, sistemas de pago, crédito productivo y nuevas formas de liquidación internacional. La coexistencia de monedas nacionales, activos digitales regulados, acuerdos bilaterales y reservas diversificadas podría generar una estructura más fragmentada que la desarrollada durante décadas de predominio del dólar.
La evolución del sistema monetario desde Bretton Woods ofrece un precedente revelador. La suspensión de la convertibilidad del dólar en oro en 1971 consolidó un régimen de dinero fiduciario cuyo funcionamiento depende de la credibilidad de las instituciones emisoras, la capacidad fiscal de los Estados y la profundidad de los mercados financieros. Durante décadas, este sistema facilitó una expansión extraordinaria del crédito y la globalización de los flujos de capital. Sin embargo, también permitió acumular desequilibrios persistentes de deuda, déficits exteriores y dependencia de activos financieros denominados en monedas dominantes. Una transformación monetaria futura podría incluir mayor utilización de mecanismos de liquidación digital, tokenización de instrumentos financieros, acuerdos comerciales en monedas locales y bloques económicos regionales. Pero ninguno de estos escenarios está predeterminado, y la transición podría desarrollarse mediante mecanismos híbridos durante muchos años.
El riesgo consiste en que una crisis financiera precipite decisiones de emergencia que modifiquen las relaciones de propiedad sin un debate público suficiente. Una reestructuración de deuda puede transferir activos a acreedores; una intervención estatal puede transformar participaciones privadas en propiedad pública; una reforma monetaria puede modificar las condiciones de acceso al crédito; y un sistema digital de pagos puede concentrar información económica de millones de personas. Si estas decisiones se adoptan bajo presión, los mecanismos establecidos para preservar la estabilidad podrían consolidar nuevas desigualdades. De ahí la importancia de distinguir la necesidad legítima de proteger infraestructuras esenciales de la posibilidad de utilizar una crisis para favorecer a grupos económicos particulares. La intervención pública no constituye por sí sola una garantía de justicia, de la misma manera que la propiedad privada no garantiza automáticamente eficiencia o innovación. Ambas requieren instituciones capaces de establecer objetivos verificables, distribuir responsabilidades y proteger el interés general.
El fortalecimiento del Sur Global adquiere su significado más profundo precisamente en este punto. Las economías emergentes no necesitan limitarse a reclamar participación dentro de una estructura financiera heredada, sino contribuir al diseño de instituciones que vinculen la inversión con el desarrollo efectivo de capacidades humanas. Los corredores ferroviarios y energéticos, la modernización agrícola, los sistemas de salud, las universidades, las tecnologías de comunicación y la cooperación científica representan instrumentos concretos mediante los cuales la soberanía puede traducirse en mejores condiciones de vida. En este sentido, la discusión sobre los BRICS y las iniciativas de gobernanza china debería evaluarse menos por sus declaraciones de confrontación con Occidente que por su capacidad de producir bienes públicos internacionales. Una economía mundial reorganizada alrededor de múltiples centros puede representar un avance histórico si reduce las desigualdades de desarrollo y amplía la cooperación entre sociedades. También puede reproducir viejas relaciones de dominación si simplemente sustituye unos acreedores y centros de decisión por otros.
La movilización de los jóvenes brasileños ofrece una dimensión política adicional. Su participación en una controversia electoral centrada en la soberanía demuestra que las nuevas generaciones pueden intervenir en debates que exceden las reivindicaciones inmediatas de empleo o consumo. Sin embargo, la soberanía solo podrá conservar esa fuerza movilizadora si se relaciona con perspectivas reales de educación, participación productiva y movilidad social. Un sistema económico capaz de desarrollar inteligencia artificial extraordinariamente avanzada, pero incapaz de ofrecer oportunidades laborales y condiciones dignas a una parte creciente de su población, enfrentará una contradicción difícil de sostener. La función pública de la tecnología no consiste simplemente en sustituir trabajo humano para incrementar márgenes financieros, sino en elevar la productividad general y liberar capacidades para nuevas actividades científicas, educativas, culturales y productivas.
La doctrina económica que propone Sújarev proporciona un criterio para abordar esta dificultad. El Estado debe participar orgánicamente en la orientación del desarrollo, pero su eficacia no se mide por el volumen abstracto de gasto ni por la extensión de su autoridad administrativa. Debe medirse por su capacidad para integrar conocimiento, capital, infraestructura, trabajo y tecnología en procesos de crecimiento sostenibles. Ello exige instituciones científicas sólidas, planificación adaptable, cooperación empresarial, formación profesional y mecanismos capaces de evitar que la acumulación de recursos financieros se separe de la producción material. La experiencia rusa demuestra que disponer de recursos energéticos, capacidades militares e industrias estratégicas no basta para garantizar una transformación tecnológica adecuada. La experiencia china sugiere que la coordinación prolongada de políticas productivas puede generar resultados importantes, aunque también enfrenta problemas propios de deuda, eficiencia y organización institucional. Ningún modelo nacional ofrece soluciones universales, pero todos permiten reconocer que la estructura productiva importa tanto como las variables monetarias.
La inteligencia artificial intensifica la urgencia de adoptar estas decisiones. Su desarrollo requiere inversiones descomunales en electricidad, redes, procesadores, instalaciones físicas y conocimientos especializados. Su utilización puede ampliar la productividad y acelerar descubrimientos científicos, pero también concentrar capacidad económica en quienes controlen los recursos informáticos. Si sus beneficios permanecen restringidos a un pequeño número de corporaciones o regiones, la tecnología podría ampliar las desigualdades existentes. Si, por el contrario, se integra en proyectos nacionales e internacionales de salud, educación, infraestructura, producción industrial y cooperación científica, puede convertirse en un componente central de un nuevo paradigma de desarrollo. El criterio de éxito no debería reducirse al valor de mercado de las empresas tecnológicas, sino comprender la utilidad social de las capacidades que generan.
En esta transformación convergen finalmente las tres grandes infraestructuras del poder contemporáneo: la energía, la información y el dinero. La primera permite producir y mantener funcionando la actividad material; la segunda organiza el conocimiento, las comunicaciones y los procesos de decisión; la tercera establece las condiciones mediante las cuales se financian y distribuyen los recursos. Ninguna puede operar autónomamente. Los centros de datos necesitan electricidad, las redes eléctricas dependen de sistemas digitales de administración y las plataformas financieras requieren ambas para ejecutar transacciones. La vulnerabilidad de cualquiera de estas infraestructuras puede transmitirse a las demás, mientras su control conjunto confiere una capacidad de influencia extraordinaria. Las decisiones sobre centrales eléctricas, cables submarinos, centros de procesamiento, redes de pagos y activos de reserva están dejando de pertenecer a ámbitos separados de política pública para integrarse en una misma discusión sobre seguridad económica.
La confrontación entre Estados y redes transnacionales, entre potencias establecidas y economías emergentes, y entre capital financiero e infraestructura productiva debe comprenderse desde esta interdependencia. No existe evidencia suficiente para afirmar que todos estos acontecimientos respondan a un único plan coordinado, ni que una crisis mundial de determinadas características sea inevitable. Pero sus relaciones estructurales son reales: el endeudamiento modifica los derechos de propiedad, la tecnología transforma la distribución del trabajo, la energía condiciona la competitividad, la guerra amenaza las comunicaciones, y las instituciones monetarias determinan quién puede financiar el desarrollo. La historia demuestra que las grandes transiciones económicas rara vez avanzan mediante sustituciones ordenadas. Habitualmente combinan conflictos, innovaciones, reformas institucionales y crisis que alteran las relaciones entre grupos sociales y Estados.
La posible reunión entre Trump, Putin y Xi Jinping, las iniciativas de gobernanza de Wang Yi, la victoria electoral de Lula, la movilización por la paz impulsada desde Asís y la discusión sobre una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo expresan diferentes respuestas a una misma necesidad histórica. La alternativa a la prolongación indefinida de la confrontación no consiste en decretar artificialmente la desaparición de los intereses nacionales, sino en establecer mecanismos mediante los cuales esos intereses puedan coexistir sin destruir las condiciones comunes de supervivencia. Una cooperación internacional basada en proyectos productivos compartidos, respeto a la soberanía, límites verificables al armamento y acceso más equitativo a los avances científicos podría transformar la competencia entre potencias en un proceso menos destructivo.
El siglo XXI no estará determinado únicamente por quién posea las mayores reservas de oro, quién emita las monedas digitales más utilizadas o quién construya los centros de datos más poderosos. Su configuración dependerá de la relación entre esas capacidades y las instituciones que decidan su utilización. Un sistema financiero puede sobrevivir a una crisis mediante intervenciones extraordinarias y, sin embargo, conservar intactas las contradicciones que la originaron. Una potencia puede ampliar su influencia internacional y, al mismo tiempo, deteriorar las condiciones materiales de su población. Una tecnología puede generar beneficios empresariales extraordinarios sin convertirse necesariamente en un progreso equivalente para la sociedad. Por ello, la cuestión esencial del nuevo orden económico no es solamente quién tendrá el control de la infraestructura del futuro, sino con qué legitimidad, bajo qué responsabilidades y en beneficio de quién ejercerá ese control.
El ascenso del Sur Global representa una posibilidad histórica de responder de otra manera a esas preguntas. Su importancia no radica en invertir las jerarquías internacionales para establecer nuevas formas de subordinación, sino en ampliar el número de sociedades capaces de participar efectivamente en la creación y administración de la riqueza mundial. Si esa transformación logra vincular la soberanía con el desarrollo científico, la cooperación económica con la seguridad recíproca y la innovación tecnológica con la dignidad humana, el nuevo orden económico podrá significar algo más que una redistribución de activos después de una crisis financiera. Podrá convertirse en una reorganización de las relaciones internacionales alrededor de la capacidad de las naciones para desarrollar a sus pueblos. En definitiva, la medida histórica de cualquier sistema económico no debería ser la magnitud del capital que consigue concentrar ni el poder que permite ejercer sobre otras sociedades, sino las posibilidades de vida, conocimiento y creación que hace accesibles al conjunto de la humanidad.
Sobre el autor
José Luis Preciado es antropólogo, historiador y columnista en el semanario de análisis geoestratégico Mente Alternativa.
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