Por Mente Alternativa
El periodista Manuel Hernández Borbolla, en su transmisión Revuelta en vivo de abril de 2026, destapó una de las crisis diplomáticas más graves de los últimos años: la presencia y participación activa de agentes de la CIA en México en un operativo antinarcóticos en la sierra de Chihuahua, sin que el gobierno federal tuviera conocimiento oficial. Los hechos, que inicialmente se reportaron como un accidente automovilístico en el que fallecieron dos instructores estadounidenses, pronto revelaron una trama mucho más profunda: se trataba de agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia que ingresaron al país con papeles de turista y diplomático, en franca violación de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Este escándalo, que coloca a la gobernadora panista Maru Campos en el centro de la tormenta, no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una estrategia de balcanización orquestada desde Washington, con el embajador Ronald Johnson —ex boina verde y veterano de operaciones encubiertas en los Balcanes y El Salvador— como principal operador. La tibieza del gobierno de Claudia Sheinbaum, limitada a una nota diplomática de extrañamiento, contrasta con la gravedad de los hechos: agentes extranjeros participaron en un operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios junto a la policía estatal y el ejército mexicano, sin que mediara autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni informe alguno, como exigen los artículos 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
La reconstrucción de los hechos, minuciosamente documentada por Hernández Borbolla, parte del comunicado oficial del 18 de abril de 2026, donde la Fiscalía de Chihuahua reportó la localización de dos laboratorios de metanfetamina en la zona colindante entre los municipios de Morelos y Huachochi, con una extensión de 850 metros cuadrados. Participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no se reportaron detenciones. Al día siguiente, el fiscal César Jauregui Moreno informó del fallecimiento en accidente del director de la agencia, Pedro Román Oseguera Cervantes, del elemento Manuel Genaro Méndez Montes, y de dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el lunes 20 de abril, el periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, reveló que los fallecidos no eran simples instructores diplomáticos, sino agentes de la CIA. La versión oficial comenzó a tambalear: primero el gobierno de Chihuahua afirmó que los estadounidenses regresaban del operativo; luego, ante la presión, el fiscal Jauregui cambió el relato y aseguró que los agentes extranjeros nunca participaron en el operativo, sino que se encontraron “casualmente” en una comunidad cercana impartiendo un curso de manejo de drones, y pidieron un aventón en el convoy para regresar a la ciudad. La inverosimilitud de esta explicación —¿cómo es que dos instructores de drones, en medio de la sierra tarahumara, coinciden con un convoy militar en una zona de alta inseguridad?— evidencia el encubrimiento sistemático por parte de las autoridades estatales.
El escándalo escaló cuando medios internacionales como The Washington Post y Los Ángeles Times confirmaron que se trataba de agentes de la CIA, y que no eran dos sino al menos cuatro los operadores estadounidenses desplegados en Chihuahua. El periódico Diario de Juárez publicó los nombres de los fallecidos: Richard Later Johnson, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, cuyos cuerpos fueron entregados al consulado general en Ciudad Juárez. La prensa mexicana, sin embargo, no indagó a fondo en sus antecedentes; se limitó a señalar que ninguno de los dos aparecía en el directorio público del Departamento de Estado, lo que confirmaba su condición de agentes encubiertos. Más grave aún: el gobierno federal, a través del gabinete de seguridad, informó que uno de los agentes ingresó al país como “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” y el otro con “pasaporte diplomático”, lo que significa que ninguno contaba con la acreditación formal para participar en acciones operativas en territorio mexicano. Esta revelación deja al descubierto una doble violación: por un lado, el gobierno de Chihuahua permitió que agentes extranjeros actuaran en un operativo de seguridad sin informar al Ejecutivo federal, como ordena la ley; por otro lado, el gobierno de Estados Unidos introdujo personal de inteligencia bajo identidades falsas o incompletas, quebrantando la soberanía nacional.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue, en opinión de Hernández Borbolla, “patética y pusilánime”. El 20 de abril, Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano no tenía conocimiento de la presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua, y días después aseguró que el caso violaba la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, la respuesta concreta se limitó a una nota diplomática de extrañamiento entregada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al embajador Ronald Johnson. No hubo expulsión del embajador, no hubo declaratoria de persona non grata, no hubo suspensión de acuerdos de cooperación. Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional: “Esperamos que este caso sea una excepción y que se mantengan los términos de entendimiento”. Ante una violación tan flagrante, la presidenta optó por la vía de la conciliación y el eufemismo, mientras el embajador Johnson, lejos de mostrar arrepentimiento, intensificó su ofensiva: el 23 de abril viajó a Los Mochis, Sinaloa, para inaugurar una planta de Mexinol y lanzó un duro mensaje contra el gobernador Rubén Rocha Moya, advirtiendo que Estados Unidos revocará visados y presentará acusaciones federales contra políticos mexicanos corruptos. El mismo día, el diario Los Ángeles Times publicó que la administración Trump se prepara para enfocar su campaña anticorrupción en funcionarios mexicanos, en una clara operación de presión e injerencia que busca desestabilizar al país bajo el pretexto de combatir al crimen organizado.
Mientras tanto, la maquinaria mediática golpista en México se activó de inmediato. Carmen Aristegui, en su noticiero, entrevistó al polémico analista Edgardo Buscaglia —a quien Hernández Borbolla califica sin ambages de “farsante” y “cretino”—, quien sostuvo que las agencias estadounidenses seguirán operando en México con o sin permiso de la presidenta, debido a la “debilidad institucional” y al “estado fallido” que impera en amplias zonas del país. Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y de perfiles cercanos a los intereses imperialistas, nunca señala que buena parte de la violencia en México se debe precisamente a la intervención de Estados Unidos. Su presencia recurrente en medios afines a la derecha y al golpismo mediático no es casual: forma parte de una estrategia multidimensional que combina operaciones encubiertas en terreno con la construcción de narrativas que legitiman la injerencia extranjera. En el Senado de la República, la escena fue aún más grotesca: legisladores del Partido Acción Nacional pidieron un minuto de silencio en memoria de los agentes de la CIA fallecidos, un acto de abyección política que evidencia hasta qué punto sectores enteros de la oposición mexicana están dispuestos a subordinarse a los intereses de Washington.
El fondo del asunto es aún más perturbador: no se trató de un incidente aislado, sino de la normalización de la presencia de agencias estadounidenses en estructuras locales de seguridad. Hernández Borbolla documenta que desde 2023, el gobierno de Chihuahua permite que la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) operen en el piso 18 de la Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Allí, estas agencias tienen acceso ilimitado al sistema de videovigilancia masiva Centinela, que integra 4 mil cámaras y bases de datos con inteligencia artificial, y monitorean camiones de carga desde parques industriales hasta la frontera, utilizando drones y accediendo al registro estatal de licencias de conducir. Este nivel de integración no solo viola el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional —que exige a los servidores públicos informar por escrito a la SRE y a la SSPC dentro de los tres días siguientes a cualquier reunión con agentes extranjeros—, sino que constituye una cesión de funciones exclusivas del Estado mexicano a potencias extranjeras, lo que los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución castigan como falta grave sujeta a juicio político.
La responsabilidad de la gobernadora Maru Campos es ineludible. El artículo 110 constitucional establece que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas pueden ser sujetos a juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales. El Congreso de la Unión tiene la facultad de declarar la procedencia del juicio, y entonces las legislaturas locales pueden destituir al funcionario. Además, en casos extremos, el Congreso puede declarar la suspensión de poderes en la entidad. Los senadores de Morena, entre ellos Enrique Insunza, han advertido que Maru Campos podría enfrentar hasta 40 años de cárcel por permitir la operación de agentes extranjeros sin autorización. Sin embargo, la historia reciente de la 4T no inspira confianza: casos como el de Rosario Robles, el de Carlos Romero Deschamps o el de Cabeza de Vaca muestran una y otra vez que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha sido extraordinariamente laxo a la hora de castigar a los poderosos, incluso cuando violan la ley de manera flagrante. Hernández Borbolla ironiza: “Ya implementaron la reforma judicial, ya cambiaron la Suprema Corte, ya tienen control del aparato judicial. ¿Qué pretexto van a poner ahora?”.
La explicación más plausible —y la más alarmante— es que el gobierno de Sheinbaum no quiere enfrentarse abiertamente a Estados Unidos por temor a represalias económicas y diplomáticas, sobre todo en un contexto donde se negocia la revisión del T-MEC y donde la administración Trump ha mostrado una hostilidad creciente hacia México. Sin embargo, esta estrategia de sumisión calculada no solo es moralmente reprobable, sino contraproducente. Al no responder con firmeza —expulsando al embajador Johnson, exigiendo una disculpa pública, y sometiendo a juicio político a Maru Campos y a su fiscal—, el gobierno mexicano envía un mensaje de debilidad que incentiva nuevas violaciones a la soberanía. Ya se han detectado operaciones similares en Nuevo León y San Luis Potosí, donde las fiscalías locales firmaron acuerdos de cooperación con el consulado estadounidense en Monterrey en la misma semana del escándalo de Chihuahua, un timing que no puede ser casual. La estrategia de balcanización —fragmentar a México mediante alianzas directas entre agencias estadounidenses y gobiernos estatales, saltándose al gobierno federal— ya está en marcha, tal como ocurrió en Yugoslavia tras la muerte de Tito. Hernández Borbolla lo advirtió desde diciembre de 2024, cuando Donald Trump nominó a Ronald Johnson como embajador: “Un boina verde de fuerzas especiales, exagente de la CIA, experto en operaciones encubiertas. Podemos esperar una operación Cóndor 2.0 disfrazada de lucha antinarcóticos”. Lamentablemente, el pronóstico se ha cumplido al pie de la letra, y el gobierno mexicano, lejos de plantar cara, reacciona con “extrañamientos” y “esperanzas” de que el caso sea una excepción.
El silencio cómplice de gran parte de la prensa mexicana es otra pieza clave de esta trama. Los nombres de los agentes de la CIA fallecidos —Richard Later Johnson y John Dudley Black— apenas han sido investigados; no se sabe cuál era su historial, en qué otras operaciones encubiertas participaron, ni qué vínculos tenían con el crimen organizado local. Antecedentes como el de Paul Campo y Robert Sensi, agentes de la CIA y la DEA condenados en Estados Unidos por lavar 12 millones de dólares y entregar drones y armas al Cártel Jalisco Nueva Generación, demuestran que la línea entre los “instructores” y los proveedores de los cárteles es peligrosamente borrosa. La versión oficial de que los agentes daban un curso de manejo de drones en la sierra, y que pidieron aventón justo cuando el convoy regresaba del operativo, es tan inverosímil que ofende la inteligencia del ciudadano. Si realmente estaban capacitando a autoridades locales, ¿por qué no estaban registrados? ¿Por qué no había un informe previo a la SRE? ¿Por qué la gobernadora Campos evadió responder preguntas en su conferencia de prensa de cinco minutos? Las respuestas apuntan todas en la misma dirección: había algo que ocultar, y ese algo podría ser la participación de la CIA en operaciones que van más allá del combate al narco, incluyendo acciones de inteligencia política, desestabilización social y control territorial de cara al Mundial de Fútbol de 2026.
La violación de la soberanía no es un hecho menor ni una anécdota coyuntural. Cada vez que un gobierno estatal permite que agentes extranjeros operen en su territorio sin el control federal, se quiebra el pacto federal y se sientan las bases para una fragmentación que beneficia los intereses hegemónicos de Estados Unidos. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos: la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, las intervenciones de la CIA en Chile, Argentina, Brasil y Centroamérica. México no es la excepción, y el escándalo de los agentes de la CIA en Chihuahua debería ser un parteaguas. La presidenta Sheinbaum tiene ante sí una prueba de fuego: o defiende la soberanía con hechos —expulsando al embajador Johnson, sometiendo a juicio político a la gobernadora Campos, y revisando todos los acuerdos de cooperación con agencias estadounidenses—, o se consagra como una continuadora de la sumisión disfrazada de retórica nacionalista. Hasta ahora, su actuación ha sido decepcionante para quienes esperaban un cambio real. Las palabras de la mañanera —“nunca bajando la cabeza”— chocan con la realidad de una nota diplomática y un extrañamiento que el imperio recibe con una sonrisa cínica, mientras sus agentes siguen operando a sus anchas en el norte del país. La ciudadanía, y en particular el periodismo independiente, tiene la obligación de recordar a los gobernantes que la soberanía no es un discurso, sino una práctica cotidiana de defensa del interés nacional frente a la injerencia extranjera. Los agentes de la CIA en México no son una teoría conspirativa; son una realidad documentada, y su presencia exige una respuesta a la altura de la dignidad nacional.
Fuentes consultadas
- Hernández Borbolla, Manuel. Revuelta en vivo, transmisión del 27 de abril de 2026. Disponible en el canal de YouTube del periodista (consultado el mismo día).
- Castillo García, Gustavo. “Entraron agentes de la CIA en Chihuahua con papeles de turista y diplomático”. La Jornada, 27 de abril de 2026.
- Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Comunicados oficiales del 18, 19 y 20 de abril de 2026. Disponibles en el sitio web institucional.
- The Washington Post. “Two CIA officers died in Mexico after participating in an anti-narcotics operation”. 21 de abril de 2026.
- Los Ángeles Times. “CIA agents operated in Chihuahua; at least third time US intelligence has conducted field operations in Mexico”. 22 de abril de 2026.
- Diario de Juárez. “Identifican a agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua”. 23 de abril de 2026.
- Contralínea. “Ante Harfush, Maru Campos evadió informar quién autorizó a la CIA operar en Chihuahua”. 24 de abril de 2026.
- Aristegui Noticias. “Buscaglia: agencias estadounidenses seguirán operando en México con o sin permiso de Sheinbaum”. 23 de abril de 2026.
- Departamento de Justicia de Estados Unidos. Caso de Paul Campo y Robert Sensa, acusados de lavado de dinero y suministro de drones al CJNG. Documentos públicos disponibles en justice.gov.
