Oscuro Claro
La crisis del orden occidental entra en una fase decisiva: la burbuja de la inteligencia artificial, la deuda y las guerras amenazan la estabilidad mundial mientras China, Rusia y Estados Unidos preparan una cumbre histórica.

Por José Luis Preciado

La humanidad está ingresando en una coyuntura histórica en la que la decadencia financiera, la revolución tecnológica y la confrontación militar han dejado de constituir fenómenos relativamente independientes para convertirse en manifestaciones de una misma crisis de civilización. Diversos análisis complementados con documentos oficiales de la Reserva Federal, el Banco de Pagos Internacionales y las evaluaciones de The Economist, revelan una contradicción fundamental: mientras una parte del establishment occidental intenta preservar su predominio mediante la expansión del crédito, el control de las tecnologías estratégicas y la militarización de las relaciones internacionales, otras potencias construyen capacidades productivas y mecanismos de cooperación destinados a modificar los fundamentos materiales del poder mundial. Lo que está en disputa no es solamente la distribución de la riqueza o la supremacía entre Estados, sino la propia organización de la vida económica, política y social durante las próximas décadas.

El 19 de noviembre de 2026, los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump tienen previsto reunirse en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro, confirmado por las partes y presentado por la diplomacia china como una oportunidad de importancia extraordinaria, se produce cuando las tensiones entre potencias nucleares alcanzan niveles alarmantes, la guerra contra Irán continúa proyectando sus consecuencias sobre los mercados energéticos y alimentarios, y el sistema financiero estadounidense muestra nuevas vulnerabilidades. Sería imprudente anticipar acuerdos históricos antes de conocer el contenido y los resultados de las conversaciones. Sin embargo, el significado potencial de esta reunión trasciende cualquier comunicado diplomático: por primera vez en esta fase de la crisis, los dirigentes de las tres principales potencias estratégicas tendrán la oportunidad de examinar directamente las condiciones de una coexistencia internacional que no dependa exclusivamente de la disuasión militar, las sanciones económicas o la imposición unilateral de reglas.

La importancia de Shenzhen reside también en la circunstancia política que rodea a Donald Trump. Después de la derrota republicana en las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, el presidente afronta un escenario de creciente debilitamiento institucional, precisamente cuando buena parte de sus compromisos electorales han quedado comprometidos por las consecuencias de la guerra contra Irán, el aumento del endeudamiento y los conflictos internos de su administración. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, representa una de las corrientes más inclinadas a interpretar la competencia con China y Rusia como una confrontación estratégica que exige restricciones tecnológicas, presión económica y superioridad militar. Pero dentro del propio establishment estadounidense existen intereses que consideran indispensable preservar determinados vínculos comerciales con Pekín. Esta contradicción ha adquirido una dimensión especialmente reveladora con la abrupta caída de Jensen Huang, fundador y hasta hace pocos días director ejecutivo de Nvidia, la empresa que ocupa una posición central en la infraestructura mundial de inteligencia artificial.

La renuncia de Huang, formalizada el 12 de noviembre, siguió a revelaciones sobre relaciones personales y cuestionamientos de seguridad relacionados con una mujer que las autoridades estadounidenses sospechan vinculada a los servicios de inteligencia chinos. Según una investigación de The Washington Post, Rubio elaboró un memorando que presentó al presidente una interpretación más contundente de información atribuida a la CIA. La intervención habría contribuido a precipitar la salida del empresario, aunque esto no demuestra que todas las acusaciones de espionaje hayan sido probadas. La cuestión decisiva es que Huang defendía una política comercial relativamente abierta hacia China, basada en la idea de que permitir la adquisición de tecnología estadounidense fortalecería la dependencia de los clientes chinos respecto del ecosistema de Nvidia. Sus adversarios sostenían lo contrario: que vender procesadores avanzados equivalía a fortalecer las capacidades económicas y militares de un competidor estratégico. El conflicto, por tanto, no se reduce a un escándalo personal, sino que expresa una disputa sobre quién debe controlar los circuitos tecnológicos de los que dependerá buena parte de la economía mundial.

Lo verdaderamente inquietante es que Nvidia ha dejado de ser simplemente un fabricante de procesadores para adquirir funciones financieras comparables, en determinados aspectos, con las de una institución de crédito sistémica. Paul Spydell, en su análisis sobre las transacciones circulares impulsadas por Huang, identifica un mecanismo mediante el cual el proveedor de tecnología contribuye a financiar a las mismas empresas que compran sus productos. Nvidia invierte capital en laboratorios de inteligencia artificial y operadores de centros de datos; estos utilizan los recursos para adquirir procesadores y contratar capacidad informática; posteriormente, emplean equipos y contratos futuros como garantías para obtener nuevos préstamos de bancos, fondos privados y vehículos de financiación. Así, el crecimiento de las ventas puede depender parcialmente de la financiación proporcionada por el propio ecosistema vendedor.

El procedimiento no es necesariamente ilícito ni constituye por sí mismo una demostración de insolvencia. El problema reside en sus efectos acumulativos cuando las obligaciones crecen más rápidamente que los ingresos generados por clientes finales independientes. El sistema necesita que la demanda futura justifique las inversiones presentes; pero, mientras esa demanda madura, los participantes recurren a ampliaciones de capital, refinanciaciones, compromisos de recompra, garantías sobre el valor residual de los procesadores y contratos de arrendamiento de largo plazo. La innovación tecnológica termina financiándose mediante una arquitectura de expectativas cuya estabilidad depende de que ningún eslabón importante pierda acceso al crédito.

Los datos examinados por Reuters Breakingviews permiten dimensionar el fenómeno. Nvidia acumulaba aproximadamente 422.000 millones de dólares en compromisos futuros de compras, inversiones y arrendamientos, además de hasta 165.000 millones en garantías contingentes de crédito y alquiler. Entre sus acuerdos figuran compromisos para adquirir capacidad informática que sus clientes no consigan comercializar y garantías destinadas a facilitar la construcción de complejos energéticos y centros de datos. La compañía ha respaldado empresas como CoreWeave, cuya expansión depende de una combinación de financiación externa, adquisiciones de procesadores y contratos sobre capacidad futura. La incertidumbre abierta por la salida de Huang plantea una pregunta decisiva: ¿qué ocurriría si los nuevos administradores de Nvidia decidieran reducir el respaldo financiero que ha permitido multiplicar estas operaciones?

La cuestión ya no pertenece exclusivamente al terreno de las advertencias heterodoxas. En noviembre de 2026, la Reserva Federal estadounidense reconoció expresamente los riesgos asociados al rápido crecimiento de la deuda destinada a computación avanzada, las redes de financiación circular y las obligaciones financieras complejas. Según la evaluación presentada por el gobernador Michael Barr, la deuda registrada de las siete principales empresas vinculadas a este sector podría superar los 800.000 millones de dólares antes de finalizar el año, mientras que sus compromisos potenciales fuera de balance exceden los tres billones de dólares. Las inversiones accionariales de los grandes proveedores en laboratorios de inteligencia artificial y empresas emergentes de computación superan conjuntamente los 100.000 millones de dólares. El problema no es que toda esta exposición vaya a materializarse simultáneamente, sino que una revisión brusca de las valoraciones podría revelar interdependencias que los modelos tradicionales de riesgo no reflejan adecuadamente.

Un análisis atribuido a David K. Lifschultz sobre los grandes operadores de infraestructura digital profundiza esta preocupación. Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta están comprometiendo cantidades extraordinarias de capital para construir instalaciones cuya rentabilidad dependerá de la futura monetización masiva de la inteligencia artificial. Sus estimaciones sitúan el gasto de capital conjunto del tercer trimestre de 2026 por encima del flujo de caja operativo de esas compañías. El crecimiento de los centros de datos, por consiguiente, ya no puede examinarse únicamente como una expresión de abundancia financiera: implica una dependencia creciente de los mercados de bonos, el crédito privado, los contratos energéticos y las estructuras especiales de financiación.

En esas condiciones, la eventual caída de un gran laboratorio de inteligencia artificial podría desencadenar pérdidas simultáneas para proveedores de capacidad informática, fabricantes de procesadores, acreedores de proyectos, empresas eléctricas y fondos que hayan aceptado esos activos como garantía. La continua aparición de nuevas generaciones de aceleradores introduce otra paradoja: el progreso tecnológico que aumenta las ventas de Nvidia también puede depreciar los equipos adquiridos con deuda apenas unos años antes. Cuando el valor de la garantía disminuye más rápidamente que el saldo del préstamo, la refinanciación deja de ser una operación rutinaria y se convierte en un problema de solvencia.

La salida a bolsa de Anthropic, prevista para el 19 de noviembre y acompañada de una colocación privada de 26.000 millones de dólares, ilustra la magnitud de las expectativas depositadas en la industria. Se trata de empresas capaces de atraer valoraciones extraordinarias antes de demostrar de manera definitiva que sus ingresos futuros justificarán semejante acumulación de capital. Esto no significa que la inteligencia artificial sea una tecnología ilusoria. Al contrario, sus aplicaciones científicas, industriales, médicas y productivas pueden transformar profundamente las capacidades humanas. Precisamente por ello resulta fundamental distinguir entre el valor real de una tecnología y la valoración financiera de las empresas que prometen comercializarla. Una revolución tecnológica auténtica puede coexistir con una burbuja especulativa, como demostró la historia de las telecomunicaciones y de internet.

El historiador Harley Schlanger ha relacionado esta contradicción con la denominada función de colapso de la triple curva, formulada por Lyndon LaRouche en 1995. Su planteamiento distingue el crecimiento de los agregados financieros, la expansión monetaria necesaria para sostenerlos y el comportamiento de la economía física real. Cuando los títulos, las deudas y los derivados aumentan a una velocidad superior a la capacidad de producir bienes, elevar la productividad y sostener las condiciones materiales de existencia, la aparente prosperidad financiera puede encubrir un deterioro económico estructural. La formulación no sustituye a los instrumentos empíricos de la macroeconomía contemporánea, pero proporciona una perspectiva útil para examinar la distancia entre riqueza nominal y capacidad productiva.

Esa distancia se vuelve especialmente visible en Estados Unidos. La deuda federal ya superaba los 40,6 billones de dólares a mediados de noviembre, mientras los intereses de la deuda pública mantenían un costo anual superior al billón. La acumulación de obligaciones compromete cada vez más recursos fiscales precisamente cuando el país necesita modernizar infraestructuras esenciales. La extraordinaria expansión del gasto militar, los compromisos internacionales de defensa y las subvenciones directas e indirectas a sectores estratégicos conviven con redes de transporte envejecidas, sistemas energéticos vulnerables y servicios públicos sometidos a una prolongada presión presupuestaria.

El 13 de noviembre, Estados Unidos experimentó una paralización nacional de las operaciones aéreas durante más de cuatro horas, después de una avería en las comunicaciones y los sistemas de radar utilizados por el control de tráfico. La Administración Federal de Aviación explicó que el incidente se relacionaba con trabajos de sustitución de antiguas conexiones de cobre por fibra óptica realizados por un contratista, L3Harris, aunque la investigación debía determinar la causa técnica exacta. Miles de vuelos resultaron afectados y sus consecuencias se prolongaron durante días. Lo ocurrido no demuestra la existencia de un ciberataque ni de un sabotaje deliberado. Su significado estructural es suficientemente grave sin necesidad de recurrir a semejantes hipótesis: una de las mayores economías tecnológicas del planeta había permitido que una infraestructura indispensable continuara dependiendo de sistemas obsoletos y de procedimientos de modernización capaces de provocar interrupciones nacionales.

La vulnerabilidad no se limita a la aviación. Informes examinados por Executive Intelligence Review advierten sobre el envejecimiento de la flota estadounidense de barcazas fluviales, cuya capacidad podría reducirse aproximadamente un 17% para 2035 si continúa el desequilibrio entre retiros y nuevas construcciones. El transporte de cereales por el Misisipi, vital para la agricultura y las exportaciones, enfrenta simultáneamente problemas de infraestructura y fluctuaciones de los niveles de agua. La red ferroviaria presenta deficiencias acumuladas, una elevada frecuencia de descarrilamientos y grandes limitaciones para el transporte de pasajeros de alta velocidad. La paradoja consiste en que una economía capaz de financiar gigantescos centros de computación encuentra dificultades para garantizar la continuidad de las redes físicas de las que depende su funcionamiento cotidiano.

La comparación con China revela dos orientaciones de desarrollo distintas, aunque no exentas de contradicciones propias. Pekín ha integrado la expansión industrial, la infraestructura ferroviaria, los puertos, las redes eléctricas y la capacidad de almacenamiento energético dentro de programas de planificación de largo plazo. Su nuevo plan quinquenal contempla alcanzar 300 gigavatios de almacenamiento eléctrico de nueva generación para 2030, partiendo de una posición cercana al 40% de la capacidad mundial de ese segmento. Estas inversiones no garantizan por sí solas una rentabilidad eficiente, pero fortalecen capacidades materiales cuya utilidad no depende exclusivamente de las fluctuaciones bursátiles.

La diferencia estratégica resulta evidente: mientras las valoraciones financieras pueden modificarse en cuestión de horas, una central eléctrica, una línea ferroviaria, una presa o un puerto amplían durante décadas las posibilidades productivas de una sociedad. China no está libre de problemas de deuda, sobrecapacidad o asignación ineficiente de recursos; sin embargo, su orientación hacia la acumulación de infraestructura y capacidades industriales representa un desafío al modelo occidental que ha privilegiado crecientemente la rentabilidad financiera de corto plazo. En este contexto, proyectos como el puerto peruano de Chancay y su eventual articulación con corredores bioceánicos sudamericanos adquieren una significación que trasciende el comercio: modifican las rutas, los costos y la geografía económica de la integración continental.

Para comprender el origen histórico de la crisis del orden occidental resulta necesario retroceder a 1971, cuando Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro y terminó de desmontar el fundamento monetario del sistema de Bretton Woods. La posterior crisis petrolera de 1973 y los acuerdos financieros asociados a la comercialización internacional del crudo contribuyeron a consolidar la posición mundial del dólar. Durante décadas, la combinación de predominio militar, mercados energéticos denominados en dólares, expansión del crédito y profundidad de los mercados estadounidenses de deuda proporcionó a Washington una ventaja extraordinaria: financiar sus déficits mediante instrumentos demandados por el resto del planeta.

Sin embargo, la propia expansión de ese sistema favoreció una creciente financiarización. La emisión de deuda, la titulización de activos, los derivados y las operaciones de recompra permitieron incrementar la liquidez, pero también multiplicaron las interdependencias entre instituciones y mercados. La crisis de 2008 mostró cómo los instrumentos que distribuían riesgos podían, bajo determinadas condiciones, concentrarlos y transmitirlos a escala internacional. Hoy, el crecimiento del crédito privado, las estructuras opacas de financiación y las obligaciones vinculadas a los centros de datos vuelven a plantear interrogantes semejantes.

En una extensa investigación publicada el 9 de noviembre por Unlimited Hangout, Whitney Webb y Mark Goodwin reconstruyen conexiones históricas entre sectores financieros, empresas energéticas, organismos de seguridad nacional y la transformación tecnológica estadounidense posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su trabajo examina las relaciones de Enron, Cantor Fitzgerald, Alexander Brown & Sons y figuras como Dick Cheney, James Baker, Howard Lutnick, Alvin Krongard, Mayo Shattuck y Thomas Barnett. El concepto central de su interpretación es la destrucción creativa: procesos mediante los cuales una crisis elimina estructuras económicas anteriores y favorece la consolidación de nuevas formas de organización tecnológica, financiera y política.

La investigación recuerda que, antes del 11-S, Cantor Fitzgerald participó en ejercicios de simulación estratégica con el Naval War College, dentro de proyectos relacionados con la globalización, la seguridad económica y la transformación de las infraestructuras financieras. También examina la expansión de eSpeed, plataforma electrónica que competía con los métodos tradicionales de intermediación de la propia compañía. Tras los atentados, en los que murieron centenares de empleados de Cantor Fitzgerald, la digitalización de las operaciones financieras adquirió renovado impulso. Webb y Goodwin relacionan estos acontecimientos con anomalías bursátiles, movimientos de opciones financieras, conexiones empresariales y decisiones de política monetaria que acompañaron la crisis.

La referencia histórica al Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC) resulta particularmente significativa. Su documento Rebuilding America’s Defenses, publicado en septiembre de 2000, sostuvo que determinadas transformaciones militares podrían avanzar lentamente en ausencia de un acontecimiento catalizador comparable a un nuevo Pearl Harbor. La frase revela una determinada concepción de la transformación estratégica, y lo históricamente verificable es que el 11-S facilitó una reorganización profunda de las políticas de seguridad, la expansión de los mecanismos de vigilancia, las intervenciones militares y las relaciones entre el Estado y la industria tecnológica.

En esa trayectoria, Webb y Goodwin identifican una continuidad de intereses desde Enron y las redes financieras asociadas al antiguo sistema energético hasta la actual expansión de los centros de datos, la energía nuclear y las criptomonedas. El desarrollo de Bitcoin introdujo nuevas infraestructuras de cómputo y consumo energético. Empresas como BitFury y Hut 8 acumularon experiencia en instalaciones intensivas en electricidad que posteriormente pudieron adaptarse a la demanda de inteligencia artificial. La creación de American Bitcoin, vinculada a Eric Trump y Donald Trump Jr. mediante su relación empresarial con Hut 8, representa una manifestación contemporánea de la convergencia entre capital político, minería digital y activos financieros.

A esta reorganización se suman figuras y sociedades relacionadas con la expansión de la energía nuclear y la computación avanzada. Los autores examinan los vínculos de Mayo Shattuck con Constellation Energy, el papel de financiadores tecnológicos como Peter Thiel, las iniciativas relacionadas con Sam Altman y la creciente participación de empresas digitales en proyectos energéticos. La reactivación de instalaciones nucleares para abastecer centros de datos, como la asociada a los acuerdos entre Constellation y Microsoft, expresa una transformación de enorme alcance: la disponibilidad de electricidad estable vuelve a convertirse en un requisito estratégico de la acumulación tecnológica.

El interés no es exclusivamente económico. Los centros de datos constituyen infraestructura crítica para inteligencia artificial, servicios financieros, comunicaciones, investigación científica y sistemas de seguridad. Su propiedad, localización, suministro eléctrico y conectividad determinan quién dispone de capacidad para procesar información a gran escala. La competencia contemporánea entre potencias puede entenderse, por tanto, como una disputa por tres infraestructuras inseparables: energía, datos y dinero. Controlar una sin las otras proporciona ventajas limitadas; integrarlas permite intervenir en las condiciones materiales de la soberanía.

En este punto aparece una dimensión más profunda de la crisis: la transformación de la autonomía humana. El análisis de las predicciones de Jian Xuecheng, difundidas a través de Predictive History y comentadas en el podcast de Robinson Erhardt, plantea que la convergencia entre inteligencia artificial, identificación digital, monedas estables y plataformas de datos podría favorecer nuevas formas de dependencia social. Su hipótesis contempla incluso un eventual rescate estatal de infraestructuras tecnológicas sobreendeudadas y su posterior integración en sistemas de supervisión financiera y administrativa. Se trata de un escenario especulativo, no de una política demostrada ni de un desenlace inevitable.

No obstante, el problema que plantea merece una reflexión antropológica seria. Cuando la educación, la memoria cotidiana, la orientación emocional y la toma de decisiones comienzan a delegarse sistemáticamente en asistentes digitales, las personas pueden perder capacidades que anteriormente desarrollaban mediante la experiencia, las relaciones familiares, el diálogo y el aprendizaje autónomo. El riesgo no procede de la inteligencia artificial como instrumento, sino de su transformación en autoridad sustitutiva del juicio humano. Las afirmaciones de que estos sistemas podrían predecir con exactitud décadas enteras de comportamiento individual carecen de suficiente demostración; pero la capacidad actual de perfilar hábitos, preferencias y vulnerabilidades ya plantea problemas reales de privacidad, dependencia y concentración de poder.

Las monedas estables respaldadas por títulos del Tesoro estadounidense y las iniciativas regulatorias como la GENIUS Act y los proyectos asociados a la CLARITY Act añaden otra dimensión. Estas tecnologías pueden facilitar pagos y aumentar la eficiencia financiera, pero también alterar la relación entre bancos, empresas tecnológicas, emisores de dinero digital y autoridades monetarias. El futuro financiero occidental podría depender cada vez más de plataformas privadas cuya estabilidad estuviera vinculada a la deuda pública y a la infraestructura informática. Así, lejos de desaparecer, determinadas formas de poder financiero podrían reorganizarse bajo una arquitectura digital.

Las reflexiones del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú introducen una crítica moral a esta transformación. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, el pontífice cuestionó el paradigma tecnocrático que pretende reducir el progreso humano a indicadores de eficiencia, productividad y control. Su encíclica Magnifica Humanitas desarrolla una preocupación semejante: la ciencia y la tecnología constituyen expresiones extraordinarias de la inteligencia humana, pero pierden su legitimidad moral cuando se subordinan a intereses que excluyen a grandes sectores de la población. Las promesas del transhumanismo y el posthumanismo, especialmente aquellas que presentan la superación de la enfermedad, el envejecimiento o la muerte como posibilidades reservadas a quienes puedan pagarlas, plantean un problema de justicia antes que un simple debate técnico.

Durante su encuentro con representantes del mundo laboral argentino, León XIV defendió una concepción de la economía en la que el ser humano debe constituir su fundamento, su centro y su finalidad. El desempleo, desde esa perspectiva, no significa solamente pérdida de ingresos, sino deterioro de la dignidad y de la participación social. La acumulación de beneficios desligada del bienestar colectivo puede producir estructuras institucionales que reproducen la exclusión. No se trata de una condena de la empresa, la innovación o el beneficio legítimo, sino de una crítica a su absolutización como criterios únicos de organización social.

Dennis Small encuentra en estas posiciones una convergencia significativa con la propuesta de Helga Zepp-LaRouche de establecer una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. La fundadora del Instituto Schiller planteó desde enero de 2020, inmediatamente después del asesinato del general iraní Qassem Soleimani, la necesidad de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China. Su propuesta recupera el espíritu de los principios de Westfalia: sustituir las políticas de venganza y sometimiento por acuerdos sustentados en la soberanía, el reconocimiento de intereses legítimos y la búsqueda de beneficios recíprocos.

La coincidencia parcial entre determinadas ideas de la doctrina social católica, la diplomacia china y el pensamiento económico asociado a LaRouche no significa que estas corrientes compartan una misma filosofía política. China responde a sus propios intereses nacionales; el Vaticano se mueve dentro de una tradición moral y teológica; y el Instituto Schiller formula un programa económico y estratégico específico. Sin embargo, las tres perspectivas reconocen, desde fundamentos diferentes, la insuficiencia de un sistema internacional que identifica el progreso con la supremacía de unos Estados sobre otros y subordina la economía productiva a objetivos financieros o militares.

El obstáculo más inmediato para semejante transformación continúa siendo la confrontación geopolítica. Las negociaciones recientes sobre Ucrania en Abu Dabi, en las que participaron representantes estadounidenses, rusos y ucranianos, muestran que todavía existen canales diplomáticos, pero también profundas divergencias sobre las garantías de seguridad, la organización territorial y la participación europea. Moscú considera que determinadas capitales occidentales han contribuido a prolongar el conflicto; Washington sostiene que la participación de sus aliados resulta indispensable para establecer acuerdos duraderos. El desacuerdo no es únicamente procedimental: refleja dos interpretaciones incompatibles de la arquitectura de seguridad europea.

La preocupación rusa se ha intensificado por las iniciativas de cooperación militar en el norte de Europa. La Fuerza Expedicionaria Conjunta, integrada por el Reino Unido y nueve países europeos, ofrece un mecanismo de coordinación que puede intervenir en determinadas situaciones antes de una decisión colectiva de la OTAN. Las declaraciones del alto mando naval británico sobre esta capacidad, la profundización de la cooperación con Ucrania y los debates acerca de las infraestructuras militares rusas en la península de Kola han alimentado los temores de una confrontación directa. Las posiciones favorables a reforzar la disuasión occidental son presentadas por sus defensores como instrumentos para evitar una agresión; sus críticos advierten que pueden aumentar el riesgo de errores de cálculo y escalada.

El debate sobre una mayor integración militar europea apunta en la misma dirección. Las propuestas para establecer fuerzas multinacionales permanentes, estructuras comunes de mando, nuevos instrumentos de financiación y vínculos industriales más estrechos con Ucrania podrían modificar considerablemente la naturaleza de la Unión Europea. La eventual creación de fórmulas de asociación militar para Kiev, incluso antes de resolver completamente su relación institucional con la OTAN, abriría un nuevo terreno de confrontación estratégica. Los países nórdicos, por su parte, buscan reforzar la interoperabilidad y acelerar la capacidad de respuesta militar de su región.

La existencia de estas iniciativas no permite ignorar sus implicaciones. En un continente donde las decisiones militares comprometen la seguridad de potencias nucleares, las percepciones de amenaza pueden producir consecuencias tan peligrosas como las intenciones declaradas. De ahí que las exigencias atribuidas a Moscú sobre la neutralidad ucraniana, la presencia de la OTAN en el Báltico, la posición de Finlandia, el control del Donbás y la navegación en los mares Negro y Báltico deban examinarse con extremo cuidado. Algunas condiciones publicadas por Bild proceden de negociaciones no oficiales y no deben presentarse como exigencias formalmente aceptadas por todas las partes.

Las dimensiones históricas del enfrentamiento son igualmente importantes. Stephen Kinzer ha documentado en Responsible Statecraft, a partir de su libro Boiling Point, los antecedentes de la intervención clandestina estadounidense en Ucrania durante la Guerra Fría. La operación Aerodynamic, iniciada en 1949, utilizó redes de exiliados y combatientes antisoviéticos para promover actividades encubiertas dentro de la Unión Soviética. Entre 1949 y 1952, la CIA introdujo aproximadamente 85 agentes mediante operaciones aéreas, muchos de los cuales fueron capturados o murieron. Esta historia demuestra que la utilización estratégica de Ucrania precede ampliamente a la crisis de 2014 y a la guerra abierta de 2022.

En consecuencia, una paz duradera difícilmente podrá surgir de un simple congelamiento del frente si no aborda los problemas acumulados de seguridad, soberanía, equilibrio militar y relaciones entre Rusia y Occidente. Las declaraciones de María Zajárova, portavoz de la diplomacia rusa, sobre el papel de la OTAN y las posibilidades desaprovechadas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa expresan esa demanda de una arquitectura distinta. Sin embargo, cualquier negociación también deberá reconocer los derechos de Ucrania y la necesidad de garantías verificables, sin las cuales un nuevo acuerdo correría el riesgo de convertirse en una tregua precaria.

El presidente español Pedro Sánchez advirtió en Foreign Affairs contra la normalización política de la guerra y el crecimiento de un discurso internacional que presenta el rearme permanente como condición inevitable del futuro. Su preocupación adquiere especial relevancia cuando la incorporación de inteligencia artificial a sistemas de detección, información y decisión militar puede reducir los tiempos disponibles para identificar errores. El peligro nuclear contemporáneo no consiste únicamente en que un dirigente decida deliberadamente utilizar un arma, sino en que la combinación de automatización, ciberataques, interpretaciones equivocadas y crisis de comunicación produzca una escalada imposible de detener.

La guerra contra Irán constituye el otro gran escenario de incertidumbre. Thierry Meyssan, en su análisis publicado por Red Voltaire, sostiene que la derrota legislativa de Trump, las consecuencias económicas del conflicto y el deterioro de la confianza de las monarquías del Golfo en Washington limitan la posibilidad de reanudar una ofensiva estadounidense de gran escala. No obstante, señala que las posiciones de las partes continúan endurecidas y que una nueva escalada podría desencadenarse por provocaciones, incidentes militares o decisiones israelíes. La situación política de Benjamín Netanyahu y la formación de un nuevo gobierno israelí añaden incertidumbre a un equilibrio regional profundamente alterado.

Las acusaciones cruzadas de terrorismo y sabotaje merecen especial prudencia. Las denuncias relacionadas con posibles operaciones iraníes contra instalaciones militares británicas, las imputaciones formuladas por autoridades europeas sobre ataques informáticos y las respuestas de Teherán constituyen un terreno donde resulta indispensable distinguir las pruebas técnicas disponibles de las afirmaciones políticas. Un incidente atribuido precipitadamente a una potencia rival puede convertirse en justificación para medidas militares desproporcionadas. El antecedente de múltiples crisis internacionales demuestra que la credibilidad de las pruebas debe preceder, y no seguir, a las decisiones de represalia.

Las consecuencias de la guerra iraní ya trascienden el campo militar. Las perturbaciones del comercio energético, los costos del transporte, la disponibilidad de fertilizantes y las expectativas inflacionarias afectan economías muy alejadas de Oriente Medio. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz y las infraestructuras del Golfo demuestra que la globalización continúa dependiendo de corredores físicos extremadamente vulnerables. En un sistema donde la energía, los alimentos y el crédito están profundamente conectados, un conflicto regional prolongado puede contribuir a una crisis simultáneamente energética, alimentaria y financiera.

América Latina tampoco permanece al margen. La reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ha intensificado el debate sobre las relaciones entre Washington, Pekín y las principales economías sudamericanas. En un ensayo publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército estadounidense, R. Evan Ellis describe el rumbo diplomático brasileño como potencialmente incompatible con determinados objetivos estratégicos de Estados Unidos. Sus críticas se concentran en la cooperación de Brasil con China, Rusia e Irán y en las posiciones de Lula frente a las políticas estadounidenses hacia Venezuela, Cuba y Oriente Medio.

La interpretación de ese diagnóstico requiere precisión. Que un académico vinculado a una institución militar estadounidense considere a Brasil un adversario estratégico no demuestra que Washington haya decidido ejecutar un golpe de Estado o una intervención militar. Pero sí revela la profundidad de las tensiones existentes alrededor de la autonomía diplomática brasileña. El acercamiento de Lula al presidente iraní Masoud Pezeshkian durante la COP31, la defensa de una política exterior independiente y su participación en los BRICS reflejan la aspiración brasileña de relacionarse con diferentes centros de poder sin aceptar automáticamente las prioridades estadounidenses.

La cuestión brasileña se enlaza con una transformación más amplia de la geografía económica. La cooperación con China, las conexiones logísticas del Pacífico, la integración energética sudamericana y la búsqueda de mayores capacidades industriales abren posibilidades de diversificación comercial. Al mismo tiempo, implican riesgos financieros, tensiones diplomáticas y decisiones políticas que requieren instituciones sólidas. La soberanía contemporánea no puede reducirse a declaraciones ideológicas: depende de disponer de infraestructura, conocimiento, energía, capacidad de financiación y margen efectivo para adoptar decisiones estratégicas.

La gira sudamericana de León XIV añade a esta disputa una dimensión moral. Sin pronunciarse directamente sobre todos los proyectos regionales, el pontífice ha defendido la dignidad del trabajo, la cooperación y el respeto de las aspiraciones legítimas de cada nación. Dennis Small interpreta estas intervenciones como un contrapeso cultural a las políticas que subordinan el desarrollo latinoamericano a intereses financieros o geopolíticos externos. Su valoración puede discutirse, pero señala una cuestión fundamental: ningún orden internacional adquiere legitimidad duradera si sus beneficios quedan reservados a minorías mientras grandes poblaciones experimentan precariedad y pérdida de oportunidades.

Esta acumulación de tensiones encuentra una expresión especialmente reveladora en The World Ahead 2027, la edición prospectiva de The Economist presentada el 17 de noviembre. La publicación, que es propiedad de los clanes Rothschild y Agnelli, de la aristocracia europea, prevé un periodo de conflictividad política posterior a la derrota electoral de Trump, dificultades en los mercados de bonos soberanos, riesgos financieros relacionados con la inteligencia artificial, repercusiones de la guerra iraní sobre energía y alimentos, e incertidumbre sobre Taiwán. También examina la posibilidad de una victoria de Marine Le Pen en Francia, nuevas presiones climáticas, el desarrollo de la industria espacial, los efectos económicos de medicamentos para reducir el peso y las transformaciones de la producción audiovisual.

La portada de la publicación ha generado numerosas interpretaciones sobre la posibilidad de apagones, ciberataques, colapsos bursátiles, conflictos civiles, desplazamientos de población y cambios radicales en los estilos de vida. Algunos comentaristas relacionan sus figuras tecnológicas, animales, instalaciones de comunicaciones y escenas rurales con el imaginario de la película Dejar el mundo atrás, e incluso con eclipses previstos para 2027. Estas asociaciones pueden resultar sugerentes como ejercicio de lectura simbólica, pero no constituyen pruebas definitivas de un calendario secreto de acontecimientos. Una portada editorial no equivale a un documento de planificación operativa.

El hecho relevante es más profundo. Incluso una publicación estrechamente vinculada al pensamiento económico convencional reconoce que la acumulación de riesgos financieros, tecnológicos, políticos y militares podría definir los próximos años. El director de la edición, Tom Standage, considera que Trump podría reaccionar a su debilitamiento institucional con decisiones ejecutivas más agresivas, mientras la economía mundial afronta el encarecimiento de la financiación y las consecuencias indirectas de la guerra. La preocupación por el endeudamiento tecnológico converge, en este punto, con advertencias procedentes de corrientes ideológicas muy diferentes.

La idea de interpretar la posibilidad de una crisis financiera como demostración de que todas las catástrofes futuras serán deliberadamente fabricadas para establecer un nuevo sistema de control, es interesante pero demasiado reduccionista. Las crisis pueden ser aprovechadas políticamente, y la historia ofrece abundantes ejemplos de concentración de poder durante situaciones extraordinarias, que en realidad se presentan como una conjugación de factores múltiples. De ahí que la preparación legítima ante emergencias, la negligencia institucional, las operaciones de sabotaje efectivamente documentadas y las hipótesis de una reorganización dirigida del sistema financiero, deban estudiarse con cuidado.

El Banco de Pagos Internacionales ha contribuido a dimensionar la vulnerabilidad mediante una nueva herramienta de pruebas de estrés de liquidez que comprende cerca de 13.000 bancos en más de cien economías. Su investigación destaca las dificultades que introduce la digitalización de los depósitos, capaces de desplazarse a gran velocidad, y la creciente interconexión bancaria con intermediarios financieros no bancarios. Las reglas prudenciales posteriores a 2008 fortalecieron importantes mecanismos de defensa, pero el crecimiento del crédito privado y de nuevas estructuras tecnológicas exige examinar riesgos que pueden transmitirse con rapidez superior a la contemplada en escenarios tradicionales.

En este contexto, la cuestión decisiva no es adivinar la fecha de un colapso, sino comprender la fragilidad que aparece cuando las obligaciones financieras crecen más rápidamente que las capacidades productivas y las instituciones pierden margen para absorber perturbaciones. Una crisis de confianza en los centros de datos puede trasladarse al crédito privado; una escalada militar puede elevar los precios de la energía; una interrupción de infraestructura puede afectar cadenas de suministro; y una presión sobre los mercados de deuda puede restringir las inversiones necesarias para superar todas esas vulnerabilidades. El peligro reside en la convergencia de procesos que, considerados aisladamente, podrían parecer manejables.

De ahí que la respuesta estratégica no deba reducirse a conservar efectivo, adquirir metales preciosos o prepararse para interrupciones temporales de servicios. La prudencia patrimonial, la diversificación razonable, las reservas de emergencia y la protección de infraestructuras familiares y comunitarias pueden contribuir a la resiliencia individual. Pero ninguna sociedad resolverá una crisis sistémica solamente mediante decisiones privadas de supervivencia. La seguridad duradera exige sistemas eléctricos robustos, producción alimentaria suficiente, redes de transporte confiables, mecanismos financieros transparentes, instituciones responsables y capacidad pública para sostener la actividad productiva sin transferir indefinidamente las pérdidas al conjunto de la población.

La alternativa tampoco consiste en idealizar automáticamente a China o a los BRICS. Una arquitectura multipolar solamente representará un progreso histórico si es capaz de superar las prácticas de dominación que critica, garantizar la soberanía efectiva de los países participantes y orientar la cooperación hacia el desarrollo material de sus sociedades. Sustituir un centro de poder por otro no equivale necesariamente a construir un orden más justo. La legitimidad dependerá de los resultados: productividad, seguridad, acceso al conocimiento, elevación del nivel de vida y posibilidades reales de autodeterminación.

Es precisamente en este punto donde la reunión de Shenzhen adquiere su máxima significación. La posibilidad de que Washington, Moscú y Pekín comiencen a discutir una arquitectura de seguridad y desarrollo capaz de reconocer intereses recíprocos representaría un cambio considerable respecto de la dinámica de confrontación que domina las relaciones internacionales. La mesa redonda convocada por Helga Zepp-LaRouche para el 20 de noviembre busca examinar ese potencial y recuperar una propuesta formulada desde hace años: abandonar la idea de que la seguridad de una nación debe construirse necesariamente sobre la inseguridad de otra.

Nadie puede garantizar que la cumbre produzca un acuerdo transformador. Las contradicciones estratégicas entre las potencias son profundas, los conflictos militares permanecen abiertos y los intereses financieros afectados por una reorganización internacional son extraordinariamente poderosos. Sin embargo, el reconocimiento de esos obstáculos no elimina la necesidad histórica de negociar. Por el contrario, cuanto más estrecho se vuelve el margen para corregir los desequilibrios, mayor es la urgencia de establecer mecanismos de cooperación que impidan convertir una crisis económica en una catástrofe militar.

La humanidad se encuentra ante una contradicción que resume nuestro tiempo: nunca había dispuesto de instrumentos científicos y tecnológicos tan poderosos para ampliar la prosperidad, y pocas veces había permitido que sus posibilidades quedaran tan condicionadas por la especulación, el endeudamiento, la confrontación militar y la concentración del poder. La inteligencia artificial puede mejorar radicalmente la medicina, la educación, la industria y la investigación; la energía avanzada puede ampliar la capacidad productiva; las redes digitales pueden facilitar la cooperación internacional. Pero esas mismas herramientas, subordinadas a una lógica exclusiva de dominación y rentabilidad financiera, pueden intensificar la dependencia, la vigilancia y la inseguridad.

La crisis del orden occidental no significa necesariamente la desaparición de Occidente ni el triunfo inevitable de sus competidores. Significa que los fundamentos económicos, institucionales y estratégicos sobre los que se organizó su predominio enfrentan contradicciones que ya no pueden resolverse mediante la simple expansión del crédito, la superioridad tecnológica o la proyección de fuerza militar. El futuro dependerá de la capacidad para transformar esas estructuras sin precipitar una destrucción que arrastre al conjunto de la humanidad.

Shenzhen podría abrir una posibilidad histórica, aunque también podría terminar como otra oportunidad diplomática desperdiciada. Entre ambos desenlaces se encuentra la cuestión verdaderamente decisiva: si las principales potencias serán capaces de subordinar la competencia por el poder a la supervivencia colectiva y al desarrollo humano. Porque el peligro más profundo de esta transición no consiste solamente en el desplome de una burbuja financiera, la interrupción de una red eléctrica o el estallido de otra guerra. Consiste en que una civilización dotada de medios extraordinarios para asegurar la prosperidad de sus habitantes termine destruyendo, por su incapacidad para reorganizar sus instituciones, las condiciones materiales y morales que hacen posible su propia existencia.

Fuentes consultadas

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