Por Mente Alternativa
El Reino Unido y la Corte Penal Internacional mantienen una relación marcada por la desconfianza y el cálculo político, según documentos oficiales desclasificados analizados por Mark Curtis, a quien se acredita este trabajo en su origen. Aunque Londres ha presentado históricamente su apoyo a la ICC como un compromiso con la justicia internacional, los archivos muestran que ese respaldo estuvo desde el inicio supeditado a una condición clave: que la Corte nunca pudiera procesar a nacionales británicos, en particular a militares y altos responsables políticos.
En junio de 2002, cuando el Estatuto de Roma estaba a punto de entrar en vigor, el entonces primer ministro Tony Blair escribió al primer ministro australiano John Howard asegurándole que el Reino Unido “no tenía nada que temer” de la ICC. Blair sostenía que el diseño del tribunal incluía salvaguardas fundamentales contra procesos “maliciosos o políticamente motivados”. El elemento central era el principio de complementariedad, que otorga prioridad a las jurisdicciones nacionales. En la práctica, esto significaba que los tribunales británicos conservarían el derecho primario a investigar cualquier acusación contra ciudadanos del Reino Unido, independientemente de dónde se hubieran cometido los presuntos crímenes.
Blair fue aún más explícito al afirmar que Londres concebía a la ICC como un instrumento destinado a actuar únicamente en “Estados fallidos” o en contextos donde los sistemas judiciales se hubieran derrumbado. Para los gobiernos occidentales “responsables”, donde supuestamente impera el Estado de derecho, la Corte no representaría una amenaza real. Esta interpretación tranquilizó a aliados como Australia, pero también dejó claro que la justicia penal internacional no estaba pensada para aplicarse de forma universal.
Los documentos desclasificados revelan que la principal preocupación de los funcionarios británicos era la posible persecución penal de soldados desplegados en el extranjero, especialmente tras la invasión de Irak en 2003. En 2005, el entonces secretario de Defensa, John Reid, advirtió a Blair sobre el malestar de antiguos jefes militares ante la posibilidad de que el sistema de justicia militar fuera sobrepasado primero por tribunales civiles y, en última instancia, por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Reid concluyó que la ICC “nunca podría hacerlo de forma realista”, aunque admitía que podría intentarlo ocasionalmente.
Una carta del secretario privado de Blair para asuntos exteriores, Antony Phillipson, reforzó esa confianza. Aunque reconocía que en circunstancias extremas la ICC podría procesar a personal británico, sostuvo que existían “buenas razones” para creer que tales procesos no tendrían lugar. Entre ellas, que muchas acusaciones contra tropas británicas en Irak eran, según él, infundadas, y que el fiscal de la ICC tendría que demostrar que los tribunales del Reino Unido no estaban dispuestos o no eran capaces de actuar, algo considerado “extremadamente improbable”. Blair subrayó estas garantías con anotaciones manuscritas, dejando claro que mantener a la ICC y a la fiscalía británica al margen era “esencial”.
Los archivos también muestran que esta postura no fue improvisada. Desde las negociaciones del Estatuto de Roma en 1998, el Reino Unido dejó claro que no firmaría el tratado si no quedaba garantizado que la Corte solo actuaría cuando los sistemas nacionales fallaran. Funcionarios del Ministerio de Defensa y del Foreign Office coincidieron en que, sin esa condición, Londres no podría adherirse. Existía además una sensibilidad especial respecto a Irlanda del Norte, donde se buscó una definición restrictiva de “conflicto armado interno” para evitar investigaciones internacionales sobre las fuerzas británicas.
Otra línea roja fue el uso de armas nucleares. Para el gobierno británico, la ICC no debía criminalizar su empleo. Documentos de 1998 muestran que, de haberse incluido las armas nucleares entre las prohibidas, el Reino Unido simplemente no habría firmado el tratado.
En conjunto, los archivos desclasificados confirman que el respaldo británico a la Corte Penal Internacional no respondió a un principio de justicia universal, sino a la convicción de que la ICC no podría juzgar a británicos sin el consentimiento de Londres. En un contexto actual marcado por denuncias de complicidad en crímenes de guerra, como en Gaza, esta historia plantea una pregunta incómoda: hasta qué punto el Reino Unido y la Corte Penal Internacional representan un compromiso real con la rendición de cuentas, o más bien un sofisticado sistema para preservar la impunidad de las potencias occidentales.
