Por José Luis Preciado
Las instituciones políticas, económicas, militares y financieras creadas para administrar el orden surgido de la Segunda Guerra Mundial y consolidado después de 1991 parecen cada vez menos capaces de gobernar las consecuencias del sistema que ellas mismas produjeron. El geoestratega Dennis Small formula el problema mediante una palabra más precisa que “caos” o “barbarie”: ingobernabilidad. Vladímir Putin, en su intervención ante el Club Valdai, lo formula como una pregunta sobre la posibilidad de construir principios comunes antes de que la acumulación de conflictos empuje a la humanidad hacia escenarios catastróficos; Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, lo reduce a una interrogante todavía más elemental: si la humanidad es capaz de gobernarse a sí misma.
La crisis sistémica mundial comienza justamente allí donde deja de ser posible explicar cada incendio por separado. Una elección polarizada en Brasil, una revuelta social en Francia, la erosión industrial alemana, un desahucio que moviliza a decenas de miles de españoles, la militarización del Báltico, la amenaza de una escalada nuclear en Kaliningrado, la guerra contra Irán, la reorganización tecnológica del Pentágono, la presión estadounidense sobre América Latina, el deterioro del mercado de bonos o el nerviosismo europeo ante la escasez de diésel parecen pertenecer a archivos diferentes. Sin embargo, la coincidencia temporal de esas crisis no es necesariamente su aspecto más importante. Lo decisivo es que todas revelan una reducción del margen de maniobra de los Estados y una incapacidad creciente para reconciliar objetivos que durante décadas podían coexistir: crecimiento y estabilidad monetaria, apertura económica y soberanía industrial, expansión militar y bienestar social, democracia electoral y cohesión política, hegemonía internacional y legitimidad doméstica.
Por eso la ingobernabilidad no debe confundirse con la ausencia de gobierno. Puede haber presidentes, parlamentos, bancos centrales, tribunales, ministerios, servicios de inteligencia y alianzas militares funcionando a pleno rendimiento y, sin embargo, existir una crisis de gobernabilidad. Gobernar no consiste simplemente en conservar instituciones, sino en disponer de instrumentos capaces de producir resultados materiales aceptables para una sociedad. Un Estado que puede emitir dinero pero no fabricar los transformadores de su red eléctrica, que puede elevar el presupuesto militar pero no reconstruir cadenas industriales críticas, que puede prometer crecimiento pero depende de energía importada, que puede aprobar sanciones pero necesita materias primas de los países sancionados, empieza a descubrir la diferencia entre poseer poder jurídico y conservar capacidad material.
Ahí aparece uno de los puntos más fecundos del diagnóstico de Einar Tangen, investigador del Instituto Teihe. Durante décadas, buena parte de las élites estadounidenses y europeas trataron la manufactura de bajo margen como una actividad prescindible. Tornillos, maquinaria intermedia, fertilizantes, fundición, componentes eléctricos, materiales, astilleros y procesos industriales básicos podían desplazarse hacia territorios más baratos porque el verdadero valor, se decía, estaba en el diseño, las finanzas, la propiedad intelectual y los servicios. La empresa debía maximizar el retorno del accionista; el Estado debía facilitar mercados; el capital debía desplazarse hacia donde obtuviera mayor rentabilidad. El resultado fue racional desde la contabilidad de cada corporación y potencialmente desastroso desde la contabilidad estratégica de las naciones. Una economía puede importar durante décadas los objetos cuya producción abandonó, hasta que una guerra, una sanción, un bloqueo, una pandemia o una ruptura logística transforma la eficiencia obtenida en vulnerabilidad acumulada.
La desindustrialización occidental no significa que Estados Unidos carezca de industria, tecnología o capacidad militar. Significa algo más específico: que su modelo de acumulación concedió un peso extraordinario a las rentas financieras, la apreciación de activos, la intermediación y la expansión del crédito mientras externalizaba segmentos esenciales de la reproducción material. China hizo aproximadamente el recorrido inverso. Utilizó capital extranjero, comercio internacional y mercados globales, pero no aceptó que el ascenso en la cadena de valor exigiera renunciar a la base manufacturera que lo hacía posible. Conservó y amplió ecosistemas industriales completos. Esa diferencia comienza a adquirir significado geopolítico cuando semiconductores, energía, tierras raras, capacidad naval, infraestructura eléctrica, inteligencia artificial y cadenas logísticas dejan de ser mercancías ordinarias y se convierten en recursos estratégicos.
No puede gobernarse indefinidamente aquello que ya no puede producirse, abastecerse, financiarse o defenderse. Ésa es quizá la conexión más profunda entre la crisis industrial y la crisis política. Cuando las capacidades materiales disminuyen, también disminuye el número de concesiones simultáneas que puede realizar un gobierno. El conflicto distributivo se vuelve más áspero porque cada transferencia produce ganadores y perdedores más visibles. La vivienda compite con la rentabilidad inmobiliaria; el gasto social con el servicio de la deuda; el rearme con la infraestructura civil; el consumo energético con las exigencias estratégicas; la política climática con la supervivencia de sectores industriales; la disciplina fiscal con el mantenimiento de coaliciones electorales.
El caso europeo condensa esa contradicción. Ls protestas francesas, las dificultades políticas de Emmanuel Macron, el deterioro de la base industrial alemana y la crisis habitacional española no son episodios independientes, sino manifestaciones de una estructura sometida a presiones simultáneas. El desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, después de que un fondo adquiriera su edificio y multiplicara el alquiler, adquiere en ese marco un significado que excede el drama individual. Cuando una operación perfectamente inteligible desde la lógica financiera resulta socialmente intolerable, el problema deja de ser exclusivamente contractual. El sistema continúa funcionando según sus reglas mientras pierde legitimidad precisamente porque esas reglas producen resultados que una parte creciente de la población juzga incompatibles con el bien común.
Vladímir Putin introdujo en Valdai una interpretación inevitablemente interesada, pero políticamente relevante: los dirigentes europeos tenderían a compensar el deterioro interno trasladando la atención hacia una amenaza exterior. Su advertencia sobre Kaliningrado elevó esa confrontación a un terreno particularmente peligroso. Rusia afirmó que una agresión contra su territorio provocaría el empleo de todos los medios a su disposición, mientras la OTAN mantiene que su despliegue tiene carácter defensivo. La importancia de este intercambio no está únicamente en determinar quién tiene la razón narrativa, sino en observar que las doctrinas militares de potencias nucleares comienzan a rozarse en espacios geográficos muy reducidos, donde un error de cálculo puede adquirir una velocidad superior a la capacidad política de corregirlo.
El llamado Grupo de Bergen y las discusiones estadounidenses sobre el futuro de la OTAN añaden otra pieza. La selección de Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, Alemania y Países Bajos para conversaciones restringidas puede interpretarse administrativamente como un ejercicio para distribuir responsabilidades dentro de la Alianza. Desde una lectura estratégica más dura, el mismo mapa parece configurar un corredor militar continuo desde el Ártico hasta Europa central, con Polonia como nodo logístico y los países escandinavos como profundidad del flanco septentrional. Ambas interpretaciones pueden coexistir. Toda arquitectura de disuasión es también, vista desde el adversario, una arquitectura potencial de guerra. Ése es el dilema clásico de seguridad que la crisis sistémica mundial vuelve más peligroso: cada Estado aumenta su seguridad mediante medidas que disminuyen la sensación de seguridad del otro.
La reorganización anunciada por el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, el 30 de septiembre es coherente con esa transformación. La creación de un mando dedicado a capacidades autónomas y robóticas, el reforzamiento de la protección de instalaciones frente a drones y ciberataques, los proyectos de aplicaciones militares asociados a empresarios tecnológicos y la reducción de escalones superiores de mando sugieren que Washington ya no imagina la guerra futura como una versión ampliada de Irak o Afganistán. La competencia se desplaza hacia sistemas autónomos, inteligencia artificial, enjambres, infraestructura crítica, espacio, ciberoperaciones y producción industrial acelerada. La guerra contemporánea vuelve a recordar que detrás del software siempre existe una fábrica, detrás del dron una cadena de componentes y detrás de la nube una red eléctrica.
El espacio exterior muestra la dimensión extrema de esa tendencia. Los análisis chinos distinguen capacidades antisatélite coorbitales, misiles de ascenso directo, energía dirigida y operaciones cibernéticas o electrónicas. Pekín y Moscú han defendido instrumentos jurídicamente vinculantes para limitar la militarización espacial, mientras Estados Unidos y sus aliados han privilegiado códigos de conducta y criterios de comportamiento responsable. La divergencia no es semántica. En una civilización cuya navegación, sincronización financiera, comunicaciones, alerta temprana y mando militar dependen de satélites, destruir activos orbitales puede producir efectos estratégicos que el adversario interprete como preparación de un ataque mayor. La frontera entre guerra espacial y guerra nuclear puede ser peligrosamente corta.
El analista Thierry Meyssan sitúa la misma fractura en el derecho internacional. Su interpretación de la crisis iraní sostiene que la disputa sobre el Plan de Acción Integral Conjunto y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad representa algo más que una controversia nuclear. Para Meyssan, revela el conflicto entre un orden basado formalmente en decisiones multilaterales y un sistema de medidas coercitivas que las potencias occidentales aplican cuando consideran insuficiente el marco de Naciones Unidas. Su acusación de una “privatización” de organismos internacionales y de manipulación documental es una tesis polémica que debe leerse como tal, no como un hecho establecido por el conjunto de los actores. Pero señala una cuestión real: ningún orden jurídico sobrevive mucho tiempo si los principales participantes dejan de reconocer como legítimos los mecanismos mediante los cuales se producen, interpretan y ejecutan sus decisiones.
Irán se convierte así en algo más que un escenario regional. Está situado entre el Golfo Pérsico, Asia Central, el Cáucaso y el océano Índico; participa en BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái; mantiene relaciones estratégicas con Rusia y China; y dispone de capacidad para afectar rutas energéticas cuya interrupción repercutiría sobre precios globales. Las tensiones en Yemen, Arabia Saudita, Eritrea, Etiopía y el mar Rojo multiplican las posibilidades de contagio. Un conflicto que aparentemente enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán puede alterar el costo del transporte marítimo, la disponibilidad de combustibles, las reservas estratégicas europeas y la política monetaria de países situados a miles de kilómetros.
La disputa por el diésel demuestra hasta qué punto la soberanía geopolítica depende de moléculas muy concretas. Que gobiernos europeos discutan la liberación coordinada de reservas mientras Washington evalúa restricciones a sus propias exportaciones revela una vulnerabilidad que no puede corregirse mediante declaraciones de autonomía estratégica. Europa puede adoptar legislación sofisticada, pero sigue necesitando combustible, fertilizantes, gas, electricidad competitiva, metales y cadenas industriales. Cuando esos insumos escasean, la política exterior deja de ser un ejercicio abstracto de valores y vuelve a convertirse en administración de restricciones físicas.
En el extremo opuesto del debate estratégico aparece el Hudson Institute. Todd Lindberg y Korban Tig desarrollan una tesis casi simétrica a la de quienes reclaman una nueva arquitectura de seguridad: Estados Unidos debería abandonar el vocabulario de “competidores” y reconocer a China, Rusia e Irán como enemigos. La diferencia conceptual es inmensa. Si el adversario es un competidor, todavía existe espacio para reglas, transacciones y coexistencia. Si es definido como enemigo esencial, cada concesión se convierte en debilidad y cada ganancia ajena en pérdida propia. La “estabilidad estratégica” deja entonces de ser un objetivo compartido y se transforma en una pausa táctica dentro de un conflicto considerado inevitable.
Tangen propone exactamente el movimiento contrario: pasar de la competencia hegemónica a la coexistencia gestionada. Su razonamiento parte de una premisa que durante la unipolaridad parecía innecesaria: la seguridad duradera de un país no puede construirse indefinidamente sobre la inseguridad existencial de los demás. Rusia no desaparecerá como potencia nuclear; China no renunciará voluntariamente a su desarrollo; Estados Unidos no dejará de ser una potencia central; India, Brasil, Irán, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y el resto del llamado Sur Global tampoco aceptarán ser reducidos a piezas de un tablero ajeno. La arquitectura viable no sería, por tanto, la victoria final de un bloque, sino una estructura donde varios centros de poder puedan reproducirse sin que el progreso de uno exija la destrucción del otro.
Brasil muestra cómo esta colisión global entra en la política doméstica. En la primera vuelta presidencial de octubre, Flávio Bolsonaro (filial de Washington) obtuvo alrededor de 47.03% de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva (afin al BRICS) aproximadamente 45.16%, dejando al país ante una segunda vuelta extremadamente polarizada el 25 de octubre. El resultado confirma que la sociedad brasileña está dividida casi por mitades y que el bolsonarismo conserva una capacidad electoral mucho mayor de lo que algunos observadores habían supuesto.
Además, se plantea la posibilidad de injerencia internacional mediante redes digitales, campañas de influencia, plataformas y organizaciones religiosas. La Policía Federal brasileña abrió indagaciones preliminares sobre posibles interferencias extranjeras, aunque sus propios responsables dejaron claro que eso no equivalía a haber demostrado una amenaza concreta. Esa distinción es fundamental. Investigar interferencia no demuestra interferencia. Pero el solo hecho de que los Estados deban contemplarla revela cuánto ha cambiado la noción de soberanía electoral.
Durante el siglo XX, la intervención política exterior evocaba financiación clandestina, golpes militares, operaciones de inteligencia, periódicos patrocinados y partidos intermediarios. En el siglo XXI puede adoptar formas mucho más difusas: algoritmos que deciden qué ve cada usuario, campañas de microsegmentación, redes coordinadas de cuentas, creadores de contenido capaces de movilizar comunidades específicas y plataformas privadas que determinan visibilidad, monetización, alcance y suspensión. No hace falta alterar una urna si es posible alterar durante años el ecosistema cognitivo en el que millones de personas deciden qué consideran verdadero, urgente, deseable o intolerable.
Algunos analistas utilizan el concepto de “tecnofascismo” para describir esa concentración de infraestructura digital, poder económico y movilización política. El término es deliberadamente polémico, pero el problema que intenta señalar existe con independencia de la etiqueta: una democracia puede conservar el sufragio universal mientras pierde soberanía sobre los canales donde se constituye la opinión pública. Meta, X, Google, TikTok, sistemas de publicidad programática y futuras plataformas de inteligencia artificial no son simples periódicos privados. Intermedian el acceso a una porción inmensa de la realidad política cotidiana.
El componente religioso exige todavía más precisión. Algunas fuentes atribuyen importancia electoral a redes evangélicas y neopentecostales en Brasil y advierten sobre su posible crecimiento político en México. Sería un error convertir a los creyentes evangélicos en una categoría geopolítica uniforme o sugerir que una confesión religiosa es por naturaleza un instrumento extranjero. Lo relevante es otra cosa: las comunidades religiosas poseen estructuras de confianza, liderazgo, comunicación y organización territorial capaces de transformarse en redes políticas cuando actores partidistas deciden movilizarlas. La misma lógica vale para sindicatos, iglesias católicas, asociaciones empresariales, universidades, organizaciones civiles o comunidades digitales. La infraestructura social precede muchas veces a la infraestructura electoral.
México aparece entonces como el siguiente laboratorio potencial. Hacia 2027 y 2030 se proyecta un aumento de presiones estadounidenses sobre seguridad, fronteras, energía, crimen organizado e infraestructura digital. Las controversias alrededor de Querétaro y la cooperación local con representantes estadounidenses, o las acusaciones financieras y criminales que rodean a actores políticos de Baja California, son presentadas como síntomas de un problema federal mayor: hasta dónde pueden penetrar agencias, sanciones, certificaciones, programas de capacitación y mecanismos financieros de otro Estado en la vida política de una república formalmente soberana.
Aquí conviene distinguir soberanía de aislamiento. México necesita cooperación con Estados Unidos porque comparte más de tres mil kilómetros de frontera, millones de cruces legales, cadenas productivas integradas, comercio, migración, agua, seguridad y redes financieras. Pero cooperación no significa renunciar a la conducción nacional. Precisamente porque la interdependencia es inevitable, el problema de la soberanía se vuelve más exigente. Un país soberano no es el que evita relaciones exteriores, sino el que posee suficiente capacidad institucional, productiva, financiera y tecnológica para negociar esas relaciones sin que la dependencia elimine sus alternativas.
La frontera norte muestra la materialidad de ese dilema. Las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense y las investigaciones en torno a redes políticas y empresariales de Baja California pueden utilizarse legítimamente contra lavado de dinero y crimen organizado, pero también generan efectos políticos internos. Cuando una potencia extranjera puede congelar activos, restringir visados, alterar reputaciones financieras y condicionar el acceso al sistema dolarizado, dispone de herramientas que exceden largamente la diplomacia tradicional. La respuesta soberana no consiste en proteger a funcionarios sospechosos para demostrar independencia, sino en poseer instituciones mexicanas capaces de investigar eficazmente los mismos delitos y producir resoluciones creíbles sin necesidad de tutela externa.
El problema conduce inevitablemente al dinero. El mercado de bonos es la bisagra silenciosa entre todas estas crisis. Durante décadas, gobiernos y empresas occidentales se acostumbraron a un entorno donde la deuda podía refinanciarse a costos extraordinariamente bajos. Cuando las tasas aumentan, esa estructura cambia. Los bonos antiguos pierden valor, el servicio de la deuda pública absorbe más recursos, las hipotecas se encarecen, las empresas altamente apalancadas sufren y los bancos que acumulan activos de larga duración enfrentan pérdidas latentes. Este problema repercute en los portafolios familiares, pero el fenómeno es fundamentalmente político: cuanto más cuesta financiar al Estado, menos libertad posee el Estado para responder a la siguiente crisis sin emitir más deuda o recurrir a expansión monetaria.
Así aparece la paradoja central de la crisis sistémica mundial. Para sostener el orden existente se necesita cada vez más dinero, pero el dinero ya no garantiza que existan las cosas que ese orden necesita comprar. Puede financiarse un presupuesto de defensa, pero eso no crea instantáneamente astilleros. Puede aprobarse un paquete de infraestructura, pero no aparecen por decreto ingenieros, transformadores o turbinas. Puede imprimirse liquidez para rescatar mercados, pero no imprimirse petróleo, cobre, uranio, tierras raras, chips avanzados ni capacidad logística. La inflación contemporánea no nace únicamente de un exceso monetario; también puede expresar el choque entre derechos financieros de compra que continúan expandiéndose y una base material incapaz de crecer a la misma velocidad.
Por eso el oro, los bienes reales y las empresas productivas reaparecen en el debate financiero. No porque exista un activo mágico que proteja contra toda crisis, sino porque los inversores vuelven a preguntarse qué representa en última instancia una unidad monetaria. El dinero es un derecho sobre producción futura. Si esa producción no aparece, el derecho puede conservar su cifra nominal y perder poder real. De ahí que el problema de los bonos estadounidenses no pueda aislarse de la industria, la energía o la geopolítica. La credibilidad de una deuda soberana depende no sólo de la capacidad legal de recaudar impuestos, sino de la capacidad económica que esos impuestos gravan.
El analista geofinanciero Alex Krainer lleva esa desconfianza institucional a un límite mucho más radical. A partir de casos de confiscación, ejecuciones fiscales, sanciones y congelamiento de activos, cuestiona hasta qué punto la propiedad permanece realmente bajo control de su titular cuando depende de bancos, registros, autoridades fiscales y sistemas de pagos que pueden restringir su uso. Algunas de sus conclusiones, especialmente su simpatía hacia circuitos económicos paralelos o mercados grises, no deben confundirse con una recomendación jurídica. Su valor para este diagnóstico está en otro lugar: cuando un número creciente de ciudadanos empieza a creer que las instituciones destinadas a proteger contratos y propiedad pueden utilizar esas mismas infraestructuras para desposeerlos arbitrariamente, el problema financiero se transforma en una crisis de legitimidad.
La larga conversación europea ya mencionada expresa la misma pérdida de confianza desde otro registro. Allí aparecen la crítica a Bruselas, la sensación de que decisiones decisivas son tomadas por burocracias distantes, el resentimiento frente a la política migratoria, la percepción de propaganda mediática y el extrañamiento de jóvenes absorbidos por ecosistemas digitales. También emerge una retórica identitaria y, en algunos pasajes, biologizante que conviene no normalizar. Cuando el descontento económico y político se traduce en jerarquías humanas o en estigmatización de minorías, la crisis de gobernabilidad deja de buscar instituciones mejores y empieza a buscar chivos expiatorios. Precisamente ése es uno de los caminos por los que una crisis sistémica puede convertirse en barbarie.
La manipulación algorítmica agrava ese riesgo porque transforma la indignación en materia prima comercial. Las plataformas descubrieron que la emoción intensa aumenta el tiempo de permanencia y, con ello, los ingresos publicitarios. La política descubrió después que la misma maquinaria podía emplearse para movilizar votantes. El resultado es un sistema que premia interpretaciones cada vez más absolutas, identidades cada vez más incompatibles y adversarios cada vez más demonizados. Una sociedad polarizada es muy rentable para la economía de la atención y muy difícil de gobernar para una democracia constitucional.
Estados Unidos tampoco escapa de esa dinámica. Tangen describe a Donald Trump menos como causa que como síntoma del deterioro del modelo. Una parte significativa de la sociedad estadounidense percibió que el país más rico y poderoso del mundo podía financiar guerras, rescates financieros y expansión global mientras comunidades enteras perdían fábricas, empleos industriales y expectativas de movilidad social. Trump convirtió esa contradicción en capital político, pero la solución proteccionista enfrenta sus propios límites: reindustrializar no consiste en imponer un arancel y esperar. Exige energía, capacitación, infraestructura, proveedores, crédito paciente, ingeniería, mercados y décadas de inversión acumulativa.
De ahí el renovado interés de Washington por América Latina. Una potencia cuya competencia con China se intensifica necesita cadenas más cortas, minerales estratégicos, energía, capacidad manufacturera cercana y un hemisferio políticamente previsible. El retorno retórico de la doctrina Monroe no debe entenderse sólo como nostalgia imperial. También expresa una necesidad económica. Si la globalización irrestricta deja de ser confiable, la geografía vuelve a valer. México, Brasil, Argentina, Venezuela, el Caribe y Centroamérica adquieren entonces importancia no sólo diplomática, sino logística, industrial y energética.
Eso explica la extraña coexistencia de dos movimientos aparentemente contradictorios: Washington exige a sus aliados que asuman mayores costos militares mientras busca consolidar su propia esfera hemisférica. Europa habla de autonomía estratégica mientras depende del paraguas militar estadounidense y de insumos energéticos externos. China defiende la multipolaridad mientras amplía aceleradamente sus propias capacidades militares. Rusia invoca la indivisibilidad de la seguridad mientras emplea la fuerza para defender lo que considera sus intereses vitales. Nadie actúa desde una posición abstracta de inocencia. Cada actor interpreta sus medidas como defensivas y las del adversario como expansionistas.
La Tercera Guerra Mundial, si llegara a producirse de forma directa, probablemente no tendría una única causa inmediata. Una escaramuza en Ucrania, un bloqueo en el Báltico, un choque alrededor de Taiwán, un ataque en el Golfo Pérsico o un incidente espacial podrían proporcionar el detonador. Pero el combustible sería anterior: la incapacidad de acomodar el ascenso de nuevos centros de poder dentro de unas instituciones diseñadas durante otra distribución mundial de capacidades. En eso coinciden, desde posiciones opuestas, Meyssan, Putin, Tangen e incluso los estrategas estadounidenses que consideran inevitable la confrontación. La discrepancia es si esa transición debe resolverse negociando una arquitectura diferente o imponiendo nuevamente una jerarquía.
La pregunta formulada por Helga Zepp-LaRouche adquiere entonces su verdadero peso: ¿puede la humanidad gobernarse a sí misma? No se trata de una pregunta moral abstracta. Significa saber si sociedades dotadas de armas nucleares, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas autónomos y capacidad de destruir infraestructuras planetarias pueden crear instituciones políticas a la altura de esos instrumentos. Durante siglos, las grandes guerras podían devastar continentes sin extinguir a la especie. Esa garantía histórica ya no existe.
Una salida exige recuperar el concepto de desarrollo como fundamento de la paz. No basta con administrar equilibrios militares. Un orden internacional donde unos países deban permanecer estructuralmente pobres para que otros conserven posiciones privilegiadas producirá resistencias permanentes. Tampoco basta con proclamar multipolaridad si cada nuevo polo reproduce las mismas prácticas coercitivas del anterior. La diferencia entre multipolaridad y simple fragmentación reside en la existencia de reglas que permitan el desarrollo simultáneo de actores distintos.
Eso requiere reconstruir sistemas nacionales de economía política capaces de absorber perturbaciones sin encerrarse en autarquías. La soberanía del siglo XXI será productiva, energética, tecnológica, financiera, alimentaria, logística, digital y comunicacional al mismo tiempo. Un país que controla sus elecciones pero no su infraestructura informativa posee una soberanía incompleta. Uno que controla su moneda pero no puede producir energía suficiente también. Uno que dispone de fábricas pero depende de un único estrecho marítimo para recibir insumos críticos continúa expuesto. La verdadera resiliencia nace de la redundancia, la capacidad interna y la diversidad de socios.
El error sería confundir esa recuperación de capacidad nacional con el final del comercio mundial. Es justamente lo contrario. Sólo Estados con bases materiales suficientemente robustas pueden comerciar sin convertir toda interdependencia en una amenaza existencial. La dependencia absoluta produce obediencia o conflicto; la interdependencia entre actores capaces de sobrevivir a una ruptura crea espacio para la negociación.
Brasil decidirá su presidencia, México llegará a sus próximos ciclos electorales, Europa sustituirá gobiernos, los bancos centrales moverán tasas y las guerras actuales terminarán tarde o temprano. Pero ninguna de esas modificaciones administrativas resolverá por sí misma la crisis sistémica mundial. El problema está situado un nivel más abajo: en la relación entre dinero y capacidad productiva, entre tecnología y soberanía, entre seguridad nacional y seguridad colectiva, entre poder financiero y legitimidad social, entre comunicación digital y democracia.
El viejo orden no se encuentra bajo presión porque una conspiración única haya decidido derribarlo, ni porque un solo país pueda sustituirlo mecánicamente. Está bajo presión porque las condiciones materiales, demográficas, tecnológicas y productivas sobre las que descansaba han cambiado. China ya no es la economía periférica de 1990. Rusia no acepta la arquitectura estratégica de la posguerra fría. El Sur Global dispone de más opciones. Europa soporta restricciones que su modelo de bienestar no había previsto. Estados Unidos conserva capacidades extraordinarias, pero enfrenta una contradicción entre compromisos imperiales y recursos domésticos. Los mercados financieros contienen derechos sobre riqueza futura cuya realización exige una economía física capaz de producirla.
Cuando esa correspondencia se rompe, la política se vuelve más violenta porque empieza a distribuir escasez en lugar de administrar expansión. La deuda sustituye ingresos; la propaganda sustituye legitimidad; las sanciones sustituyen diplomacia; el rearme sustituye arquitectura de seguridad; la polarización sustituye consenso. Ésa es la verdadera anatomía de la ingobernabilidad.
La cuestión decisiva no es, por tanto, si se acerca una era de caos. El caos es una descripción, no una explicación. La cuestión es si las potencias lograrán construir instituciones compatibles con la nueva distribución real del poder antes de que la estructura anterior intente preservar mediante la coerción lo que ya no puede conservar mediante la productividad, la legitimidad y el consentimiento. Putin lo expresó en Valdai con una formulación extrema: el segundo cuarto del siglo XXI podría ser recordado como el momento en que la humanidad aprendió a transformar sus nuevas capacidades en oportunidades comunes, o podría no quedar nadie para escribir esos libros de historia. La hipérbole contiene una verdad estratégica. En una civilización nuclear, el fracaso de la gobernabilidad ya no es solamente un fracaso político. Puede convertirse en un fracaso de supervivencia.
La alternativa existe, pero exige abandonar dos ilusiones simultáneas: que el antiguo centro hegemónico puede restaurar indefinidamente la distribución de poder de 1991, y que la simple decadencia de ese centro producirá automáticamente un orden más justo. Ninguna transición histórica garantiza por sí misma un resultado superior. La multipolaridad puede convertirse en cooperación o en una competencia armada de bloques. La tecnología puede ampliar la productividad o perfeccionar el control social. La inteligencia artificial puede democratizar conocimiento o industrializar la manipulación. La soberanía puede reconstruir capacidades nacionales o degenerar en nacionalismos excluyentes.
Gobernar la crisis sistémica mundial significa escoger entre esas posibilidades antes de que la acumulación de restricciones escoja por nosotros. Significa reconstruir capacidad productiva sin cerrar el comercio, soberanía sin autarquía, seguridad sin aniquilar la seguridad ajena, innovación sin entregar la esfera pública a monopolios algorítmicos y crédito sin volver a convertir la economía física en subordinada de la especulación. El problema del siglo XXI ya no es simplemente quién posee más dinero, quién gana una elección o quién dispone del arsenal más grande. Es quién conserva suficiente capacidad material e institucional para reproducir su sociedad bajo presión y, al mismo tiempo, suficiente inteligencia política para aceptar que ningún país puede garantizar esa reproducción destruyendo las condiciones de existencia de todos los demás.
Fuentes consultadas
Dennis Small. ¿Llegó la era de caos, barbarie e ingobernabilidad? EIR. 5 de octubre de 2026.
Thierry Meyssan. Las verdaderas causas de la Tercera Guerra Mundial. Red Voltaire. 6 de octubre de 2026.
Einar Tangen: The U.S. Economic Model Is Breaking Down. Glenn Diesen. 6 de octubre de 2026.
Alex Krainer. We are trapped in Cyclop’s cave, but escape could be easy… Alex Krainer’s Substack. 5 de octubre de 2026.
En el Club Valdai, Putin plantea cuestiones para garantizar el futuro de la humanidad. EIR News Service. 2 de octubre de 2026.
¿Se derrumbarán los gobiernos de Europa antes de que puedan desatar una guerra nuclear contra Rusia? EIR News Service. 4 de octubre de 2026.
