Por Mente Alternativa
El sistema financiero estadounidense enfrenta señales crecientes de estrés que podrían anticipar una nueva crisis de deuda, advierte EIRNS (1). Mientras los inversionistas comienzan a retirar capital de los gigantescos fondos de crédito privado, un informe de política fiscal difundido en Washington advierte que Estados Unidos nunca ha entrado a una recesión con un nivel de endeudamiento tan alto como el actual. La combinación de ambos fenómenos —corridas en fondos de crédito y fragilidad fiscal estructural— plantea un escenario de vulnerabilidad macroeconómica que podría amplificarse ante el próximo choque económico.
El detonante inmediato es el movimiento de salida de capital de los fondos de crédito privado, un sector cuyo tamaño se estima en 1,8 billones de dólares. Este tipo de financiamiento se refiere a instituciones no bancarias que otorgan préstamos de alto riesgo utilizando el capital de inversionistas institucionales. A diferencia de los bancos tradicionales, estas entidades no están sujetas a las salvaguardas que protegen los depósitos bancarios, lo que las vuelve particularmente sensibles a cambios de confianza.
Durante la semana del 12 de marzo de 2026 se registraron varios episodios que ilustran lo que algunos analistas consideran una forma moderna de corrida bancaria. La firma Cliffwater LLC, que gestiona aproximadamente 33.000 millones de dólares, informó que enfrenta solicitudes de rescate equivalentes al 7% de su financiamiento. Este nivel de retiros refleja una presión significativa sobre la liquidez de los fondos.
Un caso aún más visible ocurrió con Blackstone Inc., que tuvo que satisfacer rescates de inversionistas equivalentes al 7,9% de las acciones de su fondo BCRED, el principal vehículo de crédito privado de la firma. Se trata de un nivel récord de rescates dentro de este fondo.
La presión no se limita a una sola empresa. BlackRock Inc., otro de los gigantes del sector financiero global, también enfrentó demandas de retiro de capital en su HPS Corporate Lending Fund. Ante la presión de inversionistas que buscaban retirar casi el 10% del capital, la empresa optó por limitar los retiros al 5%, una medida que sugiere tensiones de liquidez dentro del sector.
El nerviosismo también alcanzó al sistema bancario tradicional. Informes financieros revelaron que JPMorgan Chase impuso restricciones a los préstamos dirigidos a ciertos fondos de crédito privado, particularmente aquellos vinculados al sector de centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. Además, el banco redujo el valor contable de algunos préstamos en su cartera, señal de una reevaluación del riesgo crediticio en estos segmentos.
Estas tensiones en el crédito privado coinciden con advertencias sobre la situación fiscal estructural de Estados Unidos. El 10 de marzo de 2026, el Committee for a Responsible Federal Budget, un grupo de vigilancia fiscal con sede en Washington, publicó un informe titulado “In Case of Emergency, Break Glass: A Plan for the Next Economic Shock” (2).
El documento comienza con una advertencia contundente: Estados Unidos nunca ha experimentado una crisis económica con un nivel de endeudamiento tan alto como el actual.
Las recesiones y los choques económicos —señala el informe— son inevitables. Desde 1950, Estados Unidos ha experimentado 11 recesiones, lo que equivale a aproximadamente una cada siete años. Aunque es imposible predecir el momento exacto de la próxima crisis, es seguro que ocurrirá eventualmente.
Lo que preocupa a los autores del informe es la capacidad cada vez menor del gobierno estadounidense para responder a esa eventualidad. Durante las dos últimas recesiones, la deuda pública aumentó 65 puntos porcentuales del PIB. Antes de la crisis financiera de 2008, la deuda era aproximadamente 35% del PIB. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, ya había alcanzado 79% del PIB. En la actualidad se sitúa alrededor del 100% del PIB, apenas unos puntos por debajo del récord histórico establecido después de la Segunda Guerra Mundial.
El deterioro fiscal se refleja también en otros indicadores. El déficit federal ronda 6% del PIB, mientras que el pago de intereses consume casi una quinta parte de los ingresos federales, aproximadamente el doble de la proporción que representaba antes de la crisis financiera global. Al mismo tiempo, la inflación se mantiene cerca de 3%, por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen elevados: más de 4% para los bonos a diez años y cerca de 5% para los bonos a treinta años.
Según el informe, la próxima crisis podría surgir de múltiples fuentes. Entre las posibilidades se incluyen una caída inesperada de la demanda de los consumidores, un choque de oferta provocado por decisiones políticas o eventos externos, errores de política fiscal o monetaria, el estallido de burbujas especulativas en sectores como bienes raíces, acciones, inteligencia artificial o activos digitales, o incluso eventos de tipo “cisne negro” como guerras o desastres naturales.
También se menciona la posibilidad de una crisis fiscal originada en turbulencias en el mercado de bonos del Tesoro, una pérdida de confianza en el dólar, un colapso de una industria importante o la quiebra de instituciones financieras, como ocurrió en 2008 y en menor medida en 2023.
El informe advierte que el gobierno estadounidense está peor preparado que nunca para enfrentar estos escenarios debido a su limitada capacidad fiscal. Por ello propone desarrollar con anticipación un “plan de romper el cristal” —una metáfora tomada de las cajas de emergencia que contienen herramientas para usar en caso de crisis— que pueda activarse inmediatamente cuando ocurra un choque económico.
Este plan se compone de cuatro elementos principales.
El primero consiste en una respuesta política inmediata altamente dirigida al tipo específico de crisis que se produzca. La intervención debería ser temporal, focalizada y proporcional al problema, evitando utilizar las crisis como excusa para introducir políticas ajenas al problema original. En recesiones impulsadas por caída de la demanda, por ejemplo, podrían aplicarse recortes temporales de impuestos o aumentos en el gasto público con alto multiplicador económico. En cambio, si la crisis se origina en un choque de oferta o en inflación elevada, el estímulo fiscal podría resultar contraproducente.
El segundo componente es un paquete de compensaciones fiscales bipartidistas de mediano plazo. La propuesta central es aplicar una regla denominada “Super PAYGO”, según la cual por cada dólar de aumento del déficit destinado a enfrentar la crisis debería generarse dos dólares de ahorro fiscal en el mediano plazo. El informe menciona varias medidas potenciales para lograr esos ahorros, como igualar las tarifas de Medicare entre hospitales y consultorios médicos, cerrar vacíos legales que permiten evadir el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT) o reducir los sobrepagos del programa Medicare Advantage.
El tercer elemento del plan es la creación de un mecanismo automático de reducción del déficit. Este mecanismo se activaría una vez que la economía se recupere e incluiría congelar la indexación de muchos programas de gasto y parámetros fiscales, limitar el crecimiento del gasto discrecional y aplicar un recargo fiscal destinado a reducir el déficit. De acuerdo con estimaciones preliminares del informe, estas medidas podrían ahorrar aproximadamente 3,5 billones de dólares en cinco años y cerca de 10 billones de dólares en una década.
El cuarto componente es el establecimiento de una comisión fiscal bipartidista, integrada por miembros de ambas cámaras del Congreso y expertos externos. Esta comisión tendría la tarea de elaborar reformas más detalladas para reducir el déficit, reformar el sistema tributario, garantizar la solvencia de programas como Seguridad Social y Medicare, eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia del presupuesto federal.
El informe también analiza los distintos tipos de crisis fiscales que podrían surgir si el nivel de deuda continúa aumentando. Entre ellos se incluyen una crisis financiera caracterizada por pánico en los mercados de bonos del Tesoro, una crisis inflacionaria derivada de la monetización de la deuda, una crisis cambiaria que deprecie bruscamente el dólar, una crisis de austeridad generada por aumentos abruptos de impuestos y recortes de gasto, o incluso una crisis de default si el gobierno no logra cumplir con sus obligaciones.
En todos estos escenarios, el documento subraya una advertencia fundamental: no es posible estimular la economía indefinidamente mediante deuda cuando la propia deuda es el origen del problema. En una crisis fiscal, el aumento del endeudamiento podría agravar la pérdida de confianza en los mercados y acelerar la crisis.
La conclusión del informe es que los responsables políticos deben prepararse con antelación para el próximo choque económico, ya que improvisar respuestas durante la crisis puede resultar costoso e ineficaz. La recomendación central es diseñar un plan integral que combine intervención inmediata, reducción del déficit a mediano plazo, mecanismos automáticos de disciplina fiscal y reformas estructurales.
En conjunto, la salida de inversionistas de los fondos de crédito privado y la advertencia fiscal de Washington reflejan un mismo trasfondo estructural: un sistema financiero altamente apalancado que podría volverse vulnerable si se produce una contracción económica o una pérdida de confianza en los mercados. En ese contexto, el informe advierte que la próxima crisis podría encontrar a Estados Unidos con un margen de maniobra mucho menor que en cualquier momento de su historia reciente.
Notas a pie de página
1. EIRNS: Los clientes de los fondos de “crédito privado” buscan la salida; se avecina una crisis de deuda, 12 de marzo de 2026.
2. Committe for a Responsible Federal Budget: In Case of Emergency, Break Glass: A Plan for the Next Economic Shock; March 10, 2026.
