Por Mente Alternativa
El pasado 28 de mayo, en una jornada que también vio al secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar la designación de dos bandas criminales brasileñas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de cinco países iberoamericanos —Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador— se reunieron en Santiago de Chile, convocados por el presidente chileno José Antonio Kast, para sellar un acuerdo regional inédito: la llamada Alianza para el Combate al Crimen Transnacional. Según relata la periodista Cynthia Rush en su artículo “What’s Behind New Ibero-American Coalition to Combat ‘Transnational Crime?’”, publicado el 30 de mayo de 2026 en EIR, el anuncio no fue casual ni en su fecha ni en su simbolismo. La coincidencia con el endurecimiento del discurso antiterrorista estadounidense plantea preguntas inevitables sobre la autonomía de esta nueva voluntad regional y sobre si el flamante compromiso iberoamericano es, en esencia, un reflejo de agendas externas o una respuesta legítima y autogestionada ante la descomposición de la seguridad pública en el Cono Sur.
El presidente Kast, en su intervención, no escatimó en diagnósticos alarmantes: describió una situación desbordada, naciones invadidas por estructuras criminales que reclutan jóvenes para el narcotráfico, el lavado de dinero y la desestabilización de fronteras y sistemas financieros. Su retórica, cargada de un realismo casi patológico, apeló a una verdad incómoda que muchos gobiernos de la región prefieren matizar: el crimen transnacional ha dejado de ser un problema de policías y jueces para convertirse en una amenaza a la soberanía efectiva de los Estados. La firma del denominado Santiago Regional Commitment, cuyo contenido será presentado ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en junio próximo, aspira a ser un punto de inflexión. El objetivo explícito es que ese plan de acción, inicialmente restringido a cinco países, “pueda extenderse a todo el continente”, según informó *Mercopress* en su cobertura del evento.
Lo novedoso, sin embargo, no reside solo en la declaración de intenciones, sino en los mecanismos operativos que los cinco gobiernos se han comprometido a implementar. El acuerdo plantea una coordinación sin precedentes entre sus organizaciones de inteligencia y policiales, operaciones conjuntas en fronteras para controlar el flujo de personas y mercancías, y una vigilancia compartida sobre las instituciones financieras. El texto del plan exige “acciones concretas con resultados medibles y verificables”, un lenguaje que huye deliberadamente de la vaguedad diplomática tradicional. Detrás de esa exigencia de verificabilidad se esconde una comprensión madura: el crimen transnacional no respeta fronteras, pero tampoco las ideologías; opera con eficiencia logística superior a la de muchos Estados, y su poder corruptor se filtra en todas las capas de la administración pública. Por eso, cualquier respuesta que no incluya interoperabilidad real entre cuerpos de inteligencia y agilidad en el intercambio de información financiera está condenada al fracaso.
No obstante, leer este acuerdo solo como una victoria de la cooperación técnica sería ingenuo. La sombra de la designación de las bandas brasileñas como FTO por parte de la administración estadounidense proyecta una luz incómoda sobre la autonomía de la iniciativa. ¿Es la Alianza Iberoamericana un instrumento genuino de los países del Pacífico y del Cono Sur, o más bien un vehículo para canalizar políticas de seguridad alineadas con Washington, en un contexto donde el crimen organizado es cada vez más etiquetado como terrorismo? La pregunta no es menor, porque la catalogación de grupos criminales como terroristas extranjeros habilita medidas más drásticas —incluyendo intervenciones militares indirectas, sanciones financieras extraterritoriales y un marco legal que diluye las garantías procesales—. Si los cinco países firmantes asumen implícitamente esa matriz, la lucha contra el crimen transnacional podría convertirse en una nueva forma de delegación de soberanía, con costos profundos para el derecho penal y los estándares de derechos humanos en la región.
Aun así, sería cínico desdeñar la urgencia que motivó el encuentro en Santiago. Los datos empíricos disponibles —desde las rutas del clorhidrato de cocaína que atraviesan el norte de Chile hasta la penetración del tren de Aragua en Ecuador y Perú, pasando por la violencia narco en zonas fronterizas de Bolivia y Argentina— muestran una realidad que supera las capacidades individuales de cada Estado. La fragmentación de las respuestas nacionales ha sido, hasta ahora, el mejor aliado de las redes criminales. Por eso, el Santiago Regional Commitment, más allá de sus posibles lecturas geopolíticas, contiene un núcleo duro de sentido común estratégico: la cooperación regional en inteligencia, operaciones fronterizas y supervisión financiera no es una opción, sino una condición de supervivencia estatal. El desafío, entonces, no es solo implementar el acuerdo con métricas verificables, sino hacerlo sin que esa verificación se convierta en una cesión encubierta de poder a actores extracontinentales. La verdadera prueba de fuego para esta alianza iberoamericana será si logra construir capacidades propias, confianza mutua y resultados tangibles sin depender de una tutela externa. De eso dependerá que el crimen transnacional no siga escribiendo, a sangre y fuego, la geografía del desgobierno.
Notas a pie de página
1. Cynthia Rush, “What’s Behind New Ibero-American Coalition to Combat ‘Transnational Crime?’”, EIR, 30 de mayo de 2026, 5:47 PM.
2. Mercopress, “Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú firman un acuerdo conjunto para combatir la delincuencia”, 29 de mayo de 2026, disponible en: https://es.mercopress.com/2026/05/29/argentina-bolivia-chile-ecuador-y-peru-firman-un-acuerdo-conjunto-para-combatir-la-delincuencia. ↩
