Por Mente Alternativa
El Ministerio de Justicia británico, bajo la dirección del Muy Honorable Lord Chancellor David Lammy —miembro del Consejo Privado de la Corona—, ha ordenado la eliminación total del archivo de Courtsdesk, una plataforma que desde 2021 permitía a periodistas y medios monitorear registros judiciales en Inglaterra y Gales. La medida, que exige borrar la mayor base independiente de datos de tribunales del país en cuestión de días, ha generado alarma sobre la transparencia judicial y el acceso público a la información, cuestionando la capacidad de la prensa para supervisar efectivamente el sistema de justicia.
David Lammy, aunque figura en listas de influencia social como el Tatler Social Power Index, donde aparece junto a figuras aristocráticas como el Duque de Westminster, no posee vínculos hereditarios con la aristocracia británica. Su origen en Tottenham y su trayectoria académica y política lo distinguen como producto del mérito y la ambición personal; sin embargo, su presencia en círculos de élite, junto a magnates, artistas y nobles en eventos exclusivos, lo convierte en un cortesano moderno: alguien que obtiene visibilidad y capital social en la alta sociedad sin depender del linaje, sino de redes, prestigio y actividades culturales. En este sentido, Lammy representa una forma contemporánea de integración en la élite británica, donde el acceso y la influencia se negocian social y culturalmente más que por nacimiento, mostrando que la aristocracia funciona hoy tanto como un espacio de poder como un marcador de prestigio.
Courtsdesk fue aprobado por Lammy en 2021 con el objetivo de explorar cómo un “feed digital nacional de listados y registros” podía mejorar la cobertura mediática de los tribunales, especialmente de los juzgados de magistrados. Antes de su implementación, los periodistas carecían de aviso previo sobre millones de audiencias penales, y los listados oficiales solo eran precisos en un 4,2% de los días hábiles, evidenciando graves fallas estructurales en la información judicial y la dificultad para garantizar una supervisión pública efectiva.
Más de 1.500 periodistas de 39 organizaciones utilizaron la plataforma para seguir 1,6 millones de audiencias penales que no habían sido notificadas con antelación, incluyendo medio millón de casos celebrados en fines de semana sin aviso público. A pesar de las 16 solicitudes de diálogo institucional de Courtsdesk, el HM Courts and Tribunal Service emitió un cese definitivo por supuesta “compartición no autorizada” de datos, obligando a la eliminación total del archivo. Enda Leahy, director ejecutivo de Courtsdesk, señaló que su sistema era “el único capaz de decirle a los periodistas lo que realmente estaba ocurriendo en los tribunales penales” y que la decisión del Ministerio pone en tensión la protección de datos frente a la transparencia judicial, con un impacto negativo en la rendición de cuentas y la vigilancia pública del poder judicial.
Este episodio, además, recuerda de manera indirecta la polémica de los archivos de Epstein: aunque Courtsdesk no contiene información sobre Epstein, ambos casos reflejan un patrón común de control de información sensible vinculada a élites políticas y sociales. La eliminación de registros judiciales que documentaban fallas sistémicas y la visibilidad limitada de casos de alto perfil podrían interpretarse como mecanismos para proteger reputaciones y minimizar la exposición de figuras poderosas, reforzando la preocupación sobre la supervisión pública y la rendición de cuentas en el sistema judicial británico.
DOCUMENTAL: Pedófilos en el Parlamento y en la familia real británica
