Por Mente Alternativa
Cynthia Rush, de EIR, hace eco de una nota publicada por el diario cubano Granma, según el cual el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado en una conferencia de prensa celebrada el pasado 30 de junio la ofensiva diplomática que su gobierno está desplegando para enfrentar la agresión multidimensional de Estados Unidos, la cual culminará el próximo 7 de julio en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se examinará el cerco energético y las medidas coercitivas unilaterales que Washington ha impuesto contra la nación caribeña, medidas que, según el propio canciller, «constituyen un acto de genocidio» y violan «masiva, flagrante y sistemáticamente los derechos humanos de los cubanos y el derecho internacional humanitario» . La gravedad de esta acusación no reside en la hipérbole política, sino en su precisa adecuación a la definición jurídica del término, acuñado por Raphael Lemkin en 1944 para describir «un plan coordinado de diferentes acciones dirigidas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales» y que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 tipifica como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, incluyendo el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física». Lejos de ser una amenaza futura o una retórica de campaña, Rodríguez insistió en que este crimen de lesa humanidad se encuentra en plena ejecución, y sus daños humanitarios aumentan cada día, afectando incluso a los recién nacidos y a niños diagnosticados con cáncer, cuya expectativa de vida se ha deteriorado por la carencia de dispositivos, tecnología y tratamientos idóneos que el cerco energético y el extremo bloqueo impiden que lleguen a la isla .
La profundidad de la crisis actual revela la naturaleza sistémica de la agresión, que no se limita a la prohibición comercial, sino que se ha reforzado con un uso deliberado del poder comunicacional, digital y mediático para aislar y desacreditar a Cuba, justificando lo que el canciller califica como el crimen injustificable del imperialismo contra su pueblo. Esta estrategia integral busca crear una narrativa que presente a la isla como una amenaza, cuando, como señaló el ministro, lo insensato es que una potencia nuclear afirme sentirse amenazada por una nación que no posee bases militares extranjeras en su territorio —con la excepción de la usurpación de Guantánamo— y que ha cooperado con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y al terrorismo. La ironía se torna trágica cuando se contrasta la presión brutal que Washington ejerce para sabotear el foro multilateral, intimidando a embajadores y funcionarios de gobiernos extranjeros para que no asistan a la sesión del 7 de julio, con el hecho incontrovertible de que la Asamblea General de la ONU ha rechazado abrumadoramente el bloqueo en votaciones anuales, dejando a Estados Unidos en un aislamiento casi absoluto . Esta injerencia directa en el derecho de los Estados a participar en los órganos de las Naciones Unidas, así como la reciente presión para que el Programa Mundial de Alimentos no aprobara ayuda humanitaria para el pueblo cubano, desnuda una política exterior que no solo vulnera la Carta de la ONU y el principio de igualdad soberana entre los Estados, sino que atenta contra los mecanismos mismos de la cooperación internacional.
En este contexto de asfixia, la negativa de la administración Trump a retomar un diálogo constructivo y la insistencia en una narrativa de cambio de régimen, instrumentalizando incluso la guerra en Ucrania para calumniar a Cuba, configuran un escenario de peligro inminente. La denuncia del canciller, quien ha rechazado tajantemente la amenaza militar de la mayor potencia militar y nuclear del planeta, no es un mero gesto retórico, sino una advertencia sobre las consecuencias catastróficas de una agresión que, como él mismo sentenció, provocaría un baño de sangre. El derecho a la libre determinación de los pueblos, la paz y la no injerencia son principios que la comunidad internacional, y en particular el sistema de Naciones Unidas, tiene la obligación de salvaguardar. Cuba, como nación amante de la paz que ha firmado la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, se encuentra en la primera línea de defensa de un orden internacional basado en reglas, enfrentando no solo la asfixia económica, sino una embestida que busca destruir su proyecto de soberanía e independencia. La sesión del 7 de julio, por tanto, no es un evento menor en la agenda diplomática, sino el escenario donde se pondrá a prueba la coherencia del derecho internacional frente a la arrogancia del poder unipolar y donde se decidirá, en gran medida, la legitimidad de la resistencia de un pueblo que, como afirmó Rodríguez, luchará hasta las últimas consecuencias por su patria libre, soberana, digna e independiente.
