Por Mente Alternativa
La llegada de Larry Fink, cara visible del oscuro fondo de inversión Black Rock, a Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum no es un hecho aislado, sino la manifestación tangible de una encrucijada histórica para el proyecto de la Cuarta Transformación. Mientras el discurso oficial pregonaba el fin del neoliberalismo y la recuperación de la soberanía energética, la fotografía del encuentro con el fondo de inversión más grande del planeta—el mismo que busca privatizar desde el agua hasta el oxígeno—revela una tensión irresoluble entre la ideología y la realidad pragmática de la dependencia económica. Se trata de una danza incómoda donde el poder financiero global, ese ente amorfo que controla billones de dólares provenientes de los fondos de retiro de los trabajadores, tiende sus hilos sobre las decisiones que, en teoría, deberían ser estrictamente soberanas.
Para comprender la magnitud de lo que implica este acercamiento, es necesario despojarse del maniqueísmo simplista y observar la estructura de dominio que representa Black Rock. Como bien se señaló en los contenidos analizados, esta gestora de activos no es una empresa productiva; no fabrica bienes ni crea riqueza tangible. Su poder reside en algo mucho más sutil y totalitario: la capacidad de decidir hacia dónde fluye el capital global. Gestionando más de diez billones de dólares—una cifra que supera el PIB de cualquier nación exceptuando Estados Unidos y China—Black Rock es el accionista mayoritario de gigantes tecnológicos, farmacéuticos, alimenticios y mediáticos. Es el dueño silencioso de una parte sustancial de lo que vemos, consumimos y creemos. La reflexión del historiador Lorenzo Meyer resulta aquí crucial: al hablar de la dependencia del gas natural estadounidense y la tentación del fracking, Meyer nos recuerda que a veces las soluciones a los problemas inmediatos se presentan disfrazadas de males necesarios. Sin embargo, en el caso de Black Rock, el mal no es solo necesario para las finanzas públicas; es estructuralmente dañino para el tejido social, pues su modelo de negocio se basa en la extracción de plusvalía a través de la gentrificación, el despojo territorial y la especulación bélica.
La hipocresía del discurso ambientalista y ético que envuelve a estos gigantes financieros se desmorona al primer análisis de sus carteras de inversión. Mientras Black Rock se presenta en foros internacionales como un adalid de la sostenibilidad y el criterio ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), sus balances revelan una realidad opuesta. Es el mayor inversor mundial en plantas de carbón y posee reservas millonarias de barriles de petróleo. Pero la contradicción se vuelve sangrante cuando se rastrea el destino de los dividendos. El dinero que los trabajadores mexicanos depositan forzosamente en las Afores—con la promesa de una jubilación digna que nunca llega a concretarse en su totalidad—termina siendo el combustible para fondos que invierten en empresas armamentistas responsables del genocidio en Palestina o en la privatización de prisiones en Estados Unidos, donde la muerte y la desolación se convierten en mercancías rentables. Este es el rostro más grotesco del capitalismo especulativo contemporáneo: un sistema caníbal que se alimenta de los ahorros de la vejez para financiar la muerte infantil en Oriente Medio y el encarcelamiento masivo en Norteamérica.
En el plano doméstico, la presencia de Black Rock se traduce en una expulsión silenciosa pero efectiva de los sectores populares del espacio urbano. El fenómeno de la gentrificación que expulsa a los habitantes originales de colonias como la Roma o la Condesa, en Ciudad de México, no es un capricho de la estética hipster, sino el resultado de una estrategia financiera orquestada. Al adquirir masivamente bienes inmuebles y presionar al alza de los precios del suelo, estos fondos convierten la vivienda en un activo especulativo, no en un derecho humano. Así, la reunión en Palacio Nacional no fue solo una mesa de negociación sobre infraestructura, carreteras o el Corredor Interoceánico; fue la constatación de que México ha decidido aceptar las reglas de juego de un tablero donde no es el rey, sino una ficha más en la geopolítica de la explotación. El anuncio paralelo de la administración sobre la exploración de técnicas no convencionales de extracción de gas—el temido fracking—cierra el círculo de la dependencia. Frente a la disyuntiva expuesta por Meyer de seguir importando gas de Texas o arruinar el subsuelo nacional mediante fracturas hidráulicas, el poder financiero global observa con beneplácito: en cualquiera de los dos escenarios, sus ganancias están aseguradas.
Sin embargo, caer en una condena absoluta sin matices sería ignorar la complejidad del momento histórico. El pragmatismo, como argumentaron los panelistas, no es necesariamente la claudicación, sino el arte de habitar en el terreno de lo posible mientras se mantiene la brújula ética apuntando hacia lo deseable. La administración de Claudia Sheinbaum, heredera de un movimiento que creció bajo el discurso anti-neoliberal, se enfrenta a una realidad ineludible: la economía mexicana está interconectada y, en muchos sentidos, subordinada a los vaivenes del capital internacional. No existe la posibilidad de un “exilio económico” de este sistema sin caer en el colapso inmediato. Por lo tanto, la tarea no es la ruptura violenta e inviable, sino la regulación férrea y la defensa de los derechos humanos como contrapeso. Si Black Rock quiere invertir en litio en Sonora o en energía en Veracruz, el Estado mexicano tiene la obligación de hacer valer su recién estrenada soberanía energética, imponiendo condiciones que blinden a las comunidades indígenas y a los territorios de la depredación.
La gran lección que deja este episodio, magistralmente hilada por los analistas citados, es que el fin del neoliberalismo como discurso político no implica automáticamente su desaparición como práctica económica. Las estructuras de poder que rigen los destinos del planeta no se disuelven con decretos ni se exorcizan con discursos. El poder financiero global, encarnado en personajes como Larry Fink y en instituciones como el Foro Económico Mundial, es un Leviatán moderno que no se somete a elecciones ni rendirá cuentas jamás por los crímenes que financia. Frente a este coloso, México se encuentra en una disyuntiva que definirá su carácter en las próximas décadas: puede optar por ser un mero administrador de la pobreza, facilitando la labor extractiva de estos fondos a cambio de migajas de crecimiento económico, o puede intentar la hazaña de domesticar al monstruo. La historia, plagada de gobiernos progresistas que sucumbieron a la seducción del capital fácil, nos muestra lo difícil de la segunda opción. Pero si algo ha caracterizado a los movimientos de transformación en América Latina es su capacidad para resistir, y la vigilancia crítica de la sociedad civil, esa que no se deja cegar por el flash de las fotografías oficiales, será la única muralla capaz de impedir que la Cuarta Transformación se convierta en un capítulo más de la larga y dolorosa historia de entreguismo en la región.
