Por José Luis Preciado
La derrota electoral de Donald Trump, la intensificación del cerco estadounidense contra Irán y la perspectiva de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China en Shenzhen constituyen manifestaciones de una misma transformación histórica: la crisis de un orden financiero y geopolítico que intenta preservar su supremacía mientras pierde capacidad para sostener las condiciones materiales de su propia existencia. En un informe titulado Wall St. en pánico ante la histórica cumbre tripartita, el geoestratega Dennis Small plantea una interpretación que considero indispensable para comprender la naturaleza de este momento. El problema no reside exclusivamente en las guerras, la rivalidad entre potencias o las contradicciones electorales estadounidenses. Su origen más profundo está en el agotamiento del sistema financiero transatlántico, cuya supervivencia depende crecientemente de mecanismos especulativos, endeudamiento, militarización y subordinación económica de otras naciones. La alternativa que comienza a perfilarse no es simplemente un desplazamiento del poder occidental hacia Eurasia, sino la posibilidad de reorganizar las relaciones internacionales alrededor del desarrollo económico, la soberanía efectiva y la cooperación entre civilizaciones.
Las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre revelaron hasta qué punto la política convencional resulta insuficiente para explicar esta crisis. El Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, infligiendo a Trump una derrota que recuerda, por sus motivaciones económicas y sociales, al rechazo que anteriormente permitió su propio regreso al poder. Small recupera una expresión característica del electorado estadounidense, vote the bums out!, para explicar una dinámica en la que los ciudadanos castigan sucesivamente a las administraciones que consideran responsables de su deterioro material. En 2024, millones de estadounidenses rechazaron la inflación, las guerras exteriores y las dificultades económicas asociadas al gobierno de Joe Biden. Dos años después, una parte significativa de aquellos mismos sectores terminó repudiando a una administración republicana que había prometido combatir precisamente esas condiciones.
La contradicción resulta especialmente reveladora porque Trump llegó a la Casa Blanca reivindicando el principio de America First, la reconstrucción industrial y el abandono de las guerras interminables. Sin embargo, su gobierno terminó profundizando la confrontación con Irán, ampliando las operaciones militares y manteniendo una estructura económica incapaz de resolver satisfactoriamente el encarecimiento de la vida. La población no está rechazando únicamente a un partido: está manifestando su frustración ante un sistema político que cambia de administradores sin modificar las estructuras que producen sus principales problemas.
Esta paradoja no me sorprende. Desde antes de su regreso a la Casa Blanca sostuve que Trump no representaba necesariamente una ruptura real con el establishment al que decía combatir. En mi artículo El papel multidimensional del trumpismo en la transición hacia un mundo multipolar, publicado en Mente Alternativa el 7 de enero de 2025, escribí que «el actor multidimensional Donald Trump tiene la capacidad de presentarse como héroe, villano o chivo expiatorio según cambien las necesidades geoestratégicas de las élites de Occidente». La expresión no pretendía negar que existan disputas genuinas entre sectores de poder, ni reducir toda la política estadounidense a una representación teatral. Buscaba advertir que bajo la lógica de la multidimensionalidad un movimiento puede canalizar un descontento auténtico y, sin embargo, terminar preservando las estructuras económicas, militares y financieras contra las cuales movilizó a sus seguidores. El trumpismo podía presentarse como insurgencia nacional mientras operaba dentro de los límites de un orden al que nunca sometió a una transformación de fondo.
Esta contradicción adquiere otra dimensión cuando se examinan las redes que rodearon a algunos de los arquitectos del trumpismo. En Steve Bannon y la dialéctica del falso soberanismo: de Trisulti a Epstein, la contrainteligencia oligárquica detrás del trumpismo, publicado el 17 de febrero de 2026, formulé la siguiente tesis: «Steve Bannon no es lo que aparenta. Presentado como ideólogo del trumpismo y abanderado del soberanismo occidental, su trayectoria —desde el proyecto metapolítico del monasterio de Trisulti hasta los mensajes revelados en los archivos de Epstein— sugiere algo más que activismo ideológico: apunta a una operación de contrainteligencia política. Lejos de encarnar una ruptura antisistema, Bannon emerge como un dispositivo de contención estratégica, una pieza clave en la instrumentalización del populismo para reconducir la rebelión hacia el redil de la oligarquía ocultista de Occidente». La publicación de correspondencia y comunicaciones entre Bannon y el Jeffrey Epstein, así como la conocida relación social que Trump mantuvo años atrás con el pedófilo, proporciona motivos para examinar críticamente aquellas redes de influencia.
Conviene recuperar aquí una reflexión del filósofo ruso Aleksandr Duguin que, según mi experiencia editorial, también estuvo en el centro de las objeciones de Google que desembocaron en la censura algorítmica de Mente Alternativa: «Es bastante significativo que en las sociedades globalistas desarrolladas no exista una oposición que realmente desafíe los principios mismos del sistema. Tanto la derecha como la izquierda son meros elementos de un juego deliberado y astuto […] El objetivo estratégico de esta dualidad manufacturada consiste en aprovechar la aparición de polémicas en el seno de la oposición que conduzcan a su fragmentación y posterior integración en nichos políticos especialmente preparados por el propio régimen». La fuerza de esta observación no depende de aceptar que toda oposición sea falsa. Reside en señalar una capacidad histórica de los sistemas de poder: absorber la protesta, administrarle cauces permitidos y convertir una aspiración de cambio estructural en competencia entre facciones que disputan el mando sin alterar las reglas fundamentales. Desde esta perspectiva, la distancia entre el discurso antisistema de Trump y el resultado de su gobierno no representa una anomalía inexplicable, sino una contradicción que era necesario anticipar.
Hacen falta más que elecciones para cambiar la política. La alternancia partidista puede proporcionar mecanismos de corrección institucional, pero no garantiza la transformación de un sistema económico cuyas prioridades fundamentales sobreviven a los gobiernos. El analista Daniel Estulin ha identificado una contradicción semejante entre los ciclos electorales estadounidenses y los horizontes históricos necesarios para construir una civilización industrial. Una economía puede sustituir sus dirigentes cada cuatro años, pero necesita décadas para reconstruir infraestructura, formar científicos, desarrollar nuevas fuentes de energía y organizar capacidades productivas. Cuando la continuidad nacional queda subordinada a los conflictos de la competencia electoral y a los intereses financieros inmediatos, la democracia conserva sus procedimientos mientras pierde capacidad para orientar estratégicamente el futuro.
La reacción de Trump ante su derrota parece confirmar, al menos inicialmente, la gravedad de esa contradicción. El 6 de noviembre anunció la sustitución de Susie Wiles por Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, una decisión que representa el fortalecimiento del sector más inflexible de su administración. Miller ha sido uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias que suscitaron rechazo entre numerosos votantes y un defensor de concepciones expansivas del poder presidencial. Su nombramiento difícilmente puede interpretarse como una rectificación de las políticas repudiadas en las urnas. Por el contrario, anuncia una etapa de mayor confrontación con un Congreso demócrata cuya nueva composición entrará plenamente en funciones en enero de 2027. Las consecuencias podrían extenderse a México y América Latina mediante nuevas presiones migratorias, fronterizas y de seguridad.
Pero la señal más peligrosa apareció en Oriente Medio. El 7 de noviembre, el Comando Central estadounidense anunció la creación de la fuerza especial Task Force Iron Gate, destinada a restringir el traslado de armamento avanzado, tecnologías de doble uso, materiales sancionados y recursos financieros ilícitos a través de las fronteras terrestres iraníes y el mar Caspio. La iniciativa amplía la estrategia de interdicción que Washington ya aplica mediante su bloqueo marítimo. Small interpreta esta operación como un intento de asfixiar las conexiones continentales de Irán y, por extensión, debilitar los mecanismos de integración económica que están construyendo Rusia, China y otras naciones euroasiáticas. Es importante precisar que una fuerza destinada a interceptar determinados suministros no equivale automáticamente al cierre efectivo de todas las fronteras iraníes. Su significado estratégico reside, sin embargo, en la intención de ampliar la presión estadounidense sobre las rutas comerciales que vinculan a la República Islámica con su entorno continental.
Irán es mucho más que un adversario militar de Israel o un expediente de proliferación nuclear. Su territorio constituye una articulación fundamental entre el golfo Pérsico, Asia central, el subcontinente indio y Rusia. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, concebido para conectar India con los mercados rusos mediante puertos iraníes como Chabahar y redes ferroviarias continentales, forma parte de una arquitectura económica que converge con proyectos asociados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Estas conexiones permiten imaginar intercambios comerciales, energéticos y tecnológicos menos dependientes de los mecanismos financieros, marítimos y logísticos controlados por Occidente. Por ello, el cerco contra Irán posee una dimensión que trasciende la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026: afecta las condiciones materiales sobre las cuales podría consolidarse un sistema internacional alternativo.
La guerra ha demostrado, además, que la superioridad tecnológica estadounidense no garantiza una victoria política. Las operaciones militares emprendidas por Washington e Israel dañaron capacidades iraníes, pero no consiguieron imponer un arreglo estratégico estable. El investigador Benjamin Jensen, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, examinó distintas opciones estadounidenses, desde ataques limitados y operaciones contra instalaciones nucleares hasta mayores restricciones marítimas y ofensivas contra estructuras dirigentes. Ninguna ofrece garantías de éxito y todas pueden producir nuevas escaladas. La capacidad iraní para sustituir dirigentes, distribuir funciones institucionales y mantener operaciones demuestra que destruir instalaciones o eliminar autoridades no equivale necesariamente a quebrar la continuidad política de un Estado.
La prolongación de esta confrontación también amenaza los fundamentos económicos del propio sistema que pretende defender. El estrecho de Ormuz continúa siendo una arteria decisiva para el comercio internacional de hidrocarburos, mientras los riesgos sobre transporte, seguros marítimos, fertilizantes y producción alimentaria convierten una guerra regional en un mecanismo de transmisión mundial de inflación e incertidumbre. El encarecimiento energético repercute sobre los costos industriales, el consumo de las familias, las tasas de interés y la capacidad de los gobiernos para financiar sus necesidades. Se configura así una contradicción fundamental: la utilización de la fuerza militar para preservar posiciones hegemónicas puede terminar agravando los desequilibrios económicos que debilitan esa misma hegemonía.
El peligro adquiere una dimensión todavía más inquietante ante las advertencias sobre una posible escalada nuclear. Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, ha señalado que la combinación de enfrentamientos militares, deterioro financiero y pérdida de mecanismos diplomáticos de confianza puede desembocar en una situación extraordinariamente peligrosa. Small comparte esa preocupación y considera que una administración debilitada políticamente podría verse tentada a buscar una demostración militar decisiva. Figuras como Tucker Carlson también han advertido sobre propuestas nucleares extremas relacionadas con Irán. Sin embargo, ninguna de estas advertencias constituye prueba de que Washington haya decidido emplear armamento nuclear. La amenaza debe examinarse como un escenario estratégico de consecuencias potencialmente catastróficas, no como una operación militar confirmada.
La situación israelí introduce otra variable. Después de las elecciones del 27 de octubre, el presidente Isaac Herzog encargó a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo gobierno, tras recibir recomendaciones parlamentarias superiores a las obtenidas por Benjamin Netanyahu. Small considera favorable la posibilidad de una reconfiguración política israelí que permita abandonar la dinámica de confrontación permanente. No obstante, Eisenkot todavía necesita construir una mayoría y Netanyahu conserva instrumentos para intentar prolongar su influencia. Un cambio de gobierno tampoco garantiza por sí mismo la transformación de la estrategia regional de Israel. Lo decisivo será determinar si las nuevas condiciones políticas permiten sustituir la lógica de la guerra por una arquitectura de seguridad que incluya acuerdos diplomáticos y perspectivas concretas de desarrollo económico.
Aquí aparece el núcleo de la interpretación de Dennis Small. La confrontación militar, la inestabilidad política, el endeudamiento y las operaciones de presión económica no serían fenómenos aislados, sino manifestaciones interrelacionadas de una crisis sistémica. En una formulación que merece reproducirse íntegramente, el geoestratega explica:
“Estamos en un periodo de un desplome sistémico del sistema financiero del transatlántico, que a fuerzas tiene que mantener su control a través de guerras, a través de una política económica shactiana, a través de alimentar la burbuja especulativa y seguir con el proceso de saqueo por deuda y por derivados de los países del sur global, y no permitir de ninguna manera que surja una alternativa como sí está ocurriendo con lo que pasa con China, con Rusia, con los BRICS y demás. Y eso es lo que está pasando. Entonces, estamos en un momento de cambio, de transición de un sistema a otro. No está definido lo que va a ser el resultado, pero las leyes y las reglas que se aplicaban en otras situaciones no funcionan.
Ahora, creo que una de las mejores maneras de enfocar esto es lo que hizo Helga Zepp-LaRouche, que participó en la conferencia del foro global de gobernanza global que organizó China a fines de octubre. Ella fue una de las invitadas internacionales a Xiong’an y participó en dos mesas redondas. Una de las cosas que Helga dijo en una mesa redonda me parece clave para enfocar el cuadro estratégico. Dijo lo siguiente: ‘teniendo en cuenta que el sistema financiero ya está extremadamente sobrecargado y que los precios de la energía podrían seguir subiendo, dado que la guerra de Oriente Medio podría incluso agravarse, creo que la posibilidad de un colapso del sistema peor que el del 2008 es muy real. Mi pregunta es, por lo tanto, a los panelistas’, dijo Helga: ‘¿está China o cualquier otro gobierno preparando planes de contingencia?, porque si el colapso se produjera de forma descontrolada, el mundo se enfrentaría a una catástrofe absolutamente sin precedentes, lo que aumentaría el peligro de que las guerras se salieran de control, no solo en Oriente Medio, sino también en Ucrania’.”
Esta declaración modifica radicalmente la forma de interpretar los acontecimientos. Si se acepta la tesis de Small, la guerra no sería únicamente una causa de deterioro económico, sino también uno de los instrumentos mediante los cuales determinados intereses intentan administrar las contradicciones del sistema financiero. La militarización, la expansión del crédito público destinado a defensa, el endeudamiento y la especulación podrían funcionar como mecanismos complementarios de preservación de una estructura de poder que encuentra crecientes dificultades para generar prosperidad mediante la economía productiva. Es una interpretación controvertida, que debe distinguirse de una demostración empírica de causalidad, pero proporciona un marco para examinar por qué las políticas estratégicas persisten incluso cuando sus consecuencias económicas resultan perjudiciales para amplios sectores de las poblaciones occidentales.
Sin embargo, hay una dimensión que amplía el diagnóstico de Small y que considero decisiva. La crisis del sistema financiero occidental no se desarrolla en el vacío: coincide con perturbaciones profundas de los sistemas energético y alimentario, al tiempo que se superpone a una crisis civilizatoria más amplia. Como he señalado anteriormente: «Nos encontramos en una coyuntura histórica sin precedentes en la era moderna: la sincronización de tres crisis sistémicas que, operando en retroalimentación, están desmantelando los pilares de la civilización industrial tal como la conocemos. No se trata de una recesión cíclica ni de una crisis financiera aislada; es el colapso simultáneo de los sistemas financiero, energético y alimentario globales, acelerado por una escalada bélica que amenaza con desembocar en un conflicto nuclear». Esa formulación describe un escenario de crisis convergentes y riesgos de ruptura, no la constatación de que todos esos sistemas hayan dejado ya de funcionar. Su importancia está en las relaciones de dependencia que los unen: el crédito sostiene cosechas, infraestructura y comercio; la energía mueve la industria, el transporte y la producción de fertilizantes; los alimentos sostienen la estabilidad social. Cuando uno de esos pilares se resquebraja, transmite presión sobre los otros. La guerra, además, puede transformar desequilibrios administrables en choques simultáneos de abastecimiento, inflación y seguridad.
El historiador ruso Andrei Fursov lleva este razonamiento a una escala todavía mayor mediante su concepto de «crisis de la matrioska»: una crisis contenida dentro de otra, donde el agotamiento de una forma histórica de producción se enlaza con las tensiones de la civilización que la sostiene y con transformaciones del entorno material de la humanidad. Fursov sostiene que actualmente convergen crisis geoeconómicas, socioculturales, antropológicas y ecológicas —que en ciertos análisis extiende al terreno geológico— de una amplitud difícil de comparar con las convulsiones de los últimos siglos. En su interpretación, la crisis del capitalismo y el debilitamiento de la clase media se encuentran conectados con la crisis del cristianismo, la civilización europea, lo que él denomina la «raza blanca», la condición biológica del género Homo y la biosfera. La enumeración recoge sus categorías, no una equivalencia científica entre ellas. Pero su argumento central merece atención: una crisis del modo de producción dominante puede adquirir proporciones civilizatorias cuando afecta simultáneamente las instituciones, las identidades, los equilibrios ambientales y hasta la manera en que se concibe el ser humano.
Fursov también advierte que no cabe esperar el regreso automático a la relativa estabilidad que caracterizó a buena parte del periodo posterior a 1945. Considera que algunas de las transformaciones actuales no son meramente espontáneas, sino que son aceleradas o instrumentalizadas por redes de poder transnacionales menos visibles que las exhibidas en las listas de nuevos ricos de la revista Forbes. Tal atribución debe tratarse como una hipótesis sobre las estrategias de grupos de influencia, no como prueba de la existencia de un centro oculto que controle todas las crisis. Lo decisivo es su observación histórica, inspirada en el historiador Fernand Braudel, sobre el «nuevo reparto de las cartas de la historia». A juicio de Fursov, las cartas decisivas del siglo XX se distribuyeron entre 1914 y 1934 y condicionaron buena parte de lo que vino después. La redistribución que vivimos podría determinar igualmente varias generaciones, con el riesgo —según su pronóstico— de alumbrar un mundo menos democrático, menos igualitario y más explotador que el conocido entre 1945 y 1991.
Aquí la reflexión de Fursov converge con una preocupación central de Small, aunque ambos parten de tradiciones intelectuales diferentes. Si la transición no está predeterminada, tampoco basta con identificar a los beneficiarios de la crisis o resignarse a un nuevo reparto del poder. La cuestión es si las sociedades podrán intervenir conscientemente en el desenlace: si permitirán que la desintegración financiera, energética, alimentaria y cultural se traduzca en un orden más coercitivo o si aprovecharán la ruptura histórica para organizar instituciones superiores de desarrollo. Como advierte Fursov, el mundo anterior no regresará intacto; pero los seres humanos todavía pueden influir en las cartas que se están repartiendo y decidir si su futuro habrá de orientarse hacia la razón o hacia el infierno.
La referencia de Small a una política económica schachtiana remite a Hjalmar Schacht, responsable de mecanismos financieros utilizados durante el rearme alemán bajo el nazismo. Los pagarés MEFO permitieron movilizar recursos hacia la industria militar mediante instrumentos que desplazaban parte de las obligaciones fuera de los procedimientos presupuestarios convencionales. La comparación permite advertir cómo una economía puede desarrollar incentivos estructurales para sostener la producción armamentista incluso cuando esa orientación perjudica otras necesidades nacionales. En Estados Unidos, la solicitud de aproximadamente 1,5 billones de dólares para defensa durante el ejercicio fiscal de 2027 ilustra la magnitud del compromiso económico con el aparato militar. Fabricantes de armamento, contratistas tecnológicos e inversionistas institucionales participan de un complejo cuyos ingresos dependen de decisiones presupuestarias y estratégicas. La existencia de participaciones accionarias de grandes administradoras como BlackRock o State Street no demuestra un mando único sobre esas decisiones, pero sí revela la integración entre mercados de capitales y expansión militar.
La dimensión financiera merece precisiones igualmente importantes. Small ha advertido sobre una burbuja especulativa que estima en aproximadamente 2.400 billones de dólares. Esa cifra no corresponde directamente al agregado convencional de derivados extrabursátiles registrado por el Banco de Pagos Internacionales, cuyo valor nocional pendiente superaba los 800 billones de dólares al cierre de 2025. Tampoco el valor nocional puede interpretarse automáticamente como deuda exigible o pérdidas futuras equivalentes. Sin embargo, la magnitud de los contratos, el apalancamiento, las interconexiones entre instituciones y la concentración de riesgos permiten comprender por qué una crisis financiera puede transmitirse rápidamente entre mercados y economías. La crítica al predominio de la especulación no necesita confundir las magnitudes estadísticas: su fundamento más sólido reside en la desproporción potencial entre las obligaciones financieras acumuladas y la capacidad de la economía real para sostenerlas.
La cuestión histórica se remonta a la ruptura del sistema de Bretton Woods en agosto de 1971, cuando Richard Nixon terminó con la convertibilidad del dólar en oro. Para la corriente económica vinculada a Lyndon LaRouche, aquel acontecimiento abrió una etapa de creciente separación entre creación monetaria, valorización financiera y producción física. Las sucesivas crisis de deuda, los rescates bancarios, la expansión de derivados y la subordinación de presupuestos públicos al servicio de obligaciones financieras serían consecuencias de esa transformación. La interpretación no implica que todos los problemas actuales puedan atribuirse exclusivamente a 1971, pero permite recuperar una pregunta fundamental: ¿debe organizarse el crédito para multiplicar rendimientos financieros o para incrementar la capacidad productiva, científica y tecnológica de las sociedades?
Brasil constituye un ejemplo especialmente significativo. Luiz Inácio Lula da Silva ha defendido la soberanía brasileña, la cooperación con China y la integración de los BRICS, pero su gobierno continúa enfrentándose a restricciones fiscales, tasas de interés elevadas y obligaciones financieras que limitan las posibilidades de inversión pública. Small propone recuperar mecanismos de crédito dirigido a infraestructura, regulación cambiaria y cooperación monetaria internacional, siguiendo determinados principios asociados a Alexander Hamilton, Franklin Roosevelt y LaRouche. La experiencia mexicana de 1982, cuando José López Portillo recurrió a controles cambiarios y nacionalización bancaria frente a la crisis de deuda, forma parte de esa discusión histórica. No se trata de reproducir mecánicamente aquellas medidas, cuyos resultados estuvieron condicionados por profundas dificultades macroeconómicas, sino de reconocer que la soberanía política resulta incompleta cuando un Estado carece de instrumentos efectivos para financiar su desarrollo.
En análisis anteriores he insistido en que la soberanía del siglo XXI se definirá mediante el control de tres infraestructuras fundamentales: la energía que permite funcionar a las economías, los datos que organizan sus decisiones y el dinero que determina su capacidad de inversión. La interpretación de Small proporciona una dimensión adicional a esta tesis. La transformación del orden internacional no dependerá exclusivamente de qué países posean más armamento, sino de cuáles sean capaces de organizar crédito productivo, construir corredores comerciales, asegurar suministros energéticos y desarrollar tecnologías sin quedar subordinados a estructuras financieras externas. Precisamente aquí convergen el ascenso de los BRICS, los proyectos de conectividad euroasiática y la disputa internacional por las infraestructuras del nuevo paradigma tecnológico.
La inteligencia artificial está acelerando esa transformación. Su desarrollo exige enormes inversiones en electricidad, refrigeración, agua, semiconductores, centros de datos y redes de transmisión, lo que implica un posible desplazamiento de capital hacia sectores fundamentales para esa nueva infraestructura: uranio, generación nuclear, cobre, plata, automatización, robótica, biotecnología y tecnologías espaciales. Esta perspectiva reconoce que la economía digital depende de una base física cada vez más exigente. Pero también advierte sobre nuevas vulnerabilidades: una civilización que concentra su capacidad de decisión en sistemas informáticos interconectados puede multiplicar su productividad y, simultáneamente, aumentar su exposición a interrupciones de electricidad, comunicaciones, pagos y suministros esenciales. El desarrollo tecnológico no equivale automáticamente a resiliencia, y las inversiones vinculadas con sectores estratégicos tampoco están exentas de burbujas especulativas.
Los acontecimientos recientes ofrecen ejemplos concretos. En octubre y noviembre de 2026, ataques contra controladores informáticos de refrigeración comercial afectaron supermercados europeos y provocaron pérdidas de alimentos al alterar las temperaturas de conservación. Investigaciones de Palo Alto Networks y otros especialistas documentaron la exposición de sistemas industriales conectados a internet y las consecuencias físicas de vulnerabilidades informáticas aparentemente limitadas. En Asia también se registraron incidentes que comprometieron cuentas bancarias, registros financieros y operaciones de pago. Estos episodios confirman que la infraestructura digital constituye una dimensión estratégica de la economía material. Una intrusión informática puede traducirse en alimentos destruidos, dinero transferido fraudulentamente, servicios interrumpidos y deterioro de la confianza pública. La investigación publicada por Mente Alternativa en marzo de 2021 sobre Cyber Polygon anticipó la importancia de estudiar y ensayar estos escenarios de riesgo sistémico.
La preocupación institucional ha comenzado a trasladarse a la población. El periodista David Sillito, de la BBC, examinó el plan británico conocido como Black Sky, diseñado para mantener comunicaciones oficiales durante interrupciones prolongadas de electricidad e internet. El dispositivo contempla instalaciones de radiodifusión de emergencia, personal especializado y reservas materiales que permitirían continuar transmitiendo instrucciones mediante radio FM. Paralelamente, la campaña gubernamental Be Ready recomienda a las familias disponer de recursos básicos para afrontar hasta 72 horas de dificultades en servicios esenciales. Steve Watson, en un artículo difundido por Modernity y reproducido por ZeroHedge, llamó la atención sobre la trascendencia de estas medidas. Su importancia no consiste en demostrar que Londres conozca una catástrofe inminente, sino en reconocer que incluso las sociedades tecnológicamente más desarrolladas consideran necesario preparar mecanismos de supervivencia ante fallas sistémicas.
La diferencia entre planificación preventiva y predicción de acontecimientos resulta esencial. Sin embargo, tampoco sería sensato ignorar la acumulación de señales: guerras que amenazan corredores energéticos, crecimiento del endeudamiento, ataques contra sistemas industriales y gobiernos que preparan protocolos para la interrupción simultánea de servicios. La pregunta formulada por Zepp-LaRouche en Xiong’an adquiere, por ello, una relevancia extraordinaria. ¿Existen planes capaces de gestionar una crisis financiera y tecnológica sin permitir que desemboque en una confrontación militar generalizada? La preparación material puede reducir los daños de una emergencia, pero ninguna reserva doméstica sustituye la necesidad de transformar las estructuras económicas y estratégicas que producen vulnerabilidades colectivas.
Europa enfrenta esa contradicción de manera particularmente aguda. Según la Agencia Europea de Defensa, los Estados miembros de la Unión Europea destinaron aproximadamente 418.000 millones de euros a defensa en 2025 y proyectan 454.000 millones para 2026. Esta expansión del gasto militar ocurre mientras numerosas economías afrontan costos energéticos elevados, necesidades de reconstrucción industrial, restricciones presupuestarias y dependencia tecnológica de Estados Unidos. La militarización comienza incluso a proyectarse hacia el espacio mediante conceptos preliminares de tecnologías orbitales de doble uso, aunque tales investigaciones no deben confundirse con sistemas de armamento operativos. El dilema europeo consiste en pretender alcanzar autonomía estratégica mediante una arquitectura de confrontación que, al mismo tiempo, dificulta el acceso a oportunidades económicas y energéticas vinculadas con Eurasia.
El Reino Unido ofrece una ilustración particularmente reveladora de la distancia entre las ambiciones estratégicas de sus dirigentes y las disposiciones de la sociedad. El exdiplomático británico Ian Proud ha cuestionado la creciente retórica de preparación para una confrontación con Rusia, señalando las limitaciones materiales y políticas que dificultarían semejante empresa. Una encuesta de Ipsos publicada en octubre de 2026 reveló que, aunque el 51 % de los británicos respaldaba aumentar el gasto militar, el 48 % declaraba que no estaría dispuesto a combatir por su país bajo ninguna circunstancia. La contradicción plantea una interrogante que trasciende al Reino Unido: ¿hasta qué punto pueden las democracias sostener estrategias prolongadas de militarización cuando sus poblaciones enfrentan dificultades económicas y muestran reservas significativas ante los sacrificios que implicaría una guerra? La brecha entre las prioridades geopolíticas y las expectativas sociales puede convertirse así en otro factor de erosión de la legitimidad institucional.
Las conversaciones previstas para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi entre representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania constituyen una oportunidad para explorar una salida diplomática a otra guerra de consecuencias devastadoras. La participación de Steve Witkoff y Jared Kushner por Washington, así como las posiciones de Moscú y Kiev sobre territorio y garantías de seguridad, revelan la complejidad de cualquier acuerdo. Small considera que determinados sectores europeos podrían dificultar las negociaciones, mientras las autoridades de la Unión Europea sostienen que la seguridad del continente no puede decidirse sin su participación. La tensión refleja intereses nacionales divergentes que ninguna solución duradera podrá simplemente ignorar. Una arquitectura de seguridad viable necesitará atender las preocupaciones estratégicas rusas, la soberanía ucraniana y las necesidades legítimas de los Estados europeos.
La composición de las delegaciones reunidas en Abu Dabi proporciona, además, una indicación importante sobre la posible profundidad de estas negociaciones. Rusia incorporó a Serguéi Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores especializado en las relaciones con Washington, el control de armamentos y la seguridad estratégica. Su participación, junto con representantes militares y diplomáticos, sugiere que Moscú podría intentar situar la cuestión ucraniana dentro de una discusión más amplia sobre las relaciones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Para Kiev, el problema inmediato continúa siendo la terminación de las hostilidades, la preservación de su soberanía y la obtención de garantías contra una nueva agresión. Para Moscú, el eventual acuerdo también podría constituir un instrumento para negociar las reglas de seguridad europeas posteriores a la guerra. La diferencia revela una contradicción fundamental: alcanzar un compromiso territorial ya representa una tarea extraordinariamente difícil, pero reconstruir una arquitectura de seguridad aceptable para adversarios estratégicos exige acuerdos todavía más complejos. La presencia de especialistas en control de armamentos no demuestra que semejante entendimiento esté próximo; revela, cuando menos, que las conversaciones podrían trascender la delimitación de las líneas del frente. En ese sentido, Abu Dabi y la eventual reunión de Trump, Putin y Xi en Shenzhen pueden examinarse como escenarios distintos, pero potencialmente conectados, de una discusión sobre las reglas del orden internacional emergente.
Pero la oportunidad potencialmente más trascendental aparece en Shenzhen, donde los días 18 y 19 de noviembre está prevista la reunión de líderes de la APEC. Trump ha expresado su expectativa de mantener conversaciones con Vladimir Putin y Xi Jinping sobre la guerra iraní, el control de armamentos y otras cuestiones estratégicas. La posibilidad de una reunión trilateral todavía no equivale a la confirmación definitiva de su celebración, su agenda o sus resultados. No obstante, su significado histórico es considerable: las tres principales potencias nucleares y actores fundamentales de la economía mundial podrían establecer un diálogo sobre las condiciones necesarias para evitar una escalada militar y abordar las contradicciones del sistema internacional.
El estratega ruso Dmitri Trenin considera que una iniciativa semejante no debe interpretarse prematuramente como el nacimiento de un nuevo orden mundial, pero podría representar un paso importante para sustituir las guerras por la diplomacia. Small identifica en estas reflexiones una disposición creciente a explorar principios de cooperación que trasciendan los mecanismos tradicionales de confrontación geopolítica. El economista ruso Serguéi Glazyev ha desarrollado una propuesta especialmente relevante: una transición negociada hacia un nuevo paradigma económico internacional que no reproduzca simplemente la división del planeta en esferas de influencia, como ocurrió en Yalta en 1945. Estados Unidos conservaría intereses legítimos en la estabilidad del dólar y de sus mercados, mientras otras naciones tendrían derecho a desarrollar mecanismos de pago y liquidación menos dependientes de una sola moneda y de los riesgos asociados con sanciones extraterritoriales.
Esta posibilidad transforma el significado de la multipolaridad. El objetivo no tendría que consistir en destruir el sistema monetario internacional ni sustituir una hegemonía por otra, sino en construir mecanismos compatibles de crédito, comercio e inversión que permitan a las distintas economías desarrollar sus capacidades productivas. La cooperación entre monedas nacionales, sistemas regionales de liquidación e instituciones de financiamiento podría reducir determinadas vulnerabilidades sin exigir una ruptura caótica de las relaciones financieras existentes.
Los acontecimientos recientes demuestran que esta reorganización monetaria ha dejado de pertenecer exclusivamente al terreno de las propuestas teóricas. Según las estadísticas publicadas el 7 de noviembre de 2026, el Banco Popular de China completó veinticuatro meses consecutivos de acumulación de oro, elevando sus reservas oficiales a 78,3 millones de onzas troy, equivalentes a unas 2.435 toneladas. Solo durante octubre incorporó aproximadamente 25,8 toneladas, a pesar de la caída de los precios internacionales del metal. Simultáneamente, el sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos CIPS procesó operaciones por 182,8 billones de yuanes entre enero y octubre, superando en apenas diez meses el volumen registrado durante todo 2025. La transformación adquiere una dimensión tecnológica adicional con la primera transferencia transfronteriza efectuada por China Construction Bank mediante una billetera de yuanes digitales para no residentes, utilizada por la comercializadora internacional de materias primas OPEN MINERAL AG para enviar fondos desde Shanghái hasta Zúrich, Suiza. La importancia de estos acontecimientos no reside en que anuncien la desaparición inmediata del dólar o de SWIFT, sino en que China está ampliando simultáneamente sus reservas monetarias, sus mecanismos de liquidación internacional y su infraestructura financiera digital. El nuevo orden monetario no necesita proclamarse para comenzar a existir: está construyendo los instrumentos materiales que podrían hacerlo posible.
Rusia e India ofrecen otra manifestación de esta transformación. Según Ivan Nosov, responsable de Sberbank en India, el rublo y la rupia representan ya el 96 % de las transacciones comerciales bilaterales, mientras la Unión Económica Euroasiática negocia con Nueva Delhi un acuerdo de libre comercio que permitiría ampliar las relaciones productivas y comerciales más allá del ámbito estrictamente monetario. La transición, sin embargo, continúa enfrentándose a importantes contradicciones. El Banco de la Reserva de India acumulaba en septiembre una posición corta cercana a 240.000 millones de dólares en contratos cambiarios a plazo, reflejo de la complejidad de administrar la estabilidad monetaria en mercados todavía profundamente vinculados al dólar. La desdolarización, por tanto, no constituye un proceso uniforme ni irreversible, sino una reorganización gradual de mecanismos de pago, reservas, financiamiento y comercio, cuyo desarrollo depende tanto de decisiones geopolíticas como de las condiciones concretas de cada economía.
Para Glazyev, incluso Estados Unidos tendría razones para participar en semejante reorganización. La preservación de su prosperidad futura podría resultar más viable mediante una transición negociada que a través de la defensa indefinida de posiciones hegemónicas cada vez más costosas. El desafío, sin embargo, no es exclusivamente monetario. Como destaca Small, las grandes transformaciones históricas requieren principios capaces de organizar intereses nacionales aparentemente incompatibles. Glazyev propone reconocer un mínimo común de fundamentos morales: dignidad humana, justicia, soberanía, respeto mutuo, trabajo constructivo y responsabilidad hacia las generaciones futuras. Zepp-LaRouche ha encontrado afinidades entre la tradición confuciana de la armonía en la diversidad y el pensamiento de Nicolás de Cusa, particularmente su concepción de la coincidentia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Desde esta perspectiva, la solución de una contradicción no consiste necesariamente en la destrucción de una de las partes, sino en descubrir un principio superior dentro del cual ambas puedan desarrollar sus potencialidades.
Small relaciona esa concepción con la propuesta china de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y con la idea de un orden internacional polifónico defendida por Putin. La metáfora musical resulta especialmente sugerente: una composición no adquiere riqueza mediante la uniformidad de sus instrumentos, sino mediante la integración de voces diferentes dentro de una estructura inteligible. En términos políticos, significaría reconocer que las civilizaciones poseen trayectorias, instituciones y tradiciones distintas sin que esas diferencias deban desembocar inevitablemente en confrontación. Small presenta esta concepción como expresión de un principio físico universal de desarrollo; aunque semejante afirmación pertenece todavía al terreno de una elaboración filosófica que requiere fundamentación, su orientación política plantea una alternativa sustancial a la idea de que la seguridad internacional depende exclusivamente del equilibrio coercitivo entre adversarios.
Las grandes obras de infraestructura serían la materialización económica de esa filosofía. El Plan Oasis, promovido desde el entorno del Instituto Schiller para impulsar una perspectiva de desarrollo y cooperación en Oriente Medio, pretende sustituir la confrontación territorial por proyectos de agua, energía, transporte y reconstrucción económica. En Eurasia, la posible convergencia entre el Corredor Internacional Norte-Sur, que vincula India, Irán y Rusia, y las infraestructuras asociadas al corredor económico China-Pakistán abriría oportunidades de integración de enorme alcance. Small destaca especialmente los proyectos para conectar el puerto pakistaní de Gwadar con las rutas que utilizan Chabahar, en Irán. Su realización exigiría superar profundas rivalidades entre India, Pakistán y China, pero precisamente ahí reside el sentido de una arquitectura de cooperación: transformar intereses contrapuestos mediante beneficios económicos compartidos.
África constituye otro escenario fundamental de esta transformación. Según un estudio publicado en marzo de 2025 por el Centro Africano de Estudios Estratégicos, empresas chinas participan en la construcción, financiación o gestión de 78 puertos distribuidos en 32 países africanos, equivalentes a más de un tercio de las instalaciones portuarias comerciales del continente. Treinta y seis de esos puertos han recibido buques militares chinos o servido para ejercicios navales, circunstancia que revela el potencial estratégico de infraestructuras originalmente vinculadas al comercio. Su utilización militar futura, sin embargo, no puede darse por descontada: hasta ahora, Yibuti alberga la única base militar china confirmada en África. La relevancia de esta expansión portuaria trasciende la cuestión naval. Los puertos, ferrocarriles, corredores industriales y sistemas de pagos constituyen componentes interdependientes de una arquitectura económica que permite reorganizar los flujos comerciales y diversificar las relaciones internacionales. La influencia en el siglo XXI no se ejercerá exclusivamente mediante bases militares, sanciones o superioridad tecnológica, sino también mediante la capacidad para construir y conectar las infraestructuras de las cuales depende la producción y circulación de la riqueza.
América Latina posee posibilidades semejantes. El puerto peruano de Chancay y los proyectos ferroviarios bioceánicos podrían contribuir a articular las economías sudamericanas con los mercados asiáticos, ampliar su capacidad industrial y reducir dependencias logísticas históricas. Brasil, en particular, podría aprovechar la cooperación con los BRICS para impulsar inversiones de largo plazo en infraestructura, tecnología, agricultura y generación energética. La transformación financiera adquiriría entonces un significado material: el crédito dejaría de orientarse predominantemente hacia la refinanciación de obligaciones y la valorización de activos para convertirse en instrumento de construcción económica. La cooperación internacional no se mediría únicamente mediante declaraciones diplomáticas, sino por su capacidad para producir electricidad, agua, alimentos, transporte, empleo calificado y progreso científico.
El nuevo acuerdo de defensa entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán también revela que los mecanismos regionales de seguridad están experimentando transformaciones importantes. Su existencia no demuestra una transferencia de armamento nuclear ni garantiza una nueva arquitectura estable, pero refleja la búsqueda de instrumentos de cooperación menos dependientes de las estructuras tradicionales encabezadas por Washington. La dimensión nuclear podría adquirir además un significado diferente si las potencias recuperaran experiencias de cooperación como el programa Megatons to Megawatts, que convirtió uranio procedente de armamento nuclear en combustible civil. La expansión de la inteligencia artificial y la electrificación industrial aumentan la importancia de disponer de fuentes energéticas abundantes y estables. Convertir capacidades militares en recursos para el desarrollo exigiría acuerdos verificables, pero ofrece una ilustración concreta de cómo la reducción de riesgos estratégicos puede producir beneficios económicos compartidos.
La reflexión adquiere una dimensión moral adicional con el viaje del papa León XIV por América Latina. Su defensa del bien común y del desarrollo humano recupera una tradición expresada por Pablo VI cuando sostuvo que el desarrollo constituye el nuevo nombre de la paz. El Instituto Schiller ha promovido esa orientación mediante propuestas de infraestructura y llamados a establecer mecanismos de diálogo entre las grandes potencias. La idea fundamental trasciende las convicciones religiosas: ninguna arquitectura internacional puede considerarse verdaderamente estable cuando su seguridad depende de amenazas militares permanentes y sus habitantes carecen de oportunidades suficientes para construir una existencia digna.
La posibilidad de transformación también está presente dentro de Estados Unidos. Las propuestas redistributivas de Bernie Sanders, las críticas a la concentración de riqueza y las discusiones sobre vivienda, sanidad, educación y control del crecimiento indiscriminado de centros de datos expresan una demanda social que difícilmente desaparecerá con el resultado de una elección. Sin embargo, Small advierte que la redistribución resulta insuficiente si no se transforma la arquitectura financiera que determina las prioridades de inversión y producción. Las diferencias internas del Partido Demócrata, examinadas por Thomas Wright en Foreign Affairs, muestran que tampoco existe un consenso definitivo sobre el futuro del liderazgo estadounidense, la relación con China o el modelo económico que debería sustituir al actual. Una victoria demócrata no garantiza una política pacifista, del mismo modo que el nacionalismo republicano no ha significado el abandono del intervencionismo exterior.
La descomposición del orden económico comienza, además, a manifestarse como una crisis de legitimidad que trasciende las fronteras nacionales y las divisiones ideológicas. En su artículo El derrumbe de nuestras sociedades, publicado el 10 de noviembre de 2026 en Red Voltaire, Thierry Meyssan identifica un denominador común entre las protestas contra el encarecimiento de la vida en Europa y la India y el rechazo electoral a la administración Trump: sociedades cada vez más convencidas de que sus instituciones han dejado de trabajar en beneficio de quienes las sostienen. La cuestión fundamental, señala Meyssan, no consiste simplemente en determinar qué país está perdiendo más, sino en comprender por qué sectores tan diversos de la población experimentan simultáneamente una pérdida de bienestar y de perspectivas. Su diagnóstico puede resumirse en una expresión particularmente reveladora: «no trabajamos para nosotros mismos». El trabajador observa cómo sus ingresos pierden poder adquisitivo, el contribuyente cuestiona el destino de sus impuestos y el ciudadano descubre que la alternancia política no necesariamente modifica las condiciones que deterioran su existencia material. Las protestas de signo aparentemente opuesto comienzan así a expresar una contradicción compartida: la creciente distancia entre los sacrificios exigidos a la sociedad y los beneficios que esta recibe del orden institucional.
Meyssan identifica otras dos manifestaciones de esa fractura: el rechazo a la corrupción y a las desigualdades, fenómenos que adquieren una dimensión particularmente inquietante cuando la concentración de riqueza se transforma en concentración de poder político. Una democracia puede garantizar formalmente la igualdad del voto y, sin embargo, permitir que una minoría dotada de recursos financieros extraordinarios ejerza una influencia desproporcionada sobre las decisiones que afectan a millones de personas. La contradicción no es exclusivamente distributiva, sino estructural: mientras las poblaciones soportan el encarecimiento de la energía, los alimentos, la vivienda y los servicios esenciales, descubren que sus gobiernos conservan enormes capacidades para movilizar recursos financieros hacia prioridades que no necesariamente coinciden con sus necesidades. Aquí convergen las interpretaciones de Meyssan, Fursov y Small. La crisis financiera descrita por este último amenaza las condiciones materiales de reproducción de la sociedad; la crisis civilizatoria examinada por Fursov pone en cuestión las instituciones y jerarquías que organizaban el mundo anterior; y el malestar identificado por Meyssan revela cómo ambas transformaciones comienzan a erosionar la legitimidad de los sistemas políticos. El peligro no reside únicamente en que las economías sufran nuevas convulsiones, sino en que sus poblaciones dejen de reconocer en el orden existente un proyecto de futuro digno de ser preservado.
Paraguay acaba de ofrecer una demostración particularmente dramática de cómo una crisis financiera puede transformarse, en cuestión de días, en una crisis de legitimidad política. El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central paraguayo intervino Ueno Bank tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. La medida dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a cerca de tres millones de clientes, casi la mitad de la población del país, y comprometió la disponibilidad de cuantiosos recursos pertenecientes a instituciones públicas y fondos de pensiones. Las protestas populares y las acusaciones de presuntos conflictos de intereses precipitaron, apenas tres días después, la destitución del presidente Santiago Peña, mientras los sindicatos de docentes se movilizaban para exigir garantías sobre sus jubilaciones. La caída de una sola entidad bancaria había conseguido sacudir simultáneamente el sistema de pagos, el ahorro familiar, la seguridad social y la estabilidad del poder ejecutivo. Aunque las autoridades sostienen que se trata de un episodio aislado y han activado mecanismos de garantía de depósitos, su significado trasciende las fronteras paraguayas: revela la rapidez con que la pérdida de confianza financiera puede convertirse en descontento social y ruptura institucional. En Paraguay, la crisis bancaria no derribó únicamente balances financieros: contribuyó a derribar a un presidente. Es precisamente esta interacción entre fragilidad económica y deslegitimación política la que obliga a considerar las advertencias de Dennis Small, Andrei Fursov y Thierry Meyssan desde una perspectiva sistémica.
El problema fundamental continúa siendo la incapacidad de traducir el extraordinario poder científico, tecnológico y financiero de Estados Unidos en un proyecto sostenido de prosperidad compartida. John Gray ha advertido sobre la pérdida de legitimidad que acompaña al declive de las pretensiones universalistas occidentales. Una potencia puede conservar capacidades militares formidables y, al mismo tiempo, perder la confianza de sociedades que consideran sus prioridades estratégicas cada vez más alejadas de sus necesidades cotidianas. Esa contradicción no se resuelve sustituyendo una administración por otra, aumentando los presupuestos militares o ampliando las sanciones. Exige reconsiderar para qué existe el poder político y cuáles deben ser los fines de la economía.
La crisis financiera occidental entra así en una etapa decisiva. Las derrotas electorales, el endurecimiento de la política contra Irán, la militarización europea, las vulnerabilidades tecnológicas y los preparativos gubernamentales ante interrupciones de servicios no constituyen necesariamente partes de una conspiración única ni anuncian por sí mismos una catástrofe inevitable. Pero su convergencia revela un sistema internacional sometido a tensiones extraordinarias. La interpretación de Dennis Small obliga a examinar si la expansión de las guerras y de los mecanismos de coerción económica responde exclusivamente a necesidades estratégicas declaradas o si también refleja los incentivos de una arquitectura financiera que encuentra dificultades crecientes para sostenerse mediante la producción y el desarrollo.
La eventual reunión de Trump, Putin y Xi en Shenzhen adquiere importancia precisamente porque podría abrir una alternativa a esa dinámica. No existen garantías de que las tres potencias alcancen acuerdos trascendentales ni de que puedan superar sus profundas contradicciones. Estados Unidos pretende preservar influencia, Rusia exige garantías estratégicas y China busca estabilidad para continuar su desarrollo económico y tecnológico. Sin embargo, la posibilidad de identificar intereses compartidos en materia de seguridad nuclear, energía, infraestructura y reorganización financiera representa una oportunidad que difícilmente puede despreciarse. La cuestión no es si Shenzhen inaugurará automáticamente un nuevo orden mundial, sino si sus protagonistas comprenderán que la preservación de sus respectivos intereses nacionales podría exigir una transformación concertada de las reglas internacionales.
El gran dilema de nuestro tiempo, por tanto, no consiste en escoger entre Washington y Pekín, entre Trump y los demócratas, ni entre una hegemonía occidental agotada y otra hegemonía emergente. Consiste en determinar si la humanidad continuará organizando sus relaciones alrededor de la coerción, la acumulación especulativa y la destrucción de capacidades ajenas, o si conseguirá crear instituciones capaces de orientar el crédito, la ciencia, la tecnología y la energía hacia el desarrollo de todas las naciones. El ascenso de los BRICS y la integración euroasiática ofrecen posibilidades importantes, pero no están exentos de rivalidades y contradicciones. Tampoco Occidente carece de recursos intelectuales, industriales y humanos para participar constructivamente en una reorganización semejante.
Small recupera, a través de Zepp-LaRouche y Nicolás de Cusa, una concepción del optimismo que no consiste en negar los peligros del presente, sino en reconocer la capacidad humana de descubrir soluciones que los esquemas políticos existentes todavía no permiten imaginar. Una crisis sistémica puede desembocar en desintegración y violencia, pero también abrir oportunidades para reconstruir instituciones sobre fundamentos superiores. El resultado dependerá de las decisiones que adopten gobiernos, sociedades y dirigentes en momentos en que las inercias del pasado dejan de ofrecer respuestas suficientes.
Porque la soberanía no se demuestra mediante la capacidad de bloquear puertos, imponer sanciones, destruir infraestructuras o prolongar guerras, sino mediante la posibilidad de construir, proteger y desarrollar las condiciones materiales de la existencia humana. Una civilización que necesita endeudamiento creciente, expansión militar y preparativos permanentes para la interrupción de sus servicios esenciales debe preguntarse si su poder todavía sirve a sus habitantes o si sus habitantes han terminado subordinados a la preservación de ese poder.
La advertencia de Dennis Small es, en última instancia, tan económica como civilizatoria: el sistema internacional se aproxima a una transición cuyo desenlace no está predeterminado. La guerra nuclear y una crisis financiera descontrolada constituyen riesgos que deben evitarse; la cooperación entre potencias y la construcción de una nueva arquitectura de desarrollo ofrecen una posibilidad distinta. La verdadera cuestión ya no es quién conseguirá dominar el mundo después de la crisis del orden occidental, sino si las grandes potencias serán capaces de reconocer que ninguna podrá garantizar su propia supervivencia destruyendo las condiciones de desarrollo de las demás.
Si Shenzhen llegara a convertirse en el escenario donde comenzara a prevalecer ese reconocimiento, su trascendencia no estaría en reproducir una nueva Yalta ni en repartir nuevamente el planeta entre vencedores, sino en iniciar la difícil tarea de sustituir la geopolítica de la confrontación por una política de desarrollo compartido. De lo contrario, el viejo orden podría arrastrar al mundo hacia una catástrofe precisamente en su intento de impedir que nazca aquello que habrá de reemplazarlo.
Sobre el autor
José Luis Preciado es antropólogo, historiador y columnista en el semanario de análisis geoestratégico Mente Alternativa.
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