Por Mente Alternativa
La inteligencia artificial ha dejado de ser, en Washington, una mera industria tecnológica para convertirse en una categoría de poder nacional. Donald Trump ha creado una “Super Intelligence Force” destinada a coordinar la acción del Gobierno federal en torno a la tecnología que su propia administración ya ha decidido dejar de llamar oficialmente inteligencia artificial. La secuencia es importante. El 29 de septiembre, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14434, Inaugurating the Era of Super Intelligence, y el 4 de octubre presentó públicamente la nueva fuerza federal. No se trata simplemente de una extravagancia semántica. Washington está intentando convertir el lenguaje, la administración, la seguridad nacional, la regulación y la arquitectura tecnológica de la nueva economía digital en partes de una misma estrategia de Estado.
La Orden Ejecutiva 14434 es extraordinariamente explícita. La rama ejecutiva estadounidense deberá sustituir, en la medida permitida por la ley, las expresiones “Artificial Intelligence” y “AI” por “Super Intelligence” y “SI” en comunicaciones oficiales, sitios web, informes, documentos políticos y correspondencia gubernamental. La disposición no obliga a reescribir regulaciones, contratos, subvenciones ni documentos históricos ya existentes y, por ahora, conserva jurídicamente la definición de inteligencia artificial contenida en la legislación federal. Pero introduce una cláusula mucho más importante: en un plazo de sesenta días, el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología deberá presentar lenguaje legislativo destinado a establecer una definición federal propia de “Super Intelligence”, evaluar hasta qué punto esta debe modificar o sustituir la definición legal vigente de inteligencia artificial y recomendar nuevas acciones presidenciales o ejecutivas. En otras palabras, el cambio comienza como nomenclatura, pero contiene un mecanismo institucional para transformarse después en categoría jurídica.
La Casa Blanca justifica esta transición alegando que los sistemas de frontera ya no se limitan a automatizar funciones particulares de la inteligencia humana, sino que amplifican la creatividad, la investigación científica y la capacidad de resolver problemas hasta un punto que justificaría hablar de una nueva época tecnológica. El mensaje político es transparente: Estados Unidos no quiere presentarse como un país que administra una tecnología creada por empresas privadas, sino como la potencia que inaugura, define y organiza una nueva etapa de la inteligencia tecnológica. El lenguaje es parte de esa disputa porque quien fija el vocabulario intenta fijar también el marco institucional dentro del cual será comprendida la tecnología.
La posterior creación de la Super Intelligence Force hace todavía más visible esa transformación. Según la información publicada sobre su constitución, la estructura está encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, junto con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra Emil Michael; y el director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor. Trump declaró que el organismo deberá coordinar los esfuerzos federales para garantizar que Estados Unidos siga encabezando el desarrollo de la superinteligencia, una transformación que llegó a comparar en magnitud con la Revolución Industrial y con Internet. La Casa Blanca ha señalado además que la fuerza deberá relacionarse con consumidores, organizaciones de interés público, instituciones religiosas, operadores de infraestructura crítica y las propias compañías de superinteligencia.
La composición permite advertir que el proyecto rebasa ampliamente una política industrial convencional. Inteligencia nacional, competencia económica, defensa y administración pública aparecen sentadas alrededor de la misma mesa. La tecnología es tratada simultáneamente como activo estratégico, infraestructura económica, problema administrativo y cuestión de seguridad. Ése es probablemente el verdadero significado político de la Superinteligencia de Trump: la inteligencia artificial comienza a integrarse verticalmente en la maquinaria del Estado norteamericano.
Ese fenómeno resulta todavía más significativo cuando se observa junto con una declaración reciente de Peter Thiel. La formulación que circula en algunos medios —“solo un gobierno mundial puede controlar la IA”— simplifica de manera excesiva lo que realmente dijo. En una conversación con Mathias Döpfner publicada por MD MEETS, de Axel Springer, el 24 de septiembre de 2026, Thiel sostuvo que una verdadera ralentización mundial del desarrollo de inteligencia artificial exigiría una cooperación internacional tan profunda que, en la práctica, necesitaría un gobierno mundial dotado de poder efectivo. Pero su conclusión no fue celebratoria, sino exactamente la contraria: semejante remedio podría resultar peor que la enfermedad. Su temor es que el argumento de los riesgos existenciales termine legitimando una autoridad global capaz de gobernar la infraestructura computacional, controlar máquinas y concentrar una capacidad de vigilancia sin precedentes.
La contradicción aparente entre Trump y Thiel es precisamente lo interesante. Thiel teme que el control internacional de la inteligencia artificial desemboque en una concentración política planetaria; Trump responde a la misma carrera tecnológica mediante una concentración nacional del mando. Uno teme un gobierno mundial del cómputo; el otro intenta garantizar que la infraestructura estadounidense permanezca bajo una arquitectura coordinada desde Washington. La discusión esencial, por tanto, ya no consiste solamente en determinar qué modelo es más inteligente, qué empresa dispone de más parámetros o qué chatbot responde mejor. La pregunta es quién controla la infraestructura física, energética, financiera, informacional y jurídica que permite entrenar, desplegar y gobernar esos sistemas.
En ese punto aparece otro proceso que suele analizarse por separado pero pertenece a la misma reorganización: la tokenización. Múltiples fuentes advierten sobre una futura “tokenización de todo” capaz de alcanzar a miles de millones de personas incluso sin que estas perciban conscientemente que la utilizan. La expresión puede sonar hiperbólica si se interpreta como una predicción literal e inmediata, pero apunta a una tendencia concreta: convertir derechos sobre activos, identidades, instrumentos financieros, contratos, permisos, pagos y registros en objetos digitales verificables y programables. Cuando esa capa transaccional converge con sistemas de inteligencia capaces de analizar, decidir, clasificar y automatizar acciones, la economía digital deja de limitarse a ofrecer servicios sobre Internet. Empieza a adquirir la posibilidad técnica de convertir partes crecientes de la vida económica en procesos legibles por máquinas.
La importancia política de semejante transición no reside únicamente en que un inmueble, un bono o un depósito pueda representarse mediante un token. Reside en la posibilidad de que identidad, acceso, propiedad, reputación, cumplimiento regulatorio, pagos y decisiones algorítmicas terminen incorporándose dentro de una misma infraestructura. La inteligencia artificial sería entonces el sistema que interpreta y decide; la tokenización, la estructura que registra y ejecuta; y el aparato regulatorio, la autoridad que define qué acciones son jurídicamente válidas. Allí comienza una discusión mucho más profunda sobre soberanía tecnológica.
Pero ninguna transformación económica puede evaluarse únicamente desde la arquitectura del poder. Debe observarse también desde el mercado laboral, y los primeros datos disponibles describen una transformación mucho más selectiva que el apocalipsis de desempleo masivo anunciado durante años. Un análisis de Henley Wing Chiu para Bloomberry examinó alrededor de 180 millones de ofertas de empleo globales entre 2023 y octubre de 2025. El total de vacantes cayó aproximadamente 8% en 2025, una contracción coherente con el enfriamiento general del mercado. Sin embargo, determinadas profesiones creativas descendieron mucho más deprisa: las ofertas para artistas de gráficos por computadora, incluidos especialistas 3D y VFX, se desplomaron 33%; las correspondientes a fotógrafos disminuyeron 28%; y las de escritores, incluyendo redactores y editores, retrocedieron también 28%. En el caso de los artistas digitales, la caída ya había comenzado un año antes, con un descenso aproximado del 12% en 2024.
El detalle decisivo es que la automatización no está golpeando por igual a toda la economía creativa. Directores creativos, responsables de estrategia, diseñadores que interpretan necesidades complejas y profesionales encargados de decidir qué debe producirse resisten mejor que quienes ejecutan una tarea definida. La inteligencia artificial abarata primero la ejecución reproducible. Todavía necesita con mayor frecuencia a seres humanos allí donde existe ambigüedad, responsabilidad, negociación, interpretación estratégica o juicio.
La misma base de datos muestra el reverso de la transformación. Mientras determinadas profesiones creativas se contraen, las ofertas para ingenieros de aprendizaje automático crecieron alrededor de 40% entre 2024 y 2025. También aumentó la demanda de ingenieros de robótica, científicos aplicados y especialistas de centros de datos. La automatización no destruye simplemente trabajo: modifica la jerarquía del trabajo. Reduce el valor relativo de algunas capacidades de ejecución y eleva el de quienes diseñan, gobiernan, entrenan o alimentan la infraestructura que automatiza a los demás.
Los jóvenes parecen encontrarse en la zona más vulnerable. Stanford ha estimado que el empleo entre trabajadores de 22 a 25 años en ocupaciones altamente expuestas a la inteligencia artificial había sufrido una disminución relativa del 13%. Esa cifra corresponde a las primeras mediciones del estudio de Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen. Sin embargo, la actualización publicada por el Stanford Digital Economy Lab en agosto de 2026 profundizó el diagnóstico: utilizando datos administrativos hasta junio de 2026, la brecha relativa llegó aproximadamente al 19%. Los investigadores subrayan, al mismo tiempo, que todavía no existe evidencia de un desplazamiento laboral masivo en toda la economía. La presión se concentra sobre todo en trabajadores jóvenes dentro de profesiones donde la inteligencia artificial automatiza tareas, y el ajuste está ocurriendo principalmente porque las empresas contratan menos personal de entrada, no porque estén realizando despidos generalizados.
Éste puede ser uno de los cambios sociales más importantes de la revolución tecnológica actual. Durante generaciones, el mercado laboral funcionó sobre la premisa de que el trabajador joven ingresaba realizando las tareas más rutinarias y, mediante experiencia, ascendía hacia funciones de mayor criterio y responsabilidad. La inteligencia artificial amenaza con eliminar precisamente algunos de esos primeros peldaños. Si una empresa necesita menos redactores junior, menos asistentes, menos diseñadores de ejecución y menos programadores dedicados a tareas repetitivas, el problema no consiste solamente en la pérdida inmediata de vacantes. Consiste en determinar cómo adquirirá experiencia la siguiente generación de profesionales que algún día deberá ocupar los puestos estratégicos que hoy siguen protegidos.
Aquí aparece la relación más sugerente —aunque todavía hipotética y no demostrada causalmente— con el endurecimiento migratorio descrito en el material. Desde 2024, distintas economías desarrolladas han comenzado a restringir determinados canales de inmigración mientras continúan compitiendo por trabajadores altamente cualificados. Estados Unidos ha aplicado restricciones migratorias más severas; Canadá ha reducido objetivos de admisión; Reino Unido ha endurecido requisitos salariales y de cualificación; Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia han endurecido diferentes aspectos de sus políticas de asilo, reunificación o trabajo; Japón combina una necesidad estructural de mano de obra con controles más estrictos sobre la inmigración irregular.
Las explicaciones oficiales son conocidas: vivienda insuficiente, presión presupuestaria, capacidad de integración, seguridad fronteriza y volúmenes migratorios elevados. No existe evidencia suficiente para afirmar que los gobiernos estén cerrando fronteras principalmente para reservar empleos ante la automatización. Pero la hipótesis merece atención porque la estructura del problema es real. Un trabajador administrativo desplazado por inteligencia artificial no desaparece del mercado laboral: intenta trasladarse hacia otra ocupación. Puede competir por empleos en logística, comercio minorista, transporte, atención personal, restauración o servicios. Es precisamente en varias de esas actividades donde trabajadores migrantes han ocupado tradicionalmente una parte considerable de la oferta laboral.
La inteligencia artificial puede producir así una presión descendente por capas. Primero automatiza determinadas funciones cognitivas de ejecución. Después empuja a una parte de esos trabajadores hacia empleos menos expuestos a la automatización. Finalmente, aumenta la competencia en sectores de servicios que anteriormente absorbían abundante mano de obra migrante. En ese escenario, la política migratoria deja de ser completamente independiente de la política tecnológica, aun cuando los gobiernos nunca reconozcan explícitamente semejante vínculo.
El Estado de bienestar tampoco está diseñado todavía para una transición acelerada de esta naturaleza. Las prestaciones por desempleo en determinadas jurisdicciones estadounidenses pueden ser modestas y temporales frente al coste real de vivienda y manutención. La cuestión estratégica, por tanto, no es saber si mañana desaparecerán millones de empleos de manera instantánea, sino si las economías serán capaces de generar nuevas funciones con suficiente rapidez, distribuir las ganancias de productividad y reconstruir los caminos de entrada al mercado laboral antes de que la automatización erosione demasiados de los existentes.
La división entre trabajador sustituible y trabajador complementado por máquinas podría convertirse en una fractura política de primera magnitud. Los datos disponibles sugieren que la inteligencia artificial no reemplaza simplemente profesiones enteras. Divide cada profesión entre tareas automatizables y tareas que conservan valor humano. Un redactor que únicamente produce textos estandarizados resulta más vulnerable que un editor capaz de definir una estrategia intelectual. Un diseñador dedicado exclusivamente a producir variaciones visuales enfrenta más presión que un director de arte responsable de una concepción completa. Un programador que ejecuta instrucciones repetitivas puede sufrir mientras el ingeniero capaz de diseñar sistemas complejos gana productividad mediante las mismas herramientas.
La frontera decisiva no está necesariamente entre trabajo manual y trabajo intelectual. Está entre ejecución y decisión, entre rutina y responsabilidad, entre producir una respuesta y saber qué pregunta merece formularse.
De ahí que la Super Intelligence Force no deba observarse como una simple extravagancia lingüística de la administración Trump. Su aparición coincide con el momento en que la inteligencia artificial comienza a dejar consecuencias materiales sobre empleo, inversión, infraestructura, seguridad y competencia entre potencias. Washington parece haber comprendido que el liderazgo tecnológico no se conservará únicamente mediante mejores empresas privadas. Requiere energía, centros de datos, chips, capital, investigadores, redes de telecomunicaciones, seguridad nacional, regulación, compras públicas y una política capaz de impedir que el adversario controle los cuellos de botella esenciales.
Trump está intentando envolver esos componentes dentro de una narrativa nacional única: la Superinteligencia de Trump como infraestructura de poder estadounidense.
La ironía es considerable. Mientras Peter Thiel advierte que el miedo a la inteligencia artificial podría producir un gobierno mundial encargado de vigilar la computación global, Estados Unidos avanza hacia una coordinación cada vez más estrecha entre inteligencia, defensa, regulación y corporaciones tecnológicas dentro de sus propias fronteras. No es todavía el Estado algorítmico total imaginado por los críticos de la centralización tecnológica, pero tampoco es ya el viejo mercado digital descentralizado de las primeras décadas de Internet.
La transformación fundamental puede resumirse de otra manera. Durante la revolución de Internet, los Estados intentaron aprender a regular redes construidas fundamentalmente por compañías privadas. En la revolución de la superinteligencia, los Estados parecen prepararse para incorporar directamente esas capacidades dentro de sus arquitecturas de soberanía.
Y ésa es la dimensión histórica que el cambio de nombre aparentemente trivial permite entrever. “Inteligencia artificial” describía una tecnología. “Super Intelligence”, en la gramática política de la administración Trump, aspira a describir una era.
La batalla que comienza no decidirá únicamente quién posee el modelo más poderoso. Decidirá quién controla la energía que lo alimenta, los chips que lo ejecutan, los datos que lo entrenan, el capital que lo financia, las normas que lo gobiernan, los tokens mediante los cuales puede integrarse en la economía, las fronteras laborales que amortiguan sus consecuencias y, finalmente, la autoridad capaz de determinar qué puede hacer una máquina y qué espacio conservará el ser humano dentro del sistema.
La Superinteligencia de Trump es, por eso, mucho más que un ejercicio de mercadotecnia presidencial. Es la declaración de que Washington pretende convertir la inteligencia computacional avanzada en un componente orgánico de la capacidad nacional estadounidense. Lo que todavía está abierto es si esa concentración producirá una nueva época de productividad distribuida o una estructura en la que una minoría controla los sistemas que sustituyen, clasifican y administran a una mayoría.
En esa respuesta se jugará algo más importante que la supremacía tecnológica. Se decidirá qué clase de sociedad sobrevivirá a la tecnología que está construyendo.
Fuentes consultadas
Donald J. Trump. Inaugurating the Era of Super Intelligence — Executive Order 14434. The White House. 29 de septiembre de 2026.
Peter Thiel y Mathias Döpfner. Peter Thiel: The AI Crisis, Europe’s Decline & the Battle for America. MD MEETS / Axel Springer SE. 24 de septiembre de 2026.
Henley Wing Chiu. I analyzed 180M jobs to see what jobs AI is actually replacing today. Bloomberry. 3 de noviembre de 2025; actualizado el 17 de junio de 2026.
Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen. Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence. Stanford Digital Economy Lab. Revisión del 12 de agosto de 2026.
