Por Mente Alternativa
La historia de la CIA en México durante las décadas que desembocaron en la matanza de Tlatelolco ya no puede reducirse a la imagen convencional de una agencia extranjera dedicada únicamente a observar desde la sombra las convulsiones de la Guerra Fría. La investigación de Jim Cason y David Brooks, corresponsales de La Jornada, publicada el 2 de octubre de 2026 a partir de nuevos documentos divulgados por el National Security Archive, y el estudio de Claire Dorfman y Arturo Jiménez-Bacardí, publicado por ese centro de investigación en Washington un día antes, reconstruyen una realidad mucho más comprometida: la CIA financió organizaciones estudiantiles derechistas, penetró estructuras políticas y universitarias, sostuvo operaciones destinadas a influir sobre el liderazgo juvenil mexicano, colaboró estrechamente con la Dirección Federal de Seguridad y ayudó a formar una infraestructura de inteligencia y contrainsurgencia que estaba plenamente activa cuando el movimiento estudiantil de 1968 fue aplastado. Lo que los documentos todavía no permiten afirmar es que Washington haya ordenado directamente la matanza del 2 de octubre. Lo que sí permiten establecer es algo históricamente inquietante: cuando ocurrió Tlatelolco, la CIA llevaba años interviniendo en el mismo ecosistema político, estudiantil y de seguridad que hizo posible aquella violencia.
La distinción es crucial porque permite abandonar tanto la ingenuidad como la exageración. No hace falta imaginar una orden llegada desde Langley para comprender la gravedad de lo que muestran los archivos. Una potencia extranjera puede intervenir en la vida política de otro país sin necesidad de dirigir cada acontecimiento desde un escritorio. Puede financiar organizaciones, seleccionar intermediarios, capacitar funcionarios, producir propaganda, penetrar instituciones, establecer redes de vigilancia, identificar enemigos, fortalecer facciones ideológicas y fomentar condiciones dentro de las cuales determinadas formas de represión se vuelven más probables. Eso es precisamente lo que comienza a emerger del archivo documental de la CIA en México. El problema histórico ya no consiste solamente en averiguar si un agente estadunidense estuvo detrás de un fusil la noche del 2 de octubre, sino en determinar hasta qué punto la arquitectura política que condujo a aquella noche había sido previamente atravesada, financiada y parcialmente modelada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
La fuente central de esta nueva lectura es la historia interna de la estación de la CIA en México, un documento extraordinario incluso por los estándares de los archivos de inteligencia. En 1978, el comité de la Cámara de Representantes que investigaba el asesinato de John F. Kennedy reclamó a la Agencia una historia de tres volúmenes y 539 páginas sobre sus operaciones en México desde 1947 hasta junio de 1969. La CIA se resistió inicialmente y acabó proporcionando solamente 227 páginas. Después llegaron nuevas revisiones de desclasificación en 2017, 2022, 2023 y 2025. Sin embargo, incluso después de la orden de liberación de archivos vinculados al asesinato de Kennedy, extensas zonas del documento permanecen ocultas. Entre las más sensibles se encuentran aproximadamente diez páginas correspondientes precisamente a las operaciones de la CIA contra grupos estudiantiles en el periodo que conduce a Tlatelolco. No estamos, por tanto, ante un vacío documental accidental. Estamos ante una historia oficial de la propia Agencia de la cual siguen desaparecidos pasajes relativos al corazón político de 1968.
Ese silencio resulta todavía más significativo porque alrededor del agujero negro documental permanecen visibles numerosas piezas. Las notas y documentos complementarios permiten identificar al menos cinco proyectos de la CIA relacionados con operaciones estudiantiles durante aproximadamente dos décadas: LIHUFF, LICOAX, LIMIX, LIAGOG y LINOODLE. La historia desclasificada incluso reconoce que ya en 1952 la Agencia había intervenido mediante una organización estudiantil derechista identificada con el criptónimo LILISP-C en las maniobras que terminaron con la salida del rector de la UNAM Luis Garrido. Lo que aparece ante nosotros no es, por tanto, una reacción improvisada ante la efervescencia de 1968, sino una política de largo plazo encaminada a penetrar los espacios donde se formaban las élites políticas, profesionales e intelectuales del país.
La universidad era un campo de batalla de la Guerra Fría porque allí se disputaba algo mucho más importante que una elección estudiantil. Allí se formaban los cuadros que posteriormente alimentarían partidos, sindicatos, instituciones públicas, medios, movimientos sociales y burocracias. Controlar o influir sobre ese espacio significaba intervenir preventivamente sobre la futura estructura dirigente de México. Una directiva de misión de 1965 asignaba a la estación de la CIA, entre otras prioridades, la tarea de reducir o eliminar la influencia comunista y de izquierda dentro de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales consideradas estratégicas, así como continuar apoyando y orientando organizaciones juveniles y estudiantiles anticomunistas. La amplitud de aquella definición permitía que la categoría de amenaza abarcara sindicatos, organizaciones campesinas, medios, universidades y sectores del propio aparato del Estado mexicano.
Uno de los instrumentos más reveladores fue el proyecto LIHUFF. Desde 1963, la CIA comenzó a financiar al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el MURO, con aproximadamente 6 mil dólares anuales, equivalentes según los cálculos del National Security Archive a unos 65 mil dólares actuales. La propia Agencia clasificaba ese apoyo como una operación de acción política destinada a influir en la política estudiantil mexicana. El dato destruye cualquier interpretación de la CIA como observadora neutral del conflicto universitario: estaba financiando directamente a uno de sus actores. Los informes internos describían además al MURO como una organización capaz de movilizar alrededor de doscientos elementos dedicados al hostigamiento militante contra comunistas y simpatizantes de la Revolución cubana en la UNAM y en universidades de Puebla y Guadalajara. Funcionarios favorables al proyecto atribuían al grupo participación importante en campañas que culminaron con la destitución de rectores considerados comunistas en Monterrey, Puebla, Guadalajara y Morelia.
Aquí aparece uno de los elementos esenciales para comprender la naturaleza de aquella intervención. La CIA no estaba limitándose a recopilar informes acerca de una derecha universitaria que ya existía. Estaba introduciendo dinero, recursos, orientación y objetivos estratégicos dentro de ella. Esa diferencia transforma completamente el significado de los documentos. La polarización universitaria mexicana tenía causas nacionales profundas, pero una potencia extranjera decidió intervenir deliberadamente dentro de esa polarización, escogiendo a determinados actores y aumentando su capacidad de acción. La CIA en México no inventó desde cero el anticomunismo universitario, pero contribuyó materialmente a organizarlo, financiarlo y convertirlo en un instrumento de acción política.
LIHUFF operaba además alrededor del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, el IISE, encabezado por Agustín Navarro Vázquez. La estación valoró especialmente a esta institución después de que proporcionara los nombres de unos tres mil mexicanos identificados como comunistas. El IISE sirvió como vehículo para publicar libros, folletos y artículos anticomunistas, influir sobre el Partido Revolucionario Institucional y canalizar respaldo hacia el MURO. La lógica era impecable desde el punto de vista de una operación encubierta: una institución aparentemente mexicana elaboraba discurso político, construía redes, identificaba adversarios y proyectaba influencia interna, mientras detrás de ella existía financiamiento y orientación provenientes de una agencia extranjera.
No era un mecanismo aislado. LICOAX buscaba penetrar y ganar influencia sobre dirigencias universitarias; LIMIX tenía entre sus objetivos infiltrar o influir sobre el PRI, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y líderes estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Otros proyectos se dirigían hacia sectores campesinos y rurales. LINOODLE, por ejemplo, articulaba una red que incluía organizaciones juveniles, cooperativas de crédito, asociaciones agrícolas y sindicatos campesinos. El conjunto revela una concepción estratégica del poder mucho más sofisticada que el espionaje tradicional. Para la CIA, México era simultáneamente territorio de observación soviética y cubana, retaguardia política de Estados Unidos y campo social susceptible de ingeniería política.
La dimensión más incómoda es que algunos funcionarios estadunidenses entendieron perfectamente el peligro de aquello antes de 1968. El apoyo al MURO provocó desacuerdos en el propio aparato estadounidense. El embajador de Estados Unidos en México cuestionó determinadas operaciones y, en 1967, Kenneth Y. Millian, integrante del equipo de evaluación de acciones encubiertas de la CIA, advirtió sobre las consecuencias de continuar fortaleciendo a una organización radical y violenta. La objeción no surgía de una sensibilidad abstracta: los evaluadores temían que el apoyo a esos grupos terminara destruyendo otros objetivos de influencia norteamericana al profundizar la radicalización y la polarización de los campus. La advertencia resulta históricamente estremecedora porque fue formulada apenas un año antes de Tlatelolco.
Es decir, dentro de la propia CIA había funcionarios capaces de identificar la dinámica que estaba produciéndose: financiar fuerzas de hostigamiento podía ofrecer ventajas tácticas inmediatas, pero al mismo tiempo incubaba una estructura de violencia cuyo desarrollo posterior escaparía a cualquier cálculo lineal. Este punto debe ocupar el centro de cualquier interpretación responsable. La documentación disponible no demuestra que la CIA planeara desde 1967 una masacre futura; demuestra algo distinto y quizá más revelador acerca del funcionamiento del poder clandestino: la Agencia conocía los riesgos de alimentar actores violentos y, aun así, sus operaciones alrededor del movimiento estudiantil continuaron.
Tampoco desaparecieron después del 2 de octubre. Un análisis interno de 1969 documenta colaboración entre la estación y Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad e identificado dentro del sistema LITEMPO, para movilizar estudiantes alrededor de una manifestación del MURO ante la embajada soviética. La CIA entregó dinero para organizar y reunir participantes adicionales. El hecho es importante porque demuestra continuidad. Tlatelolco no provocó una ruptura moral que obligara a Washington a retirarse de la manipulación del escenario estudiantil mexicano. El aparato siguió funcionando.
La relación con la Dirección Federal de Seguridad conduce al personaje quizá más inquietante de todo el expediente: Miguel Nazar Haro. La versión desclasificada en 2025 de la historia de la estación aporta un dato que durante décadas permaneció oculto: Nazar Haro había sido reclutado como activo de la CIA por Fernando Gutiérrez Barrios y fue la propia Agencia la que patrocinó y subsidió su entrenamiento en la International Police Academy de Estados Unidos en 1965. Nazar Haro no fue, pues, simplemente un funcionario mexicano con el que los estadounidenses intercambiaban información. Formó parte de una relación estructurada de cooperación de inteligencia.
A su regreso encabezó un grupo de aproximadamente veinte agentes de la DFS dedicado a objetivos considerados subversivos. Entre 1966 y 1969, ese equipo llegó a producir cerca de una quinta parte de la inteligencia útil generada por la estación de la CIA en México, siguiendo al Partido Comunista Mexicano, exiliados cubanos, trotskistas, grupos culturales vinculados al bloque socialista y estudiantes radicales estadunidenses que viajaban hacia Cuba. El grupo fue conocido como c-047, una unidad de élite que dependía directamente de Gutiérrez Barrios y operaba al margen de la cadena burocrática ordinaria. Los archivos mexicanos relativos a esa unidad continúan siendo escasos o inaccesibles, mientras partes decisivas de la documentación estadunidense acerca de Nazar Haro permanecen igualmente tachadas.
La trayectoria posterior de Nazar Haro vuelve todavía más grave esa relación. Llegaría a dirigir la DFS en 1978 y quedaría asociado a uno de los periodos más oscuros de la llamada guerra sucia mexicana. Fue acusado posteriormente en Estados Unidos en relación con una red de vehículos robados y detenido en México en 2004 por el caso de la desaparición forzada del militante Jesús Piedra Ibarra, aunque finalmente fue absuelto. Que un personaje de esa naturaleza hubiera recibido formación subsidiada por la CIA y encabezado una unidad que cooperaba cotidianamente con su estación mexicana obliga a reconsiderar la frontera entre la represión nacional y la arquitectura continental de contrainsurgencia construida durante la Guerra Fría.
La relación era todavía más profunda porque el programa LITEMPO conectaba a la Agencia con altos funcionarios mexicanos, incluidos Fernando Gutiérrez Barrios y Nazar Haro, y se insertaba dentro de una red de vínculos que alcanzaba a la cúpula del régimen. La estación mantenía simultáneamente operaciones de escucha telefónica, penetración política, propaganda y vigilancia. En 1968, precisamente mientras el gobierno mexicano endurecía la represión del movimiento estudiantil, la CIA proporcionó también equipos portátiles de intervención telefónica a uno de sus enlaces dentro del aparato mexicano. La tecnología, el dinero, la inteligencia y las relaciones políticas formaban así partes de una misma infraestructura.
Esa infraestructura obliga a formular de otra manera la pregunta sobre Tlatelolco. Durante décadas, el debate público ha oscilado entre dos posiciones demasiado cómodas: atribuir la matanza exclusivamente al autoritarismo del régimen mexicano o imaginar una dirección extranjera total de los acontecimientos. Los archivos permiten escapar de ambos extremos. El Estado mexicano conserva la responsabilidad histórica por la represión ejecutada por sus instituciones y sus cadenas de mando. Pero ese Estado no actuaba dentro de un vacío internacional. Parte de sus estructuras de seguridad estaba articulada con una potencia extranjera que aportaba dinero, equipamiento, entrenamiento, inteligencia y cooperación operativa mientras desarrollaba sus propias penetraciones clandestinas en la sociedad mexicana.
El problema, por tanto, no es sustituir una responsabilidad mexicana por una responsabilidad estadunidense. Es comprender la convergencia. La Guerra Fría produjo sistemas de seguridad en los cuales las élites nacionales y los servicios de inteligencia de Washington podían perseguir objetivos complementarios sin necesidad de obedecer a un único centro de mando. El gobierno mexicano necesitaba disciplinar una movilización que amenazaba su monopolio político y cuestionaba la imagen de estabilidad que quería proyectar durante los Juegos Olímpicos. Estados Unidos quería impedir que movimientos nacionalistas, revolucionarios, comunistas o considerados cercanos a Cuba ampliaran su influencia en un país situado sobre su frontera meridional. Los intereses no eran idénticos, pero podían coincidir. Esa convergencia ayuda a explicar por qué la cooperación entre la CIA en México y el aparato de seguridad mexicano adquirió semejante profundidad.
Incluso la manera en que la estación describió posteriormente Tlatelolco revela la distancia moral con la que observaba la represión. La historia interna presentó el enfrentamiento utilizando un lenguaje que reducía el episodio a una confrontación entre estudiantes y fuerzas armadas en la que los primeros habían resultado derrotados. Al mismo tiempo, cientos de personas fueron detenidas y entre los presentes se encontraba incluso un activo de la CIA encargado de informar a la estación sobre la concentración. Después de la matanza, Washington siguió en gran medida la versión oficial mexicana que atribuía la violencia a agitadores extremistas y comunistas, una narrativa reforzada mediante los propios contactos de la Agencia dentro del PRI.
Aquí aparece la paradoja central del expediente. La CIA tenía informantes, activos, enlaces de alto nivel, operaciones estudiantiles, relaciones con la DFS y acceso privilegiado al corazón del aparato político mexicano. Había financiado organizaciones anticomunistas, intervenido durante años en universidades y construido canales de cooperación con funcionarios directamente implicados en la seguridad interna. Sin embargo, cuando llegamos a las páginas de su historia oficial que deberían explicar exactamente qué estaba haciendo su estación alrededor del movimiento estudiantil en vísperas del 2 de octubre, el documento se oscurece. Las páginas 331 a 341 continúan sustancialmente censuradas.
La censura no demuestra por sí sola culpabilidad. Pero tampoco es históricamente neutra. Una tachadura no puede utilizarse como prueba de aquello que suponemos que contiene; sí puede utilizarse para definir aquello que todavía ignoramos y para preguntar por qué, después de casi seis décadas, continúa protegido. El National Security Archive formula precisamente esa cautela. A partir de los documentos desclasificados puede afirmarse que, como mínimo, la CIA contribuyó activamente a la polarización del mundo estudiantil mexicano. La posibilidad más grave —que sus relaciones con Gutiérrez Barrios, Nazar Haro y la DFS se hubieran traducido en una participación más directa alrededor de la violencia— no puede resolverse mientras permanezcan cerradas las secciones esenciales del expediente.
La pregunta correcta, entonces, no es si los documentos recién conocidos ofrecen una confesión en la que la CIA admita haber ordenado Tlatelolco. No la ofrecen. La pregunta es por qué una agencia que asegura haber cumplido con décadas de desclasificación todavía considera necesario proteger información sobre operaciones estudiantiles realizadas hace casi sesenta años. También debemos preguntar qué significa para la soberanía mexicana descubrir que organizaciones juveniles, asociaciones civiles, instituciones políticas, aparatos policiales y funcionarios de alto nivel fueron objetos o instrumentos de proyectos clandestinos extranjeros durante una de las etapas decisivas de la historia contemporánea del país.
Porque esa es la revelación de fondo. La intervención extranjera no siempre adopta la forma espectacular de una invasión, un golpe de Estado o la caída pública de un gobierno. Puede ser mucho más silenciosa y, precisamente por eso, más profunda. Puede introducirse en los conductos mediante los cuales una sociedad produce información, dirigentes, consensos y enemigos. Puede financiar libros y panfletos, cultivar funcionarios, entregar nombres, formar policías, pagar manifestantes, intervenir comunicaciones y orientar organizaciones juveniles. Puede actuar durante años sin que la mayoría de quienes viven dentro de ese sistema conozcan siquiera su existencia.
Tlatelolco continúa siendo, ante todo, una herida mexicana y una responsabilidad del Estado mexicano. Pero los documentos obligan a insertar aquella herida en un escenario mayor. En torno al movimiento estudiantil operaba una maquinaria transnacional de Guerra Fría que consideraba legítimo intervenir en la política universitaria, clasificar mexicanos como amenazas, fortalecer organizaciones anticomunistas y cooperar con un aparato de seguridad que terminaría asociado a torturas, desapariciones y represión sistemática. El valor histórico de los archivos no consiste en reemplazar una explicación nacional por una conspiración extranjera, sino en demostrar que ambas dimensiones podían superponerse.
La CIA en México no llegó a 1968 como espectadora. Llevaba años instalada en los nervios del sistema: había penetrado espacios estudiantiles, financiado actores políticos, construido operaciones de propaganda, establecido vínculos con la DFS, subsidiado la formación de Nazar Haro y desarrollado canales que llegaban hasta la cúspide gubernamental. Cuando miles de estudiantes ocuparon la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, esa infraestructura ya existía.
Por eso las páginas que todavía faltan importan tanto como las que ya conocemos. El expediente desclasificado demuestra la existencia de la maquinaria; las tachaduras impiden determinar hasta dónde llegó cuando la crisis alcanzó su desenlace sangriento. Después de 58 años, la discusión histórica ya no puede conformarse con preguntar si la CIA sabía lo que estaba ocurriendo. Sabemos que observaba, penetraba, financiaba e influía. La cuestión pendiente es cuánto hizo, a través de quiénes y con qué conocimiento durante las jornadas que desembocaron en Tlatelolco.
Mientras esas páginas sigan cerradas, la historia permanecerá incompleta. Pero lo conocido basta para modificar el marco del debate. La matanza de 1968 no ocurrió simplemente al lado de las operaciones clandestinas estadunidenses en México. Ocurrió dentro de un ecosistema político y de seguridad que esas operaciones llevaban años atravesando. Ésa es la conclusión incómoda que dejan los documentos: todavía no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la CIA ordenó Tlatelolco, pero ya existe demasiada evidencia para seguir narrando Tlatelolco como si la CIA hubiera estado fuera de la habitación.
Fuentes consultadas
Jim Cason y David Brooks. Conspiró la CIA con la derecha en vísperas de la matanza del 68. La Jornada. 2 de octubre de 2026.
Claire Dorfman y Arturo Jiménez-Bacardí. The CIA Station in Mexico: The Last JFK Assassination Records Secrets. National Security Archive. 1 de octubre de 2026.
Anne L. Goodpasture / Central Intelligence Agency. Mexico City Station History [Extracts]. Central Intelligence Agency / National Archives, JFK Assassination Records. 23 de agosto de 1978; versión desclasificada de 2025.
Central Intelligence Agency. Project LIHUFF. Central Intelligence Agency / National Archives, JFK Assassination Records. Documentos de renovación del proyecto, 1963-1971.
Central Intelligence Agency. Extracts of Inspector General’s Survey of Mexico City Station. Central Intelligence Agency / National Archives, JFK Assassination Records. 1 de enero de 1964.
