Por Mente Alternativa
La publicación de los Requisitos básicos de resiliencia de 2026 de la OTAN permite observar con una claridad poco habitual cómo la preparación militar europea está dejando de ser una cuestión confinada a divisiones, aviones, misiles, arsenales y presupuestos de defensa para convertirse también en un problema de organización material de la sociedad. El documento oficial de la Alianza, publicado el 15 de septiembre de 2026, y los materiales remitidos para este análisis —entre ellos un despacho de Executive Intelligence Review News Service (EIRNS) del 28 de septiembre sobre declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin— dibujan dos procesos simultáneos: por un lado, la progresiva integración de infraestructura civil, capacidad productiva, transporte, comunicaciones, energía, sanidad y administración pública dentro de la planificación de defensa de la OTAN; por otro, una disputa diplomática y militar en torno a Ucrania en la que Moscú, Kiev, Washington y las capitales europeas siguen atribuyendo significados radicalmente distintos a conceptos aparentemente comunes como “alto el fuego”, “seguridad”, “resiliencia” y “negociación”. La convergencia de ambos procesos importa porque transforma la guerra en Europa de una cuestión exclusivamente militar en un problema de capacidad sistémica.
La palabra decisiva es resiliencia. En el lenguaje ordinario puede sugerir la capacidad abstracta de una sociedad para sobreponerse a una crisis. En el documento de la OTAN posee un significado mucho más concreto. La Alianza establece que su adaptación militar debe complementarse con esfuerzos más rápidos, fuertes y coherentes para fortalecer la resiliencia, especialmente el apoyo civil a las operaciones militares. No se trata, por tanto, únicamente de proteger a la población ante una emergencia, sino de garantizar que fuerzas nacionales y aliadas puedan seguir recibiendo recursos, infraestructura y servicios civiles en condiciones de crisis o conflicto. La propia OTAN habla de coordinación entre gobierno y sociedad, de apoyo de la nación anfitriona, de recursos civiles para la ejecución de planes militares y de continuidad empresarial bajo escenarios de contingencia. La frontera conceptual entre retaguardia civil y capacidad militar se vuelve así deliberadamente permeable.
El presupuesto acompaña esa transformación. En la Cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados acordaron avanzar hacia un gasto anual equivalente al 5% del PIB en defensa y actividades relacionadas con la seguridad para 2035. Al menos 3.5% debe corresponder a requerimientos centrales de defensa, mientras hasta 1.5% puede contabilizarse en protección de infraestructura crítica, redes, preparación civil, resiliencia, innovación y fortalecimiento de la base industrial de defensa. Esto significa que carreteras, puertos, redes digitales, capacidad energética, instalaciones logísticas o medidas de preparación civil pueden formar parte de una arquitectura económica concebida para sostener la disuasión y la defensa. No es una interpretación marginal del compromiso: la propia declaración de La Haya vincula esas inversiones con fuerzas, capacidades, infraestructura, preparación para el combate y resiliencia.
Los siete requisitos básicos publicados en septiembre muestran hasta dónde llega esa lógica. El primero busca garantizar la continuidad del gobierno y de los servicios gubernamentales críticos bajo cualquier condición. Incluye líneas claras de sucesión política, cadenas de mando, centros de gestión de crisis protegidos y redundantes y la identificación anticipada de funciones nacionales esenciales. Gobernar durante una crisis deja de significar solamente mantener abierta la administración: implica conservar capacidad de decisión soberana, representación ante la OTAN y provisión de aquellos bienes y servicios indispensables para sostener simultáneamente a la población y a las fuerzas militares. La OTAN menciona expresamente alimentos, agua, combustible, electricidad, calefacción, transporte, servicios financieros, productos especializados y suministros médicos.
El segundo requisito se refiere a la energía y resulta especialmente revelador porque desplaza la discusión desde la existencia de recursos hacia su disponibilidad bajo presión. No basta con disponer de electricidad, combustible o capacidad instalada en tiempos normales. Los aliados deben identificar vulnerabilidades, dependencias transfronterizas, cadenas industriales críticas y mecanismos que permitan aumentar producción y distribución, restaurar infraestructura dañada y garantizar acceso prioritario cuando las necesidades militares lo requieran. La energía aparece así como una capacidad estratégica cuyos fallos pueden propagarse hacia transporte, comunicaciones, sanidad, producción industrial y operaciones militares. Esta formulación coincide con una lección repetida durante la década de 2020: la seguridad nacional depende cada vez menos de indicadores financieros abstractos y cada vez más de la capacidad física para mantener sistemas esenciales funcionando cuando desaparecen las condiciones normales de mercado.
El tercer requisito aborda el movimiento controlado y no controlado de población. La OTAN pide planes capaces de enfrentar entradas masivas de personas superiores incluso al 2% de la población nacional, organizar evacuaciones, restringir movimientos cuando exista peligro para la vida y, significativamente, coordinar desplazamientos civiles con movimientos simultáneos de fuerzas militares sobre redes de transporte limitadas. Una autopista, una terminal ferroviaria o un paso fronterizo dejan entonces de ser únicamente infraestructura económica. En una crisis son recursos disputados por necesidades civiles y militares que deben ser jerarquizadas de antemano. El problema de la movilidad se convierte en problema de mando, logística y asignación de capacidad.
El cuarto requisito aplica la misma lógica a alimentos y agua. Los aliados deben proteger recursos e infraestructura, establecer sistemas de alerta, ejercitar planes de contingencia, asegurar insumos críticos y preservar la continuidad de funciones esenciales durante crisis prolongadas. El quinto introduce el escenario de bajas masivas y perturbaciones sanitarias: inventarios de capacidad médica civil y militar, reservas de medicamentos, ingredientes farmacéuticos, sangre, equipos, planes integrados de emergencia y ejercicios conjuntos. La sanidad no aparece únicamente como servicio humanitario después de la guerra, sino como uno de los sistemas cuya continuidad condiciona la resistencia material de una sociedad durante ella.
El sexto requisito traslada esta arquitectura a las comunicaciones. La OTAN exige redes civiles seguras y resistentes, evaluaciones de riesgos físicos y digitales, conocimiento de proveedores y propiedad extranjera, identificación de componentes esenciales y mecanismos que permitan conceder acceso prioritario a comunicaciones tanto para necesidades sociales como para el apoyo militar. Una red de telecomunicaciones contemporánea depende de centros de datos, satélites, cables, software, operadores privados, cadenas globales de hardware y servicios administrados por terceros. Por eso la resiliencia deja de ser un atributo exclusivamente nacional: las dependencias empresariales y tecnológicas se convierten en variables de seguridad.
El séptimo requisito completa el sistema con el transporte. Las legislaciones nacionales deben permitir identificar, probar, priorizar, proteger, utilizar y restaurar infraestructura y servicios civiles de transporte; acelerar cruces fronterizos para las fuerzas de la OTAN; mantener sistemas digitales y operacionales redundantes y coordinar las necesidades de los sectores médico, agrícola, energético y militar. El transporte es tratado como infraestructura transversal porque todos los demás sistemas dependen de él. Sin carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y sistemas informáticos funcionales, la capacidad militar acumulada en depósitos o cuarteles pierde una parte importante de su valor estratégico.
Por ello sería insuficiente describir los requisitos de 2026 simplemente como un manual de protección civil. La OTAN los presenta abiertamente como una forma de reforzar la disuasión y la defensa mediante recursos civiles capaces de apoyar operaciones militares. Al mismo tiempo, tampoco sería exacto afirmar que el documento constituye por sí solo un anuncio de una guerra inevitable. La Alianza lo justifica como preparación frente a un espectro más amplio de perturbaciones que incluye ataques físicos, sabotaje, ciberataques, dependencias estratégicas, fenómenos ambientales, desastres naturales y vulnerabilidad de activos espaciales. Lo significativo no está en atribuir una intención secreta que el documento no demuestra, sino en reconocer lo que sí declara: la defensa contemporánea exige que la sociedad civil sea capaz de mantener funciones críticas y apoyar operaciones militares durante paz, crisis y conflicto.
Aquí aparece la primera gran contradicción estratégica. La arquitectura de resiliencia de la OTAN está concebida para absorber perturbaciones, mantener gobiernos, redistribuir población, reparar redes, tratar bajas, garantizar energía y sostener transporte y comunicaciones durante una crisis potencialmente prolongada. El análisis incluido en el material de origen contrapone a esa lógica un escenario ruso mucho más abrupto: sostiene que, debido a la superioridad convencional agregada de la OTAN, una confrontación militar directa entre la Alianza y Rusia podría elevar rápidamente el peso de la disuasión nuclear. Desde esa interpretación, los centros de mando, nodos de comunicaciones, instalaciones vinculadas a defensa antimisiles y fuerzas nucleares, así como grandes redes logísticas y de transporte militar, adquirirían prioridad estratégica. Conviene subrayar la diferencia entre hechos y análisis: esa secuencia de objetivos aparece en el texto remitido como una construcción estratégica del autor y no como un plan operacional ruso cuya existencia haya sido establecida públicamente.
La advertencia pública de Serguéi Lavrov aporta, sin embargo, un contexto importante a esa interpretación. El 16 de septiembre, el ministro ruso de Exteriores afirmó que Moscú no tenía intención de atacar Europa, pero añadió que si Europa atacara a la Federación Rusa se trataría de “una guerra completamente diferente” y “muy corta”. La declaración no especificó cómo se produciría esa brevedad ni equivale por sí misma a una descripción doctrinal de escalada nuclear. Su importancia reside en que muestra hasta qué punto Moscú pretende comunicar que una guerra directa entre Rusia y países europeos de la OTAN no debería concebirse simplemente como una prolongación ampliada del conflicto ucraniano.
Los acontecimientos de septiembre ayudan a explicar por qué esa retórica se ha intensificado. El 20 de septiembre se produjo el mayor ataque ucraniano con drones reportado hasta entonces contra Moscú y su región. Autoridades rusas afirmaron haber interceptado más de 1,600 drones en distintos puntos del país desde el día anterior, unos 450 de ellos dirigidos hacia Moscú; Reuters confirmó además víctimas y daños en infraestructura petrolera. Kiev ha defendido sus ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas como respuesta a los ataques rusos contra Ucrania, mientras Moscú los presenta como una escalada dirigida contra su infraestructura y su territorio interior.
Putin retomó ese episodio el 25 de septiembre en San Petersburgo al hablar de las posibilidades de nuevas negociaciones. Según Reuters y el despacho de EIRNS incluido en el material de origen, vinculó la ofensiva reciente contra territorio ruso con su escepticismo ante nuevas propuestas de negociación y afirmó que Rusia debía valorar cualquier iniciativa de paz desde sus propios intereses. El presidente ruso sostuvo también que las dificultades militares de Ucrania habían contribuido a reactivar las peticiones de diálogo. Kiev ofrece la interpretación opuesta: sostiene que sus operaciones de largo alcance buscan presionar a Rusia y reducir la capacidad que financia o abastece sus ataques. Lo verificable es que, a finales de septiembre de 2026, la discusión diplomática coexistía con una intensificación de operaciones contra infraestructura energética y objetivos situados a gran distancia del frente.
La disputa sobre el llamado “alto el fuego total e incondicional” debe entenderse dentro de esa batalla diplomática. El 23 de septiembre, Ucrania, la Unión Europea y un conjunto de países asociados difundieron una declaración conjunta antes de una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad. El documento fue respaldado por 51 Estados miembros de Naciones Unidas y llamó a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato, pleno e incondicional. Por tanto, no fue una resolución adoptada por toda la ONU ni una posición de todos sus miembros, sino una declaración conjunta de un grupo de Estados. Naciones Unidas informó posteriormente de ese llamamiento distinguiéndolo de las posiciones institucionales expresadas por sus propios funcionarios.
La declaración tampoco creó desde cero la posición ucraniana. El planteamiento de aceptar un cese completo e incondicional de hostilidades se remonta a marzo de 2025. El análisis aportado en el material de origen interpreta la reaparición de esa fórmula como parte de una estrategia diplomática destinada a presentar a Kiev como dispuesto a detener la guerra y trasladar a Moscú la carga política de explicar su negativa. Esa es una lectura política del mensaje, no un hecho demostrable sobre las intenciones internas de quienes lo suscribieron. Lo comprobable es que Rusia sigue condicionando un eventual alto el fuego a la resolución de cuestiones que considera fundamentales para un acuerdo más amplio, mientras Ucrania y sus socios sostienen que el cese inmediato de hostilidades debe preceder o acompañar a la negociación de esas cuestiones. La diferencia no es semántica: determina si el alto el fuego debe ser el punto de partida del proceso político o el resultado de condiciones previamente negociadas.
La energía introduce otro elemento que conecta el frente ucraniano con la política interior estadounidense. Durante septiembre, Donald Trump pidió públicamente a Zelenski que detuviera los ataques ucranianos contra infraestructura rusa relacionada con combustibles. Reuters informó que la preocupación estadounidense estaba vinculada al efecto de las disrupciones sobre el mercado internacional del diésel, en un momento de precios elevados y presión política interna antes de las elecciones legislativas estadounidenses. Esto no significa que Washington haya adoptado la interpretación rusa del conflicto; revela algo más básico: cuando una guerra alcanza refinerías, rutas marítimas y mercados energéticos, sus consecuencias atraviesan rápidamente las fronteras militares y entran en el precio que pagan transportistas, agricultores, industrias y consumidores de países que no están combatiendo directamente.
El episodio confirma, paradójicamente, la misma premisa material que subyace a los requisitos de resiliencia de la OTAN. Una economía avanzada puede disponer de enormes mercados financieros y presupuestos nominales, pero sigue dependiendo de refinerías, combustible, electricidad, puertos, ferrocarriles, medicamentos, repuestos, transformadores, redes digitales y trabajadores especializados. La guerra convierte esas dependencias en variables políticas. De ahí que Washington se preocupe por las refinerías rusas, que la OTAN catalogue cadenas de suministro y que los gobiernos europeos estudien cómo sostener simultáneamente población civil y movimiento militar. La geopolítica vuelve a encontrarse con la economía física.
Precisamente por ello resulta significativo que, mientras Europa profundiza su preparación para escenarios de conflicto, Putin mantenga abierta la posibilidad de participar en la cumbre de APEC que China celebrará en Shenzhen en noviembre. El 25 de septiembre afirmó que aún no había tomado una decisión definitiva, pero que se inclinaba por asistir y que su presencia dependería de la situación interna rusa. También acogió favorablemente las negociaciones entre Washington y Pekín, argumentando que cualquier entendimiento entre las dos mayores economías tiene efectos sobre el conjunto de la economía mundial. Reuters confirmó tanto esas declaraciones como el hecho de que la asistencia rusa seguía entonces condicionada.
APEC ofrece así el contrapunto más interesante al endurecimiento estratégico europeo. China ejerce la presidencia del foro en 2026 y prepara en Shenzhen la reunión de líderes después de un año de encuentros dedicados a comercio, conectividad, digitalización, inteligencia artificial, seguridad alimentaria y resiliencia de las cadenas de suministro. No se trata de un espacio desprovisto de competencia geopolítica; Estados Unidos, China y Rusia trasladan inevitablemente sus rivalidades a él. Pero su gramática institucional es distinta: mientras la arquitectura atlántica está concentrada crecientemente en cómo mantener sociedades funcionando bajo crisis y conflicto, APEC continúa discutiendo cómo mantener funcionando comercio, tecnología, inversión y conectividad en una economía mundial sometida a fragmentación y presiones geopolíticas.
La eventual coincidencia de Putin, Xi Jinping y Donald Trump en China añade otra dimensión. A comienzos de septiembre, el Kremlin había reconocido públicamente que se contemplaba una posible reunión trilateral durante APEC, aunque las agendas y asistencias no estaban entonces definitivamente cerradas. El dato no autoriza a anticipar ningún desenlace diplomático, pero sí ilustra la coexistencia de dos mecanismos que parecen contradictorios y, sin embargo, funcionan simultáneamente: preparación material para escenarios de confrontación y conservación de plataformas donde los grandes poderes pueden seguir negociando incluso mientras compiten militar, tecnológica y económicamente.
Ese es finalmente el significado más profundo de los requisitos de resiliencia de 2026. No anuncian por sí mismos que una gran guerra europea vaya a producirse, pero sí muestran que la OTAN considera insuficiente prepararse únicamente con fuerzas armadas. El Estado, la empresa privada, las redes energéticas, la medicina, las telecomunicaciones, los sistemas financieros, el transporte, los alimentos, el agua y la gestión de población han sido incorporados a una concepción integral de seguridad cuya finalidad declarada es mantener a las sociedades funcionando y apoyar los planes de defensa durante una crisis. La guerra moderna exige algo más que armas: exige sistemas capaces de continuar operando cuando otros sistemas fallan.
La paradoja consiste en que cuanto más se prepara Europa para resistir una perturbación prolongada, mayor relevancia adquiere la pregunta sobre la naturaleza de la perturbación para la cual se está preparando. Una campaña híbrida, un gran ciberataque, una interrupción energética o incluso una guerra convencional prolongada justifican redundancias, reservas, hospitales, corredores logísticos y continuidad de gobierno. Una escalada estratégica directa entre potencias nucleares pertenece a otra categoría y explica por qué las advertencias rusas sobre la duración de un enfrentamiento con Europa merecen ser leídas como señales de disuasión y no simplemente como retórica desligada de la estructura militar existente. Decidir qué escenario es más plausible corresponde a los gobiernos y sociedades que están financiando esa transformación; el documento de la OTAN, por sí solo, no lo determina.
Lo que sí determina es una transformación institucional difícil de ignorar. El compromiso del 5% del PIB acordado en La Haya ya no separa tajantemente gasto militar e infraestructura civil. Hasta 1.5 puntos pueden dirigirse precisamente a esa zona intermedia donde una carretera sirve al comercio y al movimiento de tropas, una red de telecomunicaciones sirve al ciudadano y al mando militar, un hospital atiende a la población y a bajas de guerra, una reserva energética mantiene la economía y sostiene operaciones, y un puerto conecta mercancías en tiempos normales pero puede convertirse en nodo de refuerzo estratégico durante una crisis. La resiliencia es, en ese sentido preciso, el lugar donde la economía civil y la capacidad de defensa comienzan a compartir infraestructura.
Europa entra así en una etapa en la que prepararse para la guerra ya no significa únicamente producir más municiones o aumentar el tamaño de las fuerzas armadas. Significa reorganizar prioridades de inversión, identificar dependencias productivas, proteger cadenas de suministro, garantizar sucesiones de gobierno, prever movimientos masivos de población, almacenar insumos sanitarios, asegurar energía, reforzar comunicaciones y adaptar redes de transporte. Al mismo tiempo, las discusiones sobre el alto el fuego ucraniano, los ataques contra infraestructura energética rusa, la preocupación estadounidense por los precios del combustible y la posibilidad de que los líderes de las principales potencias coincidan en APEC demuestran que la otra mitad de la ecuación sigue siendo diplomática. La misma economía mundial que los Estados están preparando para resistir una confrontación continúa obligándolos a hablar entre sí porque ninguna gran potencia puede aislar completamente los efectos de una guerra moderna dentro de las fronteras del campo de batalla.
Los planes militares de resiliencia de la OTAN deben leerse, por ello, menos como una profecía que como un indicador. Señalan que la Alianza considera posible un entorno de seguridad en el que la capacidad decisiva no será únicamente destruir fuerzas enemigas, sino conservar gobierno, energía, salud, comunicaciones, transporte y producción mientras se absorben perturbaciones sucesivas. La cuestión estratégica que queda abierta no es si Europa está aumentando su preparación —eso está documentado—, sino qué combinación de disuasión, negociación y arquitectura de seguridad impedirá que toda esa capacidad tenga que ser puesta a prueba en una confrontación directa entre potencias nucleares.
Fuentes consultadas
NATO. 2026 Resilience Baseline Requirements. NATO. 15 de septiembre de 2026.
NATO. The Hague Summit Declaration. NATO. 25 de junio de 2025.
NATO. Prepare, protect, prevail: NATO publishes Baseline Requirements for Resilience. NATO. 17 de septiembre de 2026.
Executive Intelligence Review News Service. Putin: Es probable que asista a la cumbre de la APEC; no es probable que haya negociaciones trilaterales con Ucrania y EU. EIRNS. 28 de septiembre de 2026.
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Joint Declaration ahead of the High-Level UN Security Council Briefing on Ukraine. Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. 23 de septiembre de 2026.
United Nations in Ukraine. UN General Assembly calls for protection of civilians and a just peace in Ukraine. Naciones Unidas. Septiembre de 2026.
Reuters. Putin says all Ukraine peace proposals on table, but Russia must weigh its interests. Reuters. 25 de septiembre de 2026.
Reuters. Trump tells Ukraine’s Zelenskiy to stop hitting Russian diesel. Reuters. 13 de septiembre de 2026.
Reuters. Three dead in Moscow region, drones hit oil refinery in Russian capital. Reuters. 20 de septiembre de 2026.
APEC Secretariat. Senior Officials Push for Practical Outcomes as Economic Pressures Mount. Asia-Pacific Economic Cooperation. 28 de agosto de 2026.
