Por José Luis Preciado
La reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional converge en un mismo punto de ruptura histórica: la rivalidad entre China y Estados Unidos está dejando de organizarse como una competencia sectorial entre ejércitos, empresas o tecnologías para adquirir la forma mucho más profunda de una competencia entre sistemas nacionales completos. El objeto de la disputa ya no es sólo un archipiélago, un semiconductor, un misil, una ruta marítima o un algoritmo. Es la facultad de convertir finanzas, energía, transporte, datos, inteligencia artificial, manufactura, población y conocimiento científico en capacidad estratégica sostenida. Pekín lo está codificando jurídicamente mediante su nueva legislación de movilización; determinados sectores del pensamiento estratégico estadounidense responden proponiendo controles tecnológicos, espionaje, sanciones, despliegues militares y, en escenarios extremos, incluso la destrucción física de infraestructura informática china. La verdadera frontera de la nueva guerra fría, si el término todavía sirve, comienza así mucho antes del campo de batalla: atraviesa fábricas, cables, centrales eléctricas, redes logísticas, laboratorios y centros de datos.
El 28 de agosto de 2026, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó la revisión de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional, que entrará en vigor el 1 de octubre. El texto contiene catorce capítulos y ochenta y dos artículos y regula, entre otros ámbitos, la planificación de la movilización, las reservas de personal, los inventarios estratégicos, la investigación y producción militar, la prevención de daños de guerra, los servicios de defensa y la utilización de recursos civiles. No es una descripción periodística magnificada: el propio texto oficial dispone que las empresas y organizaciones encargadas de reservas estratégicas, transporte, producción, mantenimiento o apoyo deberán, una vez decretada la movilización, dar prioridad a las necesidades de la defensa; asimismo contempla la requisa y utilización de recursos civiles bajo procedimientos legales y con mecanismos de compensación.
La consecuencia conceptual es más importante que cualquiera de sus disposiciones aisladas. China está reduciendo jurídicamente la distancia entre economía de paz y economía de guerra. La movilización nacional deja de significar únicamente llamar reservistas, multiplicar regimientos o requisar camiones. Significa saber, antes de que estalle una crisis, qué puede producir cada fábrica, qué inventarios existen, qué redes deben protegerse, qué bienes pueden redirigirse, cómo mantener equipos, cómo sostener cadenas de suministro, quién debe transportar materiales, dónde están las capacidades tecnológicas y de qué manera pueden combinarse Estado, mercado y sociedad para conservar el funcionamiento del país bajo presión. Los artículos relativos a reservas estratégicas y producción militar son particularmente reveladores: se insta a empresas y organizaciones a ampliar reservas físicas, tecnológicas y de capacidad productiva, mientras las cadenas industriales vinculadas a defensa deben ser evaluadas por su seguridad y resiliencia. En otras palabras, la movilización nacional aparece como una ciencia de la continuidad material del Estado.
Sería excesivo convertir la aprobación de esa ley, por sí sola, en prueba de que Pekín ha decidido iniciar una guerra. Las leyes de movilización existen precisamente para organizar contingencias, y el texto chino se presenta oficialmente como una modernización del sistema de defensa compatible con el desarrollo económico y la gestión de emergencias. Pero tampoco sería prudente rebajar su significado a una reforma burocrática ordinaria. Yolanda Rodríguez subraya que el nuevo marco acorta la distancia entre la aparición de una amenaza y la capacidad de movilizar personal, industria e infraestructura; además, la reforma se produce mientras la cuestión de Taiwán continúa ocupando el centro de la competencia militar sinoestadounidense y mientras China prosigue la modernización del Ejército Popular de Liberación. La ley no identifica una guerra concreta, pero sí construye una retaguardia capaz de sostener una si la dirección política concluyera que ésta se ha vuelto inevitable.
Aquí aparece el primer cambio decisivo de época. Durante varias décadas, la ortodoxia de la globalización enseñó que la especialización internacional, las cadenas de suministro extendidas, la optimización financiera y la interdependencia reducirían el valor económico de la soberanía productiva. La movilización nacional china parte de la premisa contraria: en una crisis existencial, una economía no vale sólo por aquello que puede comprar, sino por aquello que todavía puede producir, transportar, reparar y alimentar cuando desaparece la normalidad. Una central eléctrica, una empresa logística, un fabricante de maquinaria, una red de telecomunicaciones o un proveedor de software dejan entonces de ser simples activos comerciales y se transforman en órganos funcionales de supervivencia estatal. Lo que en paz aparece separado por balances empresariales, en guerra vuelve a reunirse por necesidad física.
La inteligencia artificial amplía esa lógica. El material suministrado insiste en que China no contempla la IA únicamente como una competencia de modelos fundacionales semejante a la de Silicon Valley, sino que privilegia su penetración industrial: manufactura, agentes inteligentes, telecomunicaciones, robótica y automatización productiva. Esa orientación puede comprobarse en iniciativas oficiales como el programa “IA + manufactura”, que busca profundizar la integración de inteligencia artificial y producción industrial y establece objetivos para modelos especializados, agentes industriales, conjuntos de datos y capacidad computacional. Al mismo tiempo, el sistema chino conserva una arquitectura regulatoria considerablemente más intervencionista que la estadounidense: existen requisitos de registro, gestión de datos, seguridad algorítmica y evaluaciones para determinados servicios capaces de afectar la seguridad o la movilización social.
Esto modifica el significado estratégico del centro de datos. Si el carbón alimentó la primera industrialización, el petróleo mecanizó la guerra del siglo XX y los semiconductores hicieron posible la revolución electrónica, la capacidad de cómputo concentrada empieza a ser tratada como infraestructura soberana del siglo XXI. De allí procede la extraordinaria importancia del informe de Jacob Stokes, publicado por CNAS el 27 de agosto de 2026. Stokes parte de una hipótesis, no de una predicción: imagina diferentes fases en las cuales Estados Unidos o China pudieran aproximarse a una inteligencia artificial general, definida como un sistema capaz de alcanzar rendimiento humano en una amplia variedad de tareas. El propio informe advierte que obtener una IAG primero no otorgaría automáticamente supremacía geopolítica; habría que traducir esa tecnología en productividad, riqueza, poder militar, influencia informativa y capacidad política. Pero precisamente por considerar potencialmente enorme esa traducción, el documento introduce escenarios de competencia extraordinariamente delicados.
Entre sus recomendaciones figura realizar ejercicios de escenario para establecer en qué circunstancias y de qué manera Estados Unidos podría intervenir con el propósito de impedir que China alcanzara primero una IAG, así como prepararse para realizar ingeniería inversa o apropiarse de esa tecnología en caso de que Pekín consiguiera una ventaja decisiva. El South China Morning Post, en una información de Vincent Chow publicada el 4 de septiembre, fue más lejos al recoger declaraciones de Stokes durante un acto en línea en las que se planteaba que las agencias estadounidenses empezaran a estudiar opciones diplomáticas, de espionaje, cibernéticas y, en circunstancias extremas, cinéticas, incluidos ataques contra centros de datos chinos. El matiz es indispensable: estamos ante escenarios discutidos por un analista de un centro de estudios, no ante una decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos. Convertir un ejercicio de planeación en una política oficial sería tan engañoso como ignorar que la posibilidad misma de someterla a estudio revela hasta dónde ha avanzado la securitización de la competencia tecnológica.
La frontera conceptual es inquietante porque transforma infraestructura civil de doble uso en objetivo potencial. Un centro de datos puede ejecutar investigación científica, logística comercial, servicios financieros, modelos lingüísticos, sistemas de salud y aplicaciones militares simultáneamente. Si la capacidad computacional comienza a ser equiparada con un activo estratégico semejante a una instalación nuclear o una plataforma de misiles, la distinción clásica entre economía y defensa se vuelve cada vez más frágil. Ése es precisamente el peligro señalado por los críticos recogidos en el material original: un ataque preventivo basado no en lo que una instalación está haciendo, sino en lo que podría permitir hacer mañana, abre un problema de inteligencia, proporcionalidad y escalada extraordinariamente grave entre potencias nucleares.
El fenómeno no se limita a CNAS. El 18 de septiembre, Travis A. Karnes publicó en RealClearDefense un ensayo que reclama que Washington considere al Partido Comunista Chino bajo Xi Jinping como el principal adversario estratégico de la República estadounidense y organice alrededor de esa premisa los instrumentos del poder nacional. Karnes dibuja una amenaza multidominio que incluye capacidad antisatélite, guerra electrónica, armas de pulso electromagnético y posibles aplicaciones militares de modificación meteorológica; sobre esa interpretación propone aumentar reservas de municiones y fuerzas distribuidas en Japón, Guam, Filipinas y Australia, reforzar la infraestructura espacial estadounidense y desplegar en el Indo-Pacífico misiles balísticos de alcance intermedio con capacidad nuclear. También reclama mayores sanciones económicas y presión financiera. Son propuestas de un autor, no políticas gubernamentales consumadas, pero muestran cómo una corriente del debate estadounidense empieza a responder a la movilización nacional china con su propia doctrina de movilización integral.
Ahí reside la paradoja central. Durante una generación, Washington y buena parte de las élites occidentales hablaron el idioma de la liberalización, el libre comercio, la circulación global de capitales y la autonomía privada. Sin embargo, cuando la competencia tecnológica amenaza posiciones estratégicas acumuladas durante décadas, reaparecen el control de exportaciones, los vetos a semiconductores, las restricciones de inversión, la política industrial, las reservas críticas, la seguridad de cadenas de suministro y la consideración de empresas privadas como componentes de la seguridad nacional. China, por su parte, jamás abandonó por completo esa visión orgánica del poder estatal: mercado y propiedad privada podían crecer, pero insertos en una arquitectura en la cual la dirección política conservaba capacidad para orientar crédito, industria, infraestructura y tecnología. La rivalidad sinoestadounidense empieza así a parecer menos un duelo entre “mercado” y “planificación” que una competencia entre dos modalidades distintas de capitalismo estratégico, ambas cada vez más dispuestas a nacionalizar el riesgo cuando juzgan amenazada su posición internacional.
La movilización nacional, entendida en este sentido amplio, permite también ordenar el papel histórico de los autoatentados del 11 de septiembre de 2001 como una cesura que habría inaugurado políticamente el siglo XXI mediante la expansión del paradigma de seguridad, vigilancia y guerra permanente. El 11-S transformó la política de seguridad estadounidense, dio origen a intervenciones militares prolongadas y expandió durante décadas el aparato jurídico y administrativo de la llamada guerra contra el terrorismo. Aquella gramática de amenaza existencial no desapareció: cambió progresivamente de objeto, primero desde el terrorismo hacia Rusia y ahora, cada vez más, hacia China.
Vista desde ese prisma, la IAG puede convertirse en aquello que antes fueron las armas estratégicas, el terrorismo o la proliferación nuclear: una tecnología cuya mera posibilidad reorganiza instituciones mucho antes de materializarse plenamente. Stokes establece explícitamente un paralelismo metodológico con la era nuclear al pedir a los responsables políticos que comprendan primero las propiedades técnicas de la IAG y trabajen hacia atrás para deducir sus consecuencias estratégicas. Pero la analogía contiene una trampa. Una ojiva nuclear es un artefacto cuyo propósito destructivo es relativamente inequívoco; una infraestructura informática posee usos innumerables y cambiantes. Convertir la capacidad de cómputo en casus belli potencial podría ampliar de manera extraordinaria el espacio de objetivos considerados estratégicos.
El expediente suministrado utiliza las guerras de Oriente Medio como advertencia sobre esa dinámica de escalada. La confrontación estadounidense con Irán, los ataques a infraestructuras y buques, y la creciente relevancia de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb demuestran que la superioridad tecnológica no garantiza control político sobre un teatro de operaciones y de que una guerra puede extender sus costes hacia energía, comercio marítimo y cadenas logísticas internacionales. Sin embargo, una estrategia diseñada para reducir rápidamente a un adversario puede acabar multiplicando los puntos vulnerables de quien la inicia.
La geografía vuelve entonces al centro de la historia. Durante los años de máxima confianza en la globalización podía imaginarse que el capital había vencido al mapa. La realidad estratégica demuestra lo contrario. Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional o las cadenas de islas del Pacífico no son anacronismos cartográficos: son válvulas físicas de la economía mundial. La movilización nacional china busca precisamente que un bloqueo, una interrupción marítima o una campaña de sanciones no paralicen de inmediato el funcionamiento del país. Y las propuestas estadounidenses de distribuir fuerzas, endurecer bases, acumular municiones y controlar tecnologías críticas persiguen, desde el otro lado, aumentar la capacidad de resistencia de una red militar extendida por el Pacífico.
Ucrania ocupa el lugar de una advertencia todavía más sombría, como un actor sometido simultáneamente al desgaste militar, la dependencia financiera y el agotamiento demográfico, mientras determinadas capitales europeas buscan mantener a Washington comprometido en el enfrentamiento con Rusia.
La demografía es parte de esa contabilidad brutal. Se habla de una caída desde más de cincuenta millones de habitantes al desintegrarse la Unión Soviética hasta aproximadamente treinta y cinco millones. La dirección general del argumento —una contracción histórica muy severa— es correcta, aunque la cifra actual depende de la metodología utilizada, de si se cuenta población de territorios ocupados y de cómo se contabilizan refugiados y desplazados. Las series del Banco Mundial sitúan la población en unos 52 millones en 1990 y alrededor de 39 millones en 2025; las proyecciones basadas en Naciones Unidas para 2026 se encuentran también alrededor de 39,5 millones. La guerra, la emigración y una natalidad extremadamente baja convierten, en cualquier caso, a la población en una variable estratégica tan decisiva como el número de tanques.
Esta cuestión devuelve el análisis a China. La diferencia esencial entre preparación militar y movilización nacional radica precisamente en que la segunda calcula esos costes antes de la guerra. Un Estado que sólo cuenta barcos, aviones y misiles está contabilizando la primera jornada de combate. Un Estado que cuenta existencias energéticas, trabajadores especializados, capacidad ferroviaria, nodos digitales, repuestos, centros hospitalarios, producción de semiconductores, refinerías, sistemas de pago, puertos y alimentos intenta calcular el día cien, el año dos y la reconstrucción posterior. La nueva legislación china institucionaliza esa segunda contabilidad.
También Estados Unidos parece redescubrirla. El crecimiento de la política industrial, la batalla por semiconductores, los controles de exportación, la preocupación por minerales críticos, el reforzamiento del complejo espacial y los debates sobre la seguridad de centros de datos muestran que Washington vuelve a pensar en categorías que durante años parecieron propias de las economías dirigidas: redundancia, autosuficiencia selectiva, reservas, resiliencia, soberanía tecnológica. El ensayo de Karnes lleva esta lógica hasta una expresión especialmente agresiva mediante sanciones financieras, separación sectorial y despliegue nuclear regional. La existencia de tales propuestas no determina lo que hará Estados Unidos, pero evidencia el desplazamiento del horizonte intelectual: la interdependencia deja de ser vista exclusivamente como fuente de prosperidad y comienza a ser analizada también como superficie de ataque.
Ésta es la verdadera importancia de la guerra tecnológica. No consiste en averiguar qué país presenta el modelo de IA con mejores resultados en un examen, quién fabrica el dron más vistoso o quién encabeza un índice trimestral de innovación. La cuestión decisiva es quién puede conectar tecnología con industria, industria con energía, energía con finanzas, finanzas con logística, logística con defensa y todo ello con una estructura política capaz de sostener pérdidas sin desorganizarse. La inteligencia artificial importa porque multiplica cada una de esas conexiones: optimiza diseños, procesa inteligencia, administra cadenas de suministro, acelera investigación científica, coordina sistemas autónomos y transforma el mando militar. Pero sin electricidad, chips, fábricas, técnicos, redes y estabilidad institucional, el algoritmo más sofisticado sigue siendo una abstracción sin cuerpo.
Por eso resulta especialmente peligroso que la IAG empiece a ser conceptualizada con categorías heredadas de la carrera nuclear. Si ambas potencias llegan a creer que permitir al adversario alcanzar primero determinado umbral tecnológico equivale a aceptar una derrota estratégica irreversible, puede surgir un incentivo para actuar antes de conocer con certeza si ese umbral existe, si ha sido alcanzado o si realmente posee las consecuencias imaginadas. La lógica del ataque preventivo nace precisamente de esa combinación entre incertidumbre y miedo a llegar tarde. En el dominio nuclear, la disuasión intentó resolver el problema mediante la certeza de una represalia devastadora. En el dominio de la IA, donde capacidades y localizaciones pueden ser opacas, distribuidas y ambiguas, la estabilidad podría ser todavía más difícil.
La movilización nacional china y la creciente securitización tecnológica estadounidense son, por tanto, fenómenos especulares aunque no idénticos. China prepara jurídicamente la conversión de recursos civiles en capacidad de defensa; Estados Unidos debate cómo restringir, sabotear o neutralizar algunos de los recursos tecnológicos que podrían alimentar el poder chino, al tiempo que reconstruye su propia base industrial y militar. Pekín integra; Washington intenta preservar ventajas y cerrar accesos; ambos incorporan al cálculo estratégico ámbitos que antes podían presentarse como puramente comerciales.
La gran paradoja del siglo XXI es que la globalización, después de haber prometido separar prosperidad y guerra mediante la interdependencia, ha terminado proporcionando a las potencias una cartografía extremadamente precisa de sus vulnerabilidades mutuas. Cada cadena global contiene un cuello de botella. Cada plataforma digital contiene una dependencia. Cada sistema financiero contiene un mecanismo potencial de sanción. Cada puerto, cable submarino, fábrica avanzada o centro de datos puede transformarse de activo económico en objetivo estratégico. Lo que ayer se celebraba como eficiencia puede convertirse mañana en exposición.
De allí que la movilización nacional sea algo más que una ley china y mucho más que una política militar. Es el nombre de una época que empieza a organizar la economía alrededor de la posibilidad de interrupción. La pregunta ya no consiste solamente en cuánto puede crecer una nación durante la paz, sino cuánto de ese crecimiento puede conservar cuando se rompen rutas, monedas, alianzas, suministros o sistemas informáticos. Bajo esa luz, la nueva ley de Pekín no demuestra que la guerra sea inevitable; demuestra que China quiere reducir el precio de ser sorprendida por ella. Y los escenarios estadounidenses sobre centros de datos, sanciones, armas nucleares regionales y desacoplamiento tecnológico tampoco demuestran que Washington haya decidido librarla; demuestran que partes influyentes de su ecosistema estratégico consideran cada vez menos aceptable la posibilidad de perder una ventaja tecnológica decisiva.
El cuadro de Schenck ofrece entonces una última advertencia, más sobria que cualquier consigna. El problema no son únicamente los cuervos, ni exclusivamente el cordero muerto, ni siquiera la madre desesperada. El problema es el paisaje entero: el invierno, la escasez, la espera, la sangre sobre la nieve y la transformación de la debilidad ajena en oportunidad. Ibn Jaldún reflexionó sobre la deformación moral que puede producir una opresión prolongada; D. H. Lawrence escribió sobre generaciones que conquistan la libertad y otras que pueden perderla; el cierre del programa recuerda además la máxima atribuida a Descartes sobre la necesidad intelectual de reconocer la magnitud de lo que se ignora. Esa última cautela resulta especialmente pertinente cuando estrategas comienzan a diseñar guerras hipotéticas alrededor de una inteligencia artificial general cuya naturaleza, fecha de aparición y verdadero alcance todavía desconocemos.
La movilización nacional será probablemente una de las categorías esenciales para comprender esa transición. China está codificando la suya. Estados Unidos está reconstruyendo la propia en torno a industria, tecnología y seguridad económica. Entre ambas se extiende una economía mundial cuyos centros de datos, fábricas, mares, rutas energéticas y poblaciones civiles corren el riesgo de convertirse en piezas de una misma arquitectura estratégica. El dato decisivo del nuevo orden no será quién pronuncia con mayor convicción la palabra “paz”, sino cuánto espacio consigue conservar cada potencia entre competencia, coerción y guerra antes de que aquello que preparó para impedir el conflicto termine haciendo más fácil imaginarlo.
Fuentes consultadas
Yolanda Rodríguez. China se prepara para la guerra: una nueva ley acelera la movilización del Ejército, empresas y recursos civiles. El Español. 7 de septiembre de 2026.
Jacob Stokes. Superpowers and AGI: How U.S.-China Competition Could Be Shaped by the Emergence of Artificial General Intelligence. Center for a New American Security. 27 de agosto de 2026.
Vincent Chow. US urged to consider military strikes to stop China achieving AGI first. South China Morning Post. 4 de septiembre de 2026.
Travis A. Karnes. We Are All Out of Doves: Why President Trump Must Take the National Mantle Against Xi Jinping. RealClearDefense. 18 de septiembre de 2026.
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China. Ley de Movilización de la Defensa Nacional de la República Popular China. 28 de agosto de 2026; entrada en vigor el 1 de octubre de 2026.
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China y otros organismos. Opiniones para la implementación de la acción especial “Inteligencia artificial + manufactura”. Gobierno de la República Popular China. Publicado en enero de 2026.
Administración del Ciberespacio de China. Información sobre servicios de inteligencia artificial generativa registrados, julio-agosto de 2026. China Cyberspace Administration. 14 de septiembre de 2026.
National Gallery of Victoria. Anguish (Angoisse), August Friedrich Albrecht Schenck, 1878. NGV Collection. Consultado el 20 de septiembre de 2026.
Banco Mundial. World Development Indicators: Population, total — Ukraine. World Bank DataBank. Datos consultados en septiembre de 2026.
