Por José Luis Preciado
El tablero geoestratégico de América Latina se ha convertido en un campo de batalla donde las piezas se mueven con una velocidad y una contundencia que apenas dejan tiempo para el análisis. La contraofensiva de Estados Unidos sobre la región, destinada a terminar con todos los gobiernos que no se alinean dócilmente a sus intereses en el nuevo orden multipolar, sigue sumando eslabones a una cadena diseñada para mantenernos desunidos y dominados, mientras el imperio en decadencia termina de echarse al saco lo que aún considera “su región”, a medida que es expulsado de otras latitudes del mundo. Como ha sido documentado en diversos análisis de coyuntura, el plan imperial parece tener una hoja de ruta clara: tras los avances en Colombia y la presión constante sobre Cuba, la mira se dirige hacia Brasil y, finalmente, la agenda marca a México como el objetivo prioritario. En este contexto de asedio declarado, donde la injerencia extranjera ya no es una teoría conspirativa sino una práctica documentada en cada rincón del continente, la reforma constitucional mexicana que introduce la anulación de elecciones por injerencia extranjera se erige como un muro defensivo de primera magnitud en el actual reparto de las cartas de la historia. Sin embargo, una pregunta crucial atraviesa la discusión política nacional y amenaza con vaciar de contenido esta herramienta soberanista justo cuando más se la necesita: ¿Aplicará esta causal de nulidad para los comicios estratégicos de 2027? La respuesta, lejos de ser un simple tecnicismo legislativo, se ha convertido en el epicentro de una lucha de poder entre quienes buscan proteger la voluntad popular y quienes, al servicio de intereses foráneos, pretenden retrasar indefinidamente su entrada en vigor.
Para dimensionar la trascendencia de esta disputa, es necesario comprender primero la naturaleza del adversario. La semana pasada tuvo lugar un acontecimiento inquietante en las Américas que pocos medios mexicanos han conectado con el destino de nuestra propia democracia. El 28 de mayo, los ministros de Asuntos Exteriores y Seguridad de cinco naciones iberoamericanas —Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador— se reunieron en Santiago de Chile, convocados por el presidente de ese país, José Antonio Kast, para anunciar la formación de un nuevo acuerdo regional presumiblemente destinado a colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Firmaron el llamado «Compromiso Regional de Santiago», cuyo contenido se presentará a la Organización de los Estados Americanos en su quincuagésima sexta Asamblea General, con el propósito explícito de que el plan de acción acordado pueda extenderse a todo el continente. Lo que se está gestando, más allá del discurso oficial sobre la lucha contra el crimen, es un pretexto de aprobación institucional para intervenir contra naciones soberanas en nombre de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, de la misma forma ilegal en que Estados Unidos ha intervenido Venezuela, hostigado a Cuba y ejecutado extrajudicialmente a centenares de personas con el mismo pretexto. El presidente Trump ha mencionado repetidamente su disposición a enviar fuerzas estadounidenses a México para luchar contra los cárteles de la droga, una amenaza que adquiere dimensiones aún más siniestras cuando se lee a la luz de los acontecimientos regionales.
Las cinco naciones del grupo Santiago son miembros de la operación belicista «Escudo de las Américas», creada por Trump en marzo de este año, cuyos trece miembros firmaron una declaración conjunta el pasado quince de mayo amenazando con intervenir militarmente en la crisis política de Bolivia bajo la falsa afirmación de que el expresidente Evo Morales está aliado con narcotraficantes. La interconexión de estos despliegues con las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos revela una estrategia sistemática para socavar a las naciones que se resisten al designio imperial. En este escenario de hostilidad declarada, la reforma que permitiría la anulación de elecciones por injerencia extranjera no es un lujo ni una excentricidad legislativa: es un mecanismo de supervivencia democrática, un escudo contra la guerra híbrida que ya se está librando en el continente.
Para comprender las raíces profundas de esta estrategia, es necesario recurrir a la figura de Nicholas J. Spykman, un antiguo agente secreto neerlandés que, antes de consagrarse como uno de los padres fundadores de la geopolítica estadounidense, concibió el Gran Caribe —con el Golfo de México y el Mar Caribe— como el «Mar Mediterráneo» de Estados Unidos: un espacio vital cuya hegemonía resulta innegociable para la proyección del poder norteamericano. Discípulo crítico de Halford Mackinder, Spykman no solo invirtió la célebre fórmula del corazón continental (Heartland) sosteniendo que quien controla el cinturón litoral del Rimland gobierna Eurasia, sino que en 1935, con el respaldo de la Fundación Rockefeller, fundó el Yale Institute of International Studies, un dispositivo de «poder profundo» que forjó intelectuales orgánicos —Kennan, Sir Kissinger, Brzezinski— al servicio del orden mundial angloestadounidense. Bajo esta lente geopolítica, la actual redefinición de la esfera de influencia de Estados Unidos en su «bajo vientre» caribeño —incluyendo a México, Cuba, Venezuela, Panamá y República Dominicana— responde a la necesidad de contener el avance de China y Rusia en una región rica en litio, cobre, petróleo y tierras raras.
Este proyecto de dominación hemisférica encuentra su complemento más extremo en el resurgimiento de la vieja agenda del Tecnato de Norteamérica, ahora impulsada por la dupla conformada por Donald Trump y Elon Musk. Joshua Norman Haldeman, abuelo materno de Musk, fue un destacado miembro de Technocracy Incorporated, una organización fundada en 1919 que prometía reorganizar la sociedad en torno a un «Tecnato de América» vertical de expertos no contaminados por las instituciones democráticas. En los mapas de este tecnato trazados desde la década de 1930 se incluían Groenlandia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, todos los países soberanos de Centroamérica, así como parte del norte de Colombia y Venezuela. Este modelo, que propone la eliminación de fronteras y la gobernanza de élites tecnológicas mediante inteligencia artificial, encuentra en la desestabilización de los gobiernos soberanistas de la región —incluyendo el acoso judicial a Cuba y la fragmentación criminal de México— una de sus piezas fundamentales para incorporar estos territorios a un nuevo orden regional controlado desde Washington.
Esta ofensiva se inscribe en el resurgimiento de la Doctrina Monroe como nuevo pilar estratégico de Estados Unidos tras el fracaso del ultraglobalismo. Formulada en 1823 por James Monroe, la doctrina que advertía contra cualquier intervención europea en el hemisferio occidental se ha reciclado ahora para frenar la creciente influencia de China y Rusia en América Latina. El objetivo de Washington es claro: asegurarse los recursos de Iberoamérica y el Caribe para uso exclusivo en un eventual conflicto con la potencia asiática, tal como lo propuso en 2023 el investigador Evan Ellis de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, y tal como lo describió en los mismos términos la generala Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur, en su conferencia en el Foro del Instituto Aspen en julio de 2022. La nueva aproximación a Brasil para distanciarlo de los BRICS, la intención de recuperar el Canal de Panamá y la alineación de Argentina con Javier Milei son manifestaciones concretas de esta estrategia que presiona a los países latinoamericanos a reducir su relación con otras potencias globales bajo el riesgo de quedar atrapados en una nueva dinámica de dependencia.
La reforma constitucional en cuestión fue defendida con pasión por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que «México debe proteger su soberanía y garantizar que las decisiones democráticas correspondan únicamente al pueblo mexicano». En su conferencia de prensa del tres de junio, la mandataria recordó que lo fundamental es «que elija el pueblo, porque es lo mejor que puede haber», en una explícita defensa de la capacidad ciudadana frente a las élites locales y los poderes extranjeros. Sin embargo, el itinerario de esta reforma hacia su aplicación práctica ha topado con un obstáculo que algunos califican de técnico y otros, con mayor acierto, de político. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional con ochenta y cinco votos a favor y cuarenta y dos en contra durante la Tercera Sesión Extraordinaria que inició el veintiocho de mayo, logrando posteriormente el respaldo de veinticuatro congresos estatales para ser declarada constitucional. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes primero de junio y entró en vigor el martes tres de junio, junto con otras disposiciones en materia de verificación de candidaturas y elección judicial.
Pero aquí reside la trampa mortal del expediente. Una reforma constitucional, por sí misma, no es una herramienta ejecutable en el campo de batalla electoral. Requiere de una ley secundaria que desarrolle los criterios, los estándares de prueba y las reglas de aplicación, tal como lo recordó la propia Consejería Jurídica de la Presidencia, que fijó un plazo máximo de noventa días para que el Congreso discuta esta legislación complementaria. El problema es que el proceso electoral federal de 2027 tiene sus propios plazos inamovibles: la ley prohíbe legislar en materia electoral federal tres meses antes del inicio del proceso. Es aquí donde las fuerzas que se oponen al blindaje soberanista han encontrado su caballo de batalla. El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha sido el portavoz de la posición que, de facto, dejaría a México desprotegido frente a la injerencia extranjera en 2027.
Las declaraciones de Monreal, recogidas por diversos medios y confirmadas por el propio legislador, son elocuentes y preocupantes. El coordinador morenista explicó que, dado el plazo que prohíbe legislar en materia electoral federal tres meses antes del inicio del proceso, «si no se aprueba hoy, tendríamos solo seis días… y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria». Su conclusión, presentada como un hecho consumado, es que «la reforma secundaria puede aprobarse en cualquier periodo extraordinario o en las primeras sesiones de septiembre, pero el efecto jurídico es que no se aplicará para el proceso electoral 2027, sino se aplicaría hasta la elección presidencial del 2030». Esta declaración, que apareció publicada en medios como Apro y La Jornada, ha sido interpretada por sectores cercanos al oficialismo como una claudicación inadmisible, una rendición anticipada ante las presiones externas. Sin embargo, es necesario ser precisos: la posición de Monreal no es la única voz autorizada en este debate, y la presidenta Sheinbaum ha dejado claro en diversas ocasiones su voluntad de que la ley secundaria se apruebe con la celeridad necesaria para blindar los comicios de 2027.
El treinta de mayo, Fernando Camacho Servín reportó para La Jornada que, aunque la Cámara aprobó el jueves la enmienda constitucional, el propio Monreal pidió que se retiraran de la discusión los cambios a la ley reglamentaria debido a las fuertes críticas de diversos sectores que consideraron la propuesta original como un riesgo a la libertad de expresión. Ante la inconformidad, Monreal solicitó «crear un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos» entre todas las fuerzas políticas. Cuando se le preguntó cuándo podría subsanarse esa falta, señaló que podría ocurrir en el próximo periodo ordinario que comienza en septiembre, o incluso en un nuevo periodo extraordinario. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán, del PAN, consideró que la decisión de Morena de retirar el tema de la norma secundaria se tomó por la falta de redacción idónea, y aunque saludó que no se aprobara una «ley a modo», también lamentó que se perdiera una oportunidad para legislar sobre el tema.
Este pulso entre quienes quieren acelerar el blindaje electoral y quienes prefieren dilatar su implementación no puede entenderse sin considerar el contexto regional que ya hemos esbozado. Estados Unidos no ha cesado un solo día en su ofensiva contra los gobiernos soberanistas de América Latina. El mismo jueves veintiocho de mayo en que se anunciaba el Compromiso de Santiago, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que a partir del cinco de junio su país designará a las dos bandas delincuentes más grandes de Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta designación abre la puerta a operaciones clandestinas y desestabilizadoras de inteligencia y militares de Estados Unidos en Brasil, de la misma manera que viene aumentando la presión sobre México con los mismos pretextos. El anuncio de Rubio se produjo pocos días después de que el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reuniera con Trump en la Casa Blanca el veintiséis de mayo para pedir precisamente esa designación. El objetivo es claro: manchar la imagen del presidente Lula da Silva con la etiqueta de «blando con el crimen» e intervenir en las elecciones del país miembro pleno del BRICS, previstas para octubre.
En este contexto, la estrategia de Estados Unidos en México no puede ser más evidente. Si logra que la ley secundaria que reglamenta la anulación de elecciones por injerencia extranjera no esté lista para 2027, los comicios de ese año quedarán vulnerables exactamente al mismo tipo de operaciones que ya se están documentando en Colombia, en Brasil y en Bolivia. No es casualidad que el mismo día del anuncio del Compromiso de Santiago, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa —funcionando como una correa de transmisión del Departamento de Estado— anunciara junto al candidato de derecha colombiana un supuesto acuerdo para eliminar aranceles, una performance que no era más que una extorsión a Colombia para favorecer al candidato de la ultraderecha. La brutalidad de la contraofensiva de Estados Unidos sobre Latinoamérica está siendo documentada en cada rincón del continente, y la pregunta que debemos hacernos no es si México será el próximo objetivo, sino si estaremos preparados para enfrentarlo.
Es preciso decirlo con todas sus letras: la decisión final sobre si la anulación de elecciones por injerencia extranjera aplicará en 2027 aún no está tomada. La presidenta Sheinbaum ha manifestado su voluntad de que así sea, y la Constitución faculta al Ejecutivo para promover la legislación secundaria con la urgencia que el caso requiere. El plazo de noventa días que mencionó la Consejería Jurídica no es un cadalso, sino una oportunidad. Si el Congreso de la Unión, en un ejercicio de verdadera soberanía nacional, aprueba la ley secundaria en los próximos meses, nada impediría su aplicación en los comicios de 2027, más allá de los argumentos fatalistas de quienes parecen haberse resignado a la injerencia extranjera como un destino ineludible. La discusión sobre la ley secundaria no es un tecnicismo aburrido: es el campo de batalla donde se definirá si México entra al 2027 con las armas necesarias para defender su democracia o si, por el contrario, se presenta desnudo ante el huracán imperial.
La historia de América Latina en las últimas dos décadas es la historia de una rebelión contra el dominio extranjero seguida de una restauración imperialista y oligárquica. Hoy, como lo expresó con claridad un reciente análisis de coyuntura, lo que avanza no es una fracción ideológica: es el imperialismo. Latinoamérica es el caramelo que Estados Unidos se quiere meter en la boca, y sus aliados como siempre a lo largo de la historia son las patéticas y dóciles pseudoélites locales. Lo que estamos viviendo luego de dos décadas de rebeldía es la revancha contra los pueblos, una restauración donde la ultraderecha es apenas un instrumento entre muchos. Cuando el instrumento pierda el filo, lo descartarán y lo reemplazarán, pero la contraofensiva continuará por otros medios. Derrotar a Milei o a Kast sin derrotar a la clase social, al poder económico y a la oligarquía para la cual estos políticos ponen el país de rodillas, es eliminar el síntoma dejando intacta la enfermedad.
Pero la injerencia estadounidense en los asuntos mexicanos no se limita a la manipulación electoral o a la presión diplomática. Como he documentado en Mente Alternativa, existe una dimensión más oscura y estructural: el financiamiento, armamento y control de los propios cárteles de la droga mexicanos por parte de agencias y redes vinculadas al poder profundo de Estados Unidos. El narcotráfico, lejos de ser una anomalía externa, opera como un subsistema inscrito en la arquitectura financiera global dominada por Wall Street y la City de Londres, que lava aproximadamente un billón de dólares anuales a través de paraísos fiscales. La llamada «estrategia de decapitación» —la eliminación selectiva de líderes como Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho», con apoyo de inteligencia estadounidense— no busca erradicar el sistema criminal, sino fragmentarlo para impedir su cristalización, manteniendo a México en un estado de «inestabilidad controlada» que erosiona su soberanía funcional. La evidencia es contundente: un exalto funcionario de la DEA, Paul Campo, y un excalificado agente encubierto de la CIA, Robert Sensi, fueron acusados de conspirar para lavar doce millones de dólares y proporcionar armas de grado militar —incluyendo rifles M4, M16, lanzagranadas y drones explosivos— al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Miembros de esta misma organización viajaron a Ucrania como voluntarios extranjeros para recibir entrenamiento en drones militares en zonas de guerra respaldadas por Occidente, mientras el Pentágono perdía el rastro de más de mil millones de dólares en armamento enviado a ese país, que luego apareció en mercados clandestinos de la darknet. No es casualidad que el Departamento de Justicia estadounidense reconozca que el setenta y cuatro por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, Arizona y California. Más revelador aún: la empresa petrolera Ikon Midstream, con sede en Houston y propiedad de Rhett Kenagy, fue investigada por contrabandear diésel desde Canadá a México declarándolo falsamente como lubricantes exentos de impuestos, evadiendo siete millones de dólares y entregando el combustible al CJNG a través de empresas fantasma. El combustible provenía de Imperial Oil, subsidiaria de Exxon Mobil —el brazo energético de la familia Rockefeller. Este entramado revela que la línea que separa al perseguidor del perseguido no es absoluta, sino porosa: el aparato estadounidense encargado de combatir al narco se encuentra estructuralmente entrelazado con él, operando dentro del mismo espacio financiero y utilizando las mismas infraestructuras logísticas, para infiltrar, desestabilizar y balcanizar países-objetivo.
En esta encrucijada, la anulación de elecciones por injerencia extranjera no es una ocurrencia legal menor, sino el instrumento que permitirá a México romper la inercia de la dominación. Hace muchas décadas, Juan Domingo Perón profetizó que el siglo XXI nos encontraría unidos o dominados. Hoy, desunidos facilitamos nuestra dominación, y la disputa por la ley secundaria es un reflejo de esa desunión. Que la herramienta diseñada para blindar la soberanía nacional llegue a tiempo para el 2027 o que, por el contrario, sea postergada hasta el 2030 en medio de argucias legislativas y supuestas imposibilidades técnicas, será la prueba de fuego que revele si la clase política mexicana está dispuesta a defender realmente la voluntad popular o si, una vez más, preferirá pactar con la injerencia extranjera bajo la cómoda excusa de los plazos y las formas. La elección de 2027 definirá el futuro de México en el marco del actual reparto de las cartas de la Historia, y esa elección debe quedar totalmente blindada. Que así sea dependerá de la presión ciudadana, de la voluntad presidencial y de la capacidad de las fuerzas progresistas para imponer la soberanía sobre los burócratas que, al servicio de Estados Unidos, quieren retrasar la ley para permitir que la injerencia extranjera haga de las suyas. La lucha por el alma del 2027 acaba de comenzar.
