“La Secretaría de la Defensa de México alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”, declaró el lunes Alicia Bárcena Ibarra —la diplomática, bióloga y académica que dirige la secretaría de Relaciones Exteriores de México— al anunciar una petición oficial a EE.UU. para esclarecer cómo es que se están encontrando armas de grado militar estadounidenses en manos de los cárteles de la droga mexicanos.
Algunas de estas armas incluyen lanzacohetes y granadas que no están disponibles para los civiles en los propios Estados Unidos. Este tipo de armamento utilizado y del que se jactan los cárteles plantea un gran desafío para las fuerzas de seguridad de México a la hora de contener a estos violentos grupos criminales.
México ha intentado emprender acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses argumentando que contribuyen conscientemente a la violencia vinculada a los cárteles. El lunes, un tribunal de apelaciones de Boston revivió una demanda por 10.000 millones de dólares contra siete fabricantes de armas estadounidenses y un distribuidor, que según México sabían que sus armas estaban siendo vendidas a traficantes que las contrabandeaban a México.
