Por Mente Alternativa
El análisis de los acontecimientos recientes en torno a la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, particularmente a raíz de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la información periodística surgida sobre la donación del avión del FBI a un museo, nos obliga a desmontar la narrativa hegemónica y a comprender la verdadera naturaleza de las relaciones bilaterales. No se trata de un simple episodio policiaco, sino de un acto de geopolítica que, por su descaro, constituye una ventana excepcional para entender la realidad del narcotráfico como un ente sistémico. La presidenta Sheinbaum ha realizado un señalamiento que trasciende la anécdota al preguntarse, en su conferencia mañanera, si mintió el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, al afirmar que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo que llevó a Zambada a Nuevo México el 25 de julio de 2024.
La línea de tiempo de los hechos es demoledora. El 1 de julio de 2026, Aristegui Noticias, en un reportaje de Marcos Martínez Chacón, reveló que el FBI donó al War Eagles Air Museum, ubicado en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, la aeronave Beechcraft King Air utilizada en la captura del capo. Esta donación, formalizada por la oficina de campo del FBI en El Paso, Texas, no es un acto de caridad, sino la arrogante exhibición de un trofeo. La propia agencia declaró que el avión es «un ejemplo de las prioridades del FBI, entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos». El cinismo de esta acción es mayúsculo, pues se produce tan solo dos años después de un evento que, según la versión oficial del gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden, no había involucrado a sus recursos. La contradicción es flagrante.
Las propias palabras del embajador Ken Salazar, pronunciadas el 9 de agosto de 2024 en una conferencia de prensa, ahora se vuelven en su contra. Salazar declaró en aquella ocasión que «no se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente». Ante la evidencia de la donación del avión, la pregunta de la presidenta Sheinbaum resuena con fuerza: «¿Quién mintió? Todo parece indicar que mintió el embajador Ken Salazar». Esta afirmación no es un simple reclamo diplomático; es la constatación de que el gobierno mexicano fue deliberadamente engañado por su contraparte estadounidense.
Este engaño tiene implicaciones de fondo que van más allá de una mentira. La operación del FBI en territorio mexicano sin notificación al gobierno evidencia una grave desinstitucionalización del sistema estadounidense. La pregunta que emerge es si la mentira fue orquestada por el embajador para proteger al gobierno de Biden, o si, en un escenario aún más preocupante, el propio Salazar fue ignorado por el FBI, que actúa como un poder fáctico al margen de la diplomacia oficial. Este último escenario apunta a que el control del gobierno central sobre sus agencias de inteligencia se ha diluido, convirtiendo a Estados Unidos en una «República Imperial» donde las piezas del tablero no responden a una estrategia única, sino a intereses corporativos y burocráticos en pugna. La presencia de agentes de la CIA en el Culiacanazo y la revelación de que la DEA permitió la distribución de fentanilo en Nuevo México para armar casos judiciales son ejemplos que confirman esta peligrosa fragmentación, donde la seguridad pública se sacrifica en aras de objetivos de inteligencia o de dominio político.
La indignación del gobierno mexicano, expresada con una claridad inusual por la presidenta Sheinbaum, no se debe a la captura de un narcotraficante, sino a la violación de la soberanía nacional y al método empleado. El secuestro de Zambada en territorio mexicano, orquestado por el FBI en coordinación con una facción del Cártel de Sinaloa (Los Chapitos), es un acto de extraterritorialidad que sienta un precedente peligroso. Al cuestionar a Salazar, el gobierno mexicano está defendiendo un principio fundamental: la soberanía no es negociable. La reacción de la presidenta al afirmar que «Estados Unidos puede presionar lo que quiera, la diferencia está en cómo responde el gobierno mexicano», marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Se abandona el lenguaje diplomático complaciente para adoptar un tono de firmeza que no se había visto en décadas.
Más allá de la refriega diplomática, el episodio Zambada es una oportunidad para desmontar la «narcofarsa». La narrativa oficial, reproducida acríticamente por gran parte de los medios, presenta a los cárteles mexicanos como organizaciones todopoderosas que amenazan a Estados Unidos. Sin embargo, eventos como este revelan que el verdadero poder no reside en los capos, sino en las agencias estadounidenses que los utilizan, los protegen, o los eliminan según su conveniencia geopolítica. El control de las rutas de la droga, que finalmente son rutas de lavado de dinero y de influencia, siempre ha sido un instrumento de poder imperial.
En este sentido, la reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora el gobierno de Sheinbaum, es comprensible. Las declaraciones de Ken Salazar en su libro y en entrevistas con Jorge Ramos, donde admite no haber tenido «evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuviera haciendo cosas de ese tipo», desmontan la campaña mediática que buscaba etiquetar a la 4T como un «narco-gobierno». Al afirmar que toda su información era «de la prensa», Salazar no solo absuelve a López Obrador, sino que demuestra que la campaña de desprestigio es, en gran medida, un constructo mediático sin sustento probatorio.
El avión del FBI en el museo de Nuevo México es, por lo tanto, mucho más que una pieza de aviación; es la evidencia material de una mentira que busca ocultar la verdadera naturaleza del problema. Este acto de exhibicionismo imperial, en lugar de intimidar, ha servido para unificar el discurso del gobierno mexicano y para exponer la profunda crisis institucional de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum, al exigir cuentas, ha colocado el dedo en la llaga de la geopolítica: la relación con el vecino del norte no puede sustentarse en el engaño y la violación de la ley. México, en este episodio, no solo reclama por la captura de un capo, sino que reafirma su derecho a ser tratado como un país soberano. La lucha por la verdad en el caso Zambada se ha convertido, paradójicamente, en un acto de defensa de la dignidad nacional frente a un poder que, en su decadencia, ya no disimula sus métodos.
