Oscuro Claro
La destrucción creativa conecta el 11-S, la quiebra de Enron y el ascenso de American Bitcoin con una estrategia de Wall Street y el Pentágono para concentrar el control de la energía, las finanzas y la infraestructura digital mundial.

Por Mente Alternativa

La investigación de Whitney Webb y Mark Goodwin, publicada el 9 de noviembre de 2026 en Unlimited Hangout bajo el título «Creative Destruction: 9/11, Enron, and American Bitcoin», plantea una tesis de alcance histórico: la destrucción creativa que acompaña las grandes crisis estadounidenses no se limita a liquidar empresas o alterar mercados, sino que permite transferir infraestructuras estratégicas hacia grupos capaces de convertir las pérdidas colectivas en nuevos monopolios. Desde el 11 de septiembre y la quiebra de Enron hasta la actual expansión de la inteligencia artificial, los autores reconstruyen la continuidad de una red que opera entre Wall Street, el Pentágono, los servicios de inteligencia y las grandes corporaciones energéticas y tecnológicas. Su objeto no es únicamente el dinero. Es el control simultáneo de tres condiciones fundamentales del poder: energía, información y moneda.

La expresión «destrucción creativa», asociada a Joseph Schumpeter y a sus antecedentes en Marx y Werner Sombart, describe ordinariamente la renovación del capitalismo mediante la desaparición de estructuras obsoletas. Webb y Goodwin invierten la perspectiva: examinan una destrucción deliberada, cuyos beneficiarios aparecen vinculados con la arquitectura política y financiera que emerge después de la catástrofe. En septiembre de 2000, el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, asociado con figuras como Dick Cheney y Donald Rumsfeld, admitía que la transformación militar que proponía avanzaría lentamente sin un acontecimiento catalizador comparable a un nuevo Pearl Harbor. Un año después, el 11-S proporcionó el contexto para una reorganización profunda de la seguridad, las finanzas y la tecnología estadounidenses.

Para comprender su genealogía hay que retroceder a 1971, cuando Richard Nixon rompió la convertibilidad del dólar en oro. El acuerdo posterior con Arabia Saudita, impulsado por Henry Kissinger en el contexto de la crisis petrolera de 1973, articuló protección militar estadounidense, comercio de crudo denominado en dólares y reinversión de excedentes petroleros en activos financieros de Estados Unidos. El petrodólar convirtió una necesidad material del resto del mundo en demanda estructural de moneda y deuda estadounidense. El encarecimiento del petróleo amplificó esa relación. Pero el mecanismo encerraba una dependencia: Washington necesitaba que productores extranjeros continuaran sosteniendo el circuito. La disposición de Saddam Hussein a comerciar petróleo iraquí en euros, manifestada en 2000, ilustró su vulnerabilidad política.

La obsesión por controlar los suministros energéticos quedó expresada por Cheney ante el Senado en septiembre de 1990, cuando presentó la ocupación iraquí de Kuwait como una amenaza para la economía mundial. Sin embargo, mientras Estados Unidos protegía militarmente los corredores petroleros del Golfo, preparaba otro destino para su hegemonía. El Proyecto Independencia anunciado por Nixon en 1973 había defendido la autosuficiencia y la aceleración de la energía nuclear. Ken Lay, futuro fundador de Enron, había trabajado en la política energética de aquella administración. Décadas después, la revolución del petróleo de esquisto y el resurgimiento nuclear facilitarían una transición: de respaldar la supremacía monetaria mediante el petróleo extranjero a buscarla mediante energía doméstica, redes digitales y activos financieros programables.

Enron nació dentro de esa continuidad. Financiada en sus comienzos por el mercado de bonos basura de Michael Milken, próximo a los escándalos de las cajas de ahorro estadounidenses, se convirtió en laboratorio de desregulación y comercio electrónico de energía. Su fundador mantenía estrechas relaciones políticas y financieras con los Bush. Al asumir George W. Bush la presidencia, Cheney organizó un grupo reservado para formular la política energética nacional. Ejecutivos de Enron y Constellation participaron en sus contactos; el propio Cheney se reunió con Lay en abril de 2001. Las decisiones favorecieron la liberalización de los mercados, la expansión nuclear y proyectos como la problemática central de Dabhol, en India, cuya defensa llegó hasta el Consejo de Seguridad Nacional. Para Webb y Goodwin, la puerta giratoria no fue una anomalía del sistema: constituyó uno de sus mecanismos de gobierno.

Esa captura regulatoria tenía nombres y consecuencias. Wendy Gramm impulsó desde la Comisión de Comercio de Futuros una exención para ciertos derivados energéticos y poco después se incorporó al consejo de Enron. Su esposo, el senador Phil Gramm, promovió la Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, decisiva para la actividad de EnronOnline, mientras recibía donaciones de Enron y de su auditora, Arthur Andersen. La compañía multiplicó contratos opacos, ocultó deudas mediante sociedades relacionadas con su director financiero Andrew Fastow y manipuló la electricidad californiana. En su consejo figuraban antiguos altos cargos británicos, banqueros, académicos y militares, entre ellos John Wakeham, Robert Jaedicke, Herbert Winokur, Frank Wisner y el general Thomas Kelly. El desenlace no fue simplemente una bancarrota empresarial: fue el fracaso espectacular de un modelo de privatización del beneficio y socialización del riesgo.

Las conexiones internacionales amplían la escala. James Baker y el general Kelly trabajaron para abrir a Enron contratos multimillonarios de reconstrucción eléctrica en Kuwait después de la guerra de 1991. Fondos petroleros kuwaitíes, administrados en parte por Citibank mediante cuentas discretas, habían adquirido participaciones en bancos, compañías energéticas y telecomunicaciones estadounidenses. La compra de Santa Fe International por Kuwait Petroleum chocó incluso con objeciones del Pentágono por la tecnología nuclear de su filial C. F. Braun, posteriormente adquirida por Halliburton. En otro corredor estratégico, Unocal negoció con los talibanes un gasoducto desde Asia Central hacia Pakistán; Zalmay Khalilzad intervino en aquellas iniciativas, mientras Enron estudiaba su viabilidad y el beneficio potencial para Dabhol. La diplomacia energética, la inteligencia y los intereses privados aparecían ya integrados mucho antes de la guerra contra el terrorismo.

Webb y Goodwin siguen además los vínculos de Enron con las redes financieras de Penn Central, el banco BCCI y contratistas como DynCorp. Winokur, antiguo colega de Lay en el Pentágono, pasó por Penn Central, administró inversiones relacionadas con David Murdock y Leslie Wexner y presidió DynCorp junto a otras figuras relacionadas con la inteligencia, entre ellas James Woolsey. Los autores conectan ese entramado con las operaciones encubiertas de la era Reagan-Bush, el escándalo Franklin, Jeffrey Epstein y empresas como Southern Air Transport. La relevancia analítica de estas relaciones reside en la circulación de directivos y capitales entre negocios formalmente inconexos: energía, aviación, servicios de seguridad, banca y operaciones estatales reservadas.

El 11-S ocupa el centro de esa interpretación. Securacom, después Stratesec, vinculada a capital kuwaití, había participado en la seguridad del World Trade Center y prestaba servicios para el aeropuerto de Dulles y organismos federales. Marvin Bush estuvo en su consejo hasta meses antes de los ataques. Otro directivo, Wirt Walker, compró acciones de la empresa días antes del atentado; Webb y Goodwin recuperan las investigaciones sobre esa operación, los contratos de Kroll y las anomalías de seguridad. También examinan la destrucción de archivos financieros y regulatorios en el edificio 7, incluida documentación de la Comisión de Bolsa y Valores, así como la controversia relativa a materiales termíticos. Su pregunta es cómo una catástrofe destruyó personas y documentos mientras abrió oportunidades extraordinarias para reorganizar sistemas enteros.

En los mercados bursátiles, compras anómalas de opciones de venta sobre aerolíneas anteriores al 11-S condujeron a investigar operaciones vinculadas con Alex. Brown, absorbida por Bankers Trust y después Deutsche Bank. Allí habían trabajado Alvin «Buzzy» Krongard, posteriormente alto funcionario de la CIA, y Mayo Shattuck III, quien dirigía el negocio en las fechas decisivas. La investigación incorpora las indagaciones de Lars Schall y Max Keiser, la salida de Shattuck tras los atentados y las informaciones de Reuters sobre transacciones extraordinarias procesadas en el World Trade Center. La hipótesis conecta esas operaciones con el avance del corretaje electrónico, pero su consecuencia histórica más visible fue otra: el sistema financiero aceleró la automatización de sus funciones esenciales.

Cantor Fitzgerald representa la paradoja más cruel de ese cambio. Antes de los atentados, Howard Lutnick había invertido más de 200 millones de dólares en eSpeed, plataforma destinada a sustituir una parte del corretaje humano mediante transacciones electrónicas. Thomas Barnett, estratega del Colegio de Guerra Naval, había participado con Cantor en ejercicios sobre ataques a Wall Street, guerras en el Golfo y crisis financieras asiáticas. Su proyecto New Rule Sets planteaba que la globalización exigía una doctrina militar capaz de asegurar la conectividad comercial. El 11 de septiembre murieron 658 empleados de Cantor; eSpeed y sus respaldos informáticos permitieron restablecer rápidamente las operaciones y consolidaron el desplazamiento de intermediarios humanos. Barnett pasaría poco después a asesorar la transformación estratégica del Pentágono.

La Reserva Federal también intervino a escala excepcional para evitar la parálisis del mercado de deuda pública. Las operaciones de recompra de bonos del Tesoro de la Reserva Federal de Nueva York alcanzaron 61.000 millones de dólares el 12 de septiembre, frente a promedios muy inferiores, mientras se multiplicaban los préstamos de emergencia y los incumplimientos de liquidación de títulos. El colapso de comunicaciones reveló que la infraestructura financiera no era un elemento accesorio, sino un componente de seguridad nacional. Simultáneamente, la Patriot Act expandió la vigilancia sobre pagos y usuarios. Peter Thiel reconocería después que restricciones introducidas tras los ataques podían dificultar el surgimiento de nuevos competidores de PayPal. La crisis abrió mercados digitales al mismo tiempo que elevó las barreras regulatorias para quienes pretendieran entrar después.

El otro gran legado material de Enron fue su infraestructura informática. Enron Broadband Services había prometido revolucionar internet, mediante contratos como el fracasado servicio de video con Blockbuster, acuerdos con Sun Microsystems y kilómetros de fibra óptica. La contabilidad de valor de mercado permitió registrar ingresos futuros que nunca llegarían; sociedades como LJM2 encubrieron movimientos de activos y obligaciones. Sin embargo, las redes sobrevivieron a la quiebra. El centro de datos de Nevada, equipado con miles de servidores, fue adquirido por Switch por apenas 930.000 dólares. Años después, Switch se vendería a DigitalBridge por 11.000 millones de dólares; esa plataforma terminó enlazada con SoftBank, uno de los principales impulsores de Stargate. Así se manifiesta el principio económico que vertebra la investigación: las deudas pueden desaparecer en una liquidación, pero el cableado, las instalaciones y la capacidad energética quedan disponibles para nuevos propietarios.

Emiliano Kargieman, promotor de Stargate Argentina y empresario vinculado mediante Satellogic con Cantor Fitzgerald y Tether, expuso una lógica semejante al hablar de la posible burbuja de la inteligencia artificial. Aunque una empresa fracase, explicó, los centros de datos seguirán allí y alguien terminará utilizándolos. La comparación con Enron resulta perturbadora: el financiamiento especulativo puede construir infraestructura destinada a sobrevivir a sus propios inversionistas. En ese escenario, lo decisivo no sería quién promete hoy mayores rendimientos, sino quién dispone mañana del efectivo, el crédito y la protección política necesarios para comprar los activos depreciados.

Una figura conecta los dos episodios: Mayo Shattuck. Después de dejar Deutsche Bank en 2001, llegó a Constellation Energy, impulsó el comercio de electricidad y derivados y fortaleció una estrategia de adquisición de centrales, particularmente nucleares. Constellation prosperó durante la reconfiguración del mercado energético, aunque atravesó graves dificultades durante la crisis de 2008 y acabó integrándose en Exelon mediante una operación pactada en 2011. Shattuck siguió vinculado al negocio nuclear y, en 2021, ingresó en el consejo de US Bitcoin Corp., después fusionada con Hut 8. El banquero que había participado en la salida a bolsa de Microsoft, Oracle, Sun Microsystems y otros gigantes tecnológicos se encontraba ahora en la convergencia de energía nuclear, minería de Bitcoin y centros de datos para IA.

Su antiguo colega Bill Tai aporta la trayectoria tecnológica complementaria. Procedente de LSI Logic y de los inicios de TSMC, participó en Alex. Brown, financió empresas de semiconductores y redes, y promovió tempranamente la economía digital de Second Life y sus dólares Linden. Respaldó BitFury, pionera de los circuitos especializados para minería de Bitcoin, cuya infraestructura llegó a representar, según Tai, una porción extraordinaria de la potencia minera mundial. De BitFury surgió Hut 8, convertida después en plataforma de grandes instalaciones informáticas. La minería aportó instalaciones, conexiones eléctricas, sistemas de refrigeración, experiencia operativa y un instrumento para rentabilizar capacidad energética ociosa. Cuando la IA multiplicó la demanda de cómputo, buena parte del camino ya estaba construido.

Hut 8 emprendió proyectos multimillonarios en Texas y Luisiana, incluido uno asociado con Fluidstack, Google y Anthropic, mientras refinanciaba deuda respaldada por Bitcoin mediante FalconX, firma relacionada con Cantor Fitzgerald. En marzo de 2025 se asoció con Eric Trump y Donald Trump Jr. para crear American Bitcoin, después de integrar activos mineros con American Data Centers y Dominari Holdings. La alianza dejó a Hut 8 como socio esencial de infraestructura y concentró participaciones mediante una posterior fusión con Gryphon Digital Mining. Mike Ho y Asher Genoot, artífices de US Bitcoin Corp., sostuvieron que su planteamiento siempre había sido primero energético y sólo después minero. Shattuck, integrante de su consejo, es el eslabón que convierte ese discurso en una continuidad histórica concreta.

El consejo de American Bitcoin incorpora además a Justin Mateen y Michael Broukhim. Este último dirige con Lior Prosor el fondo Deep33, orientado a infraestructura estratégica y tecnología desarrollada en el corredor estadounidense-israelí. Sus conexiones con el entorno militar y de inteligencia israelí, Carbyne y el programa Talpiot introducen otra dimensión a la empresa vinculada con la familia presidencial. Webb y Goodwin sostienen que el potencial conflicto de intereses trasciende el negocio de Bitcoin: empresas y fondos próximos al poder político pueden influir sobre la infraestructura tecnológica que los Estados consideran indispensable para su soberanía.

La energía nuclear constituye el siguiente eslabón. Peter Thiel, Sam Altman, Bill Gates, Jeff Bezos y otros inversores tecnológicos respaldan iniciativas de fisión, fusión, combustible y enriquecimiento de uranio. Altman participó en Oklo y en Helion Energy, relacionada mediante acuerdos con Microsoft y Constellation; fondos vinculados con Thiel financiaron General Matter, que busca reactivar instalaciones de enriquecimiento en Paducah pese al legado de contaminación radiactiva. Michael Kratsios, antiguo colaborador de Thiel y alto funcionario tecnológico de Trump, promovió una desregulación que la administración impulsó en 2025 para acelerar licencias de reactores. Las modificaciones propuestas a criterios de protección radiológica suscitaron preocupación mientras el gobierno presentaba la electricidad nuclear como una necesidad de seguridad nacional.

Constellation obtuvo apoyo público para reactivar Three Mile Island, rebautizada Crane Clean Energy Center, mediante un acuerdo de suministro eléctrico de veinte años con Microsoft; también avanzaron proyectos relacionados con Palisades y Duane Arnold, esta última destinada a centros de datos de Google. Crusoe, nacida en la minería de criptomonedas, se reinventó como constructora de infraestructura para IA y se asoció con Aalo Atomics en reactores modulares. No se trata ya de decidir únicamente quién vende electricidad: se decide quién controla la capacidad física para entrenar algoritmos, mantener plataformas digitales, analizar transacciones y alimentar sistemas militares autónomos.

La estrategia se extiende a Sudamérica. La Patagonia argentina figura entre los destinos de Stargate, mientras Paraguay, antiguo enclave de minería, debate sustituir el consumo eléctrico de criptomonedas por centros de inteligencia artificial. Peter Thiel y empresarios de Crusoe exploraron oportunidades regionales. En Estados Unidos, Newmark, filial inmobiliaria asociada con Cantor Fitzgerald, intervino en la financiación y el suministro energético de instalaciones como Stargate en Abilene, Texas, y proyectos próximos al aeropuerto Rickenbacker de Ohio, donde Anduril desarrolla capacidades industriales militares. En paralelo, Lutnick intermedió inversiones emiratíes en la red global Stargate vinculadas con el acceso a semiconductores restringidos. Vuelven a aparecer el ecosistema de Thiel, J. D. Vance, Leslie Wexner y vínculos históricos con Epstein. El mapa empresarial une inteligencia artificial, logística, vigilancia, defensa y electricidad a una escala que desborda cualquier negocio aislado.

La arquitectura monetaria completa el proceso. La minería de Bitcoin pudo servir para financiar anticipadamente redes eléctricas sobredimensionadas; las monedas estables vinculadas al dólar ofrecen ahora una demanda adicional de títulos del Tesoro estadounidense. Según los autores, la ley GENIUS, respaldada por Howard Lutnick, crea incentivos para canalizar capital hacia stablecoins respaldadas por deuda pública, precisamente cuando la financiación de centros de datos depende de endeudamiento creciente. Webb y Goodwin plantean incluso que esa legislación podría facilitar la transferencia de activos financiados mediante grandes préstamos hacia estructuras de monedas estables, evitando su liquidación ordinaria. Lo que antes conseguía el petrodólar mediante los ingresos del petróleo podría reproducirse parcialmente mediante plataformas digitales, obligaciones financieras y reservas tokenizadas. La deuda estatal, la energía y los datos pasan así a formar una unidad de poder.

Esta es la advertencia mayor de Webb y Goodwin: una nueva burbuja de IA, una conmoción ligada a la guerra con Irán o una oleada de ciberataques podrían precipitar otra reorganización, dejando a las mayorías con pérdidas financieras y a una minoría con instalaciones, capacidad informática y privilegios regulatorios. La investigación no describe una sucesión de accidentes empresariales independientes, sino una pauta de destrucción creativa donde las crisis redistribuyen los activos estratégicos y afianzan a los operadores capaces de sobrevivir. Veinticinco años después de Enron, cuando incluso se discute relajar normas concebidas para impedir otro fraude semejante, su argumento conserva una fuerza incómoda: en el capitalismo digital, el verdadero patrimonio no es la promesa bursátil, sino el dominio de la electricidad, los servidores, los circuitos de pago y las instituciones que deciden quién puede utilizarlos. La próxima gran crisis, según esta lectura, no sólo determinará qué empresas quiebran. Determinará quién posee la infraestructura del mundo que viene.

Fuentes consultadas

Whitney Webb y Mark Goodwin. Creative Destruction: 9/11, Enron, and American Bitcoin. Unlimited Hangout. 9 de noviembre de 2026.



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