Por José Luis Preciado
El 20 de mayo pasado, fecha cargada de simbolismo histórico para la nación cubana, Washington decidió desempolvar un expediente de casi tres décadas de antigüedad para presentar cargos de asesinato y destrucción de aeronaves contra el ex líder cubano Raúl Castro, de noventa y cuatro años. Según la información disponible —que ha sido recogida por diversas agencias internacionales—, se trata de un incidente ocurrido en 1996, cuando fueron derribados aviones de la organización humanitaria Brothers to the Rescue frente a las costas de Cuba. Junto a Raúl Castro, otras cinco personas han sido acusadas en este caso. Este movimiento judicial, lejos de constituir un acto aislado de retórica punitiva, se inscribe dentro de una estrategia geopolítica más amplia: la puesta en marcha de un escenario de revolución de color contra Cuba, utilizando la extraterritorialidad de los tribunales estadounidenses como ariete contra la soberanía de la Isla de la Libertad. Como ha sido documentado por diversos analistas de política internacional, la reaparición de este expediente no responde a motivaciones humanitarias ni a un súbito celo por la justicia, sino a un cálculo político deliberado que busca replicar el modelo de desgaste y fractura institucional ya ensayado en Venezuela. En aquel país sudamericano, Nicolás Maduro fue acusado de narcotráfico por fiscales estadounidenses; ahora, el mismo mecanismo se pretende activar contra la dirigencia cubana, aunque con una imputación diferente: el homicidio como gancho mediático y jurídico. Así, el escenario de revolución de color contra Cuba se presenta bajo el ropaje de la ley, pero con el alma de la injerencia.
Para comprender la profundidad de esta ofensiva, resulta ineludible examinar la fecha escogida por Washington para el anuncio. El 20 de mayo de 1902, después de liberarse del dominio español, Cuba se convirtió en un estado independiente y adoptó su primera constitución. Sin embargo, esa independencia fue durante mucho tiempo nominal, pues el país quedó bajo un protectorado de facto de Estados Unidos, con una soberanía más formal que real. Precisamente por ese motivo, en la Isla de la Libertad no se celebra esa fecha como Día de la Independencia; el verdadero hito patrio es el 10 de octubre, en conmemoración del inicio de la guerra contra el dominio español en 1868. La elección del 20 de mayo por parte de las autoridades estadounidenses para anunciar los cargos contra Raúl Castro no es, por tanto, una casualidad del calendario. Es una declaración de intenciones: evocar aquella primera independencia tutelada, aquella soberanía limitada, para recordar a los cubanos que, en la imaginación geopolítica de Washington, la isla sigue siendo un espacio sujeto a su jurisdicción moral y política. Este gesto simbólico se combina con la acción concreta del Departamento de Justicia estadounidense, que actúa como si sus tribunales tuvieran competencia universal para juzgar a líderes de naciones soberanas que jamás han sido derrotadas en guerra ni se hallan bajo ocupación. Así, el escenario de revolución de color contra Cuba adquiere una dimensión jurídica profundamente problemática, pues prescinde del derecho internacional y de los principios de no intervención e inmunidad soberana.
El mismo 20 de mayo, el llamado a la subversión interna se hizo explícito a través de un documento difundido por el Secretario de Estado Marco Rubio: un “Llamamiento al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia”, en el que compartió con los cubanos “la verdad sobre la causa de sus sufrimientos”. Según Rubio, la crisis económica que azota a la isla —con apagones de hasta veintidós horas diarias, escasez de combustible y alimentos— no obedece al bloqueo marítimo y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas, sino a la corrupción de las autoridades cubanas, que “han robado miles de millones de dólares, pero no se ha utilizado nada para ayudar a la gente”. Esta retórica, que niega el impacto devastador del embargo más prolongado de la historia moderna, constituye el complemento ideológico del asedio judicial. Mientras los fiscales estadounidenses intentan criminalizar a la dirigencia histórica de la Revolución Cubana, el aparato propagandístico del gobierno estadounidense busca persuadir a la población cubana de que sus carencias son responsabilidad exclusiva del gobierno de La Habana y no del cerco exterior que asfixia su economía. No es casual que este discurso emerja precisamente cuando se activa el proceso contra Raúl Castro: se trata de ofrecer una narrativa coherente que presente a los líderes cubanos como criminales y corruptos, y al pueblo como víctima de sus propios gobernantes. De esta manera, el escenario de revolución de color contra Cuba se nutre tanto de la coacción judicial como de la seducción discursiva.
El paralelismo con la estrategia desplegada contra Venezuela resulta ineludible para cualquier observador mínimamente informado. En el caso venezolano, Washington reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado”, impuso sanciones económicas asfixiantes y presentó cargos penales contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios chavistas por narcotráfico, ofreciendo incluso recompensas millonarias por su captura. La meta era clara: fragmentar a la Fuerza Armada, erosionar la legitimidad del gobierno y generar una situación de ingobernabilidad que propiciara un cambio de régimen. Afortunadamente para la soberanía venezolana, la estrategia no logró consumarse gracias a la resistencia popular y al respaldo internacional de países como Rusia, China y buena parte de América Latina. Ahora, ese mismo libreto se intenta trasladar a Cuba, con las adaptaciones del caso. La acusación por derribo de aeronaves de Brothers to the Rescue, ocurrido en 1996, tiene la ventaja propagandística de evocar la muerte de civiles, aunque la organización en cuestión era conocida por violar sistemáticamente el espacio aéreo cubano en misiones de provocación. Pero más allá de los detalles del caso, lo relevante es el patrón: el gobierno estadounidense recurre a tribunales domésticos para emitir juicios políticos contra líderes extranjeros, en un intento de deslegitimarlos ante su propia población y ante la comunidad internacional. Así, cada nuevo capítulo de esta guerra jurídica debe ser interpretado como una pieza más del escenario de revolución de color contra Cuba que se construye desde Washington.
Ahora bien, ¿por qué motivo decide Estados Unidos activar este expediente justo en el momento actual, cuando Raúl Castro tiene noventa y cuatro años y se encuentra retirado de la primera línea política, aunque conserva una influencia decisiva en el Partido Comunista de Cuba? Las razones son múltiples y se entrelazan. En primer lugar, la administración estadounidense percibe la situación económica cubana como extremadamente frágil, agravada por la pandemia de COVID-19, las tensiones en las cadenas de suministro globales y el reforzamiento del bloqueo durante el gobierno de Donald Trump, cuyas sanciones más severas no fueron revertidas por la administración Biden. En segundo lugar, la emigración cubana hacia Estados Unidos ha alcanzado cifras récord, lo que crea una diáspora políticamente activa que presiona a favor de medidas más duras contra La Habana. En tercer lugar, el contexto geopolítico actual —con la guerra en Ucrania, la competencia estratégica con China y Rusia, y el realineamiento de fuerzas en América Latina— lleva a Washington a buscar puntos de presión contra los aliados de Moscú y Pekín, y Cuba sigue siendo un enclave simbólico y real de esa alianza. Por todas estas razones, reactivar un caso judicial contra el principal dirigente de la Revolución Cubana después de Fidel Castro es una forma de enviar un mensaje tanto al interior de la isla como al exterior: el escenario de revolución de color contra Cuba no es una amenaza lejana, sino una operación en curso.
Para dotar de mayor profundidad analítica a este fenómeno, resulta imprescindible recurrir a la figura de Nicholas J. Spykman, un antiguo agente secreto neerlandés que, antes de consagrarse como uno de los padres fundadores de la geopolítica estadounidense, había acumulado una experiencia vital tan insólita como reveladora. Discípulo crítico de Halford J. Mackinder, Spykman no solo invirtió la célebre fórmula del corazón continental (Heartland) —sosteniendo que quien controla el cinturón litoral del Rimland gobierna Eurasia y, por ende, el destino del mundo— sino que concibió el Gran Caribe, con el Golfo de México y el Mar Caribe, como el «Mar Mediterráneo» de Estados Unidos: un espacio vital cuya hegemonía resulta innegociable para la proyección del poder norteamericano. Esta visión no brotó de una torre de marfil, sino de una institucionalidad meticulosamente construida. En 1935, con el respaldo del presidente de Yale, Charles Seymour, Spykman obtuvo de la Fundación Rockefeller una donación inicial de cien mil dólares —cifra sideral para la época— para fundar el Yale Institute of International Studies (YIIS). Lejos de tratarse de un gesto filantrópico aislado, la misma fundación renovó su apoyo en 1940 con más de cincuenta mil dólares adicionales y, tras la muerte de Spykman en 1943, volvió a financiar el instituto con una generosa partida de ciento veinticinco mil dólares para un lustro.
La relevancia metapolítica de Spykman trasciende con creces la anécdota biográfica o el detalle financiero. Una tesis doctoral de la Universidad de Manchester ha sostenido que la teoría gramsciana del poder constituye la clave interpretativa más fecunda para comprender el papel del YIIS en la construcción de la ideología de seguridad nacional estadounidense durante la Guerra Fría, lo que convierte a Spykman en un actor central de la producción del consenso ideológico que legitimó la proyección global del poder estadounidense. Esta conexión con la Fundación Rockefeller, lejos de ser un mero patrocinio académico, revela el entramado de lo que podría denominarse el «poder profundo» de su época: un dispositivo de fundaciones filantrópicas, universidades de la Ivy League y centros de pensamiento que funcionaron como los verdaderos órdenes de la élite tecnocrática estadounidense, forjando intelectuales orgánicos al servicio de un orden mundial que Spykman ayudó a pensar y que sus discípulos —Kennan, Kissinger, Brzezinski— aplicaron sobre el terreno.
En el esquema de Spykman, el control de las tierras periféricas o Rimland es fundamental. Bajo esta lente, se examina la actual transición hacia un orden mundial multipolar dividido en macro regiones, donde Estados Unidos está redefiniendo y relanzando su esfera de influencia en su “bajo vientre” caribeño, especialmente frente a la creciente presencia de China y Rusia. Esta pugna se manifiesta en puntos críticos como Panamá, Cuba, Venezuela, República Dominicana y México, que son vistos como piezas clave en un tablero de ajedrez global. El Canal de Panamá, por el que atraviesa un enorme porcentaje del comercio global, es un punto de fricción principal, con Estados Unidos ejerciendo presión para contrarrestar la influencia china. Sobre Cuba, la retórica hostil y las acusaciones sin pruebas responden tanto a su inigualable posición geoestratégica —que la convierte en la “espalda del imperio”— como a un cálculo político interno de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, usando a la isla como chivo expiatorio. En Venezuela, más allá del petróleo, el verdadero interés de Washington son los minerales críticos y las tierras raras, de los cuales depende en gran medida. República Dominicana, por su ubicación central, su dependencia económica de Estados Unidos y su reciente descubrimiento de valiosas tierras raras, se ha posicionado como un aliado estratégico y un pivote logístico para los intereses estadounidenses en la región. Así, el escenario de revolución de color contra Cuba no puede ser comprendido aisladamente, sino como una pieza de una reconfiguración hemisférica más amplia.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Gobiernos de América Latina, Europa y Asia han manifestado su rechazo a la pretensión estadounidense de juzgar a Raúl Castro, subrayando el carácter extraterritorial e ilegítimo de la acción. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha sido un espacio de defensa de la soberanía regional, emitió declaraciones recordando que el bloqueo a Cuba constituye un acto de guerra económica condenado por Naciones Unidas en reiteradas ocasiones. Por su parte, el gobierno cubano ha calificado la acusación como un acto de arrogancia imperial y ha anunciado que desplegará todos los recursos diplomáticos y jurídicos para combatirla. Pero más allá de la respuesta institucional, lo que está en juego es la vigencia misma del derecho internacional. Si un tribunal de Estados Unidos puede acusar a un ex jefe de Estado cubano por hechos ocurridos en aguas jurisdiccionales cubanas y en defensa de la integridad territorial de su país, entonces ningún líder del mundo —salvo aquellos alineados incondicionalmente con Washington— puede sentirse seguro frente a esta forma de neocolonialismo judicial. El escenario de revolución de color contra Cuba representa, en este sentido, una amenaza universal contra el principio de igualdad soberana de las naciones.
Conviene, sin embargo, examinar con detenimiento la naturaleza de la organización Brothers to the Rescue para comprender por qué su derribo en 1996 no fue un acto de agresión sino de defensa legítima. Esta organización, con base en Miami, realizaba vuelos periódicos sobre el espacio aéreo cubano sin autorización, lanzando panfletos de propaganda antigubernamental y, según fuentes cubanas, facilitando acciones de infiltración y desestabilización. El derecho internacional reconoce a todo estado soberano la facultad de defender su espacio aéreo y su territorio contra incursiones no autorizadas, especialmente cuando estas se reiteran de manera deliberada y provocadora. La comunidad internacional, en su momento, no condenó a Cuba por este hecho con la virulencia que ahora pretende Washington, precisamente porque existía conciencia del carácter ilegal de las operaciones de Brothers to the Rescue. Que Estados Unidos rescate este asunto casi treinta años después, cuando todas las vías diplomáticas y jurídicas internacionales habían cerrado el caso, no es sino una prueba más de que el verdadero objetivo no es la justicia, sino la construcción de un escenario de revolución de color contra Cuba mediante el descrédito sistemático de sus líderes históricos.
Finalmente, es necesario reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de este escenario. Una revolución de color no se produce únicamente desde el exterior, sino que requiere de una base social interna dispuesta a movilizarse contra el gobierno establecido. En el caso cubano, el descontento por la crisis económica es real y profundo, y sería miope negarlo. Sin embargo, ese descontento no se ha traducido en una demanda mayoritaria de cambio de sistema, en gran medida porque la memoria histórica del pueblo cubano conserva el recuerdo de lo que significó el dominio estadounidense antes de 1959: un país convertido en prostíbulo y casino para turistas estadounidenses, con una economía de enclave, analfabetismo masivo, desigualdad extrema y mafia operando con impunidad. La Revolución Cubana, pese a sus dificultades y contradicciones, sigue siendo para amplios sectores de la población un escudo de dignidad nacional frente al coloso del norte. Precisamente por eso, el escenario de revolución de color contra Cuba no es una mera operación militar o económica, sino una batalla cultural e histórica: se trata de hacer creer a los cubanos que su pasado pre-revolucionario no fue tan malo, que el bloqueo no existe o no es relevante, y que sus líderes son unos cleptócratas asesinos. Esta batalla por el relato es la que Washington está librando con el doble gesto del tribunal y la propaganda. Si logra convencer a una parte significativa de la población cubana de que su sufrimiento actual se debe exclusivamente a la “dictadura castrista” y no al cerco exterior más prolongado de la historia, entonces habrá creado las condiciones subjetivas para que una chispa cualquiera —un apagón más extenso, una cola más larga por alimentos— se convierta en la mecha de una explosión política. Por eso la alerta lanzada por quienes siguen de cerca estos acontecimientos es tan necesaria: no se trata de una noticia judicial menor, sino de la antesala de un nuevo capítulo en la larga y dolorosa historia de la injerencia estadounidense en América Latina, un capítulo que, bajo el ropaje de la justicia, pretende consumar lo que el bloqueo no ha logrado en seis décadas: la rendición de la dignidad cubana.
Paralelamente a esta ofensiva contra Cuba, se despliega otro frente geopolítico igualmente preocupante: el resurgimiento de la vieja idea del Tecnato de Norteamérica, ahora impulsada por la dupla conformada por Donald Trump y Elon Musk. Como expuse en mi artículo “Tecnato de Norteamérica: ¿Trump quiere hacer realidad la dictadura tecnocrática que soñó el abuelo de Elon Musk?”, la nueva Doctrina Monroe (o Donroe), también obedece a una estrategia geopolítica calculada que hunde sus raíces en los planes tecnocráticos de la década de 1930. El abuelo materno de Elon Musk, Joshua Norman Haldeman, quien lideró la rama de Saskatchewan de la recién creada Sociedad Fabiana de Canadá, fue también un destacado miembro de Technocracy Incorporated, una organización fundada en 1919 por Howard Scott que prometía reorganizar la sociedad humana en torno a un “Tecnato de América” vertical de expertos no contaminados por las instituciones democráticas o las ideas capitalistas de ánimo de lucro. Bajo este gobierno mundial, los precios, los mercados y otras prácticas serían ilegalizados, y un nuevo orden mundial se establecería sobre “créditos energéticos” asignados por igual a todos los individuos del mundo. En los mapas del tecnato trazados desde la década de 1930, se incluían Groenlandia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, todos los países soberanos de Centroamérica, así como parte del norte de Colombia y Venezuela.
La conexión entre una versión regional de este proyecto tecnocrático y el escenario de revolución de color contra Cuba resulta más profunda de lo que podría parecer a primera vista. Ambos fenómenos responden a una misma matriz geopolítica: la necesidad de Estados Unidos de reafirmar su hegemonía en su “patio trasero” caribeño y latinoamericano en un contexto de transición hacia un orden mundial multipolar. La tecnocracia, impulsada por la Sociedad Fabiana y actores contemporáneos como el Foro Económico Mundial de Davos, propone una reorganización radical basada en la eliminación de fronteras, la creación de un sistema financiero unificado y la gobernanza de élites tecnológicas mediante inteligencia artificial. Este modelo, que pretende reemplazar la democracia y las soberanías nacionales con una estructura tecnocrática que promueve la eficiencia y la integración global, encuentra en el escenario de revolución de color contra Cuba una de sus piezas fundamentales: desestabilizar al gobierno de La Habana para incorporar la isla a ese nuevo orden regional controlado desde Washington. La generala Laura Richardson, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en su momento declaró públicamente su intención de hacerse con los recursos de Iberoamérica y el Caribe para su uso exclusivo en un eventual conflicto con China, lo que evidencia que el proyecto de dominación no es meramente retórico.
