Por Mente Alternativa
Existe una pregunta que ninguna facultad de economía formula en sus aulas, y su respuesta revela el mecanismo más antiguo y efectivo para extinguir obligaciones imposibles. Como plantea el analista geofinanciero Fran de Olza en un análisis reciente (1), si un Estado debe un millón de euros y al día siguiente esa moneda pierde el noventa por ciento de su valor, técnicamente no ha pagado, pero en la práctica sí. Este fenómeno no pertenece al reino de la hipótesis académicas, sino a la cruda realidad histórica de la Alemania de Weimar en 1923, la Argentina de 2001 y prácticamente todos los imperios que enfrentaron una deuda impagable. Estados Unidos acumula hoy 39 billones de dólares de deuda y paga anualmente 1,2 billones solo en intereses, una cifra que supera el gasto en defensa y en Medicare, consumiendo veintitrés centavos de cada dólar fiscal recaudado. La deuda ha crecido un treinta y seis por ciento desde 2019, los pagos de intereses se triplicaron entre 2020 y 2025, y las proyecciones oficiales indican que en 2035 los intereses superarán los 1,8 billones anuales en el escenario base y alcanzarán los 2,2 billones en el adverso. Para 2050, más de un tercio de cada dólar recaudado se destinará exclusivamente al servicio de la deuda pasada. Washington conoce la insostenibilidad de esta trayectoria, y aunque nadie anuncia públicamente una solución, existen cuatro palancas fundamentales que el gobierno estadounidense ya está accionando para liquidar su pasivo sin que nadie ose llamarlo bancarrota.
La primera palanca, la más violenta y también la más antigua, es la inflación sostenida o, en su versión extrema, la hiperinflación. El mecanismo es sencillo y brutal: cuando un Estado posee una deuda denominada en su propia moneda, la impresión inorgánica de billetes erosiona el valor real de ese pasivo mientras los activos físicos del soberano —las fábricas, la infraestructura, el territorio y la población— permanecen intactos. De Olza explica que los economistas denominan a este fenómeno el portafolio del soberano: el Estado sacrifica su activo menos valioso, la moneda, para preservar todo lo demás. La República de Weimar pagó sus hipotecas de veinte años con el equivalente a una barra de pan después de que el marco alemán pasara de 4,2 por dólar en 1914 a 4,2 billones por dólar en noviembre de 1923. La Francia revolucionaria hizo lo mismo con los asignats, cuyo valor se desplomó al uno por ciento de su original. Y Estados Unidos ya ejecutó esta estrategia entre 1946 y 1980, cuando redujo su deuda del ciento veinte por ciento del PIB al treinta por ciento mediante una inflación sostenida del cuatro al seis por ciento anual, una técnica que los economistas denominan represión financiera. La inflación de 2021 a 2023 ya erosionó el valor real de la deuda en varios puntos del PIB. La pregunta no es si habrá inflación, sino si Washington permitirá que se dispare al cuatro u ocho por ciento durante dos décadas, un escenario perfectamente posible que no requiere el colapso hiperinflacionario al estilo Weimar —improbable dado el estatus del dólar como reserva mundial— pero sí una erosión sistemática y silenciosa del valor nominal de lo que debe. En palabras del analista, la inflación es la forma más democráticamente antidemocrática de resolver una deuda soberana, y quien pierde es el ciudadano que tiene sus ahorros en dinero fiat, el tenedor de bonos a tipos fijos y las clases medias que no poseen activos reales para protegerse.
La segunda palanca, menos conocida pero potencialmente más transformadora, es la tokenización de activos federales. Howard Lutnick, secretario de comercio de Estados Unidos, declaró que el país posee activos no registrados ni valorados correctamente en su balance, una afirmación que pasó desapercibida para la mayoría de los analistas. La Bureau of Land Management gestiona 245 millones de acres de tierras federales que solo en 2024 generaron 250.000 millones de dólares en actividad económica y sostuvieron casi un millón de empleos. El valor agrícola de esas tierras asciende a 3,6 billones de dólares, pero cuando se incorporan los minerales, el petróleo, el gas, la madera, los derechos de agua, el espacio radioeléctrico, la infraestructura de datos, los derechos de órbita satelital y las reservas estratégicas, las estimaciones en círculos financieros de Washington alcanzan un rango de entre 150 y 500 billones de dólares en activos soberanos no monetizados. De Olza detalla los escenarios: tokenizar 150 billones de dólares con un rendimiento del 0,5 por ciento anual generaría 750.000 millones de dólares, cubriendo el 62 por ciento de los intereses actuales; tokenizar 300 billones al uno por ciento produciría 3 billones anuales, suficientes no solo para cubrir intereses sino para amortizar el principal; y tokenizar 500 billones al dos por ciento generaría 10 billones anuales, liquidando la totalidad de la deuda de 39 billones en apenas cuatro años, todo ello sin aumentar impuestos. Donald Trump ya firmó una orden ejecutiva en febrero de 2025 creando el fondo de riqueza soberana de Estados Unidos con instrucciones explícitas de monetizar el balance estadounidense. El mercado global de tokenización de activos reales supera ya los 24.000 millones de dólares y crece al 85 por ciento interanual, mientras que los treasuries tokenizados en blockchains públicas superan los 10.000 millones. No se trata de si se puede hacer, sino de cuándo se decidirá hacerlo a escala soberana.
La tercera palanca es el truco contable del siglo: la reevaluación del oro. El gobierno estadounidense posee 8.000 toneladas métricas de oro, aproximadamente 200 millones de onzas troy, la mayor reserva oficial del mundo por amplia diferencia. Sin embargo, ese oro está contabilizado en los libros del Tesoro a 42,22 dólares por onza, un precio fijado en 1973 tras el colapso de Bretton Woods que no ha sido modificado en cincuenta y dos años. El precio de mercado del oro en 2026 ronda los 3.300 dólares por onza, lo que significa que las reservas están valoradas en libros en apenas 11.000 millones de dólares cuando su valor real de mercado se sitúa entre 870.000 millones y 1,2 billones de dólares. La Reserva Federal publicó en agosto de 2025 un documento titulado Reevaluaciones oficiales de reservas: la experiencia internacional, que examina casos históricos en los que países como Alemania, Italia, Sudáfrica y Líbano utilizaron ganancias contables por reevaluación para reducir su deuda. Una simple reclasificación contable que ajustara el oro a precio de mercado generaría una ganancia de aproximadamente 870.000 millones de dólares, equivalente al setenta por ciento de un año de intereses. El analista James Richards proyecta que el oro podría alcanzar los 10.000 dólares por onza a finales de 2026, lo que elevaría el valor de las tenencias estadounidenses a 2,6 billones de dólares, equivalentes a más de dos años completos de intereses. Si el dólar necesitara respaldarse en oro a niveles históricos para restaurar credibilidad, se requeriría un precio de entre 25.000 y 30.000 dólares por onza, generando 6,5 billones de dólares que cubrirían aproximadamente el dieciséis por ciento de la deuda total. Como señala De Olza, cuando los gobiernos empiezan a discutir estas cosas en voz alta es porque están preparando el terreno para algún cambio, y la presión crece: Scott Bessent ha hablado del lado de los activos del balance estadounidense, Elon Musk pidió una auditoría en Fort Knox, y la propia Fed publicó su documento de trabajo sobre experiencias internacionales.
La cuarta palanca, un comodín que muchos observadores han subestimado, es la reserva estratégica de activos digitales. En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para el establecimiento de la reserva estratégica de Bitcoin y el stockpile digital de Estados Unidos, convirtiendo al gobierno estadounidense en el mayor tenedor estatal conocido de Bitcoin del mundo, con aproximadamente 300.000 monedas en febrero de 2026. El propio Trump insinuó en una rueda de prensa que si el precio de ciertos criptoactivos sube significativamente, esto podría ayudar a pagar la deuda soberana. Paralelamente, como informó CNBC (2), el Comité Bancario del Senado aprobó la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Clarity Act) en una votación bipartidista de 15 a 9, con el respaldo de los senadores demócratas Ruben Gallego y Angela Alsobrooks junto a todos los republicanos del panel. El presidente del comité, Tim Scott, declaró que durante años la frontera digital estuvo atrapada en una zona gris regulatoria, y que desarrolladores, emprendedores e inversores enfrentaron confusión y acciones de cumplimiento cuando el gobierno debería haber estado elaborando reglas de juego claras. La ley cuenta con el respaldo de empresas como Coinbase, Circle y Ripple, así como de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y la propia Casa Blanca, aunque enfrenta oposición del sector bancario, las agencias de aplicación de la ley y los sindicatos laborales. Ripple solicitó licencias para obtener cuentas maestras en la Reserva Federal justo semanas antes de que la Casa Blanca emitiera la orden ejecutiva. Una cuenta maestra en la Fed es el santo grial de las finanzas: otorga acceso directo al sistema Fedwire, que procesa billones de dólares diarios en transacciones institucionales, eliminando la necesidad de bancos intermediarios y los costos asociados. La orden ejecutiva establece un mandato de noventa días para que la Reserva Federal, la SEC, la CFTC, la OCC y la FDIC revisen y eliminen todas las barreras regulatorias que impiden a las empresas de activos digitales asociarse con bancos tradicionales, abriendo la puerta a que redes como Ripple operen directamente dentro del perímetro financiero soberano.
El escenario más probable para los próximos cinco años no implica elegir una única palanca, sino una combinación simultánea y gradual de todas ellas: inflación sostenida del cuatro al ocho por ciento durante dos décadas, tokenización progresiva de activos federales, reevaluación parcial del oro y señalización de reservas estratégicas en criptoactivos. El valor total de los activos tokenizados del mundo real alcanzó los 33.800 millones de dólares a finales de 2025, un incremento del 1.600 por ciento en solo veinticuatro meses, y el XRP Ledger se posiciona como la capa de liquidez principal para esta migración institucional por su velocidad, costo casi nulo y una década de operación ininterrumpida. Mientras tanto, el Senado debate los detalles de la Clarity Act, con más de cien enmiendas propuestas y una probabilidad percibida de aprobación en 2026 que ha fluctuado del setenta al cincuenta y seis por ciento en plataformas de predicción como Polymarket, lo que refleja la complejidad de integrar tecnología de contabilidad distribuida en un sistema financiero centenario. La banca tradicional, liderada por la American Bankers Association, ha movilizado una campaña para modificar la sección 404 del proyecto de ley, que aborda las recompensas de las stablecoins, argumentando que podría incentivar una migración estructural de capital lejos de los bancos comerciales. Sin embargo, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima que la prohibición de dichas recompensas tendría un impacto estadísticamente insignificante en la capacidad crediticia de la banca tradicional.
La deuda soberana de Estados Unidos no será repudiada mediante un default declarado, porque eso destruiría la credibilidad del dólar como reserva mundial. En lugar de ello, será erosionada mediante un proceso silencioso y técnico que los economistas denominan represión financiera y que los historiadores reconocen como el patrón recurrente de los grandes imperios ante la insolvencia. El default estadounidense no parecerá un default; parecerá una transformación del sistema monetario, como siempre ha sido. Los medios hablarán de aranceles, elecciones y guerras culturales mientras, en segundo plano, el valor real de la deuda se evapora y los activos digitales se integran permanentemente en el sistema de pagos federal. Las fábricas se quedan, las tierras se quedan, la infraestructura se queda, la población también. Lo que se evapora es el dinero en papel y los ahorros del ciudadano que confió en él. El ciudadano que posee activos reales —tierra, oro, acciones de empresas productivas, infraestructura digital— sale relativamente ileso. Esta vez las palancas son más sofisticadas —activos digitales, reevaluaciones contables, tokenización— pero el principio es el mismo que en 1923, en 1934 y en 1971. El Estado conserva lo que tiene valor real y se deshace del valor nominal de lo que debe. La única incógnita, cuando termine este proceso, es en qué lado del balance estará el lector.
Fuentes consultadas
- Fran de Olza, «Cómo Estados Unidos va a liquidar 39 billones de dólares sin que nadie lo llame bancarrota«, análisis publicado en su canal digital el 21 de mayo de 2026.
- Emily Wilkins, «Crypto industry scores win as Clarity Act bill clears Senate hurdle«, CNBC, 17 de abril de 2026. Información sobre la votación 15-9 en el Comité Bancario del Senado, las disposiciones de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, las posturas del senador Tim Scott, las oposiciones bancarias y laborales, y el respaldo de Coinbase, Circle, Ripple y Andreessen Horowitz.
